Un juez federal ordenó a las autoridades penitenciarias del Distrito Federal que tomen la ficha signalética y realicen el estudio de personalidad de Jorge Serrano Limón, dirigente del Comité Nacional Provida, quien enfrenta un juicio penal por su presunta responsabilidad en un peculado de 2 millones 607 mil pesos, revelaron fuentes judiciales.
El juez Jesús Terríquez, titular del juzgado 12 de distrito de procesos penales federales, requirió a las autoridades capitalinas para que esta semana concreten las medidas administrativas a las que deberá ser sometido el inculpado.
Los abogados del activista solicitaron al juez la libertad provisional con fianza, para que su defendido enfrente el proceso fuera de prisión.
En días pasados, las autoridades judiciales tomaron la declaración preparatoria a Serrano Limón, quien negó los cargos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde el 13 de diciembre, el juez Terríquez ordenó su captura, pero de alguna manera Serrano Limón se enteró de la medida cautelar y tramitó a tiempo una suspensión provisional en vía de amparo, para evitar su detención.
La semana pasada, se presentó al juzgado 12 de distrito para ponerse a disposición del juez que lo reclama, y solicitó la libertad provisional una vez que le fue dictada la formal prisión.
La PGR comenzó a investigar a Jorge Serrano Limón desde junio de 2005, luego de que en ese mes Nacional Financiera, fiduciaria de la Lotería Nacional, presentó una denuncia contra él debido a que presuntamente desvió parte de los recursos que se le habían entregado para comprar equipos de ultrasonido y ecosonido.
En 2004, recibió 3 millones 495 mil pesos con la finalidad de que fueran utilizados única y exclusivamente en el equipamiento de nueve centros de atención a la mujer, administrados por Provida.
Un año después, una auditoría concluyó que la empresa Imporvar, a la que supuestamente compró los equipos, entregó facturas falsas, además de que los propietarios de esa compañía trabajaban en Provida.
La única forma en que Jorge Serrano Limón puede detener la aplicación de la ficha signalética y el estudio de personalidad es con un juicio de amparo contra esas medidas administrativas, aunque lo más que puede conseguir en su favor es tiempo, ya que existe precedente de tribunales de circuito respecto de la constitucionalidad tanto del fichaje de un inculpado, como la aplicación de un examen sicológico
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