Serán creados 3 centros para generar energía eólica, solar y geotérmica: Sener

Con un fondo inicial de 500 millones de pesos, el gobierno federal creará tres centros de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para generar energía eólica, solar y geotérmica, anunció Jordy Herrera Flores, titular de la Secretaría de Energía (Sener), en la inauguración del foro Green Solutions 2011 donde se pretende vincular a los sectores público y privado en la inversión de tecnología limpia.

La convocatoria para los Centros Mexicanos de Innovación de Energía, como los denominó el funcionario, será lanzada la próxima semana y se dirige a las instituciones de educación superior y centros de investigación para que participen en asociación con el sector privado y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los recursos provendrán de la explotación petrolera y la Sener los aplicará mediante el fondo sectorial que tiene con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Según el secretario, se prevén liberar los recursos los primeros días de enero y ya hay acercamientos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Sonora para la instalación de dichos centros.

En ese foro, Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que en este sexenio 4 mil 83 empresas 83 empresas dejaron de emitir 18 millones de toneladas de bióxido de carbono, lo que equivale a 3 por ciento de lo que genera México, gracias a que se sumaron a los programas Auditoría ambiental y Liderazgo ambiental para la competitividad de la dependencia. De alcanzarse una reducción de 200 millones de toneladas, las emisiones contaminantes bajarían 25 por ciento, indicó, y destacó que el beneficio no sólo es ambiental, sino también económico.

A su vez, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, y el director general de Pro México, Carlos Guzmán Boffil, insistieron en que cuidar el medio ambiente es un buen negocio. Como responsables del Green Solutions 2011 –segunda edición del realizado hace un año en Cancún como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16)–, explicaron que buscan impulsar a pequeñas y medianas empresas a adoptar la innovación ecológica que contribuya a mitigar el cambio climático.

Ante decenas de empresarios nacionales y extranjeros, el secretario de Energía reconoció que 65 por ciento de las emisiones contaminantes del país provienen del sector energético; sin embargo, destacó la importancia de fomentar la energía limpia y el ahorro y eficiencia energética del presente gobierno

De 2010 a la fecha, 1,352 menores fueron privados de la libertad por sus padres

Las procuradurías de Justicia del estado de México y del Distrito Federal reportan 802 y 550 casos, respectivamente

Se considera un delito agravado que alcanza 40 años de prisión

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 45

Durante 2010 y hasta octubre de este año las procuradurías generales de Justicia del estado de México y del Distrito Federal han registrado 802 y 550 casos, respectivamente, en los cuales menores de edad fueron víctimas de los delitos de privación de la libertad y/o sustracción de sus hogares por alguno de sus padres, de acuerdo con los reportes estadísticos de ambas dependencias.

Del total de casos en la entidad mexiquense, 558 se refieren a privación de la libertad de menor, considerado delito agravado en ese estado, que alcanza una pena hasta de 40 años de prisión. Los otros 244 casos corresponden a niños que fueron sustraídos de su hogar por alguno de los miembros del núcleo familiar.

En lo que respecta al Distrito Federal, de los 550 casos, 352 corresponden a la sustracción de menores del domicilio en que habitan, fundamentalmente cuando los padres están enfrascados en juicios de divorcio en los que se pelea la custodia de los hijos.

Víctor Gamboa, abogado especialista en derecho familiar, precisó que ambos delitos se cometen entre padres o familiares de los niños.

Se utiliza a los hijos como herramienta para hacer daño, son utilizados como proyectiles para causarse daño entre mamá y papá. Cuando hay riesgo de divorcios, más se dan los casos de privación o sustracción de los hijos, señaló.

El especialista explicó también que la figura de la sustracción puede denunciarse de inmediato cuando uno de los cónyuges se lleva al hijo, mientras la privación de la libertad ocurre cuando el menor se mantiene retenido en un domicilio ajeno al de sus padres.

En 85 por ciento de los casos, se atiende de inmediato y se evita que se prolongue la sustracción; sin embargo, muchas veces uno de estos delitos lleva al otro.

Aunque en menor medida, familiares en tercer grado suelen estar involucrados en estos actos.

“En un porcentaje menor también están involucrados familiares, como tíos o abuelos, que en ocasiones actúan motu proprio o por invitación de uno de los cónyuges”, abundó Chávez.

El litigante indicó que cerca de 90 por ciento de los menores que han sido víctimas de estos delitos pudieron regresar a su casa; no obstante, algunos padres actúan con rapidez y logran sacarlos del país, lo que afecta seriamente su estabilidad emocional.

Añadió que los menores que viven esta situación posteriormente presentan problemas de conducta y trastornos sicológicos al vivir alejados de uno u otro de los padres

Jóvenes, 42% de cesantes en el DF: Sedeco

Aunque el desempleo entre los jóvenes capitalinos de 20 a 29 años se ha reducido 14 por ciento en un año, se calcula que existen 102 mil 992 jóvenes en ese nivel de edad sin trabajo, lo que signfica 42 por ciento de la población desocupada de la capital del país.

Al presentar un programa de empleo para este sector a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Laura Velázquez, detalló que del total de esos jóvenes, 60 por ciento tiene estudios medio superior y superior.

Velázquez indicó que si bien se prevé una restricción presupuestal para el año próximo, pidió valorar esa propuesta, que consiste en otorgar incentivos equivalentes a un salario mínimo durante seis meses a las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad que contraten por lo menos durante un año a un joven, para beneficiar a 76 mil personas.

También planteó otorgar financiamiento de hasta 500 mil pesos a 3 mil 500 jóvenes recién egresados, a una tasa preferencial de 0.5 por ciento mensual, a través del Fondeso

Ven Delgado y Whalton cualidades en Mancera

Los senadores del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) Dante Delgado Rannauro y Luis Walton Aburto consideraron que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, tiene las cualidades y el posicionamiento para ser el candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, dijeron, hay otros actores políticos que también cumplen con el perfil para aspirar a dicho cargo, por lo que se deberán hacer las valoraciones necesarias para elegir al candidato que tenga todas las posibilidades de ganar. Los legisladores asistieron a la Expo Campañas Electorales, la cual fue inaugurada por Mancera Espinosa, quien reiteró que su prioridad es la PGJDF, aunque, al ser cuestionado sobre una eventual candidatura, refirió: cuando estén los tiempos y cuando se tomen las decisiones, de resultar así habremos de trabajar en ese sentido. Sobre el evento, Mancera manifestó que lo que más llamó su atención fue lo relacionado con el aprovechamiento que se puede hacer de las redes sociales en las campañas electorales.

Niega la Corte amparo a La Jornada; hubo claro ataque de Letras Libres: Ortiz Mayagoitia

El derecho a la libertad de expresión goza de una posición preferencial sobre el ataque al honor del diario, resuelven ministros de la primera sala

El ex presidente de la Suprema Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que la revista desacreditó a este periódicoFoto Marco Peláez

El ministro ponente, Arturo Zaldívar, apuntó que La Jornada debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta. Aun cuando José Ramón Cossío cuestionó el proyecto, votó a favor de élFoto Marco Peláez

José Ramón CossíoFoto Marco Peláez

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 2

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer (por cuatro votos a favor y uno en contra) el amparo solicitado por la La Jornada contra la sentencia que absolvió del delito de daño moral a la revista Letras Libres, aun cuando el ministro instructor, Arturo Zaldívar, aseveró que la decisión no significa que el máximo tribunal “comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres”. Lo que sostiene la sentencia es que, constitucionalmente, tiene el derecho a emitirlas; nada más, pero nada menos.

El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien votó en contra del proyecto, sostuvo que la columna Cómplices del terror que impugnó por vía legal La Jornada sí ataca el derecho al honor o a la reputación de este diario, pues con el solo título, el mensaje que se da es que dicho periódico es corresponsable de terrorismo, por más que el texto de la columna no se ajuste al tipo penal.

Aseveró que, en consecuencia, la revista demandada tiene que reparar esa lesión jurídica como en derecho corresponda.

En su intervención a favor de conceder el amparo, el ex presidente del máximo tribunal añadió que el texto impugnado por vía legal en 2004 ataca al periódico, al sostener expresamente que es cómplice de ETA.

Subrayó en la sesión pública que esa columna afirma que “La Jornada (está) al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”. Eso no es otra cosa sino “una opinión que desacredita al periódico, La Jornada, al acusarla de servir a un grupo de asesinos, de ahí el calificativo de cómplice, lo que sí implica atribuirle una conducta ilícita”.

La postura mayoritaria fue que en este asunto –la primera demanda que llega a la Corte para fijar límites y reglas en materia de libertad de expresión entre medios impresos– había un conflicto entre los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al honor, en el cual el primero goza de una posición preferencial.

A diferencia de esa posición, Ortiz Mayagoitia aseveró que la primera sala de la Corte tenía el deber de analizar qué impacto produce la nota o columna en un lector común; y si este impacto es lesivo al honor del sujeto pasivo.

Señaló que el proyecto de dictamen elaborado por Arturo Zaldívar no registra “la existencia de alguna prueba, que al parecer no hubo, pues el material probatorio se limitó a páginas de Internet y un libro, que demuestre el hecho fundamental que detonó la columna, a saber: la existencia de un convenio entre La Jornada y el diario ultranacionalista Gara”.

Puso énfasis en que el análisis de la columna está fuera del alcance de los lectores generales, no avezados en esta especialidad de la ciencia jurídica.

Subrayó que no se trata de un ejercicio de simple sentido común, sino de conocimientos elevados de derecho, altamente especializados y técnicos.

“En mi caso personal, la columna me produce el efecto de un claro ataque al periódico La Jornada y a uno de sus colaboradores, Josetxo Zaldúa, coordinador general de edición, a quien se tilda de acelerado proetarra, pero también, de manera implícita, a quien o quienes ejercen la dirección del periódico y que, por ley, son responsables o corresponsables de su contenido.”

Los sustantivos, los verbos y los adjetivos, agregó Ortiz Mayagoitia, son la parte más importante de una noticia y, en el caso, la columna de que se trata da noticia de que el diario está al servicio de una asociación mundialmente reconocida como terrorista, a la que aporta servicios, es decir, recursos no monetarios, por lo que se le señala como Cómplices del terror..., al servicio de un grupo de asesinos. Lo cual afecta, insistió el ministro, la honorabilidad del medio de comunicación y de las personas físicas.

El ministro Ortiz Mayagoitia se quedó solo en la votación, al no coincidir con la mayoría en que la libertad de expresión goza de un “posición preferencial respecto al derecho al honor; como tampoco que, por tratarse de diferencias entre medios impresos, La Jornada debe tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta, igual al que ejerce y cuya protección invoca”.

Rechazó también el argumento de que los medios impresos, por ser líderes de opinión y por el papel que juegan en el Estado democrático, deban debatir en forma desinhibida, robusta y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre figuras públicas o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y opinión pública.

Ortiz Mayagoitia no aceptó el sentido del proyecto que señaló que la Constitución no veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las posturas mayoritarias.

Tampoco aceptó el dictamen que estableció que el derecho al honor se hace válido sólo cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones absolutamente vejatorias, ofensivas u oprobiosas e impertinentes para expresar opiniones o afirmaciones.

El ministro no aceptó la postura mayoritaria que consideró que en este caso no se acreditaron las excluyentes previstas en la Constitución para considerar que se había violado el derecho al honor de La Jornada.

Tampoco validó la postura de los cuatro ministros que negaron el amparo de que La Jornada, por tratarse de un medio de comunicación impreso, pudo hacer uso de su derecho de réplica... en sus propias páginas.

Los ministros que apoyaron el proyecto, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo justificaron su voto con el reiterado argumento de que la libertad de expresión no debe ceder al derecho al honor.

Zaldívar señaló que se trataba del primer asunto en el que la Corte fija los límites y las reglas de juego de la libertad de expresión entre medios de comunicación escritos y que la decisión mayoritaria “no significa que esta Suprema Corte, y el proyecto lo establece claramente, y si fuera necesario pondríamos mayor énfasis (prometió), que se compartan las manifestaciones o los juicios expresados por la revista Letras Libres. Lo que se sostiene es que constitucionalmente tiene el derecho de emitirlas, nada más pero nada menos. De tal suerte que es como tiene que analizarse el asunto”.

Agregó el también presidente de la primera sala que el dictamen no se refiere al conflicto que pudiera darse entre una empresa de televisión o radio frente a un medio impreso; este es un debate que no tenemos todavía en este momento, cuando llegue tendríamos que reflexionarlo, y sobre el cual, al menos yo, no me he pronunciado.

Insistió en que no se puede hablar de democracia si el debate se da sin libertad en la expresión de las ideas, de tal manera que la libertad de expresión es considerada desde esa óptica un valor en sí mismo, sin importar su contenido.

Agregó que en una democracia más vale correr el riesgo de los abusos a que los jueces nos convirtamos en sensores de las palabras y en vigía de los medios de comunicación.

Olga Sánchez Cordero aclaró que hizo llegar al ministro Zaldívar una serie de comentarios para eliminar algunos matices del proyecto.

Estimo, afirmó, que se debe matizar la valoración que hace el documento del ministro Zaldívar sobre diversas expresiones, porque a la Corte no le corresponde calificarlas.

Explicó que se refirió a que el dictamen final no debe contener calificativos o adjetivos sobre las expresiones contenidas en la columna de Letras Libres.

Añadió que iba a estar pendiente para que en el engrose final de la sentencia quede claramente señalado que en el expediente no hay ninguna prueba que demuestre que La Jornada era cómplice de terrorismo.

Insistió en que en este asunto hubo colisión entre dos derechos fundamentales: libertad de expresión y honor, y que ambos deben ser especialmente protegidos, no sólo por lo que hace a las partes en conflicto, sino también para asegurar la circulación de ideas, de las opiniones, condición indispensable para el adecuado funcionamiento de esta democracia representativa, por lo que la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad.

José Ramón Cossío rechazó que los medios impresos estén en un plano de igualdad y tengan las mismas herramientas para influir en la opinión popular. Cuestionó el proyecto de Zaldívar porque no incluyó parámetros de penetración, número de lectores, ediciones electrónicas y periodicidad.

Comentó que debe tomarse en cuenta si el involucrado era un columnista, un editorialista, una inserción pagada, un monero, un reportero con salario fijo, una traducción, etcétera.

También criticó que el proyecto señalara que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita.

La Constitución no prohíbe ni permite el insulto, sino que el mismo se convierte en prohibido cuando es un medio de vulneración de derechos fundamentales como el derecho al honor o a la intimidad, apuntó.

Esos derechos, según el ministro, no fueron afectados en agravio al diario.

Justificó que la resolución de la Suprema Corte no protege el derecho a imputar delitos, “pues el columnista, Fernando García Ramírez, no acusó a La Jornada de delinquir ni de encubrir delincuentes; la postura es que dado el interés público en discutir abiertamente la línea editorial de un periódico nacional, la libertad de expresión no debe ceder ante el derecho al honor”.

Subrayó al final de su intervención que en este caso concreto, el que haya triunfado el principio de libertad de expresión sobre el referido al honor no implica que la solución sea la misma para casos futuros con la misma temática.

Es decir, que la ponderación de esta resolución no puede trasladarse sin más a otros casos aparentemente similares, porque el peso puede variar, y por ende el principio triunfador, aun cuando se trate de los mismos principios en juego.

Jorge Pardo Rebolledo argumentó que es muy positiva la construcción jurisprudencial que ha elaborado la primera sala en materia de libertad de expresión: en la situación de cuando esté involucrado un particular, de cuando esté involucrado un personaje público, y ahora llegamos a este tema en donde ambas partes son medios de comunicación que ejercen cotidianamente su libertad de expresión en ánimo de informar a la población a la que están dirigidos.

En esa medida, concluyó, comparto el ejercicio de ponderación que se hace en la colisión de ambos derechos; esto no quiere decir que para todos los casos y siempre deba de estar un derecho por encima de otro; aquí recojo también la inquietud de que debe analizarse cada caso concreto en particular.

Una vez fijadas las posturas, se votó el proyecto ante un salón de audiencias que fue insuficiente para los interesados en la resolución

Producto del lavado de dinero, 75% del efectivo circulante: Di Costanzo

Setenta y cinco por ciento del efectivo que circula en México es producto del lavado de dinero, aseguró el diputado federal Mario di Costanzo; sostuvo que ese delito no sólo está relacionado con operaciones ligadas al narcotráfico, sino con desvío de recursos públicos.

Al participar en el seminario Información pública y poderes fácticos, titulada Poderes fácticos, lavado de dinero y transparencia, el legislador petista señaló que cifras de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Antigrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) advierten que en el país se lavan cada año entre 25 mil y 45 mil millones de dólares.

Poniendo una media, hablaríamos de 35 mil millones de dólares, equivalentes a 75 por ciento del dinero que circula hoy. Es difícil imaginar que haya transacciones limpias en cualquier operación económica (como la compra de un automóvil) cuando hay 75 por ciento de probabilidad de que se esté usando dinero sucio.

Ante académicos y estudiantes que asistieron al seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, celebrado en la Coordinación de Humanidades, Di Costanzo subrayó que la ley nacional para evitar el lavado es mala y ambigua, y permite que las autoridades ejerzan con absoluta discrecionalidad la persecución y sanción a este ilícito.

Por ejemplo, agregó, entre 2006 y 2011 sólo se han emitido 25 sentencias por lavado de dinero. “¿Cómo es posible que en la guerra (contra el narco) que ha dejado 50 mil muertos y miles de desaparecidos, únicamente tengamos 25 sentencias –de las cuales ocho casos fueron en flagrancia– por este delito?” Pero lo más grave, subrayó, es que las autoridades no investiguen para hallar las redes y complicidades en estos casos.

Criticó que tras cinco años de una estrategia armada contra la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón responda con el envío al Congreso de una iniciativa de ley contra el lavado de dinero que sólo limita las operaciones financieras en efectivo, cuando hay instrumentos financieros más sofisticados.

El diputado perredista Pablo Gómez criticó el proyecto de ley sobre lavado de dinero del Ejecutivo, porque evita combatir ese delito en esferas públicas. Delincuencia organizada es terrorismo, piratería, secuestro, extorsión y narcotráfico, pero también que los servidores públicos se roben el dinero de los contribuyentes y eso no está ahí. No es considerado delincuencia organizada y lo es, pues para hacer esas cosas se requiere de un nivel de organización que permita disponer de recursos que una sola persona no podría disponer. Para que el dinero público pueda salir de las tesorerías hay que realizar una operación ilícita y sobre esto no hay propuesta alguna del Ejecutivo y el Congreso no ha avanzado.

Indicó que no se quiere otorgar capacidad de ejercer acción penal a la Auditoría Superior de la Federación ni se hace el intento por dar autonomía a las procuradurías (federal y estatales), por lo que el lavado de dinero producto de delitos contra la hacienda pública seguirá presentándose sin que haya forma de investigarlo

La próxima semana, propuestas de reinserción laboral de los 16 mil 599 electricistas: SME

Queremos cerrar este conflicto, porque con nosotros no se juega, afirma Martín Esparza Flores

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo en demanda de que se cumplan los compromisos firmados el 13 de septiembre con GobernaciónFoto Cristina Rodríguez

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Jueves 24 de noviembre de 2011, p. 20

El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, anunció a los miles de trabajadores reunidos al atardecer de ayer en el Zócalo capitalino que la próxima semana el gobierno federal les presentará las propuestas de reinserción laboral para los 16 mil 599 trabajadores que no han aceptado su liquidación.

En la marcha y mitin que llevó a cabo ayer esa organización para demandar el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno federal el pasado 13 de septiembre, el dirigente dijo que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, habló con el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y éste le adelantó que la semana que entra entregarán los planes de reinserción laboral y productiva que les habían prometido a los trabajadores para antes del 30 de noviembre del presente año.

En el Zócalo lleno de trabajadores electricistas, así como integrantes de otras organizaciones que los acompañaron en la movilización que partió desde el Ángel de la Independencia, el dirigente hizo un llamado a Alejandro Poiré para que se cumplan los acuerdos convenidos.

Al secretario de Gobernación le decimos que queremos cerrar este conflicto, que con el SME no se juega, que el SME aguantó, planteó propuestas, pero no tiene miedo, o nos regresan el trabajo o nos regresan el trabajo. La decisión está en sus manos, ya no hay por qué postergar la solución a este problema, afirmó.

En esta movilización en la que participaron integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), de los gremios de telefonistas y de mineros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Asamblea de Usuarios de la Energía, el dirigente dijo que los electricistas le dicen al gobierno federal: queremos una solución.

Indicó que de los acuerdos firmados ya se cumplió en lo que respecta a la toma de nota para los 26 miembros del comité; el reconocimiento del gobierno al sindicato y el contrato continúa vigente. Nada más falta la reinserción laboral y la libertad de los presos políticos, los cuales –según expuso– en unos días más van a estar con nosotros.

Indicó que el próximo 14 de diciembre el sindicato va a cumplir 97 años y que espera llegar a los 100. También preguntó a los trabajadores si van a aguantar hasta el final y en coro respondieron afirmativamente.

Los trabajadores lamentaron la muerte de los electricistas de una termoeléctrica de Coahuila, acaecidos ayer a causa de una explosión, y señalaron que mientras esto sucedía, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes del Villar, estaba en un congreso en Cancún buscando otra relección por seis años más sin elecciones.

En el mitin, la Asamblea de Usuarios de la Energía planteó para el próximo 30 de noviembre un apagón por la noche en protesta por los altos cobros del servicio. Alfonso Mansilla, de esta organización social, indicó que se mantendrán en la lucha del SME y por una serie de demandas planteadas ante la Cámara de Diputados, como son el establecimiento de una tarifa social y justa para las clases más desprotegidas, el rechazo a los medidores digitales, el cese de la represión, encarcelamientos y hostigamientos a los asuarios que se han amparado contra los altos cobros, entre otras.

Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Stunam, planteó que desafortunadamnte los funcionarios ahora están más preocupados por amarrar la chuleta del poder del próximo año que por resolver los conflictos.

Mientras tanto, el dirigente de la CNTE de Michoacán, Jorge Cázares, planteó que ante la embestida del gobierno contra las organizaciones democráticas, éstas avanzarán hacia la creación de una nueva central democrática de los trabajadores

Los abusos sexuales contra mujeres, la punta del iceberg de la violencia: ONU

El cuerpo de las mujeres ha sido tomado como un territorio simbólico de guerra en donde las autoridades ejercen un castigo colectivo, en el contexto de una estrategia oficial para generar miedo y desmovilización, señalaron las participantes en el foro académico-vivencial Atenco. Mujeres en resistencia, organizado ayer por diversos colectivos de derechos humanos.

El representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló que los abusos sexuales son apenas la punta del iceberg de un fenómeno más amplio de violencia, por lo que confirmó la admisión de la queja contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres agredidas, interpuesta ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó que la represión policiaca contra la comunidad de San Salvador Atenco, ocurrida los días 3 y 4 de mayo de 2006, es un ejemplo de la manera en que funciona la impunidad en el país, y de cómo el cuerpo de las mujeres es tomado como un territorio de guerra política y jurídica, sin que ninguna reforma legal pueda impedirlo.

Con este caso, dijo, se demuestra que el Estado mexicano no aprendió la lección de lo ocurrido con las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002, por lo cual interpusieron una demanda ante la justicia interamericana que derivó en una sentencia contra el gobierno del país.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que lo ocurrido en Atenco no fue un hecho aislado, sino parte de un modelo institucional de violaciones a las garantías individuales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La constante es la creación de miedo, para hacernos volver a la etapa en que las personas no exigían sus derechos.

Las académicas universitarias Rosalva Hernández y Clemencia Correa subrayaron que la violencia de género forma parte de las campañas contrainsurgentes del gobierno mexicano, en donde el cuerpo de las mujeres es tomado como una especie de botín de guerra que contiene el honor de toda una comunidad, y en esa medida se trata de un castigo no sólo individual, sino colectivo.

El foro concluyó con las intervenciones de Edith Rosales e Italia Méndez, quienes sufrieron ataques sexuales por policías en San Salvador Atenco, y recordaron los tratos degradantes a los que fueron sometidas. Sin embargo, dijeron, el miedo y la inmovilidad que buscaban generar los abusos, terminaron convirtiéndose en motivos para indignarse y seguir luchando.

Valentina Rosendo Cantú también ofreció su testimonio del ataque que sufrió hace nueve años, y dijo que aunque padeció el rechazo de su comunidad e incluso de su esposo, finalmente logró hacer que la CIDH la escuchara y emitiera una sentencia a su favor, que el Estado mexicano se ha rehusado a cumplir.

Hay una Valentina que fue maltratada y violada, y otra que está sacando adelante a su hija y a su hermana. El día en que el gobierno reconozca su culpabilidad, sabrá que no pudo apachurrarme y entonces las dos Valentinas se van a rencontrar, afirmó

Urge ayuda humanitaria a desplazados de Guatemala: AI

Amnistía Internacional lanzó ayer una acción urgente para llamar la atención sobre las más de 65 familias de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza que fueron desalojadas violentamente a finales de agosto por el Ejército del país centroamericano, y en la actualidad se encuentran refugiadas en Tenosique, Tabasco, en condiciones de extrema precariedad.

En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó que los más de 300 habitantes del pueblo se vieron obligados a huir a México, luego de que las fuerzas de seguridad de su país los obligaran a salir de su territorio, supuestamente porque ocupaban una zona natural protegida.

Debido al nivel de violencia del desalojo –las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad resultaron incendiadas–, los habitantes de Nueva Esperanza no pudieron recoger sus pertenencias antes de irse, y ahora viven en chozas improvisadas sin acceso a servicios básicos, como agua o drenaje, lo que ha provocado el surgimiento de enfermedades, lamentó Amnistía.

Entre los desplazados hay más de 100 niños y niñas y varias mujeres embarazadas, por lo que es urgente dotarlos de condiciones de estancia decorosas, lo que hasta el momento no ha hecho el gobierno mexicano.

Las negociaciones entre la comunidad y el gobierno guatemalteco, subrayó la organización con sede en Londres, han progresado muy lentamente, y hasta ahora el único ofrecimiento a los refugiados ha consistido en darles tierras mucho más pequeñas, y sin otorgarles indemnización por las parcelas y los bienes perdidos.

AI llamó a sus simpatizantes a escribirle de inmediato a las autoridades de México y Guatemala para que se les otorgue ayuda humanitaria urgente a los desplazados, se promueva su retorno en condiciones justas y seguras, y se haga una investigación exhaustiva sobre el desalojo forzoso ocurrido el pasado 23 de agosto

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Cobertura universal del Seguro Popular, en registro, no en hechos: investigadoras

Chiapas, Michoacán y Guerrero, entidades que hicieron mal uso de recursos destinados a la salud Guillermo Montalvo Fuentes México DF, noviembre 10 de 2011. Aunque según datos del Ejecutivo Federal 52 millones de mexicanos están afiliados actualmente al Seguro Popular, lo que representa 43 por ciento de la cobertura universal de salud en el país, 29 por ciento de los gastos que hacen las familias, destinados al cuidado de su salud, está relacionado con la compra de medicamentos, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2010. Para especialistas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lo anterior revela que la afiliación por sí misma no garantiza el acceso a los servicios de salud. “Se habla de un aumento en la afiliación de personas que no tenían seguridad social, pero no de cómo se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud y medicamentos de quienes ya están afiliados. En este sentido, tenemos dos realidades: por un lado la afiliación, la cobertura universal en el registro, y por otro, los hechos, que nos dan cuenta de algunos problemas de opacidad, falta de rendición de cuentas, falta de infraestructura sanitaria y mal ejercicio de los recursos”, coincidieron Briseida Lavielle, Gina Chacón y Mariana Pérez, investigadoras del área de presupuestos en Fundar. Explicaron que uno de los problemas de acceso más frecuente es el desabasto de fármacos en clínicas y hospitales, lo que afecta la economía de las familias. Por tal motivo subrayaron que la cobertura universal no se logrará hasta que se reduzca la proporción de financiamiento que ponen las personas de su bolsillo para acceder al sistema de salud y a los medicamentos. “La cobertura universal demanda una serie de aspectos que en México no se están cumpliendo; no sólo hablamos de calidad en los servicios y accesibilidad, sino también de ver los recursos reflejados en la mejora de las condiciones de salud y de vida de la población afiliada” A pesar de que existen lineamientos específicos en relación a la compra de fármacos, los estados no los cumplen, pues aunque tienen la obligación de gastar hasta 30 por ciento de las asignaciones en la compra de medicamentos genéricos, y con los precios de referencia que establece la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al Informe de la Cuenta Pública de 2009, demostró que no sucede así. Para las investigadoras de Fundar esta situación es compleja, debido a que una vez que el dinero va de la federación a los estados, no hay manera de obligarlos a que den una rendición de cuentas de regreso. “Con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación de 2009, los estados más opacos que, si bien no desviaron, sí por lo menos hicieron mal uso de los recursos, fueron Chiapas, Michoacán y Guerrero. El caso de éste último es el más alarmante, pues estamos hablando de 27 millones de pesos como saldo total de irregularidades en compra de medicamentos, un gasto que no es menor si se consideran las carencias que tiene el estado” Lavielle, Chacón y Pérez mencionaron que los estados sí compran los medicamentos, pero el problema está en el uso de los recursos, pues los adquieren a sobreprecios, lo cual impacta en el abasto de fármacos en clínicas y centros de salud. Aunque reconocieron que es responsabilidad de los diputados “ser creativos” y encontrar lineamientos específicos que ayuden a llevar un mejor control del gasto y más transparencia, pues son ellos, los legisladores, quienes discuten el Presupuesto de Egresos de la Federación y pueden poner “candados”, no sólo al Seguro Popular, sino a todos los programas públicos, las investigadoras sugirieron como posibles soluciones la intervención, además de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, instancia que tiene las atribuciones para vigilar y controlar el gasto.

EDITORIAL. Presupuesto, galimatías que se enreda más al final del sexenio*

Editorial México DF, noviembre 10 de 2011. Cada año, la repartición de los recursos del presupuesto federal es un galimatías que se enreda aún más al final del sexenio. Con las elecciones en puerta, las prioridades del gobierno obedecen más a intereses políticos que a las necesidades sociales. Todos aquellos programas que no se consideran redituables en términos electorales pasan a segundo plano. Es el caso de programas de salud, como el del control de la epidemia de VIH, o de los programas destinados a equilibrar las desigualdades sociales, como los destinados a paliar las desventajas de las mujeres. La propuesta de Presupuesto Federal 2012 no sólo no propone incrementos en estos rubros sino que en términos reales significa reducciones a las partidas señaladas, como si los problemas que se intentan resolver también se hubieran reducido, lo que no es el caso. Las infecciones por VIH no han disminuido, la mortalidad por sida no se ha abatido grandemente, los índices de violencia hacia las mujeres están a la alza y las tasas de mortalidad materna tampoco se han abatido, por citar sólo algunos casos. No se pueden cumplir metas comprometidas ni enfrentar problemas sociales crecientes con presupuestos reducidos o, en el mejor de los casos, inmodificados. Sólo la sensibilidad de las y los legisladores, como ha ocurrido en otros años, puede enderezar la agenda de prioridades del Ejecutivo federal. De lo contrario, lo que nos espera es la simulación y la retórica declarativa de funcionarios públicos a la hora de entregar cuentas. *Publicado en el número 184 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 3 de noviembre de 2011

Pide jefe de laboratorio de Clínica Condesa utilizar citómetros de flujo embodegados

Pide jefe de laboratorio de Clínica Condesa utilizar citómetros de flujo embodegados Leonardo Bastida Aguilar El citómetro de flujo permite el estudio de las poblaciones linfocitarias afectadas por el VIH México DF, noviembre 09 de 2011. Con la finalidad de aprovechar la visita del paciente para realizar un diagnóstico de VIH/sida integral, en el que al mismo tiempo se puedan aplicar pruebas de CD4 y carga viral, Luis Juárez Figueroa, jefe del laboratorio de la Clínica Especializada Condesa, gestionó desde hace tres años la donación de dos citómetros de flujo –aparatos que permiten el estudio de las poblaciones linfocitarias afectadas por el VIH– ante la compañía alemana Partec Essential Healthcare. El laboratorista explicó que la compañía germana donó el equipo el 29 de octubre de 2008 al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) con la finalidad de ser evaluados “y posteriormente ser utilizados en clínicas periféricas”, entre ellas la Clínica Condesa, sin embargo, a tres años de la llegada de los citómetros al laboratorio de Infectología de la institución médica, fueron embodegados. Para Juárez, esta actitud por parte del laboratorio del INCMNSZ, responde a que en México, “históricamente” se ha centralizado el control de la realización de pruebas en los institutos médicos de la Secretaría de Salud, los cuales cobran entre 350 y 500 pesos por pruebas de carga viral y CD4, y tardan casi dos meses en entregarlos para que el médico las analice. Por el contrario, explica, con los citómetros donados, la prueba de conteo de CD4 costaría 40 pesos. El jefe de laboratorio comentó que uno de estos equipos estuvo a prueba un año en el Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud, y la directora de la institución, Celia Alpuche, mencionó que uno de los aparatos sería destinado a la Clínica capitalina. A pesar de esto, el equipo fue regresado al laboratorio del INCMNSZ. Para el especialista, esta situación debería cambiar ya que el conteo de CD4 -prueba que realizan los citómetros donados- permite conocer en los individuos afectados su capacidad de respuesta inmunitaria, y tiene mucha importancia para el seguimiento de la evolución de la infección y el tratamiento adecuado para el paciente. “Lo que es una obligación es hacer un diagnóstico oportuno, en tiempo real, aprovechar la visita del paciente para hacer diagnóstico del VIH, de hepatitis B y C, y sífilis. Inmediatamente se les toman muestras de sangre y en 48 horas se les confirma su diagnóstico. Debemos hacerles al mismo tiempo CD4 y carga viral para brindar un diagnóstico integral y remitirles al infectólogo”, recalcó. Así, el experto consideró que es necesario poner a disposición del médico la mayor cantidad de recursos disponibles para realizar diagnósticos. Diagnóstico integral, herramienta necesaria Para Juárez, los lugares idóneos para realizar el diagnóstico integral de la infección por VIH son los Centros Ambulatorios para la Atención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (Capasits), ya que en ellos se pueden implementar diversas herramientas de diagnóstico y pruebas complementarias simples y/o rápidas para conocer el verdadero estado de salud del paciente. Añadió que para lograr dar ese servicio de diagnóstico integral se requiere persuadir a las autoridades de la conveniencia de acercar los recursos al paciente y al médico, y a los laboratorios centrales proponerles desempeñen un papel de facilitadores mediante tareas de enseñanza, monitoreo de calidad y la referencia de casos especiales. De acuerdo con Juárez, en otros lugares como África, sitio al que acudió como voluntario de la organización Médicos sin Fronteras, se trabaja con pruebas rápidas y conteos de CD4. “Allí se hacían dos pruebas rápidas, y si daban positivo, se les realizaba el CD4 para iniciar el tratamiento, otorgado por la organización, lo antes posible”. Por último, comentó que en México esto no se hace, y por el contrario, el hecho que el resultado de una prueba de carga viral o de CD4 se sepa dos meses después de haber sido tomada puede resultar perjudicial para el paciente, debido a que el virus pudo haber mutado y el medicamento suministrado podría carecer de efecto.

Realizan en Puebla primer foro sobre trabajo sexual, derechos humanos y VIH/sida

Se discutireron políticas públicas en materia de salud y seguridad pública Agencia Independiente Noti-Calle-Redacción NotieSe México DF, noviembre 09 de 2011. Trabajadoras sexuales de San Martín Texmelucan, Puebla, pertenecientes al colectivo “Mujeres en Lucha contra la Discriminación”, realizaron el “1er Foro de Trabajo Sexual, Derechos Humanos y VIH/sida”, para discutir las políticas públicas del municipio hacia este sector social, que dijeron, “rayan en la discriminación, al promover la aplicación de la detección obligatoria del VIH/sida y la persecución de quienes tienen sus puntos de encuentro en la vía pública”. El colectivo surgió a partir de los abusos de autoridad de policías y personal médico del ayuntamiento ejercido contra las trabajadoras sexuales de esa localidad y pugna por el reconocimiento al trabajo sexual, pues no se consideran prostitutas, ni sexoservidoras, apelativos que calificaron como estigmatizantes. Las trabajadoras sexuales se han reunido desde hace tres meses con el fin de organizarse, capacitarse, conocer y defender sus derechos humanos, para así ejercerlos y promover el diálogo con las autoridades municipales, estatales y federales; razón por la cual convocaron al foro para abordar los temas de trabajo sexual, derechos humanos y VIH/sida. Al evento fueron convocadas la Coordinación Estatal del VIH/sida, a cargo de María Claudia Rivera Luna; la Jurisdicción Sanitaria Número 5, cuyo titular es José Adrián Marco Antonio Tecpapécatl Romero; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo la responsabilidad del ombudsman Adolfo López Badillo. De acuerdo con las organizadoras también participaron las autoridades municipales involucradas en el control sanitario y la represión policíaca como las regidurías de Salud, Educación, Grupos Vulnerables, Desarrollo Social y Rural; así como de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Entre las organizaciones civiles que participaron se encuentran Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, Provicondon, Mujeres en Lucha Contra la Discriminación, Librorum Cultura Libre, así como David Avendaño (Krizna), integrante de la comisión de enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

México, tercer lugar mundial en pornografía infantil en la web

Entre 2008 y 2011 la policía cibernética atendió al menos 5 mil 518 denuncias; muchos de los menores y jóvenes que interactúan por la red no tenían conocimiento de ello: Ifai

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 44

México ocupa el tercer lugar en el mundo en delitos cibernéticos relacionados con la pornografía infantil, según registros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reveló la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), Sigrid Arzt Colonga.

En la web, enfatizó, se encuentran más de un millón de imágenes de menores que son víctimas de explotación sexual.

Respecto de lo que se ha registrado en territorio nacional, agregó, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que la pornografía infantil abarca 50 por ciento del total de delitos que se registran en la red.

En entrevista en la Biblioteca Vasconcelos, al término de la presentación del cartel Diez consejos útiles para el uso de Internet, detalló que la policía cibernética mexicana atendió, entre 2008 y noviembre 2011, al menos 5 mil 518 denuncias por pornografía infantil. Muchos de los menores de edad y jóvenes que interactuaban en la red no tenían conocimiento de ello.

Advirtió que el fraude y la suplantación de identidad es el segundo delito en importancia en el país, y enseguida los consumidores que compran en la web, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Muchas personas envían, a través de su correo electrónico, a familiares y otras personas el número de su cuenta bancaria, la clave con la cual tienen acceso, su nombre completo, entre otros datos, y la delincuencia organizada anda pescando esos datos y tienen los mecanismos suficientes para capturar esa información y hacer transacciones fraudulentas.

Arzt advirtió que el robo de identidad es el delito más serio en todas las economías del mundo, y no hay ninguna ley en el mundo que pueda actuar a la misma velocidad que las tecnologías para detenerlo, por lo cual es fundamental que cada usuario tome conciencia de cómo navegamos, porque en ninguna parte del mundo se ha podido compaginar marco normativo con la velocidad de los avances tecnológicos.

Durante la presentación del cartel, elaborado por el Ifai y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que en el país existen 35 millones de internautas de entre 12 y 24 años de edad; de ellos, dos terceras partes están en las redes sociales, de ahí la importancia de educar a niños y jóvenes en el uso de la web para evitar delitos que incluyen trata de personas, fraude y suplantación de identidad.

Artz Colonga precisó que cada minuto se descargan en la Internet 13 horas de video. Es tal la cantidad, que se requerirían más de 412 años para ver todos los videos que se han subido a la web.

Asimismo, se encuentran más de 5 mil millones de historias, desde temas personales hasta cuentos y otros datos. Aunado a ello, cada vez más menores de edad y jóvenes acceden a la red.

Al respecto, Francisco Ciscomani, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, dijo que 75 por ciento de menores de 35 años en México son nativos digitales, cada año crecen los usuarios en 18.5 por ciento y dos de cada 10 hogares tienen acceso a la red.

De las recomendaciones escritas en el cartel, sobresalen: piensa antes de publicar, pues todo lo que se escribe y envíe a la red está al alcance de todos, aunque se borre; “mantén secreta tu contraseña; cuida tu imagen y la de los demás; verifica qué saben de ti; cierra tu sesión; usa un apodo o alias; no digas todo de ti; asegura y cuida tus cuentas, y crea varios e-mails”

"Imperativo", pagar lo justo a 2 millones de trabajadoras domésticas, dice la OIT

Se impulsará que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre derechos de esas empleadas

Imperativo, pagar lo justo a 2 millones de trabajadoras domésticas, dice la OIT

Significativo, que 92% de las personas que realizan esta actividad sean mujeres: Wissing

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 45

Las trabajadoras domésticas en México sufren rezago en el ejercicio de sus derechos humanos, ya que 14 de cada 100 trabajan en varias casas y, pese a ello, 22.5 por ciento gana entre 250 y 500 pesos a la semana, mientras 7.8 por ciento reciben menos de 250 pesos en ese lapso.

Asimismo, 25 personas de cada 100 justifican darles de comer alimentos sobrantes y sólo entre uno y 6 por ciento tienen alguna prestación social, consigna la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), presentada ayer en el Senado de por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Enadis revela que en México más de 2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado viven cotidianamente los efectos de prejuicios históricos, minusvaloración y discriminación que se dan al amparo de la privacidad del hogar, la frontera entre lo público y lo privado, la creencia de que el buen trato suple derechos laborales, y la falta de acciones gubernamentales para promover la igualdad.

La directora regional de ONU-Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló que para ese sector sigue pendiente el tema de generar las herramientas y mecanismos que permitan el pleno reconocimiento de sus derechos. Ello, no obstante, que el trabajo del hogar representa 21.6 por ciento del producto interno bruto, indicó la subsecretaria de inclusión laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Espinosa.

El director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, detalló que las personas de ese sector representan 4.5 por ciento del total de la población económicamente activa (PEA) en el país, esto es, 11 por ciento de la PEA femenina y sólo uno por ciento de la masculina. Es significativo, dijo, que 92 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado sean mujeres.

Wissing advirtió que es un imperativo legal pagar lo justo y reconocer los derechos laborales a dos millones de trabajadoras del hogar; hacerlo, explicó, tendrá un impacto socioeconómico positivo, pues se estimularía el mercado interno, se contribuiría a la generación de empleo formal e incidiría directamente en los índices de pobreza.

Ricardo Bucio, presidente del Conapred, planteó reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, e incluso hay que crear una ley específica sobre trabajo doméstico para evitar las dificultades que existen de reformar la ley laboral.

A su vez, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel, exhortó a las y los legisladores a aprobar la reforma laboral para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y se comprometió a impulsar que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre los Derechos de Trabajadoras del Hogar, una vez que sea recibido de pardel gobierno de Felipe Calderón.

Con ese convenio se pretende adoptar nuevos estándares internacionales de protección de los derechos a partir de la ratificación que hagan los estados parte de la ONU

Se pronuncia Carpizo por garantizar que la mujer decida sobre su cuerpo

El constitucionalista Jorge Carpizo MacGregor se pronunció por garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su reproducción, por lo que, dentro de los parámetros legales, ellas son las que tienen que elegir si abortan.

Al ofrecer una conferencia magistral como parte del seminario Alcances y limitaciones de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Baja California y San Luis Potosí, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ex rector de esa casa de estudios delineó argumentos constitucionales, democráticos y sociales para considerar constitucional la despenalización de la interrupción temprana el embarazo.

En primer lugar explicó los términos vida y vida humana. De acuerdo con la ciencia, dijo, lo que diferencia a los seres humanos de animales y plantas es la corteza cerebral.

“La diferencia entre nosotros y otras especies es la existencia del sistema nervioso central, que no se desarrolla desde el momento de la concepción, sino entre la semana 20 y 24 (de gestación).

“Por ello podemos afirmar que antes de las primeras 12 semanas –límite que la legislación del Distrito Federal establece para permitir un aborto seguro y voluntario– estamos convencidos de que no hay vida humana.”

El ex procurador general de la República indicó que la tercera causa de muerte de mujeres en México son los abortos clandestinos, a los que acuden sobre todo personas con más limitaciones económicas y sociales. Si bien no hay cifras oficiales, se estima que en el país se presentan entre 500 mil y un millón 200 mil al año.

¿Por qué negar a la mujer un aborto seguro dentro de los marcos legales? En esto hay una gran hipocresía y cinismo; las mujeres abortan, es un hecho, sean religiosas o no, pero tienen aborto seguro quienes pueden pagar por él, y las pobres son las que exponen su vida y salud al acudir a espacios inseguros.

Para Carpizo, negar a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo vulnera varios artículos constitucionales, entre ellos el primero, referente a los principios de igualdad y no discriminación, y el cuarto, que establece que las personas tienen derecho a decidir el número de hijos que desee tener y espaciamiento entre ellos

Las amas de casa tienen derecho a 50% de los bienes, si se divorcian

Las mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos y al hogar en el estado de México tienen derecho, al momento de tramitar su divorcio, a exigir 50 por ciento del patrimonio hecho durante su unión matrimonial, ya que así lo permite la reciente reforma al Código Civil en esa entidad, indicaron abogados expertos en derecho familiar consultados por La Jornada.

Los abogados Walter Martín Piñeiro Muñiz, Víctor Manuel Gamboa Rullán y José Patiño coincidieron en que se trata de una ley acorde con la legislación de países del primer mundo, donde la equidad de género y el reconocimiento a las mujeres que se dedican de tiempo completo al cuidado de los hijos son una realidad tutelada por sus constituciones.

Los litigantes refirieron, en entrevistas por separado, que casos como los de Elisa Mizrahi Ambe y Liliana Ortiz Gómez, quienes estuvieron en prisión por delitos que les imputaron sus esposos con tal de que desistieran de su derecho a recibir 50 por ciento de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, demuestran que es indispensable una ley que obligue a jueces en materia penal a ser más cautelosos al momento de librar órdenes de aprehensión en juicios relacionados con divorcios.

Este diario publicó ayer la historia de Elisa Mizrahi Ambe, acusada por su marido, el empresario textil Mayer Zaga Romanode, de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz.

Elisa espera que el juez 12 de lo civil con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le conceda el 50 por ciento de los bienes que le concede la legislación civil mexiquense, ya que se dedicó al trabajo del hogar.

El juez acaba de llegar a ese juzgado; su antecesor tenía listo un proyecto de resolución de divorcio en el que daba la razón a la señora Mizrahi.

Sería imprescriptible en la capital el delito de tortura

Diputados locales aprueban en comisiones el dictamen sobre reformas al Código Penal

Dan elementos más sólidos a jueces cuando se trate de determinar un caso de este tipo

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 41

Diputados de PRD, PAN, PRI PVEM y PT aprobaron ayer el dictamen sobre las reformas al Código Penal de esta capital, por el cual se tipifica con mayor precisión el delito de tortura y se le da carácter de imprescriptible, es decir, podrá ser perseguido por las autoridades locales aunque hayan pasado muchos años de que algún servidor público haya incurrido en ese ilícito.

El proyecto de dictamen fue puesto a consideración de las comisiones de Derechos Humanos, y de Administración y Procuración de Justicia y, luego de que se le hicieron algunas modificaciones, propuestas por Carlo Fabián Pizano (PAN) y Guillermo Orozco (Movimiento Ciudadano), se avaló por unanimidad, con lo que se prevé que durante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de este jueves, o a más tardar el martes próximo, se discuta en el pleno de los diputados para su votación definitiva.

De acuerdo con esas reformas, el delito de tortura se sacó del título vigésimo del Código Penal del Distrito Federal, relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos –derogándose los artículos 294 al 298– y se pasó al título décimo, relativo a los delitos cometidos contra la dignidad de las personas, con lo que se crerían los artículos 206 bis, ter, quarter y quintus.

Por lo que se refiere a las sanciones, se mantiene el hecho de que aquel servidor público a quien se compruebe esas prácticas ilegales enfrentará prisión de tres a 12 años, pero se incrementan en los casos de los funcionarios que pudiendo impedir la comisión del delito de tortura no intervenga.

David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF y promovente de esa iniciativa de reformas, comentó que uno de los aspectos más importantes de esos cambios es que se quita el elemento difícil de probar: la intencionalidad, y ahora no tiene que haber ninguna intencionalidad para tipificarlo y sancionarlo, sino que haya un conjunto de tratos que no pueden ser dados a una persona en ningún caso o escenario.

Consideró que de ser aprobado por el pleno de la ALDF los jueces tendrán elementos más sólidos para determinar un caso de tortura y no caer ya en que si se trata de tratos crueles e inhumanos, maltrato, lesiones o abuso de autoridad.

Remarcó que esas modificaciones al Código Penal fueron consensuadas con organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como con autoridades locales y con la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que descartó que puedan enfrentar el veto o rechazo

Piden al GDF ahondar lucha antiadicciones

Organizaciones civiles se pronunciaron por que el Gobierno del Distrito Federal intensifique las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones.

En el foro Exclusión social y adicciones, Simón Tavera Romero, director ejecutivo de prevención del Instituto para la Atención y Prevención de las Adiciones (IAPA), dijo que el abordaje de este binomio es complejo, pues la población en situación de vulnerabilidad y excluida socialmente no va en busca de servicios sociales.

Agregó que sólo 15 por ciento de los adictos recurren a tratamiento y 85 por ciento permanecen en la reproducción de hábitos de consumo. Al referirse a la población en situación de calle, señaló que es necesario revisar el contexto social en que se desarrolla para que las políticas públicas de prevención tengan resultados y no sean de bajo pronóstico.

Gabriel Rojas Arenaza, director general de la organización Educación con el Niño Callejero (Ednica), apuntó que las drogas cada vez son más fáciles de conseguir, incluso por la población excluida, y también cada vez es más difícil que esta población acceda a los servicios de salud

Protestan miles de maestros en cuatro estados

Demandan destituir a Elba Esther Gordillo, cancelar la ACE y mejor servicio en el Issste

Paros, marchas, mítines, ocupación de oficinas públicas y bloqueos de carreteras fueron algunas de las acciones que realizaron ayer miles de maestros y organizaciones simpatizantes en Michoacán, Chiapas y Guerrero en repudio a la Alianza por la Calidad de la EducaciónFoto La Jornada Michoacán, Elio Henríquez y Lenin Ocampo

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 36

Miles de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se manifestaron ayer en rechazo a las políticas educativa y laboral del gobierno del presidente Felipe Calderón, a quien acusaron de pretender privatizar el sector mediante la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Con paros, marchas, mítines, bloqueos viales, toma de edificios públicos y casetas de peaje, los mentores atendieron el llamado al Paro cívico nacional por la defensa de la educación pública y el empleo.

Exigieron la salida de la cacique Elba Esther Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y mejor servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En Oaxaca, los 73 mil docentes adheridos a la sección 22 del SNTE marcharon y bloquearon vialidades en la capital y las principales ciudades del estado.

Cerraron los accesos a dependencias estatales y federales, así como tiendas departamentales y de autoservicio, y tomaron casetas de cobro, entre ellas la ubicada cerca del municipio de Coixtlahuaca.

En el Istmo de Tehuantepec, unos 13 mil maestros cerraron carreteras en los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Tapanatepec y Matías Romero, lo que incomunicó esa región con la capital de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Cientos de autobuses, camiones y automóviles particulares quedaron varados. El paro dejó sin clases a un millón 300 mil alumnos de 13 mil planteles de prescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

En Guerrero, unas 10 mil personas efectuaron movilizaciones simultáneas en Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, Acapulco, Ciudad Altamirano e Iguala, convocadas por el Frente de Masas de Guerrero, que aglutina a más de 30 organizaciones.

En Tlapa, unos 500 campesinos, profesores de educación indígena y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon las salidas de las vías que comunican esa demarcación con Chilpancingo, Puebla, Metlatónoc y Marquelia.

Exigieron la cancelación de la ACE, la salida del Ejército de las comunidades de la región, castigo a los culpables de asesinatos y desapariciones en años recientes, y la liberación de presos políticos.

En el puerto de Acapulco, un grupo de mentores bloqueó las entradas a la Secretaría de Educación estatal y al Issste, donde denunciaron falta de medicamentos, personal y disponibilidad de camas.

Pidieron mejorar los servicios que ofrece la institución y que las pensiones de los trabajadores jubilados se calculen de manera adecuada.

Unos 300 maestros de los seis planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero suspendieron labores para exigir la destitución del director general de ese sistema, Mauro García, a quien acusan de incumplir el contrato colectivo de trabajo. Unos 2 mil 600 alumnos se quedaron sin clases.

Por separado, un centenar de campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, se plantaron en el palacio federal para denunciar corruptelas de los supervisores del Procampo.

En Chilpancingo, Minervino Morán, dirigente del Frente de Masas, encabezó a unas 3 mil personas que marcharon al palacio de gobierno. Nadie los atendió y en protesta bloquearon la Autopista del Sol de las 14 a las 16 horas.

En Morelia, Michoacán, marcharon más de 7 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaron un mitin frente al palacio de gobierno para exigir abasto de medicinas, la derogación de la Ley del Issste y rechazar la ACE.

Encabezados por su dirigente, Jorge Cázares, tomaron la Secretaría de Educación de la entidad. Unos 40 mil mentores no laboraron, en perjuicio de al menos 800 mil estudiantes.

Más tarde, cientos de miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo marcharon en solidaridad con el Sindicato del Poder Judicial del estado, que demanda mejores condiciones de trabajo.

En Chiapas, miles de maestros del bloque democrático de la sección 7 del SNTE suspendieron labores y durante siete horas bloquearon varias carreteras del estado, en demanda de la salida de Elba Esther Gordillo de ese organismo y la cancelación de la ACE.

Manuel Mendoza Vázquez, dirigente regional del Bloque Democrático en los Altos de Chiapas, demandó que se emita la convocatoria para el relevo de la dirigencia de la sección 7, donde Gordillo “impuso charros”.

Octavio Vélez Ascencio, Hiram Moreno, Sergio Ocampo Arista, Héctor Briseño, Ernesto Martínez y Elio Henríquez

Estudiantes exigen disculpa por represión

Tepic, Nay. El presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, Pedro Karás, exigió una disculpa pública al edil de Tepic, Héctor González Curiel, por los abusos cometidos por policías municipales contra estudiantes que llevaban a cabo un festival musical la tarde del domingo en la plaza principal, de donde fueron desalojados por presunto desorden público. Personal de comunicación social de la alcaldía estuvo en la conferencia de prensa y grabó las declaraciones de los jóvenes denunciantes. A su vez, el director de la policía municipal, David Pérez Landeros, negó las agresiones a los jóvenes.

SLP: condenan a cura a 33 años de cárcel por violar y matar a menor

San Luis Potosí, SLP, 22 de noviembre. El sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez fue condenado a 33 años y seis meses de prisión por la juez sexta penal, Juana María Castillo, quien lo encontró culpable de la violación y el asesinato de la joven Itzachel Shantal González López, cometidos en octubre de 2007.

El cuerpo de la adolescente, quien fue reportada como desaparecida el 20 de octubre de 2007, fue hallado el lunes 23 de octubre de ese año en el salón de usos múltiples del Instituto Salesiano Carlos Gómez, colegio católico de renombre en la capital potosina.

Luego de una accidentada investigación y la acusación del ex policía Julio Ceballos de que las propias autoridades habían extraviado importantes pruebas de la escena del crimen, en septiembre de 2009 se ordenó aprehender a Contreras Rodríguez, quien en ese momento era director de primaria del Instituto Salesiano.

El inculpado era defendido por el abogado Cándido Ochoa Rojas, quien tras ser nombrado procurador por el gobierno del priísta Fernando Toranzo, que apenas empezaba, dejó la defensa del religioso y ejercitó la orden de aprehensión en su contra.

La arquidiócesis primada de México nombró defensor del clérigo a Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, quien durante el proceso acusó al gobierno de Fernando Toranzo de aliarse con la masonería potosina para acabar con la orden salesiana, apoyándose en un ex policía señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La juez Juana María Castillo dictó sentencia contra José Carlos Contreras por considerar que las pruebas presentadas por la parte acusadora demuestran plenamente su culpabilidad.

Armando Martínez anunció que ya tiene lista la apelación e incluso podría acudir al Poder Judicial de la Federación, pues la inocencia del religioso se demostró ampliamente.

José Carlos Contreras se encuentra en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila desde el 7 de octubre de 2009

Plan de infraestructura para Oaxaca viola derechos de indígenas: activista

Oaxaca, Oax., 22 de noviembre. El Plan Territorial de las Infraestructuras de Oaxaca, que incluye 13 proyectos de alto impacto, viola los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados por el gobierno estatal, afirmó la coordinadora del Área de Participación Ciudadana e Incidencia Pública de la organización Servicios para una Educación Alternativa, Angélica Castro Rodríguez.

La activista expuso que los 13 proyectos en territorios indígenas (entre ellos la presa Paso Ancho, la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, el libramiento Sur, las supercarreteras Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla, un centro de convenciones y un penal) forman parte del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y requerirán una inversión de 50 mil 955 millones de pesos.

Explicó que la administración estatal invitó a industriales, constructoras, embajadores y ministros de varios países, así como a empresas canadienses y estadunidenses para concretar el plan.

Según el secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra López, “estos proyectos convertirán a Oaxaca en uno de los estados de mayor crecimiento del país.

Castro Rodríguez detalló que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 reconoce que se han violado los derechos de las comunidades indígenas al no consultarlas sobre este tipo de obras, lo que ha dado lugar a conflictos sociales y resistencia. Pese a ello, sostuvo, la actual administración incurre en el mismo error.

En su primer informe, el gobernador Gabino Cué Monteagudo subrayó que estos proyectos serán sustentables y se realizarán en forma consensuada y contribuirán a reducir la desigualdad regional

A LOS MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nos dirigimos a ustedes, ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponerles nuestra inconformidad con el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea referido al contencioso que por más de siete años han llevado ante tribunales nuestro diario La Jornada y la revista Letras Libres.

En primer lugar queremos expresarles que, desde nuestra óptica, no se trata de un mero asunto de forma la manera como Fernando García Ramírez, subdirector de la revista mencionada, acusó en marzo de 2004 a nuestro diario, sin aportar prueba alguna, de ser cómplice del terror de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). No consideramos jurídicamente válido, ni éticamente justificable, que se pretenda confundir la libertad de expresión con el cobijo de la justicia a quien calumnia.

Es un asunto trascendental porque lo que ustedes decidan impactará, para bien o para mal, en el comportamiento de los medios de comunicación nacionales. Desde que Letras Libres publicara la grave acusación contra La Jornada, nuestra publicación, haciendo uso de su derecho de réplica, garantizado por la Ley de Imprenta, reclamó con todo comedimiento a Letras Libres las pruebas de sus afirmaciones o, en su caso, la retractación. El hecho de que hasta el momento no se haya recibido respuesta es prueba palmaria de que el propósito de tales afirmaciones no era informar adecuadamente a los lectores, sino todo lo contrario.

Les manifestamos, por último, nuestra opinión de que incriminar a un medio, calificándolo como cómplice del terror, es exponer gravemente al acusado, a sus directivos, a quienes en él trabajan, y a sus colaboradores a ser víctimas de injustas represalias y violaciones graves a sus garantías fundamentales, esas sí amparadas nacional e internacionalmente. Para nosotros, además, no es lo mismo ejercer el derecho responsable a la crítica que difamar a terceros, personas o medios. Más aún cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se pretende hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado.

Directivos: Carmen Lira Saade: Directora General, Carlos Payán Velver: Director Fundador, Hugo Gutiérrez Vega: Presidente del Consejo de Administración, Guillermina Alvarez: Asistente de la Dirección, Josetxo Zaldúa: Coordinador General de Edición, Carlos Narváez Robles: Contralor de Edición, Elena Gallegos: Coordinadora de Información General, Margarita Ramírez Mandujano: Coordinadora de la Mesa de Redacción, Luis Hernández Navarro: Coordinador de Opinión, Francisco García Noriega: Coordinador de Diseño, Luis Gutiérrez Reyes: Coordinador de Tecnología, Manuel Meneses Galván: Internet, Marco Antonio Hinojosa: Coordinador de Publicidad, Mireya Cuéllar: Jefa de Estados, Pedro Aldana: Jefe de Deportes, Emilio Lomas Maldonado: Jefe de Economía, Marcela Aldana: Jefa de Mundo, Miguel Ángel Velázquez: Jefe de Capital, Pablo Espinosa: Jefe de Cultura, Fabrizio León Díez: Jefe de Espectáculos, Lourdes Galaz: Coordinadora de Publicaciones Especiales, Socorro Valadez: Correo Ilustrado, Rebeca Panameño: Archivo Fotográfico.

Articulistas: Abraham Nuncio, Adolfo Sánchez Rebolledo, Alejandro Nadal, Ana María Aragonés, Andrés Barreda, Ángel Guerra, Ángel Luis Lara, Ángeles González Gamio, Arnaldo Córdova, Arturo Alcalde Justiniani, Bárbara Jacobs, Bernardo Barranco, Bernardo Bátiz V., Enrique Dussel, Enrique Calderón Alzati, Carlos Fazio, Carlos Martínez García, Carlos Ortiz Tejeda, Claudia Gómez Haro, Cristina Barros, Clara Huacuja, Elena Poniatowska, Francisco López Bárcenas, Gabriela Rodríguez, Gilberto López y Rivas, Gonzalo Martínez Corbalá, Guillermo Almeyra, Gustavo Esteva, Gustavo Gordillo, Gustavo Leal F., Hermann Bellinghausen, Ilán Semo, Iván Restrepo, Jaime Martínez Veloz, Javier Aranda Luna, Javier Flores, John M. Ackerman, John Saxe-Fernández, Jorge Camil, Jorge Carrillo Olea, Jorge Durand, José Blanco, José Cuéli, José Antonio Rojas Nieto, José María Pérez Gay, José Stéinsleger, Julio Muñoz Rubio, León Bendesky, Luis Linares Zapata, Luis Tovar, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Marco Buenrostro, Marcos Roitman Rosenmann, Margo Glantz, Miguel Concha, Miguel Marín Bosch, Néstor de Buen, Octavio Rodríguez Araujo, Olga Harmony, Orlando Delgado, Pablo González Casanova, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Raúl Zibechi, René Drucker, Rolando Cordera Campos, Silvia Ribeiro, Simón Vargas, Soledad Loaeza, Teresa del Conde, Víctor Flores Olea, Víctor M. Quintana, Víctor M. Toledo, Yuriria Iturriaga

Columnistas: Julio Hernández López, Miguel Ángel Rivera, Enrique Galván Ochoa, Carlos Fernández Vega, Jaime Avilés, Alfredo Jalife-Rahme, José Agustín Ortiz Pinchetti, Gloria Muñoz Ramírez, Andrea Bárcena.

Moneros: Bulmaro Castellanos (Magú), Rafel Barajas Durán (El Fisgón), Antonio Helguera (Helguera), Gonzalo Rocha (Rocha), José Hernández (Hernández) Manuel Ahumada (Ahumada).

Colaboradores: Francisco Toledo, Vicente Rojo, Carmen Parra, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Livma Zacarías, Emilio Payán, Ida Rodríguez Prampolini, Rogelio Cuéllar, Pedro Valtierra, Lilia Rossbach.

Información General: Alfredo Méndez, Alma Muñoz, Alonso Urrutia, Andrea Becerril, Ángeles Cruz, Angélica Enciso, Blanche Petrich, Carolina Gómez, Claudia Herrera, Elizabeth Velasco, Emir Olivares, Enrique Méndez, Fabiola Martínez, Fernando Camacho, Georgina Saldierna, Gustavo Castillo, Jesús Aranda, José Antonio Román, Karina Avilés, Laura Poy, Matilde Pérez, Patricia Muñoz, Roberto Garduño, Sanjuana Martínez, Rosa Elvira Vargas, Ariane Díaz, Arturo Cano, Arturo García, Rosa Rojas.

Mundo Corresponsales: David Brooks, Stella Calloni, Gerardo Arreola, Juan Pablo Duch, Armando G. Tejeda, Enrique Gutiérrez Aicardi. Redactores: Gabriela Fonseca, Ricardo Castillo, Carlos Erik Hernández Vilchis, Rosa Elvia Magaña, Guillermo García Espinoza de los Monteros, Montserrat Hawayek, Fabiola Santos Morales, Ximena Galván, A. Alonso Hernández García, Eréndira Palma.

Economía: Miriam Posada García, Víctor Manuel Zendejas, Andrea Morales Galván, Julio Reyna Quiroz, Ericka Duarte Melchor, Roberto González Amador, Víctor Mateo Cardoso O., Israel Rodríguez Jiménez, Juan Antonio Zúñiga Mendoza, Juan Carlos Miranda Tarango, Susana González Gutiérrez

Capital: Rodolfo Contreras Ramírez, Ángel Bolaños Sánchez, Raúl Llanos Samaniego, Rocío González Alvarado, Claudia Alvarez Laris, Agustín Salgado Ricaño, Bertha Teresa Ramírez Cruz, Mariana Suárez Esquivel, Laura Gómez Flores, Gabriela Romero Sánchez, Alejandro Cruz Flores, Mirna Servín Vega, Josefina Quintero Morales, Gerardo J. Lucas Martínez.

Estados: David Zúñiga, Rolando Medrano, Martín Arceo Leónides Sandoval, Luis Alberto Reyes, Erika Capuleño, Hortencia Hernández, María Teresita Menes, Dolores Flores.

Cultura: Ángel Bernal, Merry MacMasters, Gloria Romero, Carlos Paul, Arturo Jiménez, Ericka Montaño, Ángel Vargas, Fabiola Palapa Quijas, Alondra Flores Soto, Mónica Mateos-Vega, Reyes Martínez Torrijos.

Espectáculos: Jovita Crispín Solís, Arturo Cruz Bárcenas, Juan José Olivares, Jorge Caballero Flores, Roberto García Rivas, Jaime Whaley Dillmann.

Deportes: Rosalía Alejandro Villanueva, Miguel Ángel Ramírez González, Jorge Sepúlveda Marín, Carlos Hernández Hernández, José Garduño Gómez, Marlene Santos Alejo, Abril del Río, Juan Manuel Vázquez Soriano, Karla B. Torrijos Rivera, Óscar Alejandro Alegría Ortiz.

Fotografía: José Núñez, Carlos Cisneros, Carlos Ramos Mamahua, Guillermo Sologuren, Luis Humberto González, Cristina Rodríguez, Marco Peláez, Jesús Villaseca, Francisco Olvera, Yazmín Ortega Cortés, José Carlo González, Alfredo Domínguez, Roberto García Ortiz, José Antonio López, Víctor Camacho, María Luisa Severiano, María Meléndrez, Eréndira Barajas.

Mesa de Redacción: Manuel Guerrero Alarcón, Francisco Adán Farfán, José Antonio Vázquez García, Amalia Rivera de la Cabada, Ricardo Ortiz Manzanares, Adolfo Cervantes Ortiz, José Mario Ruiz Tenería, Noemí M. González Castellanos, Andrés Ruiz González, Olivia Casanova Lara, Raúl García García, Roberto Casillas Valadés, José Luis Ortiz Hernández, Ma. Magdalena Rogel Nava, Eva Álvarez Ramírez, Estela Aguilar Feregrino, Jorge Anaya Roa, Víctor Manuel Barreto Monter, Ángel Bernal Alaniz, Roberto Cabrera Martínez, José Félix Carapia Sánchez, Enedino González Aldana, Norma Angélica Hernández Pérez, María del Rosario Jáuregui Nieto, Enrique Mandujano Sandoval, Perla Nayeli Moncada Silva, María del Socorro Ortiz Mendieta, Catalina Paizanni Herrera, Maria Elena Rivera Pedro, Hilda Ruiz Cervantes, José Antonio Santana Sepúlveda.

Tipografía: Concepción Franco, Margarita Hernández, María del Carmen Morales, Sandra Blanco Arévalo, Amelia García Arias.

Formación: Antonio Vera Valencia, Manuel Montes, Luis Alberto Jiménez, Alejandro Rossete Maldonado, José Ramírez González, Teresa López Arista.

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La Jornada On Line: Eduardo Gálvez Vadillo, Laura Yssel Hernández Sánchez, Martha Elena Acevedo Mendiola, Elian Cruz Guzmán, Yadira Sil Carmona, Edahena Villavicencio Aragón, Carmen Mercedes Villanueva, Itsel Olivares, Ricardo Pérez Palacios.

Sistemas: Alejandro Pérez Reyes, Emerson Novoa López, José Dimas Herrera Mejía, David Germán Velázquez, Luis Vázquez Juárez, Eduardo Durán Moreno, María del Rocío Piñeiro Ortiz, Manuel Flores Rocha, Omar Pérez Oróztico, Inés Angélica de León Sigg, Armando Andrade Díaz, Ana Silvia Díaz, Alexis Torres Garnica.

Administrativos: Martha Elena Acevedo Mendiola, Estela Aguado Rojas, Aleyda Aguirre Rodríguez, Norma Edith Altamirano Santander, Miguel Ángel Anaya Pérez, Felipe Arturo Barajas Bustillos, María del Rocío Barajas Caballero, Rafael Barajas Cabello, Ambrosio Alberto Blancas Guzmán, Pablo Gerardo Camacho López, Octavio Cambrón Ramírez, Erika Priscila Capuleyo Servín, Raúl Carpio Cervantes, Mario Contreras Díaz, Miriam Concepción Contreras López, Elizabeth Contreras Luna, Mario Córdova Delgado, Amador Cortés Cruz, Maricela Delgado Dueñas, Timoteo Uriel Flores Ortiz, Marco Antonio Flores Rodríguez, Lucio Fragoso Reyes, Carlos Fuentes Sánchez, Arturo Fuerte Montaño, Paloma Galván Cecilio, Faustino García Alcántara, Herminia García Martínez, María Patricia Garduño Vázquez, Sylvia Gómez Alonso, Marisol Gómez Gutiérrez, Óscar Gómez Piña, Laura Grimaldo Flores, Luis Antonio Gutiérrez Zetina, Rocío de la Luz Haro Toscano, Clara Laura Hernández Esperanza, Rubén Hinojosa Rodríguez, Ana Isabel Ibarra Pérez, Rebeca Elena Islas Araujo, María Elena Jiménez Delgado, Bertha Ernestina Jiménez López, Sara Nubia Juárez Butrón, Berta Maldonado, Domingo Mariano Hernández, Concepción Maldonado Zamora, Mariana Gabriela Márquez Ortega, Juan Martínez Cedillo, Ana Lilia Martínez Rodríguez, Concepción Elizabeth Martínez Sánchez, Adriana Rosenda Mata González, Edmundo Mejía Romero, María Elizabeth Mendizábal Arzate, Tania Molina Ramírez, Brenda Iliana Moncada Hernández, Leonardo Mondragón Román, Guadalupe Monsalvo Romero, Gerardo Morán Froilán, Carlos Alberto Muñoz Díaz, Federico Navarro González, Guillermo Navarrete, Guillermo Negrete, Socorro Noelia Novoa Orozco, Daniel Olivares Sánchez, Aída Orozco García, María de la Cruz Ortega Cortés, Norma Carolina Padilla Morales, Oscar Palafox Romero, Margarita Peña Oviedo, Mario Netzul Pérez Lemus, Marta Adelina Pozos Carranco, Juan Gabriel Puga Espinosa, Jorge Navas, Sabrina Tania Quiroz Bernal, Javier Lorenzo Ramos Moreno, Ángela Reséndiz Pérez, Ramiro Reyes Guadalupe, José Carlos Rivas, Alfredo Rodríguez Aguilar, Silvia Hortensia Román Franco, María Guadalupe Sánchez Romero, José Martín Santana Morales, Elizabeth Cristina Santeliz Domínguez, María Estela Sierra Pacheco, Yazmín Yadira Sil Carmona, Cecilia Verónica Silva Campos, Juan Antonio Téllez Ortiz, Marisela Torres Lira, Alberto Valdovinos Baeza, Maria del Refugio Cristina Valencia Ojeda, Eugenia Alejandra Valeriano Buenrostro, Evangelina Vargas Cuéllar, María Diega Guadalupe Vázquez Díaz, Susana Vidal Ochoa, Eduardo Villa, Ricardo Yáñez