La intervención del Ejército en el decomiso de armas y la detención de Jorge Hank Rhon en su domicilio –el sábado 4 de junio–, que culminó con su liberación por falta de pruebas, es una profunda estupidez, una pifia espantosa y un error garrafal
, aseveró el general de división retirado, Luis Garfias Magaña.
En tanto, fuentes militares revelaron que el Ejército y la Armada de México tienen protocolos para dar seguimiento a las denuncias anónimas, y con ello evitar errores como el que cometieron los soldados en el caso Hank.
Revelaron que para llevar a cabo un operativo –el cual según la Defensa Nacional empezó a partir de una denuncia ciudadana sobre la presencia de personas armadas– como el que tuvo lugar en la casa del empresario priísta la madrugada del sábado 4 de junio, y por el personaje involucrado, necesariamente se contó con la aprobación del titular de la Sedena para autorizar el ingreso al domicilio sin contar con una orden de cateo.
En entrevista con este diario, Garfias, quien fue comandante de zonas y regiones militares, lamentó que nuevamente el Ejército haya sido usado y lo hayan metido
contra el ex candidato priísta a la gubernatura de Baja California.
El Ejército no debe estar en esas cosas; ahora todo mundo lo va a criticar
, siendo que junto con la Fuerza Aérea y la Armada de México es bastión en el combate al narcotráfico, sostuvo.
Con la experiencia que tuvo en el mando de tropas, el militar comentó que, obviamente
, para actuar contra Hank el comandante de la zona militar recibió una orden de arriba
.
Ahora pueden justificar que hubo flagrancia, pero el hecho es que hay videos que muestran a los soldados cuando entraron al domicilio del ex alcalde de Tijuana, y ahora todos “vemos el papelazo” que hizo el Ejército, dijo Garfias, quien hizo un nuevo llamado al Congreso y al Ejecutivo federal a regular la actividad del Ejército en el combate al narcotráfico.
Los soldados –subrayó– cumplimos órdenes, como fue en el 68 (cuando intervinieron en la matanza de Tlatelolco); a uno le ordenan y uno va
, por eso, subrayó que en la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública debe aplicarse el artículo 29 constitucional, que establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto
, el Presidente de la República pueda suspender las garantías, previa aprobación del Congreso, en todo el país o en un lugar específico, determinando las garantías que sean obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero por un tiempo limitado.
Por su parte, mandos castrenses reconocieron que ésta no es la primera vez que el Ejército se equivoca en atender una denuncia anónima, y que incluso la Armada de México llegó a tener problemas al respecto.
Indicaron que por eso toda denuncia sobre narcotráfico es revisada inicialmente por personal de inteligencia que acude a verificar la información, y sólo después de que se tiene la certeza de que tiene lugar un ilícito, es que actúan sus elementos.
Comentaron que debido a la desconfianza existente hacia los ministerios públicos, las operaciones se realizan con el mayor sigilo, y que cuando hacen falta órdenes de cateo en los inmuebles sospechosos, se llega al grado de solicitar el apoyo de ministerios públicos de otras ciudades para evitar la fuga de información.
También existe un protocolo de cadena de custodia
que deben respetar los marinos y los militares, que consiste en videograbar el desarrollo del operativo para que no quede duda de cómo estaban las cosas en el inmueble desde el momento en que llegaron los militares hasta que se retiraron. Esto para dejar en claro que no se sembraron armas ni drogas.
