La Secretaría de Gobernación (SG) incumplió el acuerdo de diciembre pasado para dar protección a la activista Norma Esther Andrade, quien desde que llegó a la ciudad de México, luego de sufrir un atentado en Ciudad Juárez, Chihuahua, careció de las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física, contraviniendo lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó la abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Karla Michel Salas.
Luego de ser dada de alta del hospital por el atentado que sufrió frente a su domicilio, Norma Andrade y su familia analizan la posibilidad de abandonar el Distrito Federal e incluso salir del país, ante la ausencia de Estado y de autoridad
para garantizar su seguridad.
Michel Salas recordó que desde hace mes y medio, antes de que Andrade llegara a la ciudad de México, en el marco de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, se solicitó a la SG protección para la defensora de los derechos humanos, y la dependencia se comprometió a proporcionarle escolta, lo cual no sucedió.
Fue hasta después de la agresión, la mañana del viernes pasado, cuando fue custodiada por agentes policiacos capitalinos y federales. Sólo el gobierno de la ciudad de México ha manifestado su compromiso de que la protección será permanente, dijo, por su lado, Malú García, hija de la activista.
Michel Salas explicó que desde 2004 las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa por lo menos 30 veces han sido víctimas de amenazas y agresiones, que en la mayoría de los casos han sido denunciadas ante autoridades de Chihuahua y la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta el momento hayan sido capturados los responsables.
Respecto de la investigación por el ataque, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pidió la colaboración de la PGR y de la Fiscalía General de Chihuahua, con el propósito de establecer si está relacionado con el que sufrió la activista en Ciudad Juárez en diciembre pasado.
Asimismo, se toman las declaraciones de testigos, con el propósito de realizar el retrato hablado del agresor. Mientras, familiares de la afectada solicitaron al Ministerio Público local que verifique si en la zona donde ocurrieron los hechos hay cámaras de seguridad que pudieran haber captado el atentado
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