Acusarán al INM por encubrir a delegado que pedía favores sexuales

La Casa del Migrante La 72 interpondrá una denuncia contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por los posibles actos de encubrimiento a favor de Jorge Luis Mendoza Cruz, ex delegado regional del organismo en Tenosique, Tabasco, quien se dio a la fuga en agosto pasado luego de que una migrante indocumentada lo acusara de haberla violado.

Fray Tomás González Castillo, director del albergue, señaló que el funcionario se dedicó durante mucho tiempo a pedir favores sexuales a las migrantes a cambio de darles certificados de estancia regular en el país o visas humanitarias, y logró fugarse gracias a la ayuda de agentes del Grupo Beta, y a la complicidad de las autoridades locales, quienes se tardaron casi tres meses en girar una orden de aprehensión en su contra.

Ya nos habían referido que el delegado le pedía a las mujeres, sobre todo a las menores de edad provenientes de Centroamérica, que se metieran con él para darles papeles de regularización. Estábamos muy alertas de esto, hasta que a finales de febrero de este año llegó al refugio una chica de 14 años de edad a decirnos que él la había llevado a un hotel para violarla, recordó.

Aunque los responsables de la Casa del Migrante denunciaron el presunto delito en mayo, no fue sino hasta finales de agosto que las autoridades judiciales de Tabasco giraron una orden de aprehensión en contra de Mendoza, y para cuando fueron a buscar al funcionario, éste ya había escapado.

“Dicen que se fugó en complicidad con los agentes del Grupo Beta –cuerpo especial del INM dedicado a ayudar a migrantes perdidos en zonas peligrosas– y con otras autoridades. No sabemos en qué va el asunto, pero vamos a presentar una denuncia por el encubrimiento de quienes participaron en esto”, adelantó el religioso.

González subrayó que los secuestros y asesinatos de migrantes en la región de Tenosique continúan ocurriendo gracias a la participación del INM en el negocio, sin que ninguna supuesta limpia en la organización pueda frenarlo. A cada migrante le sacan entre mil 500 y 7 mil pesos, y no se sabe si en realidad están cesando a los funcionarios corruptos o sólo los cambian de sede por un tiempo.

El nivel de impunidad es tal, lamentó, que los ministerios públicos no aceptan las demandas de secuestro de los migrantes, aun cuando éstos exhiban el recibo del sistema de envío de dinero Western Union en donde consta el número de cuenta de los plagiarios a quienes se les depositan los rescates