martes, 24 de enero de 2012

Promete AMLO hacer del sector energético palanca del desarrollo

Promete AMLO hacer del sector energético palanca del desarrollo
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Rafael de Célis, Javier jiménez Espriú, Andrés Manuel López Obrador, Adolfo Hellmund y Antonio Gershenson, en el Centro de Convenciones de TampicoFoto Carlos Ramos Mamahua
Israel Rodríguez y Enrique Méndez
Enviado y reportero
Periódico La Jornada
Martes 24 de enero de 2012, p. 5

Tampico, Tamps., 23 de enero. El precandidato de las izquierdas a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ofreció convertir el sector energético en palanca de desarrollo y erradicar la política de desmantelamiento y corrupción que ha prevalecido en más de dos décadas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Alertó: El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos llevaría a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo; nosotros no queremos la violencia.

Al participar en un foro energético en esta entidad, al que asistieron hombres de negocios de la región, López Obrador dijo que rescatar el sector energético es rescatar a la nación. Recordó que el precandidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ofreció privatizar el petróleo y la electricidad, pero no sabe o se le olvida o no conoce el artículo 27 constitucional, el cual establece que el petróleo no es del gobierno, ni siquiera es del Estado, sino de la nación.

Auditorio empresarial

Lo escuchaba Miguel Benedetto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq), que cuenta con más de 230 empresas afiliadas que representan más de 90 por ciento de la producción nacional privada de petroquímicos. También se encontraba el director en México de la mayor compañía petroquímica del continente, la brasileña Braskem, Cleantho de Paiva Leite Filho, acompañado del director general de Idesa, José Luis Uriegas.

Durante su discurso López Obrador explicó que si se privatiza el petróleo o se comparte la renta petrolera con empresas extranjeras no se tendrían recursos para sacar adelante al país. No se podría industrializar a México, porque las empresas que requieren energéticos baratos quedarían a expensas de monopolios extranjeros.

Ofreció diez acciones:

1. Se manejará de manera integral el sector energético como una sola empresa pública para darle más eficiencia y lograr reducir los precios de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.

2. Se explotarán petróleo y gas con criterios de sustentabilidad y de preservación del medio ambiente.

3. Será prioritaria la inversión en exploración.

4. Se construirán cinco grandes refinerías: Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; una más como ampliación de la instalada en Salina Cruz, Oaxaca; otra en Dos Bocas, de Paraíso, Tabasco, y una más en Atasta, estado de Campeche.

5. Se fortalecerá a la industria petroquímica para frenar su deterioro y destrucción completa.

6. Funcionarán a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de generación de energía de la CFE.

7. En compras y prestaciones de servicios al sector energético se dará prioridad a las empresas nacionales.

8. Se destinarán recursos suficientes para la investigación y el desarrollo tecnológico del sector energético.

9. Habrá un programa nacional de transición energética para disminuir de inmediato la dependencia de combustibles fósiles y de recursos no renovables.

10. Se limpiarán Pemex y CFE de corrupción.

Por otra parte, López Obrador denunció que para las elecciones de este año ya se ha echado a andar la compra de lealtades, de conciencias y del voto, por lo cual consideró que se reditará un proceso del dinero contra la dignidad, donde ésta debe ganar.

En su mensaje semanal por Internet aseguró que en su campaña no hay recursos, por lo que llamó a la población a continuar participando en la concientización y orientación. Ha comenzado a operar todo esto que es indigno, y el voto es la única arma que tiene el pueblo para cambiar las cosas, declaró.

Resaltó que, como en cada elección, se entrega dinero en efectivo o materiales de construcción; incluso ahora tarjetas con mil pesos, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación hay recursos suficientes para mejorar las condiciones de vida de la población.

Es dinero del pueblo, que si se maneja con honradez y se distribuye con justicia va a alcanzar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, para que se garanticen los derechos sociales, no el reparto de migajas. No esa esclavitud moderna que significa entregar recursos, dinero a cambio de la libertad, de la dignidad de los mexicanos, afirmó.

Planteó a sus simpatizantes que esa estrategia puede revertirse si ayudan a crear conciencia con otros ciudadanos, a partir de una cuenta sencilla: el presupuesto es de 3.5 billones de pesos y somos 26 millones de familias. Si se dividiera alcanzaría para entregar 10 mil pesos mensuales por familia. Y eso, desde luego, no sucede, porque entregan despensas, pollos, láminas, tabiques, cementos, tarjetas con mil pesos.

El mensaje, expuso, es que la gente no venda su voto, pero que si tiene mucha necesidad, agarren todo lo que les dan, porque es dinero del pueblo, no de la bolsa de los funcionarios, de los partidos ni de los candidatos, pero voten con libertad, como les dicte su conciencia.

Informó que su precampaña se desarrolla adecuadamente y ha recibido respaldo aun en los estados más difíciles, como Guanajuato, entidad que visitó el pasado fin de semana.

Estamos bien y de buenas. Pero no debemos confiarnos y les pido que nos ayuden a convencer a más gente, a informar, orientar, concientizar, organizar al pueblo, expuso.

Indicó que esa tarea no depende de un solo hombre ni de un grupo de dirigentes, sino de la sociedad que se involucre en la política. Necesitamos participar para sacar a México de este atolladero en el que lo han metido, de esta decadencia y este proceso de degradación progresiva. Sí se puede. Los convoco de nuevo a que nos ayuden, a que participemos todos, a que tengan confianza. Esto es serio, es de buena fe. No vamos a actuar de manera arbitraria, queremos un cambio de fondo sin violencia, de manera ordenada, sin odios ni rencores. Queremos honestidad, justicia y amor

Descubren red de espionaje en telefonía e Internet en San Lázaro

La Cámara de Diputados detectó una red de espionaje en sus sistemas de telefonía e Internet para intervenir las comunicaciones de los legisladores, las áreas claves como la secretaría general, comunicación social, los grupos parlamentarios y la sala de prensa.

Desde el viernes por la noche la mesa directiva ordenó una investigación –a cargo de dos empresas privadas– y se encontraron aparatos conocidos como escáneres y micrófonos en oficinas de algunos diputados, aunque no se explicó de quiénes. También comprobaron el hackeo de Internet de toda la Cámara, desde el mismo cerebro de la red de cómputo, en la oficina de Tecnologías de la información, a cargo del ingeniero Fernando Roberto Milán Zuber.

La oficina, a la que sólo se puede entrar mediante un sistema de apertura por huella dactilar, estuvo clausurada sábado y domingo, en tanto el equipo externo autorizado por la mesa directiva realizaba la revisión de los servidores y el conmutador, que se encuentran en la planta baja del edificio E.

Asimismo fueron clausuradas la oficina de Telefonía, en el basamento del edificio A, una bodega de artículos de limpieza –también en el sótano– por donde pasa una rama del cableado, un registro de líneas telefónicas en la coordinación de los diputados de Hidalgo del PRI, así como todos los puntos donde cruzan los nodos de conexión telefónica y de Internet.

En todas esas áreas, la dirección de resguardo y seguridad colocó guardias permanentes. La sala de prensa, donde hay instaladas cinco cámaras de video, fue abierta normalmente ayer.

Anoche, en un comunicado, la mesa directiva informó que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por probables ataques a las vías generales de comunicación en contra de este cuerpo legislativo.

Sin informar que se encontraron micrófonos y escáneres ni que los servidores de ese órgano fueron intervenidos, la Cámara afirmó que la denuncia se integrará con un expediente en el cual se incluirán las anomalías detectadas en los sistemas de comunicación de distintas áreas.

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Diversas áreas de la Cámara fueron clausuradas para investigar el espionajeFoto Luis Humberto González

El boletín señala que las fracciones parlamentarias y la mesa directiva acordaron proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

La intervención habría sido detectada luego de que el viernes en la mesa directiva se conoció de una grabación de una llamada entre diputados. Ese mismo día se acordó contratar dos empresas, que desde la mañana y hasta las cinco de la tarde del sábado enviaron personal con aparatos para detectar micrófonos y revisaron oficinas.

Acompañados de personal de resguardo, los técnicos ordenaron al personal de limpieza que abriera oficinas de diputados de PRI, PAN PRD, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, así como de la secretaría general, tecnologías de la información, telefonía y la oficina donde cuatro personas se encargan del desvío de llamadas del conmutador.

También pidieron abrir las oficinas del coordinador de prensa del PRI, Ramiro Pineda, pero las llaves del despacho sólo las tienen él y su personal cercano.

De acuerdo con diversas versiones, cuando el personal de las empresas –que no se identificaron– pidió la apertura de las oficinas del PVEM, en el tercer piso del edificio B, una secretaria llamó a la subdirectora administrativa de la bancada, quien acotó que si no había un oficio firmado por la secretaría general no se les permitiera el acceso.

Uno de los nodos intervenidos y que está bajo vigilancia permanente es el de la coordinación de Hidalgo, donde están las oficinas de los diputados Jorge Rojo García de Alba, Canek Vázquez Góngora y Carolina Viggiano, esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

En entrevista, Vázquez Góngora reprochó la intervención telefónica y exigió que la PGR agilice la investigación en cuanto se presente la denuncia

HRW demanda que el próximo gobierno mexicano revise la estrategia anticrimen

Washington, 23 de enero. La organización Human Rights Watch (HRW) llamó este lunes al próximo gobierno de México a que revise la estrategia contra el crimen organizado y los cárteles de la droga, que a su juicio ha aumentado la violencia y los abusos contra los derechos humanos en el país.

Parece que la estrategia actual no está funcionando, estimó el director para las Américas de la organización de promoción de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, en rueda de prensa en Washington.

El futuro gobierno, que será elegido en las elecciones generales de julio, tiene que preguntarse si debe seguir usando al Ejército, en la actualidad desplegado dentro de la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, “contra un problema que es de tipo policial y judicial.

¿Está el Ejército en condiciones, preparado para seguir esta lucha? ¿O es una entidad que no se subordina a la autoridad civil? Mi opinión es esta última, aseveró Vivanco.

En su informe mundial publicado el domingo, HRW denunció serias violaciones a los derechos humanos por militares mexicanos, junto a una gran impunidad frente a estos hechos.

La Procuraduría Militar abrió 3 mil 671 casos por esos atropellos entre 2007 y 2011, pero sólo ha habido 15 condenas, resaltó la organización.

El gobierno de México rechazó este lunes los señalamientos, al asegurar que los 50 mil soldados desplegados para combatir el crimen organizado realizan su labor en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública.

Vivanco lamentó que México continúe con una actitud en general de cerrazón en términos de seguir adelante a ciegas con una política que según ellos da resultados, pero que según todas las cifras demuestra que crece la violencia y al mismo tiempo los abusos.

Lanzó un desafío al gobierno de México para que explique cómo sostiene que 95 por ciento de las casi 50 mil personas que han muerto por la violencia del crimen organizado en los pasados cinco años son narcotraficantes, aun cuando ha abierto investigaciones en menos de mil casos.

La cifra es mínima en relación con la gravedad y el número de violaciones o abusos u homicidios en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

No obstante, admitió que México es un país de puertas abiertas para las organizaciones de derechos humanos, y relató que recientemente tuvo una reunión positiva con Calderón, de quien dijo esperar cambios concretos y reales en relación con los derechos humanos en lo que le queda de gobierno

Denuncia AI asedio militar a familias de BC

Amnistía Internacional (AI) emitió ayer una alerta de acción urgente para las familias de tres hombres que denunciaron haber sido torturados mientras estaban bajo custodia del Ejército en Baja California, en 2009, a raíz de lo cual sufren intimidación y amenazas de personal militar.

Los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez fueron detenidos en 2009 por soldados en Playas de Rosarito, Baja California, tras lo cual culparon a los militares de tenerlos incomunicados en la base castrense de Tijuana durante dos semanas, donde fueron sometidos a palizas, simulación de ejecución, privación del sueño y otras torturas.

María Isabel Reyna Martínez González, madre de Ramiro y Rodrigo, denunció que el 13 de enero pasado militares trataron de derribar su puerta a patadas.

Un día antes, ocho militares rodearon la casa de Mayra López Vázquez, hermana de Ramiro López Vázquez –otro detenido en las Playas de Rosarito, junto con los hermanos Ramírez Martínez–, quien denunció que los soldados dijeron que querían tomar fotos de la casa porque presentaron denuncia contra el Ejército.

Ese mismo día, señala AI, militares visitaron la casa de Tania Iveth Villareal, compañera sentimental de Ramiro Ramírez, tomaron fotos de la casa y, a gritos, llamaron a Tania

El Ejército se apega a la ley en el combate al crimen: procurador militar a HRW

El Ejército se apega a la ley en el combate al crimen: procurador militar a HRW
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 24 de enero de 2012, p. 16

El compromiso del Ejército de apegarse estrictamente a la ley en el combate al narcotráfico ha cobrado facturas a los soldados y a la propia institución, ya que más de 100 militares han sido “desaparecidos o levantados” después de comparecer ante juzgados de los fueros federal o común, por su intervención en asuntos que concluyeron en procesos penales en el ámbito civil, señaló el procurador militar, general Jesús Gabriel López Benítez.

Luego de rechazar tajantemente el contenido del informe de Human Rights Watch (HRW), que afirma que hay impunidad para los soldados que violan los derechos humanos, el general López Benítez sostuvo ayer en entrevista con La Jornada que la situación es tan delicada que solicitó al Poder Judicial de la Federación que los militares que deban comparecer por estar involucrados en procesos penales –por ejemplo, por haber participado en tiroteos, detenciones o cateos a la delincuencia organizada– comparezcan por medio de videoconferencias o por exhorto con jueces de su localidad.

Reveló que militares que han tomado parte en operaciones de alto impacto –como las que tienen lugar en Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua–, quienes fueron enviados a esos lugares por determinado tiempo para apoyar labores de seguridad pública, son citados después para comparecer como testigos, cuando ya regresaron a sus cuarteles de origen en otras entidades.

Meses después, cuando están en proceso los juicios, los jueces federales los citan y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en apego a la ley, envía a los soldados a que comparezcan.

Sin embargo, comentó, resulta que la gran mayoría de los 123 militares “desaparecidos o levantados” en lo que va del sexenio, nunca regresaron a su casa después de testificar o cuando habían salido de sus cuarteles.

Existen testimonios de que cuando los militares se dirigían a la central de autobuses, después de haber rendido su declaración, fueron subidos a camionetas por hombres armados y después ya no se supo nada de ellos.

La delincuencia organizada solicita la comparecencia de soldados que actuaron en operativos en contra del crimen organizado y hacen que comparezcan para cobrar venganza. Eso no sucedería si los soldados actuaran impunemente, subrayó.

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El general Jesús Gabriel López Benítez señaló que criminales hacen comparecer a militares para vengarse de ellosFoto Yazmín Ortega Cortés

Debido a la gravedad de los hechos, el alto mando de la Sedena ordenó que cuando un soldado desaparezca en esas circunstancias se le dé de baja por desaparición, para que sus esposas o familiares reciban el apoyo económico y la protección social a que tienen derecho como deudos de militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

El general insistió en que eso no existiría si los soldados relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos o que participaron en operativos en los que hubo muertos, lesionados, daños o víctimas colaterales quedaran impunes.

Tras descalificar el más reciente informe de HRW, el militar lamentó que para la elaboración de dicho documento la organización no tomara en cuenta ni siquiera los datos que la Sedena publica al respecto en su página web.

Destacó que, en cada acción, el soldado que dispara un arma, que resulta lesionado o que participó en un enfrentamiento en el que mueren agresores (en el sexenio la Sedena ha contabilizado 2 mil 30 agresiones, con un saldo de 2 mil 372 agresores detenidos, 367 heridos y 2 mil 239 detenidos en esos hechos) tiene que entregar un informe por escrito sobre su actuación.

Toda actividad de los militares está registrada y esa documentación se integra a las averiguaciones previas que inicia la Procuraduría Militar en cada caso en el que hay disparo de arma de fuego, heridos o muertos.

Comentó que en cada incidente relacionado con civiles se abren de inmediato dos averiguaciones previas; una, de la Procuraduría Militar, y otra de la procuraduría local o General de la República, según el caso.

Una vez adelantado el proceso, el juez militar decide si declina competencia, pero eso no significa que haya impunidad.

El militar reiteró el interés de la Sedena en demostrar su compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Expresó que los juicios contra militares son largos, pero porque los acusados –al igual que en el ámbito civil– solicitan la ampliación de plazos legales como estrategia de defensa, pero no porque exista intención de la Sedena de encubrir a nadie

Informe de HRW sustenta críticas a lucha contra crimen organizado: Édgar Cortez

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), manifestó ayer que el Informe mundial 2012 de Human Rights Watch (HRW) condensa muchas valoraciones sobre la política actual del gobierno federal y alimenta el cuestionamiento al combate al crimen organizado y a los costos sociales y humanos que ha implicado.

Investigador del Imdhd, Cortez resaltó en entrevista: Sin duda en ese informe hay un tono diferente de la organización hacia el gobierno de Felipe Calderón. Recordemos que, al principio, HRW pedía darle tiempo. Hoy se da cuenta de que las evidencias sobre la violencia están ahí y de que la impunidad reina en casi todos los casos. Esa actitud crítica pudo haber sido mostrada antes, para poner en tiempo al gobierno, y no ahora que ya se va y pocas cosas pueden cambiar.

Ante la violencia que se vive en todo el país, el investigador comentó que sería difícil sostener de nuevo el planteamiento de pedir un voto de confianza o de dar tiempo a la estrategia del gobierno federal, pues está claro que ha fracasado, que lo único que ha logrado es incrementar el número de personas desaparecidas y muertas, que ya son más de 45 mil en lo que va del sexenio.

Enfatizó que la contestación del gobierno federal al reporte de HRW, por conducto de la Secretaría de Gobernación, “se inscribe en el mismo tono de las respuestas que Calderón ha dado a los informes y recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas y de la comisión y corte interamericanas de Derechos Humanos.

Cortez señaló que ante el reto que hizo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, a Calderón –ayer en Washington– de que pruebe la versión de que la mayoría de los 45 mil muertos durante su mandato son cómplices y no víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno no tiene manera de documentar nada, porque tenemos un sistema de investigación prácticamente colapsado.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), José Rosario Marroquín, consideró que el informe de HRW refleja que la situación es inocultable, una violencia que crece y una impunidad galopante, y la respuesta del gobierno continúa siendo cuestionar los reportes, ponerlos en duda. Incluso, tilda de sospechosos los documentos que piden cuentas sobre las pesquisas y condenas a militares que han violado derechos humanos.

El director del Prodh sostuvo que “la respuesta del gobierno federal es incompleta, porque dice que ya envió el Senado su propuesta para reformar el fuero militar, lo cual es cierto, pero lo que no dice es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó al gobierno que esa modificación no satisface los requerimientos del derecho internacional, porque sólo se refiere a tres delitos que pudieran cometer los militares –violación, tortura y desaparición–, pero debe incluir todos los atropellos a las garantías básicas que cometan los militares”.

En entrevista por separado, coincidió con Cortez en que el reto de HRW al gobierno de Calderón es fundamental, porque cada vez que la cifra de decesos aumenta, las autoridades, sin hacer investigaciones, señalan que los muertos son narcotraficantes, pero la realidad es que en este país no se indaga. Nunca se esclarecen los fallecimientos

Ante Nobel, normalistas denuncian represión

Chilpancingo, Gro. La dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denunció ante Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997, la represión de que fueron objeto el pasado 12 de diciembre, durante el desalojo realizado por policías federales y estatales, en el que murieron los alumnos Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Jody Williams les respondió: Una cosa que les puedo decir es que mañana tendremos citas en el Distrito Federal con oficiales del gobierno (funcionarios), y yo voy a hablar de esto. Los estudiantes abordaron a la Nobel la tarde de este lunes, al término del encuentro de mujeres guerrerenses y la delegación internacional de Iniciativa de Mujeres Nobel, y dialogaron por espacio de 15 minutos. En voz de Pablo Juárez Cruz, le explicaron el objetivo de la movilización del 12 de diciembre y le dijeron que en las 16 normales rurales del país estudian los hijos de los campesinos y los trabajadores pobres, de bajos recursos. Es el único lugar donde podemos estudiar, y por eso exigimos apoyos al gobierno, comentaron. —¿Ustedes se sienten amenazados; se sienten vulnerables? –preguntó a los estudiantes la periodista estadunidense María Hinojosa, que acompañó a Jody Williams a la plática. –Si claro, porque se han recibido muchas amenazas del gobierno, porque hemos pedido juicio político en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y por eso hay hostigamiento.

Resumen de Noticias en el Tiraderodelbote 24-Ene-12 (Vespertino)

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Exigen Las Abejas que Sabines explique el destino de la fiscalía especial para Acteal

San Cristóbal de las Casas, Chis. Las Abejas de Acteal exigieron una explicación al gobierno de Juan Sabines Guerrero por el destino de la Fiscalía Especial para Acteal. Esta instancia, sostiene la organización indígena, era un órgano del Estado que nunca rindió un informe a la sociedad sobre sus resultados y desapareció tan silenciosamente como se creó.

Reiteraron su desacuerdo con la manera en que se sigue en Estados Unidos un proceso civil contra el ex presidente Ernesto Zedillo, mas no con el hecho de que debe juzgarse a todos los autores intelectuales de la matanza, incluyendo por supuesto a Zedillo, cuya inmunidad, solicitada por él y respaldada por el gobierno de Felipe Calderón es inaceptable. Nadie puede estar por encima de la ley, menos todavía Zedillo, porque está manchado de sangre.

Destacan que al Frayba nuestro legítimo representante y coadyuvante en el proceso, se le negó repetidamente el acceso a los expedientes, al grado de que debió interponer un amparo, y ni así se le permitió ver todo lo que necesitaba. Sin embargo, el informe de la fiscalía de pronto aparece en la página web de un bufete privado en Estados Unidos que espera realizar un jugoso negocio con la sangre de nuestros mártires (a la que le están poniendo el precio de 50 millones de dólares). Y cuestionan al gobierno chiapaneco: ¿Cómo justifica que haya dado a conocer a un despacho privado y extranjero lo que no dio a conocer ni a la sociedad ni a los representantes de las víctimas?

Por lo anterior, Las Abejas exigen al gobierno de Chiapas una explicación y un informe público de las actividades y resultados de la fiscalía especial.

Abundaron: Para nosotros no hay duda que este crimen fue planeado desde los tres niveles de gobierno, civil y militar, para acabar con las organizaciones que defienden sus derechos. A las organizaciones independientes el gobierno ofreció muerte y desplazamiento.

Sobre los autores materiales expresan: Nosotros somos testigos de que la masacre fue perpetrada por paramilitares priístas y cardenistas.

No hay mucha diferencia entre los diferentes partidos, señalaron. El PRI planeó la masacre y los asesinatos de muchos compañeros indígenas en diferentes lugares; el PAN se encargó de sacar de la cárcel a los paramilitares, y el gobierno perredista de Chiapas los premió al salir con vivienda, tierra y una buena cantidad de dinero.

En cuanto a la demanda interpuesta en una Corte de Estados Unidos, aclaran que no están en contra de que se juzgue a Zedillo. Queremos que se le juzgue a él y a otros muchos por la masacre de Acteal con todo el peso de la ley. Pero estamos contra la confusión y la manipulación. No queremos que la atención se pierda en una acusación centrada en una sola persona por lo que es un crimen de Estado y una política de contrainsurgencia que no se ha acabado. Vemos la trampa de Emilio Chuayffet que quiere presentarse como el que avisó a Zedillo de lo que iba a pasar. Él mismo nunca atendió las advertencias del Frayba y de la diócesis de San Cristóbal.

Sobre la demanda en Connecticut, Las Abejas reiteraron que es absurdo y sospechoso que los demandantes sean anónimos. Los nombres de las víctimas y sus familiares son públicos. Nosotros no tenemos miedo porque no debemos nada. No podemos apoyar una demanda nada más porque estamos contra Zedillo. En nuestra tradición el que comete una falta debe responder ante la comunidad. Justicia no es nada más que se castigue a alguien sino que dé una satisfacción a la comunidad que ofendió. La demanda contra Zedillo es civil. Él y sus cómplices son culpables por omisión y comisión, y tienen que ser juzgados penalmente

Prohíbe ley el uso discrecional de los documentos oficiales

A partir de este martes entra en vigor en el país el decreto que expide la Ley Federal de Archivos, la cual prohíbe a los funcionarios públicos hacer un uso discrecional de los documentos y registros gubernamentales, según lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

El ordenamiento crea las disposiciones para la organización y conservación de los archivos en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos (universidades, Banco de México, CNDH, IFE y otros), así como los tribunales administrativos federales.

La ley define los documentos gubernamentales como bienes públicos y anula la posibilidad de que los funcionarios usen los documentos oficiales en forma discrecional.

Así, prohíbe a los servidores públicos sustraer documentos bajo su custodia y resguardo, y los obliga a entregarlos al final del encargo.

La normatividad incluye disposiciones específicas para los archivos presidenciales, de tal modo que prevé reglas claras para que la ciudadanía tenga acceso a documentos con valor histórico e información confidencial.

Asimismo, facilitará el uso de la información, contribuirá a una efectiva rendición de cuentas, fortalecerá el ejercicio del derecho de acceso a la información y otorga al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos las facultades para expedir lineamientos en organización y conservación de documentos electrónicos, aunado a que da carácter de organismo descentralizado y no sectorizado al Archivo General de la Nación.

Integrada por 56 artículos, la ley instaura la estructura organizacional y los instrumentos mínimos para garantizar la conservación y organización de los archivos gubernamentales, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la memoria histórica de las instituciones

CARTONES DE LA JORNADA




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lunes, 23 de enero de 2012

Convierten zona de San Juan de Aragón en depósito de basura a cielo abierto

La crisis en la recolección de basura de la ciudad de México ha originado que la zona de San Juan de Aragón se convierta, sin serlo, en un depósito a cielo abierto.

La Secretaría de Obras y Servicios pospuso la inauguración de la segunda fase del Centro Integral de Reciclaje y Energía (CIRE) de San Juan de Aragón, lo que ha provocado que la basura sea acumulada en los alrededores de esas instalaciones.

De acuerdo con el proyecto original, dicho centro entraría en operaciones el 15 de enero, con la capacidad de recibir 2 mil 500 toneladas, en las cuales se aplicaría el proceso de clasificación de residuos de valor calórico como hule, metal y plástico para enviarlos a Cementos Mexicanos.

Sin embargo, en los alrededores del CIRE se incrementa cada día el volumen de toneladas de basura, mientras la dependencia aún no define fecha para su entrada en operaciones, lo que permitiría ahorros al Gobierno del Distrito Federal hasta de 50 por ciento.

Ello, debido a que el envío de una tonelada de residuos tiene un costo de 140 pesos compactada y de 160 pesos a granel, mientras transportarla a alguno de los cuatro rellenos ubicados en el estado de México cuesta 300 pesos en promedio, de acuerdo con información proporcionada por el titular de la dependencia, Fernando Aboitiz Saro.

La falta de un mayor número de tráileres en las estaciones de transferencia ha provocado que continúen los retrasos en la descarga de los camiones recolectores, aunque en menor medida respecto de la segunda quincena de diciembre, pero seguimos tardándonos entre 2 y 3 horas, permitiendo que camiones particulares nos pirateen nuestras rutas.

Trabajadores de limpia de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, quienes pidieron el anonimato, denunciaron que desde el año pasado ha aumentado este problema, que creció en diciembre cuando se vino el cierre del Bordo Poniente, porque ellos van por la basura, cobran las propinas y arrojan los desperdicios por todos lados.

Así que a nosotros nos toca recogerla, pero ya no podemos pepenar, ni recibimos la propina de la gente, porque no se ha logrado regularizar el servicio, pese al envío de basura al estado de México. Y no hay para cuándo, señalaron

Pide Derechos Humanos audiencia a la CIDH para exponer situación en cárceles

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para exponer el contexto de violencia y vulneración a la integridad personal en los centros de reclusión capitalinos, y otra por considerar prioritario exponer la situación de las garantías fundamentales de las poblaciones callejeras en esta capital.

Respecto de las prisiones, la CDHDF quiere exponer a su homóloga interamericana las condiciones que permiten que en los 10 centros de reclusión del Distrito Federal existan actos de violencia que atentan contra la integridad personal de las y los internos.

Tales circunstancias son sobrepoblación, hacinamiento, falta de condiciones mínimas de higiene y sanidad, además del uso injustificado de la fuerza, lo cual se materializa en tratos crueles inhumanos y/o degradantes, así como en tortura.

Dichos actos, señaló, han sido ampliamente investigados y merecedores de diversas recomendaciones por el organismo autónomo capitalino.

En tanto, la audiencia sobre la situación de las poblaciones callejeras tiene por objetivo visibilizar la necesidad de poner atención a la negación de derechos a la que se han visto expuestos estos grupos de la ciudad de México, situación que en su más grave expresión ha llevado a la generación de violencia estructural en su contra.

El objetivo del organismo defensor de los derechos humanos es incentivar el diálogo que permita mejorar las condiciones estructurales en la capital, lo que se traducirá en mayor protección de derechos para la población que vive o se encuentra en el Distrito Federal.

La CDHDF informó que la solicitud de ambas audiencias se hizo con motivo del 144 periodo de sesiones del organismo de promoción, observancia y defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, del 19 al 30 de marzo.

Explicó que será el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que determine si se abren o no las audiencias solicitadas

Busca Iglesia más presencia en penales

Pese a que la religión católica es practicada por 68 por ciento de los reos del Distrito Federal, una cuarta parte profesan otras religiones, entre ellas budismo, protestantismo o luteranismo.

En contraste, 8 por ciento de los casi 42 mil internos que tiene bajo su responsabilidad la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino, afirman no tener una religión. Así lo revelan datos de la Subdirección de Informática del Sistema Penitenciario del Distrito Federal al cierre de 2011.

El sacerdote católico Francisco Javier Guzmán Carreño, coordinador de pastoral penitenciaria de la Arquidiócesis Primada de México, indicó que este año buscan aumentar el número de catequistas en los 11 penales de la ciudad.

Estamos redoblando nuestra misión evangelizadora en las cárceles del Distrito Federal para ayudar a los internos en este difícil momento de su vida, robusteciendo su fe y sus creencias espirituales, sostuvo.

Refirió que, en la actualidad, en todas las prisiones hay un grupo de 35 catequistas que se encargan de mantener en buen estado las capillas y predicar el evangelio.

Además explicó que se imparten cursos de desarrollo humano que benefician no sólo a internos, sino también a sus familias, y mejoran su relación con sus compañeros adentro del penal.

Añadió que como parte de la libertad personal se respetan todas las creencias en las prisiones, pero a los reos siempre se les invita a conocer la palabra de Dios como una forma de reflexión, arrepentimiento y conversión

Tlaxcala: inhabilitan a Héctor Ortiz 5 años para ocupar cargos públicos

El ex gobernador promueve amparo para evitar un proceso penal; no podrá contender por un escaño

Juan Luis Cruz Pérez
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2012, p. 35

Tlaxcala, Tlax., 22 de enero. El ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante cinco años, debido a las múltiples violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que cometió cuando encabezó el Ejecutivo local, al incurrir en nepotismo, pues contrató en su administración a tres hermanos, un primo y uno de sus cuñados.

Con lo anterior el ex mandatario estatal, quien ya promovió un amparo para no ser sujeto a proceso penal alguno, quedaría imposibilitado para contender en los próximos comicios federales como abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) al Senado, cargo al cual es precandidato.

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Tlacala, Hugo René Temoltzi Carreto, resolvió este fin de semana la denuncia presentada por el oficial mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco Hernández, en la cual determinó que el ex gobernador es responsable de una grave conducta que afectó a la administración estatal.

Según consta en el expediente 92/2011/DJ/ DRA de la SFP, del cual La Jornada de Oriente posee copia, el gobierno del estado advirtió desde septiembre pasado que el ex gobernador incurrió en actos de nepotismo, al contratar indebidamente a familiares consanguíneos y por afinidad. Durante diversos periodos de la administración estatal 2005-2011, Héctor Ortiz contrató con cargo al erario estatal a sus hermanos Elvia, Rosalba y Rodolfo Ortiz Ortiz, a su primo Félix Ortiz Salinas y al hermano de su esposa Guadalupe Lozano Tovar, Eduardo Lozano, lo cual contraviene la legalidad.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Tlaxcala señala que el otrora gobernador estaba impedido para nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y en línea transversal hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, que por razón de su adscripción pertenezcan a la dependencia, entidad, ayuntamiento o unidad administrativa en la que sea titular.

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En imagen de archivo, el ex gobernador panista de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz OrtizFoto Carlos Ramos Mamahua

A pesar de ello, y de que el ex mandatario es doctor en derecho y sabía de esa ilegalidad, contrató a su hermano Rodolfo Ortiz como director administrativo en el Hospital Infantil de Tlaxcala, cargo que ocupó del 1º de junio de 2007 al 1º de enero de 2011. Rodolfo Ortiz, quien en 2009 irrumpió en el pleno del Congreso del estado y se lió a golpes con el ex diputado Enrique González Sandoval, percibió asimismo pago por servicios docentes en el Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala.

Elvia Ortiz fue contratada como coordinadora de promoción y difusión del Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa. En ese mismo plantel, el ex gobernador promovió a su otra hermana, Rosalba, al cargo de subdirectora administrativa durante 2009, 2010 y parte de 2011.

Héctor Ortiz contrató a su primo Félix Ortiz como subdirector de Servicios Periciales de la Procuraduría estatal, cargo al que ingresó el 1º de abril de 2005. Eduardo Lozano Tovar, certificado como notario público en el ocaso de la administración orticista, fue designado por su cuñado Héctor Ortiz asesor del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública entre 2008 y 2010.

La resolución da cuenta de que todos estos señalamientos fueron notificados a Ortiz Ortiz e incluso, con la finalidad de garantizarle su derecho de audiencia, fue citado a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública el pasado 12 de octubre, pero acudió el 19 de ese mismo mes, de manera extemporánea

Nuevo revés para la PGR: tribunal le impide arrestar a Greg Sánchez

La Procuraduría General de la República (PGR) fracasó en definitiva en conseguir una orden de aprehensión contra Gregorio Sánchez, ex alcalde de Cancún, Quintana Roo, respecto de la acusación que le hizo por tráfico de migrantes.

Según fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) cercanas al caso, el tribunal unitario de circuito con sede en esa entidad, a cargo del magistrado José Ángel Mattar Oliva, negó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el pasado sábado, la orden de captura por ese delito. La PGR ya no tiene derecho a apelar de esa resolución.

Los fiscales del caso acusaron al ex candidato al gobierno de Quintana Roo de recibir un supuesto pago de 27 mil dólares de miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de permitir el paso en el aeropuerto de Cancún a un número indeterminado de cubanos indocumentados.

Es el segundo revés fuerte que recibe la dependencia federal desde agosto pasado, cuando el juez federal Jesús Terríquez Basulto levantó una medida cautelar mediante la cual la PGR podía vigilar las 24 horas del día los movimientos del ex alcalde de Cancún para evitar que se evadiera de la justicia. Ese mismo mes el juez ordenó retirar el brazalete electrónico colocado a Sánchez.

Desde que fue excarcelado del penal de El Rincón, en Nayarit, el pasado 15 de julio, tras de que sus abogados echaron abajo cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, el perredista estuvo en una casa que le prestó un amigo, en el sur del Distrito Federal, según sus abogados.

Un mes después, tras obtener libertad plena, regresó a Cancún, pero la PGR apeló de una resolución del juzgado quinto de distrito en Cancún

Indaga la CNDH muerte de 2 bebés en Campeche

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó anoche que investiga el caso de los dos recién nacidos que murieron en el hospital Doctor Manuel Campos, en Campeche, presuntamente por el corte de energía que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los adeudos del nosocomio. En un comunicado, se indicó que por instrucciones del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva se enviaron a dicha entidad visitadores adjuntos, peritos, abogados, médicos y psicólogos, a fin de recabar información sobre lo sucedido y atender a familiares de las víctimas.

Sin sanitarios, 50% de habitantes en San Ildefonso, Querétaro

Desempleo también afecta a ese poblado ñañú

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Aspecto de la localidad indígena de San Ildefonso, municipio de Amealco de Bonfil, de unos 6 mil 500 habitantes, distribuidos en 11 barrios, y la mitad no cuenta con red de drenajeFoto Mariana Chávez Castañeda
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2012, p. 37

Querétaro, Qro., 22 de enero. Aproximadamente 3 mil habitantes (50 por ciento) de la comunidad indígena de San Ildefonso Tultepec no cuentan con servicios sanitarios en sus viviendas, y ante la falta de drenaje deben satisfacer sus necesidades fisiológicas a la intemperie, lo que ha generado enfermedades gastrointestinales, informó Ángel Morales García, delegado de la población.

Indicó que en esa localidad se padece históricamente la falta de drenaje, así como de acceso a redes de agua potable y servicios de salud. En esa delegación del municipio de Amealco, los habitantes exigen con frecuencia a las autoridades municipales inversión para infraestructura básica como drenaje, sin obtener respuesta favorable.

Morales García señaló que son múltiples las carencias de la población indígena ñañú en el poblado, pues también carecen de fuentes de trabajo, lo que obliga a 30 por ciento de los habitantes a emigrar en busca de empleo a zonas urbanas de Querétaro y otros estados del país.

Señaló que la mayor carencia es la falta de drenaje, pues 50 por ciento de los 6 mil 500 habitantes, distribuidos en 11 barrios de San Ildefonso Tultepec, no cuentan con sanitarios en sus hogares.

Sin ofrecer cifras, sostuvo que las enfermedades más comunes entre la población infantil son las gastrointestinales, por la contaminación, resultado de la carencia de drenaje.

Indicó que ya pidió al ayuntamiento de Amealco, que encabeza el panista Rosendo Anaya, que genere infraestructura básica en la comunidad, que es una de las más grandes de todo el municipio.

Sobrexplotación de sillar

Destacó que 70 por ciento de los habitantes de San Ildefonso se dedican a la explotación y extracción del sillar (piedra utilizada para construcciones de lujo) como principal actividad económica, seguida de la elaboración de artesanías de barro, actividades agrícolas y el comercio.

Lugareños dedicados al sillar explicaron que rentan los bancos de extracción de esa piedra y pagan a los dueños de los bancos entre 10 y 15 pesos por cada bloque de piedra que extraen. Para lograr la explotación deben utilizar maquinaria, que también resulta costosa por el mantenimiento de sierras y rieles para sacar la piedra.

Todo ello no resulta redituable, pues venden cada bloque de piedra negra, blanca, amarilla y rosa entre 12 y 16 pesos, es decir, la ganancia para los comerciantes es de uno a dos pesos por roca.

Algunos lugareños explicaron que ya no encuentran sillar fácilmente. Por ejemplo, los bloques de colores negro y blanco se encuentran con dificultad, y en ocasiones los ubican en grandes profundidades y son de mala calidad, pues cuando se les hacen cortes se desmorona.

Reconocieron que no existe control en la explotación del sillar, pues los dueños de los bancos de piedra los rentan para que los comerciantes extraigan el material y lo vendan en bloque.

El sillar se caracteriza por ser térmico, es decir, en zonas cálidas la infraestructura con ese material refresca, y en zonas frías se torna cálida

Emergencia por la basura se amplía a industrias de Ecatepec

Ecatepec, Méx., 22 de enero. La Unión Industrial del estado de México (Unidem) denunció que ante la contingencia que se registra debido al cierre del Bordo Poniente y la saturación de basureros, la zona industrial de Ecatepec se ha visto afectada, debido a la instalación de un improvisado depósito de basura que en forma irregular se extiende a lo largo de un kilómetro, en márgenes del Gran Canal y en zonas de restricción del ferrocarril concesionado a Ferrovalle.

Francisco Cuevas Dobarganes, representante de la Unidem, señaló que esta situación afecta a cinco grandes empresas y de no controlarse el problema podría afectar a más de 40 industrias, ubicadas en las zonas de Tulpetlac, Cerro Gordo, La Viga y Xalostoc.

Explicó que en la colonia Industrial Santa Clara se detectó en las semanas recientes la presencia de carretas recolectoras de basura y camiones que vacían los desperdicios ante la saturación de los rellenos sanitarios, donde se autorizó el acceso a los desechos de los habitantes de la ciudad de México.

Por las noches, sobre todo el fin de semana, llegan camiones de volteo que echan la basura al canal y a un costado de las vías del ferrocarril, lo que provoca un severo foco de infección y además, ya que obstruye parcialmente algunas salidas de emergencia de las industrias, lo que representaría un riesgo crítico en caso de emergencia.

Piden intervención de autoridades

La Unidem pidió la intervención inmediata de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua para evitar una contingencia mayor, toda vez que son predios de jurisdicción federal en las orillas del Gran Canal.

Agregó que también la acumulación de desechos es un gran riesgo ante la posibilidad de incendios del material y que se extienda a las dos empresas de cartón y papel o las gaseras que están en la zona.

Por su parte, Ferrovalle acordó bloquear el improvisado depósito de basura mediante la colocación de enrejados en algunas zonas de restricción aledañas a empresas

Expulsa la sierra a rarámuris hacia el caos urbano de Chihuahua

Dejan indígenas bosques y aire limpio ante falta de comida y agua

Se calcula que a la capital el estado han llegado entre 15 mil y 20 mil

Foto
Asentamiento El Oasis, adonde acuden los indígenas que han dejado la sierra para asentarse en las ciudades de ChihuahuaFoto Jesús Villaseca
Arturo García Hernández
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 23 de enero de 2012, p. 2

Chihuahua, Chi. 21 de enero. La escasez de agua y comida que padecen los rarámuris en la sierra Tarahumara está causando un aumento de la emigración hacia los principales centros urbanos del estado de Chihuahua.

Van en busca de una vida mejor. Sin embargo, después de visitar las comunidades rarámuris en la sobrecogedora inmensidad de la Tarahumara, rodeadas de toda esa embriagante belleza, es difícil creer que vivan mejor quienes han dejado la sierra para mudarse a las ciudades.

No puede ser mejor bañarse o lavar tirando litros y litros de agua que en los remansos de un río… a condición de que el río no esté seco. No puede ser mejor el paisaje gris de las colonias pobres alrededor de los centros urbanos que las siluetas de los macizos montañosos recortadas contra el crepúsculo. No puede ser mejor el humo y el ruido de los automóviles que el bosque de encinos, el aire limpio y el aroma de la vegetación. No puede ser mejor ver a los hijos iniciarse en el consumo de drogas (solventes industriales principalmente) que emborracharse con tezgüino.

Según se reconoce en el propio Plan Estatal de Desarrollo (2010-2016) del gobierno de César Duarte, el proceso migratorio de los pasados 36 años ha expulsado a gran número de familias indígenas de sus comunidades, ya ha dado lugar a la formación de asentamientos en las principales ciudades del estado: Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Delicias, Jiménez y la capital, un total aproximado de 2 mil 500 familias.

A su vez, el Inegi y de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara señalaron recientemente que en cinco años ha aumentado en 3 por ciento el número de familias indígenas que abandonan sus comunidades de origen para mudarse a los centros urbanos. De acuerdo con esta información, los municipios que más población indígena han expulsado son Guachochi, Batopilas, Urique y Madera.

Probablemente en las ciudades se ven paliadas algunas necesidades de los migrantes, pero el precio que pagan es muy alto. El historiador Jesús Vargas observa que en los centros urbanos se trastoca la estructura social que tienen en las comunidades, donde están perfectamente establecidos los roles de cada integrante de la familia.

En la ciudad es difícil mantener eso. Vargas percibe que las mujeres se adaptan más fácilmente a la vida en la ciudad, donde sus aportaciones se vuelven fundamentales para la manutención de la familia. Fabrican y venden vestidos, muñecas o se emplean de trabajadoras domésticas. En cambio los hombres se ven desplazados de su papel de proveedores, lo que deriva en frustración y depresión. El siguiente paso es la drogadicción o el alcoholismo.

Se calcula que en la capital del estado viven entre 15 mil y 20 mil rarámuris, la mayoría en siete asentamientos. Uno de ellos se llama Oasis, fundado en en 1995 con apoyo del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense. Lo habitan 420 personas pertenecientes a 150 familias, distribuidas en 60 pequeñas casas de ladrillo con techo de asbesto.

A simple vista podría parecer obvio que tienen mejor calidad de vida en la sierra, a pesar de las carencias, que en este amontonamiento de casas. Martín Gutiérrez, sexto gobernador desde la fundación del asentamiento, se muestra conforme con lo que tienen, aunque el tema de la falta de trabajo es recurrente.

Menciona que han tenido problemas de robos por los cholos residentes de colonias vecinas, pero han disminuido desde que bardearon el Oasis.

Drogas y prostitución

Jesús Vargas relativiza ese bienestar y alude al fuerte problema de drogadicción en los jóvenes que surge en ese asentamiento; refiere el caso de un joven asesinado por involucrarse con el narco.

Añade que también se presentan casos de prostitución entre las jóvenes rarámuris, práctica que en las comunidades serranas simplemente no existe.

En resumen, y pese a los aparentes beneficios, la vida en las ciudades está poniendo a miles de rarámuris en una situación de extrema vulnerabilida

Prevé experto aumento hasta de 50% en los precios de alimentos

El actual modelo de producción alimentaria ha fracasado: hoy, en un mundo de 7 mil millones de habitantes, existen mil millones de personas con hambre y el mismo número está en riesgo de padecerla, además de que las décadas de comida barata han terminado, subrayó James Fraser Muir, académico de la Universidad de Stirling, Escocia, y uno de los investigadores más reconocidos en el mundo en estudios sobre seguridad alimentaria.

Estos números reflejan que a escala global podrían no alcanzarse las Metas de desarrollo del milenio (establecidas por la ONU), que tienen por objetivo reducir el hambre a 8 por ciento para el año 2015 y a 5 por ciento en 2020.

El experto sostuvo que en los próximos años la humanidad enfrentará un importante incremento en la demanda de alimentos, que llegará a entre 70 y 100 por ciento de la que hoy se tiene.

Mientras, el aumento de los precios será de 7 a 20 por ciento, y de sumarse la variable del cambio climático llegaría a 50 por ciento, donde los más desfavorecidos serán los más pobres.

Para el año 2050 habrá que garantizar la alimentación de más de 10 mil millones de personas en el orbe, en un contexto de volatilidad de precios, crisis energética y cambio climático, dijo en entrevista, y para conseguirlo es necesario cambiar el modelo productivo actual por uno sustentable, global y basado en investigación. Sin embargo, esto no implicará que los precios de la comida bajen.

Muir participó en el congreso Ciencia y humanismo 2012, de la Academia Mexicana de Ciencias (realizado del miércoles al viernes pasados), donde presentó el estudio Alimentación para el 2050: ¿cómo se puede mantener la sustentabilidad del menú? Indicó que para tener mayor productividad en las cosechas, menos desperdicio y bajos costos en el proceso alimentario se necesita mucha investigación y tecnología focalizada.

Resaltó que los principales problemas para satisfacer la demanda alimentaria para los 10 mil millones de habitantes que se calcula habrá en el año 2050 no se presentarán en la parte técnica ni de producción, sino en lo político; de ahí que haya que modificar las estrategias empleadas hoy en día.

De continuar con el actual sistema alimentario no se podrá hacer lo que se necesita. Por sí solos, la agricultura y el proceso alimentario no resolverá el problema; se necesitan políticas, reglas de comercio y de uso sustentable, así como asignación regulada de agua y tierra. Tiene que ser una solución integral de intervención de varias áreas y especializaciones, y rediseñar de manera radical el sistema global de alimentos.

Otro aspecto importante será atender el cuidado de los alimentos, pues un alto porcentaje se pierde debido a que productores, intermediarios, vendedores y consumidores los desperdician. Indicó que en los países desarrollados estas pérdidas se presentan más en las granjas y durante la etapa de transportación de la comida. En las naciones en desarrollo el desperdicio se da en los expendios, los restaurantes, así como en los hogares. Se tira mucha comida que se quedó en el plato.

El especialista planteó varios retos para las próximas cuatro décadas: mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, hacer frente a la amenaza de la volatilidad del futuro en el sistema alimentario, acabar con el hambre; interactuar con el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero, así como conservar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

Alarmante aumento de asesinatos por estrategia de Calderón: HRW

El Cairo, 22 de enero. El gobierno del presidente Felipe Calderón ha adoptado medidas para combatir la delincuencia organizada que han provocado un fuerte incremento en el número de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo contribuyen a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones, destaca Human Rights Watch (HRW) en el capítulo México de su Informe Mundial 2012, presentado ayer en El Cairo, Egipto.

El documento subraya que en los últimos años se ha producido en México un incremento alarmante de la cantidad de homicidios, que en gran parte han sido consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades lucrativas, como la trata de personas, así como de enfrentamientos entre sus propios miembros.

Al hacer la presentación del Informe Mundial 2012, la directora de Comunicación de HRW, Emma Daly, denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos. Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia, aseveró Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia.

En su opinión, existe en México impunidad absoluta para los militares, quienes, con el sistema de justicia castrense, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen los abusos porque no hay modo alguno de pararlos.

Abundó que el presidente Felipe Calderón está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las fuerzas armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen algún abuso.

Entre las violaciones a los derechos cometidas por las fuerzas armadas, según el informe, figuran asesinatos, tortura y desapariciones forzadas.

Una muestra de que los soldados que han cometido violaciones de los derechos humanos de civiles nunca son llevados ante la justicia, según HRW, es que la Procuraría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones de estos casos entre 2007 y junio de 2011, y sólo 15 soldados fueron condenados durante ese periodo; asimismo, en otra investigación, 14 militares no fueron juzgados.

En las seis páginas del Capítulo México del Informe Mundial de HRW 2012 se apunta que periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.

Asevera el informe que las iniciativas para implementar una reforma del sistema de justicia, que abordaría problemas endémicos como la aplicación de la tortura para obtener confesiones por la fuerza, continuaron avanzando lentamente durante 2011, por lo cual subsiste un sistema en el cual los abusos siguen siendo generalizados.

En el tema de libertad de expresión, el documento de HRW señala que numerosos periodistas que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades han sido víctimas de graves persecuciones y ataques. Entre 2000 y septiembre de 2011 fueron asesinados 74 comunicadores, al menos ocho durante 2011.

Apunta que si bien muchos de los ataques contra los miembros de la prensa ocurridos el año pasado se atribuyen a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible participación de funcionarios públicos. También se observó una tendencia progresiva a intimidar y atacar a personas que participan en redes sociales, agrega el organismo.

Las autoridades no han conseguido investigar ni juzgar adecuadamente delitos contra la prensa, ni tampoco han protegido a periodistas que están expuestos a graves riegos, lo cual ha propiciado un clima de impunidad y autocensura, agrega.

Se sostiene que el sistema penal no ofrece justicia a víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos. Esta deficiencia responde a causas como corrupción, capacitación y recursos suficientes, así como prácticas abusivas de la policía

Demandan ONG cambiar la política anticrimen

Fabián Sánchez, director ejecutivo de la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), y Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), manifestaron que el Informe Mundial 2012 de Human Rights Watch (HRW) fortalece el llamado de los organismos internacionales y organizaciones nacionales a que se modifique la política de combate al crimen.

Pese a los insistentes llamados que han formulado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), la propia HRW, la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones nacionales de defensa de las garantías, Calderón persiste en su posición de no modificar su política de combate al crimen organizado. No hay poder humano ni instrumentos nacionales ni internacionales que logren que el titular del Ejecutivo modifique su estrategia.

Este señalamiento, dijo Ramírez, es importante porque señala que la estrategia ha agravado la situación de violencia en el país, e insistimos en que existe responsabilidad de Calderón, porque sus políticas favorecen un clima de violaciones graves de derechos humanos.

Fabián Sánchez dijo: Aunque el informe no señala nada que no se conozca, vincula la estrategia del gobierno con el agravamiento de la violencia y refuerza la demanda de cambiar la política de segurida

Se refuerza tesis de que agentes ministeriales asesinaron a los normalistas de Ayotzinapa

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, resaltó que lo que se expresó en el informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, en el sentido de que fueron policías ministeriales los que habrían causado la muerte de dos estudiantes normalistas, se refuerza cada vez más. Las pruebas, las evidencias y los testimonios lo respaldan.

El ombudsman precisó que no hay discrepancias entre el comunicado vespertino que emitió la Policía Federal (PF) el pasado miércoles 18, y lo que informó el titular de la CNDH al terminar la comparecencia del comisionado general, Facundo Rosas.

Plascencia Villanueva refirió: En efecto, el comisionado Rosas optó por responder por escrito los cuestionamientos que se le formularon en su comparecencia en la sede de la comisión. Al concluir la diligencia informé que el funcionario se reservó su derecho a declarar y lo hará posteriormente por escrito.

Sin embargo, dos horas más tarde, por medio de un comunicado de prensa, la Policía Federal indicó que el comisionado general no se reservó su derecho a declarar y convinieron en que las respuestas a las cuestionamientos que se hicieron serán entregados por escrito en los cinco días que se acordaron.

–¿No hay discrepancias entre la PF y la CNDH?

–No. Es cuestión de matices. Hay que dejar muy en claro lo siguiente: la diligencia está ahí, videograbada, y es parte del expediente. Queda muy claro que se le hizo saber (a Facundo Rosas) un bloque de preguntas y se le dio también en buena medida la posibilidad de poder contestar en ese momento o bien posteriormente por escrito. Él optó por responder por escrito, y a eso se refiere la expresión mía de que se reservó su derecho. No le veo mayor problema.

–¿Pudo haber dado respuesta el comisionado general de la PF el día de su comparecencia?

–No, porque no traía la información consigo, por eso se le dio tiempo.

Finalmente, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que aunque no aparecen las ojivas disparadas el 12 de diciembre en la Autopista del Sol, y no hay manera de poder contrastarlas con alguna de las armas; eso implica cierta limitación, pero recordemos que para eso existen los testigos, los dictámenes periciales y otras pruebas que pueden permitir dar con los responsables