México, uno los ocho peores países del orbe para combatir la violencia contra la prensa, señala
Martes 21 de febrero de 2012, p. 15
Nueva York, 20 de febrero. El gobierno de Felipe Calderón ha fracasado en proteger a la prensa mexicana de la violencia, a pesar de sus anunciadas iniciativas para instaurar medidas para combatir los delitos, casi todos impunes, contra periodistas, afirma el Comité para la Protección de los Periodistas en su informe anual emitido este lunes.
Desde el inicio de la presidencia de Calderón, el número de periodistas y trabajadores de medios asesinados o desparecidos llegó a 47, de los cuales 13 han padecido estas consecuencias en relación directa con el trabajo informativo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En ningún caso se ha obtenido una condena judicial. Sólo cinco países en el mundo contaban con un número mayor de asesinatos no esclarecidos de periodistas a fines de 2011, resume CPJ en su informe global anual Ataques a la prensa en 2011.
En 2010, Calderón prometió públicamente ante representantes del CPJ y la Sociedad Interamericana de Prensa que instauraría un programa de protección para periodistas, un fiscal especial dedicado a delitos contra comunicadores y nueva legislación para definir como delito federal la violencia contra los periodistas, pero a lo largo de 2011, según la investigación de CPJ, Calderón y su gobierno fracasaron en casi todas sus iniciativas
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Control delictivo
Al resumir la situación de estos trabajadores de los medios en México durante 2011, el CPJ reporta que las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control virtualmente sobre cada sector de la sociedad. Hubo periodistas asesinados o desaparecidos, medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de esta situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales
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Ante esta situación, prosigue el CPJ, varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en instrumentos de propaganda para criminales. Pero el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida ineficaz. Y si bien la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año
.
Con ello, agrega el CPJ, la violencia continúa sin control mientras el gobierno fracasa en sus iniciativas de reforma
y esto ha generado un profundo cinismo en la prensa. Muchos también observan cómo se evapora el compromiso del Presidente
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Mike O’Connor, representante del CPJ en México, escribe en el informe anual que los periodistas mexicanos atienden el más mínimo indicio de amenaza con seriedad porque saben lo fácil que es asesinar a un periodista y salir indemne. La palabra que define esta situación es impunidad: asesinar sin consecuencias. Ninguna para el asesino, al menos. Pero las consecuencias para el pueblo mexicano son graves: los periodistas tienen miedo de cumplir con su labor informativa
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Entre los principales acontecimientos en torno a la situación precaria de los periodistas en México en 2011, el CPJ señala el primer asesinato en el mundo en represalia por labor informativa efectuada en redes sociales
, así como por lo menos tres asesinatos de periodistas por su labor informativa y dos desaparecidos. Por lo menos tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y otros buscaron refugio en otros países. En su índice de impunidad, el CPJ coloca a México entre los ocho peores en el mundo en combatir la violencia letal contra la prensa, después de Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Nepal.
El mundo y los periodistas
“Las batallas más importantes de la primavera árabe se libraron en las calles, pero también se desató una lucha feroz por el control de la información”, escribe Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, en el informe anual. Subraya que “de hecho, la lección que gobiernos represivos y otros enemigos de la libertad de prensa tal vez aprendieron de la primavera árabe es que mantener un régimen de censura viable es aún más necesario en la era de la información. Después de todo, una vez que se pierde el control de la información resulta difícil conservar el poder”.
Recordando que en las democracias deben existir mínimas restricciones para la prensa porque se requiere de una ciudadanía informada, mientras en sistemas totalitarios el control de los medios es absoluto, Simon advierte que hoy, a escala global, la situación actual se parece más a una sociedad totalitaria sin un marco legal que asegure la libre circulación informativa a través de las fronteras
. Por tanto, aboga por una coalición global contra la censura
, como labor urgente para todos los defensores de la libre expresión y libertad de prensa.
El informe anual de CPJ aborda la situación global y de los principales países en cada región, incluida America Latina. Para ver éste y otros informes de CPJ: www.cpj.org/es/
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