Congelada durante casi dos años en el Senado, la minuta de la Cámara de Diputados por la que se pretende establecer de manera clara que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no se aplicará a las protestas de activistas y luchadores sociales, ni a disidentes políticos, sigue a debate.
Incluso, la Comisión de Seguridad Pública, que preside el panista Felipe González, intentó desechar dicha minuta, y en la sesión del pasado jueves presentó un dictamen en ese sentido, que fue retirado de la agenda a petición de las bancadas de PRI y PRD, las que buscarán consenso para aprobar dicha reforma.
Se trata de una iniciativa de diputados perredistas –aprobada en San Lázaro en abril del 2009– que propone adicionar un párrafo al artículo 1 de dicha ley para evitar que sea aplicada a personas que incurran en el supuesto de afectaciones a terceros durante la realización de actos de petición, manifestación, protesta o expresión de sus demandas e ideas
.
En la exposición de motivos se señala que los conflictos sociales se han intensificado en los últimos años y el número de presos políticos
aumentó, por lo que en la cárceles no sólo hay delincuentes, sino gran número de defensores de derechos humanos, del entorno ecológico y miembros de movimientos sociales, a quienes se somete a formas degradantes de persecución.
Asimismo, se advierte que “organismos internacionales defensores de derechos humanos han demostrado que, por motivos políticos, activistas y luchadores sociales fueron acusados de pertenecer al crimen organizado.
Una muestra de cómo el Estado manipuló el concepto de delincuencia organizada para reprimir la lucha social fue la sentencia de 67 años que se impuso a los dirigentes de San Salvador Atenco
, o las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de quienes participaron en el movimiento magisterial y social de Oaxaca, en 2006 y 2007.
Por tanto, el sentido de la reforma es que se aplique la ley a los delincuentes que atentan contra la sociedad, pero evitando manipular su sentido para reprimir a ciudadanos que se opongan o critiquen a un régimen determinado.
El párrafo que se pretende añadir detalla que las disposiciones de la presente ley (contra la delincuencia organizada) no podrán aplicarse, tratándose de conductas distintas a las descritas en ésta, o cuando los hechos que se investigan constituyan el ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, derecho de petición o cualquier otra de naturaleza similar
.
En el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Pública se desecha la minuta con el argumento de que tanto la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como la propia Constitución contienen disposiciones que evitan la criminalización de los derechos de petición y manifestación.
El dictamen se presentó para primera lectura en la sesión del jueves, pero fue bajado, ya que los priístas están dispuestos a revisarlo. El senador perredista Arturo Núñez comentó que en forma alguna puede desecharse, ya que la experiencia ha demostrado el uso político que se ha dado a la legislación encaminada a combatir el narcotráfico y otras bandas criminales
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