La querella contra Calderón en La Haya, reflejo del error estratégico ante el crimen

La demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, miembros de su gabinete de seguridad y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por cometer delitos de guerra y de lesa humanidad en la lucha con el narcotráfico, es pertinente y necesaria debido a la imposibilidad de juzgar dichos crímenes en el país, y para visibilizar aún más el estado de emergencia nacional en el que se vive todos los días, consideraron activistas de derechos humanos.

En tanto, senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que la denuncia refleja la inconformidad entre buena parte de los mexicanos por los costos de la errada estrategia oficial contra el crimen organizado.

Consideraron que si bien no se puede asegurar que el Ejecutivo federal sea culpable de la muerte de 50 mil mexicanos, en la llamada guerra contra las drogas sí tiene una enorme responsabilidad en este ominoso fenómeno.

El senador perredista Arturo Núñez señaló que, independientemente de si la Corte de la Haya le da entrada a la denuncia, es un aviso para el gobierno federal, que insiste en mantener al Ejército en tareas policiacas, en considerar daños colaterales a los miles de muertos y desaparecidos, y en permitir la impunidad con que actúan los responsables de seguridad pública.

En entrevista por separado, Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, (Frayba) con sede en Chiapas, señaló que la fundamentación del expediente que presentó el abogado Netzaí Sandoval es oportuna y consecuente debido a la tragedia nacional que vivimos hoy. No es posible que ocurran masacres casi a diario y el Presidente siga insistiendo en que no va a parar su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.

Agregó que es previsible que Calderón y sus aliados se resistirán a ser juzgados o admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, como ha ocurrido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es necesario que los organismos de la sociedad civil presionen para hacer efectivo el acceso a la justicia.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, afirmó que la acción de Netzaí Sandoval es muy oportuna, porque pone en perspectiva los delitos de lesa humanidad que ocurren en el país, en particular las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.

En muchos de ellos, alertó, hay complicidad del Estado mexicano por acción, omisión o aquiescencia, y se ven afectados ciudadanos inermes sin relación alguna con el crimen organizado. Hay una evidente ruptura del estado de derecho y del debido proceso, como lo comprueban las decenas de abusos que ha documentado esta organización civil en el estado de Baja California.

El senador Ricardo Monreal recalcó que seguramente habrá más denuncias en tribunales internacionales, a las que Calderón tendrá que hacer frente, tarde o temprano, por los 50 mil muertos y casi 10 mil desapariciones forzadas en lo que va de su sexenio.

Si ciudadanos mexicanos acuden a tribunales en el extranjero es porque aquí se les niega la justicia, de hecho la justicia no existe en nuestro país. Estoy seguro que muchos de los funcionarios que hoy se vanaglorian con su estrategia fallida contra el narcotráfico, sin importar la muerte de miles de inocentes ni las violaciones a derechos humanos, van a terminar siendo juzgados en La Haya y otras instancias internacionales.

El senador Arturo Núñez Jiménez expuso que estará atento al desarrollo de esa demanda ante la CPI, a la que, si el tribunal le da entrada, pondrá en la mira internacional la responsabilidad de Calderón y de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública en la muerte de inocentes, o en la desaparición de civiles y en la violación de derechos humanos de civiles, durante operativos contra narcotraficantes y demás criminales.

En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN consideró que Felipe Calderón no es responsable de esos miles de muertos, porque los gobiernos locales (municipales y estatales) son los que no han logrado brindar seguridad a sus gobernados.

Óscar Arce Paniagua (PAN) adelantó que la denuncia no prosperará porque los delitos de lesa humanidad son perseguidos cuando el mandatario o el funcionario da la orden de que se cometan. Los asesinatos han sido del crimen organizado y en los que tiene jurisdicción la Federación son muy pocos, porque aunque deben ser investigados por el fuero federal, los estados no aportan los elementos que sustenten su inclusión.

En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, indicó que Felipe Calderón y su actuación sí conllevan responsabilidad porque ha lanzado al Ejército a las calles, sin sustento legal y constitucional, con la intención de investigar y perseguir delitos que sólo corresponden a la autoridad civil.

Jaime Cárdenas, diputado del PT, respaldó la denuncia que se ha difundido por la política de violación a derechos humanos en un combate a la delincuencia que tiene muchas consecuencias, y a pesar de que estará difícil que prospere es de suma importancia que se haya elevado ante un organismo internacional