Puertas a reformas anti matrimonio homosexual pueden ser abiertas por la Corte, alerta Ombudsgay

Llama a los defensores de derechos humanos del país a impedirlo Christian Rea Tizcareño México DF, agosto 04 de 2010. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la constitucionalidad del matrimonio universal en el DF con el enfoque de “garantías institucionales”, se corre el riesgo de que el máximo tribunal del país le abra la puerta a contrarreformas en los demás estados de la República, afirmó esta tarde Alejandro Juárez Zepeda, coordinador del proyecto Ombudsgay, de la organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Después de que la Corte avaló la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo en la capital del país, 17 Congresos de la República aprobaron las reformas a las constituciones locales “a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, conocidas como “leyes antiaborto”, ejemplificó. De los siete ministros que hasta el momento respaldan el matrimonio entre personas del mismo sexo, tres, incluido el ponente Sergio Valls, fijaron su postura en pro de los “derechos fundamentales”, y cuatro sostienen la tesis de que el debate debe girar en torno a las “garantías institucionales”, lo cual, “es grave”, pues dejaría la decisión final de la Corte sin efectos legales en los 31 estados de la federación. Bajo esta perspectiva, la Constitución protege a la familia y mandata a los legisladores de los estados a garantizar este derecho mediante la creación de instituciones como el matrimonio, la Sociedad de Convivencia o el Pacto Civil de Solidaridad (PACS). Sin embargo, “¿qué pasa si los legislativos de los estados dicen ‘okey, nosotros no vamos a permitir que el matrimonio sea una institución para las familias homoparentales, a ellos les vamos a crear una Sociedad de Convivencia o un PACS’?”, y paralelamente a esto, los diputados locales aprueban reformas para establecer que dicha figura jurídica sólo se contrae entre un hombre y una mujer, y así blindarse de que gays y lesbianas casados en el DF exijan sus derechos, opinó el activista. En 2009, por ejemplo, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional del estado de Yucatán redefinieron el matrimonio como “una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”. Juárez Zepeda reafirmó que el eje del debate son los “derechos fundamentales”, invocados tanto desde la parte impugnadora del matrimonio lésbico-gay, es decir, la Procuraduría General de la República, como por quienes defienden el nuevo marco jurídico capitalino, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. El matrimonio es un derecho potestativo –según la Real Academia Española, “que está en la facultad de alguien”–, detrás del cual están los “derechos fundamentales” de igualdad y no discriminación, subrayó. “No nos esperábamos este enfoque de garantías institucionales, nos tomó por sorpresa”, reconoció el líder del Ombudsgay, que junto con un grupo multidisciplinario de investigadores propuso un Amicus Curiae a la Corte, en pro de los derechos de las familias homoparentales. Llamó a los ministros de la Corte a optar por la vía de los derechos fundamentales e instó a los defensores de derechos humanos de todo el país a impedir contrarreformas que eleven la discriminación a rango constitucional local, lo cual iría en sentido opuesto al artículo 1 de la Ley Suprema del país. Prohibir el derecho al matrimonio conforme la “categoría sospechosa de l