Ciro Pérez Silva
Periódico La JornadaMiércoles 29 de febrero de 2012, p. 5
El representante regional de la Organización de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, Antonio Mazzatelli, reconoció que la sociedad mexicana ha pagado “un alto costo” en vidas humanas y violencia por la estrategia gubernamental para enfrentar al crimen organizado.
Debe reconstruirse el tejido social
A su vez, el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, admitió que esa situación sólo disminuirá cuando se instale en el país “la cultura de la legalidad” y se “reconstruya el tejido social”.
Al presentar el informe anual 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Mazzatelli puntualizó que en México “la violencia generalizada relacionada con las drogas no ha cesado, pese a las enérgicas medidas adoptadas por el gobierno del país para hacer frente a ese problema”.
Destacó que sólo en Canadá, Estados Unidos y México mueren más de 45 mil personas al año por causas relacionadas con las drogas, “lo que constituye el índice anual más elevado de mortalidad” por esa causa a escala mundial.
El informe señala además que en México “las organizaciones de narcotraficantes han recurrido a niveles de violencia sin precedentes” y que “las bandas de traficantes han procurado socavar el aparato estatal, incluidas las policías Federal y estatales, el sistema de justicia penal y los medios de información”.
Corrupción, amenazas e intimidación
Para lo anterior, dijo, “se valen de corrupción, amenazas e intimidación”. Asimismo, advirtió que en la pasada década México se convirtió en un importante fabricante de sicotrópicos por la facilidad para instalar los laboratorios que los producen.
En conferencia de prensa conjunta, que tuvo lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores –posterior a la presentación del informe–, se afirmó sin embargo que el gobierno mexicano “ha seguido adoptando medidas enérgicas para desbaratar las actividades de narcotráfico, desarticular las bandas de traficantes de drogas y prevenir y reprimir actos de violencia relacionados con los estupefacientes”.
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