Recula Cofepris, permite usar a famosos en publicidad para niños

Recula Cofepris, permite usar a famosos en publicidad para niños

La autorregulación presenta resultados muy pobres de las empresas, advierte Ángel Toscano

Nuevo reglamento no permitirá promocionar falsos atributos de los suplementos dietéticos

La publicidad de productos chatarra no deberá crear expectativas inalcanzablesFoto Yazmín Ortega Cortés

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 37

La autorregulación en la publicidad de alimentos dirigidos a los niños ha funcionado en parte. Alrededor de 25 por ciento de las empresas que se adhirieron al Código Pabi, vigente desde 2008, no lo han cumplido. El resto de las empresas han realizado cambios, algunos de ellos significativos, aunque con fluctuaciones en periodos vacacionales, advirtió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por eso la importancia de actualizar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, vigente desde hace 10 años. El proyecto presentado en días pasados por la Cofepris a las industrias de alimentos, bebidas, medicamentos y de publicidad, entre otros, propone prohibir mensajes que exploten la imaginación de los infantes o creen expectativas inalcanzables. Tampoco deben generar una sensación de urgencia por adquirir el producto o un sentimiento de inmediatez o exclusividad al comprarlo.

Aunque en la presentación del documento, el comisionado Miguel Ángel Toscano mencionó que se prohibiría el uso de personajes populares para la promoción de alimentos infantiles, en el texto no aparece dicha restricción, como sí aparece en el apartado relativo a los medicamentos.

Limitar regalos

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló la necesidad de que dicha limitante también se aplique a la publicidad dirigida a los niños y que se incluya la prohibición clara de estrategias mediante las cuales se ofrezcan regalos a los pequeños si a cambio consumen determinados alimentos.

En cuanto a los productos milagro, suplementos alimenticios cuya publicidad sugiere falsamente que favorecen la pérdida de peso corporal, controlan enfermedades como diabetes, artritis o disfunción eréctil, entre otros, la propuesta pretende prohibir la mención de dichos atributos. Los anuncios se deberían limitar a referir las aportaciones de los nutrimentos que contienen esos productos y nada más.

En los próximos 40 días, la Cofepris recibirá las opiniones de los diferentes sectores involucrados en el tema, en lo que será una primera consulta, con la finalidad de que durante el periodo de comentarios, que se abrirá cuando el proyecto se presente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), ya exista un consenso general en torno a la propuesta.

Respecto al Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigidas al Público Infantil (Pabi), Toscano reiteró su rechazo a participar de dicho acuerdo, suscrito de manera voluntaria entre la industria de alimentos y la Secretaría de Salud (Ssa). Destacó que aunque ha habido modificaciones en los anuncios comerciales, a dos años de vigencia del código, éstas todavía resultan insuficientes.

Disminuye la lactancia

Otro caso es el de las fórmulas para lactantes, sobre las cuales también existe un convenio entre los industriales y la Ssa que no ha sido cumplido, a pesar de la problemática señalada por las autoridades sobre la disminución que ha registrado la lactancia materna y los efectos negativos que ello provoca en la salud de los niños.

El proyecto de reglamento de publicidad plantea que los comerciales de sucedáneos de leche materna deben fomentar la lactancia e indicar expresamente que los sustitutos se recomiendan únicamente cuando hay ausencia de la madre o incapacidad de ésta para alimentar al recién nacido, por requerimientos terapéuticos o si los bebés presentan intolerancia a la leche materna

Resume experto de la UNAM la realidad en la sierra de Guerrero: "total miseria"

Resume experto de la UNAM la realidad en la sierra de Guerrero: total miseria

Aspecto de Cochoapa, en la Montaña de Guerrero, la zona más pobre de México, según informes del Banco MundialFoto Jesús Villaseca

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 38

La dieta en muchas comunidades de la Montaña de Guerrero es exclusivamente de tortillas y chile. Los pobladores de esa región no están dispuestos a vender un plato de su escasa comida a los visitantes: Si lo hago, ¿qué como?

Así lo explica el investigador Sergio Sarmiento Silva, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien desde 1993 trabaja en esa zona, una de las más miserables del país, donde muchas comunidades presentan índices de desarrollo humano similares a los países africanos más pobres.

En regiones como Metlatónoc, Malinaltepec, Acatepec y Cochoapa el Grande –el municipio más pobre de México– la gente vive en condiciones infrahumanas.

Las familias tienen que convivir en chozas de menos de dos metros cuadrados, en una esquina está un fogón armado con tres piedras, sobre éste cuelgan bolsas de ixtle, enfrente una serie de petates colocados sobre un piso de tierra, y a un lado unos trastos. Las casas son de bajareque (cañas y tierra); las paredes no defienden del frío de la montaña, pues tienen rendijas.

Cuando uno describe esto, muchas personas creen que se trata de un país africano. Pero no, esta realidad es de México, de la Montaña de Guerrero, asegura el investigador universitario.

No, si le vendo un taco, yo qué como

La falta de alimento llega a ser tan grande que los pobladores no están dispuestos a compartir su comida. Sarmiento Silva recuerda: “Hace tiempo, unos reporteros se interesaron por ir a la región y me pidieron acompañarlos. Estuvimos en la Montaña varios días y las provisiones se acabaron. Quisimos comprar algo de comer con algunas familias, pero la respuesta fue demoledora: ‘No, si le vendo un taco, yo qué como’”.

Los indígenas de la Montaña sobreviven gracias a la siembra de maíz, que sólo les rinde cuatro meses, cuando se logra la cosecha. Al ser una zona abrupta no hay posibilidades de usar tractor o yunta, por lo que se siembra con coas que para abrir la tierra.

El resto de los meses tienen que migrar; van a los cañaverales de Morelos, a la ciudad de México, a los campos de Sinaloa y algunos se aventuran a llegar a Estados Unidos o Canadá. La migración es una válvula de escape que les garantiza vivir el resto del año con lo poco que ganan en los campos agrícolas de Sinaloa o con algunas de las remesas de quienes lograron pasar la frontera.

Sin embargo, la situación de la mayoría no es alentadora: niños y adultos no tienen una buena alimentación. Hay desnutrición y anemia, y mueren de enfermedades prevenibles, como diarrea o gripe.

Lo más que comen es tortilla y chile; esa es su dieta. En la región se siembran cafetales y toman café o en ocasiones sólo té de monte. Las condiciones de pobreza son tan impresionantes que aprovechan lo que les da la naturaleza y llegan a comer gusanos e insectos.

Hay que recorrer caminos durante varias horas a bordo de la pasajera –camionetas de redilas en que se transportan– para bajar de la Montaña a Tlapa, el centro económico más importante de la región. Allí, explica el académico, pueden comprar despensa.

Paradójicamente, en años recientes en las comunidades más alejadas se puede encontrar productos como refrescos, pan de caja, comida chatarra y cerveza.

Sarmiento Silva dice que la situación de miseria y exclusión es tal que no hay centros de salud cercanos a las poblaciones y cuando éstos existen carecen de médicos y fármacos. La gente de plano se muere en el camino hacia el hospital.

Lamenta que, pese a que existen convocatorias para enviar médicos a la Montaña, con sueldos entre 13 mil y 20 mil pesos mensuales, estos profesionales no quieran trabajar en esos sitios.

Asegura que sí hay dinero y programas asistenciales para la región, sin embargo, no llega a todos, porque se usa más con fines políticos que sociales.

La situación de pobreza es tan grave, que algunos pobladores de la zona han visto una opción en el cultivo de la amapola, de donde obtienen lo que llaman maíz de bola. Un kilogramo de éste –afirma el investigador– pueden venderlo entre 15 mil y 20 mil pesos en Acapulco. Pero esto ha generado mayor presencia del Ejército que, con el pretexto del combate al narcotráfico, comete abusos en las comunidades.

Otra cruda realidad es la venta de niñas vírgenes de entre 13 y 14 años, por las que se llega a pagar hasta 30 mil pesos. Si bien en la mayoría de estos casos se trata de hombres mayores que compran a la menor porque las quieren como segunda o tercera esposa, de repente algunas llegan a ser víctimas de tratantes de blancas.

Sarmiento Silva subraya que la realidad de la sierra guerrerense puede sintetizarse en dos palabras: total miseria. Sostiene que los programas asistencialistas, tanto de la sociedad civil como del gobierno no funcionan aquí. “Para emprender posibles soluciones –indica– en primer lugar se tiene que respetar la autonomía de estas comunidades, aprenderlos a escuchar y no hacer nada que ellos no quieran. Hasta ahora nadie ha respetado su decisión, todo mundo viene y hace lo que quiere en la Montaña, hasta yo con mis investigaciones

En 20 minutos se consigue una identidad en Santo Domingo

En 20 minutos se consigue una identidad en Santo Domingo

Hacemos de todo: facturas, certificados, títulos, cédulas profesionales..., afirma coyote

La negociación y entrega de documentos se hace en la vía pública, aun frente a policías

Aspecto de la plaza de Santo Domingo, donde trabajan varios falsificadores de documentosFoto Carlos Ramos Mamahua

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Domingo 20 de febrero de 2011, p. 34

En la plaza de Santo Domingo, en el centro de la ciudad, sólo se requieren 20 minutos y 2 mil pesos para obtener un acta de nacimiento y una credencial de elector falsificadas. Decenas de jóvenes ubicados a lo largo de la calle República de Brasil y en los portales de la plaza ofrecen a los transeúntes cualquier documento. Hacemos de todo: facturas, actas, certificados, títulos, cédulas profesionales, lo que quieras, afirman los llamados coyotes.

Toda la operación se realiza en plena vía pública, incluso la entrega de los documentos se hace frente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), no te preocupes, ellos nada más están aquí por los ambulantes, dice un joven que se identifica como Tommy.

“No eres tira o federal, ¿verdad?”, pregunta cuando se le cuestiona sobre el costo de un acta de nacimiento. Si es de aquí (del DF) mil pesos, pero te la doy troquelada y todo, si el documento tiene como lugar de expedición alguna otra entidad, el precio disminuye a 800 pesos.

Una credencial de elector de PVC tiene un costo de mil 200 pesos, pero nada más te sirve como identificación, advierte. Si la quieres para usarla en el banco te cuesta 2 mil 500 pesos, explica Tommy, quien asegura que con esos documentos se puede tramitar un pasaporte o hasta una visa, lo que quieras. Una cédula profesional y un título los dos te los dejo en 6 mil pesos.

Luego de regatear, el joven acepta 500 pesos por un acta de nacimiento y le pide al cliente que escriba en un papel a nombre de quien estará el documento. No te puedo meter al taller, pero vamos juntos y me esperas en la calle, dice. El coyote se dirige a la calle de Palma, y se introduce a un establecimiento, sin razón social, pero en el que diversos letreros señalan que se hacen impresos.

El joven sube unas escaleras y en sólo unos minutos sale del lugar. Acompañado del cliente, se dirige al punto donde se le encontró, en la calle República de Brasil, donde de entre sus ropas saca el acta de nacimiento, supuestamente expedida y con el sello del Registro Civil del municipio de Teratan, Michoacán.

Durante 2010, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), emprendió mil 90 averiguaciones previas por uso y falsificación de documentos, actas de nacimiento, defunción, divorcio, folios reales de inmuebles, escrituras, títulos, cédulas profesionales y hasta tarjetas de crédito y débito.

Además de Santo Domingo, los coyotes también operan en las inmediaciones de los registros Civil y Público de la Propiedad y el Comercio, ofreciendo conseguir los documentos o la alteración de los registros relacionados con algún inmueble, en complicidad con servidores públicos.

En cuanto a las tarjetas bancarias, quienes se dedican a esta actividad, en algunos casos venezolanos, se introducen a un cajero automático, colocan un escáner en la parte superior de la pantalla y un esquíner en la ranura donde se introducen los plásticos, con el fin de obtener los datos de las mismas, como números confidenciales. Posteriormente realizan retiros en efectivo en otros cajeros, utilizando los datos obtenidos en tarjetas en blanco llamadas paloma

Persisten prácticas de tortura en Guanajuato, acusa la PDHG

León, Gto., 19 de febrero. El personal de la Procuraduría General de Justicia y de las policías municipales de Guanajuato mantiene sus prácticas de tortura y uso excesivo de la fuerza, que derivan en lesiones e incluso en homicidios, dio a conocer la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado (PDHG).

En enero de 2009, luego que policías ministeriales mataron al campesino Vicente Palomo durante una sesión de tortura con choques eléctricos en la comandancia de San Felipe, la procuraduría ofreció erradicar los tormentos como forma de investigación, pero tres de los responsables continúan prófugos y en 2010 hubo 18 nuevas quejas contra elementos de esa corporación.

Así lo señaló el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera en el informe anual de la PDHG al Congreso del estado; y sostuvo que la persistente práctica de la tortura incluyó el caso de Daniel Murillo Carrillo, asesinado a golpes en mayo de 2010 por dos policías que no han sido capturados y cuya identidad aún se desconoce.

La PDHG señaló que además en distintas cárceles y centros de detención guanajuatenses murieron 10 personas, cuyos casos forman parte de las 978 quejas iniciadas principalmente contra policías municipales, ministeriales, estatales y elementos del Ejército, que dieron lugar a 487 recomendaciones.

Otros de los servidores públicos denunciados son funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Educación de Guanajuato , expuso Rodríguez Junquera

Altos funcionarios pretenden que Grupo México siga impune, acusa el obispo Vera

De entre las 65 pequeñas cruces que llevan inscritos los nombres de los mineros muertos, se asoma el rostro de Tania, quien no deja de mirar al frente. Hace cinco años, cuando ella tenía 13, su papá, Jorge Bladimir Muñoz, quedó sepultado en la unidad 8 de Pasta de Conchos, junto con otros 64 mineros.

Un lustro después de la tragedia, las viudas, los huérfanos y demás deudos avanzan en una corta procesión antes de la misa que como todos los días 19 se celebra en Polanco, justo a un lado de las oficinas del Grupo Industrial Minera México.

La acusación de negligencia contra esa empresa, propiedad de Germán Larrea, se ha convertido al paso de los años en un reclamo contra lo que califican de impunidad solapada desde las más altas esferas del gobierno calderonista.

Quiero saber qué fue lo que pasó ese 19 de febrero. Me inquieto sólo de pensar que mi papá pudo haber muerto por asfixia o por hambre, y no por la explosión. Siempre he tenido la idea de que se pudo haber hecho algo. ¡Me puede mucho pensar que tal vez ellos estuvieron vivos esperando que los salvaran, y no los salvaron!, exclama Tania, con el rostro mojado por las lágrimas.

Ella sigue viendo al frente y dice que le apena que esas cosas ocurran en México. “Me da vergüenza de que el gobierno no ponga un poco de voluntad para que nos devuelvan los restos, y poder descansar el alma. En Chile se tardaron 19 días para confirmar que (los mineros) sí estaban vivos –a 700 metros de profundidad– ¡y aquí a los cinco días los declararon muertos!”

La última vez que vio a su papá fue el 18 de febrero de 2006, antes de que partiera al tercer turno, que comenzaba a las nueve de la noche. La explosión fue a las dos de la mañana del día siguiente, y los familiares se enteraron de la tragedia a través de la radio.

En las manifestaciones, ella ha tomado el lugar de su mamá, quien ya no puede venir al Distrito Federal porque trabaja para sostener la casa y, al igual que todos los deudos, tiene la certeza de que no descansará hasta que sepulten a sus muertos.

Me parece una aberración tan sólo pensar que mi papá se va a quedar ahí en la mina, exclama.

El obispo Raúl Vera, parte de la organización Familia Pasta de Conchos –integrada por familiares y organizaciones civiles–, advierte en la homilía que rescatar los restos de quienes quedaron sepultados significa rescatar la justicia y la paz para este país, que ya no soporta la impunidad inducida desde las estructuras gubernamentales, la perversión de la función pública.

El obispo da un mensaje enérgico; alza la voz, aprieta el puño y denota esa agitación propia de la impotencia contra los “funcionarios de muy alto nivel que están intentando dejar impune a Grupo México.

Aquí, en cinco días, utilizando mentiras, dijeron que ya no se podían rescatar; dijeron que el agua estaba contaminada y había peligro y no sé cuánto... ¿Qué es lo que ocultan? ¿La impunidad de haber dejado vivos a mineros, de haberlos dejado morir? Esa es nuestra gran sospecha. Por eso no quieren llegar a los restos de los mineros muertos. Esta barbarie se sigue dejando impune, expresó.

Su mensaje se escucha alto y su agitación se refleja en el rosario de madera que trae colgado de la cintura. Nuestro México está conmocionado, en una situación en donde, si no hay justicia, habrá más violencia, en la que todos estemos contra todos.

En el mismo tono se expresan otros ministros de culto que lo acompañan. Recuerdan al obispo emérito Samuel Ruiz, quien hasta su muerte fue un activo promotor de la causa Familia Pasta de Conchos.

También sobrevivientes de otras minas y pocitos toman la palabra, lo mismo el muchacho que vivió para contarla, quien fue empleado de una mina siendo menor de edad, que quien acaba de perder su empleo de 68 pesos al día en la mina Lulú, donde en el último año fallecieron cuatro obreros y, gracias a la presión de trabajadores y organizaciones civiles, el gobierno finalmente clausuró el socavón.

Mina Lulú ya estaba clausurada y nosotros no lo sabíamos, seguíamos ahí metidos. Vengo a denunciar las irregularidades de inseguridad en que se trabaja en las minas de Coahuila, pero también... (hace una pausa ante la imposibilidad de seguir hablando) también para decir que se fue mi hermano y ya no quiero que estas desgracias sigan pasando.

El mensaje de todos es prácticamente el mismo, breve o largo, con mucha o poca habilidad para hablar ante decenas de personas, y concluyen en una sola idea: que la muerte de los mineros sirva para algo en aquella zona, donde cunde el dolor y la injusticia.

Antes de la misa fueron leídas cartas de solidaridad enviadas por trabajadores chilenos, así como la del minero 33, Luis Alberto Urzúa, el último que salió, 70 días después, en el exitoso rescate de aquel país del cono sur.

Y precisamente esa lectura aquí aviva el coraje y el dolor

Exige AMLO fin a hostigamiento contra activistas

Andrés Manuel López Obrador expresó preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez, y exigió finalizar el hostigamiento y ataques contra activistas y luchadores sociales de la capital de Chihuahua, particularmente contra la familia Reyes Salazar.

En un pronunciamiento en nombre del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió a las autoridades investigar el secuestro de tres de sus integrantes. Desde aquí nos sumamos a su demanda de que aparezcan vivos, sanos y salvos sus familiares Malena, Elías y Luisa, secuestrados por un comando armado el pasado 7 de febrero.

También declaramos “nuestro respaldo a la lucha de esta familia en Juárez, junto con decenas de organismos civiles y sociales de esa localidad, para exigir que las autoridades investiguen este secuestro, devuelvan con vida a sus familiares y castiguen las agresiones que han sufrido todos los activistas.

Es increíble y ofensivo que a pesar de realizar una huelga de hambre desde el 8 de febrero, ni el gobernador ni el procurador, y ni siquiera el subprocurador los hayan querido recibir y escuchar.

López Obrador resaltó que la familia Reyes Salazar está integrada por luchadores sociales reconocidos del Valle de Juárez, “que en el último año han sido atacados despiadadamente.

Hace un año fue asesinada Josefina Reyes, integrante de nuestro movimiento, y en agosto pasado corrió la misma suerte su hermano Rubén. Para ambos exigimos justicia y castigo a los responsables.

Asimismo, demandó la aparición con vida de los tres integrantes de la familia Reyes Salazar secuestrados desde principios de mes, y solicitó castigo a los responsables de la muerte de Josefina y Rubén.

Convocó a todos los ciudadanos e integrantes de Morena a brindar toda la solidaridad posible y el apoyo incondicional a la familia Reyes Salazar y a quienes luchan a diario por los derechos humanos y por la vida en el estado de Chihuahua

Votará el Senado reforma sobre garantías

Después de más de tres años de peloteo en el Congreso, ya que pasó dos veces por ambas cámaras, en el Senado se votará esta semana la reforma constitucional sobre derechos humanos. Es la más importante de las últimas décadas en lo que se refiere a garantías fundamentales de los mexicanos, sostuvo el perredista Pablo Gómez.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado avalaron los cambios que formularon los diputados a ese ordenamiento que da mayores facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre ellas la de llevar a cabo investigaciones sobre violaciones graves de garantías constitucionales, función que ahora recae en la Suprema Corte de Justicia.

Las modificaciones que se hicieron en San Lázaro mejoraron el contenido de la minuta, sostuvo, ya que elevaron a rango constitucional todos los tratados internacionales suscritos por México, no sólo los referidos a derechos humanos, aseguró el perredista.

Dijo que se trata de un avance formidable, un gran paso que el presidente Calderón debería aplaudir, porque mientras él sólo pide al Congreso que se limiten garantías establecidas en el Carta Magna, nosotros nos dedicamos a trabajar para conceder nuevos derechos a los mexicanos.

La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2009, estuvo más de un año en el Senado, donde se le hicieron adecuaciones en abril del 2010 y se regresó a San Lázaro, donde se le volvieron a formular cambios y se remitió a Xicoténcatl en diciembre del año pasado.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos se allanaron a las modificaciones de la colegisladora y aprobaron el dictamen el jueves pasado. “En general, los diputados enriquecieron la iniciativa. Al final llegamos a la conclusión de que con una o dos aclaraciones menores, no valía la pena seguir con el peloteo entre las dos cámaras”.

Mayores facultades

Respecto de la decisión de los diputados de dotar de mayores facultades al Consejo Consultivo de la CNDH, entre ellas la de decidir el inicio de una investigación por violaciones graves de garantías fundamentales, explicó que en el dictamen primero del Senado se establecía que así fuera, pero que se detallara en la ley reglamentaria.

Los diputados lo pusieron directamente en la Constitución, a fin de que el Consejo Consultivo desahogue el procedimiento de la apertura de la investigación, no que la lleve a cabo, porque eso corresponderá a los visitadores de la CNDH

CARTON DE LA JORNADA

Se agudiza desabasto de medicinas en el ISSSTE

Se agudiza desabasto de medicinas en el ISSSTE

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 38

El desabasto de medicinas en clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) persiste, a pesar de que las autoridades insisten en que se ha logrado garantizar el surtimiento de recetas de los pacientes, mediante las vías alternas como los vales que se intercambian en la red de farmacias Superissste o en los establecimientos privados con los cuales existe un convenio para este fin.

Sin embargo, la realidad es que las carencias son de tal magnitud que hasta los vales han resultado insuficientes, y desde hace más de una semana, en varias unidades médicas ya no es posible obtenerlos.

Funcionarios del instituto reconocieron que aunque no existen limitaciones para el uso de los cupones del programa Medicamento Exprés (Mediexpres), es un hecho que a causa del desabasto también se han reportado carencias en este rubro.

En condiciones normales, los vales han representado hasta 5 por ciento del volumen de recetas surtidas, explicó en días pasados el director del ISSSTE, Jesús Villalobos López. Aunque aseguró que el organismo goza de una situación financiera como nunca antes, lo cierto es que ya se ha vuelto común que al final de cada año y el inicio del siguiente se presentan las carencias de medicinas.

Algunos trabajadores comentaron que en 2010 también existió el problema y se resolvió hasta el mes de marzo. Ahora, las autoridades han ofrecido que a finales de febrero se regularizará el surtimiento y que desde la semana pasada iniciaron las entregas de los proveedores a los almacenes del instituto.

Lo que no se entiende, señalaron los empleados consultados, es por qué las autoridades no han tomado las medidas necesarias para evitar el desabasto.

Hasta ayer, seguía habiendo faltantes de medicinas. Un día llegan unas cuantas cajas y para la tarde ya no hay; al otro día se repite el fenómeno con otra clave y luego con otra. El problema es que a los enfermos no se les puede dejar sin el tratamiento, sobre todo si están hospitalizados, indicaron.

El desabasto en el ISSSTE empezó a observarse en diciembre pasado y se agudizó en enero en alrededor de 200 claves, que según las autoridades son las de mayor uso. Han explicado que por falta de disponibilidad económica se retrasaron las licitaciones y, por tanto, la firma de contratos y entrega de los insumos.

Villalobos López aseguró la semana pasada que dichos trámites ya estaban finalizando y que la entrega de medicinas ya se realizaba en esos días. También comentó que otra de las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en el uso del dinero disponible, en clínicas y hospitales, es racionalizar la dispensación de medicamentos y las adquisiciones

Durango: denuncian gays ataques policiacos

Durango, Dgo. Miembros de la comunidad gay denunciaron ante el cabildo local que son víctimas de constantes agresiones policiacas. El dirigente Ezequiel García dijo que hay 60 casos documentados de hostigamiento, extorsiones y violaciones de sexoservidores y parejas gays que salen de bares o centros nocturnos. Los agentes los ofenden y si rechazan sus peticiones los atacan físicamente o detienen, indicó; pero el regidor priísta Julio Cabrera desestimó la queja por provenir –dijo– de un colectivo adherido al Partido del Trabajo, cuya regidora María Trinidad Cardiel es madre del denunciante.

En 2009 el DIF recibió donación de bienes por $7.7 millones que no usó

En 2009 el DIF recibió donación de bienes por $7.7 millones que no usó

La ASF reveló que también se detectaron insumos informáticos de nulo movimiento

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 21

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió en 2009 diversos bienes en donación: más de 200 mil juguetes, prendas de vestir y vehículos, entre otros, con valor de 7.7 millones de pesos, los cuales no fueron utilizados ni cedidos a instituciones de asistencia social, como ordena la normatividad.

En la revisión de la cuenta pública de ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó que el organismo contrató 23 por ciento más de las plazas autorizadas para ese año, lo que representó una erogación extraordinaria por casi un millón de pesos.

La revisión al DIF incluyó mil 100 millones de pesos que representan 80.8 por ciento de los recursos asignados al rubro de Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa, en el cual se encuentran las acciones de atención a personas con discapacidad, protección y desarrollo integral de la infancia, atención a familias y población vulnerable y las estancias infantiles.

En el desglose de los resultados de la auditoría, el organismo señala que el DIF rebasó en 81 plazas (23 por ciento) el número total autorizado (de 352) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sobre la situación detectada en los almacenes del organismo, señaló que se encontraron bienes informáticos de lento y nulo movimiento desde 2002, entre otros: cartuchos, tóner, disketes y cintas para impresora, con un valor de 844 mil pesos.

También se encontraron bienes donados en 2009 con un valor de 7 millones 773 mil 900 pesos. Eran 24 vehículos por 4 millones 206 mil pesos; 26 mil 45 prendas de vestir por 2 millones 416 mil pesos; 206 mil 469 juguetes valuados en 456 mil 200 pesos, así como otros bienes con valor de 695 mil pesos.

Los artículos se conservaban en su envoltura original, a pesar de que la normativa del DIF señala que una vez recibidos deben ser utilizados en el transcurso de los siguientes seis meses, o transferirlos a las áreas del sistema o cualquier otra institución o asociación que preste servicios de asistencia social.

En el reporte, la ASF advierte que en años recientes se han detectado deficiencias en la documentación comprobatoria de los gastos realizados en los programas asistenciales, en las ministraciones y transferencias de recursos a los DIF estatales y se ha observado sustracción de bienes en almacenes.

Para la auditoría de la cuenta pública 2009, se encontró que con la finalidad de evaluar el programa Atención a personas con discapacidad, el DIF solicitó a cinco de los sistemas estatales un informe ejecutivo con los objetivos, avances, número de beneficiarios y los recursos federales no ejercidos. Sólo dos entidades atendieron la solicitud, mientras Puebla, Quintana Roo y Veracruz no lo hicieron.

Respecto de otras estrategias, prevaleció la falta de información y retraso en la ejecución de acciones, por lo que no fue posible medir su impacto en el ejercicio de la revisión.

Sobre el programa de estancias infantiles que se lleva a cabo de forma conjunta entre el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), se encontró que las reglas de operación carecen de indicadores específicos para el DIF, por lo que no es posible delimitar su actuación y medir su aportación en los objetivos y metas del programa.

No obstante lo anterior, la ASF determinó que el DIF cumplió con las disposiciones normativas en cuanto a presupuestación, administración, autorización, compras, pago de bienes y servicios, entre otros, respecto de los programas revisados

CNDH pide al Estado atender las demandas de los deudos de la mina Pasta de Conchos

CNDH pide al Estado atender las demandas de los deudos de la mina Pasta de Conchos

Usted ofreció en 2007 una indagación a fondo, recuerdan familiares a Calderón

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 19 de febrero de 2011, p. 22

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pidió al Estado mexicano atender las demandas de los deudos de la mina Pasta de Conchos, donde hace exactamente cinco años una explosión sepultó a 65 trabajadores.

“No hay justificación para que esa mina continúe como si fuera un cementerio… Está pendiente el rescate de los cuerpos y esto sigue siendo una deuda del Estado mexicano. Tiene que haber esfuerzos para el rescate de los cadáveres”, dijo el ombudsman.

Calderón se comprometió

Los deudos y organizaciones civiles, que exigen la recuperación inmediata de los restos, difundieron este viernes una carta abierta, dirigida al presidente Felipe Calderón, donde lamentan que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el Grupo Industrial Minera México, reciclen sus argumentos, entorpezcan las pláticas con instancias que están dispuestas a explorar alternativas e intenten acallar el clamor –para el rescate de los restos– a través del dinero.

“Queremos recordarle que en Torreón, Coahuila, el 17 de enero de 2007, usted se comprometió ante algunos de nosotros, así lo reafirmó el boletín de prensa respectivo de la Presidencia, a ‘continuar la investigación hasta sus últimas consecuencias’ y prometió que se continuarían las maniobras de rescate hasta extraer los 63 cuerpos de los mineros aún atrapados en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos”, señala la misiva.

Reprobaron que se insista en difundir el argumento de que reanudar las tareas de rescate sería inevitablemente peligroso.

La única aberración que pudiera ocurrir sería negar a las familias el derecho humanitario de dar sepultura a sus seres queridos. Como esta obstrucción persiste, hemos decidido dar a conocer esta carta abierta, señala la organización Familia Pasta de Conchos.

El gobierno mexicano –advierten– no ha dado respuesta puntual a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a que este organismo internacional le solicitó, desde hace dos meses, un informe pormenorizado de este asunto.

Este sábado se celebrará una vez más, como cada día 19, una misa frente a las instalaciones del Grupo México, para exigir el rescate de los cuerpos. Además, decenas de organizaciones sindicales y sociales efectuarán por la tarde un mitin en el Monumento a la Revolución para ratificar esta exigencia, así como el respeto a los derechos laborales.

De manera simultánea, la STPS emitió un comunicado para desestimar las demandas de los gremios que desde el lunes pasado han salido a la calle a realizar manifestaciones de protesta.

En México no se persiguen (sic) ni se vulneran los derechos laborales, dijo la dependencia encabezada por Javier Lozano.

Durante la actual administración –afirmó– el país ha gozado de su mayor periodo de paz laboral en los últimos 30 años; en México se garantiza la libertad de asociación y la autonomía sindical, en el marco dispuesto por la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por nuestro país.

Las acciones de la STPS son y han sido responsables, transparentes y estrictamente apegadas a la legalidad, dijo.

Polémica por el rescate

Ante el caso Pasta de Conchos, la STPS ha insistido en que no existen las condiciones técnicas para proceder al rescate. La afirmación la sustentan en versiones de especialistas consultados por el gobierno federal y en el diagnóstico de los peritos de la Procuraduría General de la República.

La STPS subraya que sería irresponsable arriesgar más vidas con una nueva expedición hacia el fondo de esta mina de carbón, donde murieron 65 mineros y permanecen sepultados 63 desde el 19 de enero de 2006.

La posición gubernamental difiere de la investigación independiente de otros especialistas y de las gestiones de los propios deudos y organizaciones civiles.

En tanto, partidos políticos y legisladores de oposición reclaman también que se hagan otros esfuerzos para proceder al rescate.

El PRD recordó que en los hechos ocurridos hace un lustro, en San Juan Sabinas, Coahuila, existió la complicidad de las autoridades federales y estatales, en irregularidades que continúan en el sector minero.

La suspensión de las actividades de rescate de los mineros atrapados, decretada unilateralmente por los dueños de la mina con argumentos apócrifos y con la anuencia de los gobiernos federal y estatal produjo un rechazo en la opinión pública y ameritó una recomendación de la CNDH, subrayó el PRD.

Llegó el momento de que en este país haya al menos una señal de justicia, expresa el obispo

Carolina Gómez Mena

Cada día que pasa Pasta de Conchos sabe más a indignación, señaló el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, quien dijo que, a cinco años de la muerte de 65 trabajadores en dicha mina, queda más que claro que la razón de fondo para no entregar los cuerpos a los deudos es la protección a Grupo México.

En entrevista con este diario aseguró que los restos de los mineros que han fallecido, antes y después del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos han sido entregados a sus familiares, siendo la excepción los 63 que permanecen en ese socavón, a unos 150 metros de profundidad, lo cual calificó de escandaloso. Dijo que esto hace evidente que se está cubriendo el grado de responsabilidad que tiene Grupo México.

De acuerdo con información de la agrupación Familia Pasta de Conchos, “tanto antes de 2006 como después a todos los mineros [que se han accidentado] se les ha rescatado –unos mil 347–, ya sea vivos o muertos, pero todos han sido recuperados”.

Terrible deuda

Vera señaló que en este quinto aniversario del siniestro de Pasta de Conchos se debe resolver la terrible deuda que el gobierno tiene con los familiares de estos mineros, y por ello la única respuesta que esperan es que comience el rescate, y que se reactive la indagatoria que se abrió en la PGR y se someta a un juicio ejemplar a la empresa.

Ya llegó el momento en que en este país haya al menos una señal de justicia, se necesita un ejemplo de que aquí se puede juzgar a criminales, indicó.

El jerarca católico, quien oficiará al mediodía de hoy la misa para recordar a los mineros muertos en Pasta de Conchos, indicó que si las autoridades así como Grupo México le han apostado al olvido están equivocados, pues cada día se va a acrecentando la indignación y el deseo de castigo a los responsables.

Aseguró que no hay argumento creíble para negar o seguir postergando el rescate de los cuerpos. Ya hacen el ridículo al poner excusas para no emprenderlo, hay que desmontarle a Grupo México su teatro de que no se puede, que los cuerpos se desintegraron, que no había nada que hacer, cuando la verdad es que ni siquiera quisieron rescatar a los vivos”.

Cabe mencionar que Familia Pasta de Conchos ha insistido, con base en las condiciones en que se encontraron los dos cuerpos rescatados, que no puede darse como cierta la versión de que hubo una explosión por acumulación de gas y que todos murieron inmediatamente calcinados, como aseguró la empresa. Los dos mineros encontrados sólo tenían señales de aplastamiento, pues la mina se derrumbó debido a la carencia de medidas de protección en los túneles, afirman los deudos.

Vera precisó que tanto esta situación como otros aspectos, entre ellos el avance del crimen organizado y las dificultades con Francia y Estados Unidos tienen como trasfondo la corrupción que genera impunidad y forman parte de una cascada de acontecimientos, porque Pasta de Conchos no es un caso aislado, es otra muestra de la impunidad que prevalece en el país debido a la incapacidad para gobernar.

Insistió en que los deudos harán hasta lo imposible por el rescate. Familia Pasta de Conchos, con base en informes de expertos asegura que la operación es técnicamente posible, no necesariamente trágica, y moralmente urgente para cesar un sufrimiento que comenzó con una explosión fruto de la negligencia corresponsable de Industrial Minera México y del Estado mexicano por la omisión de los inspectores de la STPS.

Durante esta semana, en el contexto de los actos conmemorativos, los deudos han insistido: No quiero seguir llorándolo en un rincón; Queremos una tumba dónde llorarles; La mina no es panteón y que es una aberración que se queden en Pasta de Conchos, donde en vida sufrieron explotación

CARTONES DE LA JORNADA

Descalifica la consulta anunciada por el GDF; no se pidió un ejercicio plebiscitario: González Placencia

Insiste la CDHDF: el gobierno debe suspender la supervía

Descalifica la consulta anunciada por el GDF; no se pidió un ejercicio plebiscitario: González Placencia

De negarse a acatar la recomendación la Asamblea debería citar a Ebrard, afirma

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 38

La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado al gobierno de la ciudad para que a más tardar en seis días hábiles reconsidere su postura y acepte suspender la construcción de la supervía poniente en los términos marcados en la recomendación 1/2011.

Al dar a conocer su postura en torno a la aceptación parcial del documento, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, cuestionó la consulta anunciada por las autoridades con base en la Ley de Participación Ciudadana, ya que, dijo, no corresponde a lo recomendado, pues no se pidió un ejercicio de carácter plebiscitario. “No estamos pidiendo que la gente se manifieste en favor o no de la supervía, sino que se ponga a consulta la manifestación de impacto ambiental”.

En ese sentido, agregó, la comisión consideró no aceptados los puntos recomendatorios dos y tres, vinculados a la consulta pública, que se refieren a la realización de un diagnóstico de movilidad en la ciudad y garantizar la transparencia en la organización de la misma, en razón de que la suspensión de los trabajos es el núcleo de las medidas para reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos.

Acompañado de seis de los 10 integrantes del consejo de la CDHDF, González Placencia señaló que de persistir la negativa del gobierno a suspender la obra, corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la obligación de citar a comparecer al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, para que fundamente las razones de su decisión, como marca la ley local de derechos humanos.

Luis González Placencia, titular de la Comisión de los Derechos Humanos del DF, durante la lectura de la respuesta del organismo a la posición del GDF sobre la supervíaFoto Carlos Ramos Mamahua

Ante integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, el ombudsman reconoció que no puede hacer nada más por sus peticionarios, pues ya no tenemos más facultades, pero negó que la aceptación parcial de la recomendación signifique una derrota para la comisión, pues hay puntos que fueron aceptados y eso representa un avance.

Me parece que no es ningún fracaso; estamos consiguiendo que una parte de esos derechos puedan ser resarcidos; sobre lo otro (la suspensión de la obra), de verdad esperamos que haya alguna reconsideración, manifestó el titular de la comisión.

Durante el pronunciamiento, Luis González Placencia defendió la decisión de la CDHDF de recomendar la suspensión de los trabajos, pues se apegó a las facultades y obligaciones que le confiere la ley de la comisión, interpretada a la luz del principio jurídico de competencia de la competencia, según el cual el organismo a su cargo tiene la facultad inherente de fijar su propia competencia.

Reiteró que las violaciones a los derechos humanos por la construcción de la obra son de carácter continuo o permanente; de allí que la suspensión provisional sea la medida idónea para que se subsanen los vicios de origen en la autorización y se descarte fehacientemente la generación de daños ambientales, mediante la consulta pública que intencionadamente omitió realizar, incumpliendo el artículo 50 de la ley ambiental

Llega a 50% desabasto de medicinas en hospitales del ISSSTE en 3 estados

Carencia de reactivos y material de laboratorio provoca retrasos en estudios: dirigentes

Llega a 50% desabasto de medicinas en hospitales del ISSSTE en 3 estados

En los hospitales se postergan cirugías por falta de quirófanos, camas e incluso anestésicos

Ante la crisis, trabajadores de tres estados exigen intervención de legisladores y autoridades

Carlos Figueroa, Raymundo Leóny Javier Valdez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 35

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sufre desde enero un desabasto de medicamentos sin precedente, de alrededor de 50 por ciento, informaron ayer dirigentes sindicales, quienes advirtieron que esta crisis pone en riesgo la integridad de los derechohabientes.

De las 400 claves de medicamentos que la empresa Servicio Integral de Logística y Distribución surtiría al Centro Nacional de Distribución del ISSSTE, 200 no han llegado, confirmó Gonzalo de la Torre, director del hospital 12 de Agosto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La falta de medicinas es tal que 50 por ciento de las recetas expedidas por los médicos del hospital 12 de Agosto se subrogan, sostuvo el médico. En enero estuvimos peor porque llegamos a subrogar 60 por ciento de las recetas; ahora es 50 por ciento, pero no hemos dejado de entregar el medicamento a los derechohabientes, agregó.

El ISSSTE en Sinaloa padece desde enero un desabasto de alrededor de 50 por ciento, inédito en el estado, denunció María del Carmen Obeso Vázquez, secretaria general del sindicato de trabajadores de esta institución, quien pidió la intervención del Congreso del estado. Tenemos problemas en las clínicas y hospitales de Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que funcionan sin soluciones, jeringas, baumanómetros, expedientes ni gasas, denunció.

Recientemente en una clínica de Mazatlán, dijo, hombres armados retuvieron a varios trabajadores que no tenían medicinas para atender a un pariente.

En La Paz, Baja California Sur, integrantes del comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron ayer frente al hospital del ISSSTE para exigir medicamentos y denunciar la deficiente atención que se otorga a los derechohabientes.

Esteban Ojeda Ramírez, quien encabezó la protesta, señaló que al desabasto se suma la falta de reactivos en laboratorios de análisis clínicos, retrasos en la programación de estudios como rayos X, resonancias magnéticas y ultrasonidos, prolongadas esperas en citas con especialistas y mala atención en las áreas de urgencias.

Dijo que las condiciones del hospital son deprimentes, pues faltan quirófanos, además de camas, sábanas, batas y hasta anestesia, lo que ha obligado en muchos casos a suspender cirugías.

Ojeda Ramírez dijo que trabajadores de dependencias federales y del sindicato estatal de burócratas se acercaron al Comité Democrático del SNTE para iniciar una movilización a fin de resolver los problemas del hospital del ISSSTE en La Paz.

Indicó que este sábado dirigentes sindicales federales y del estado revisarán la situación del instituto

Hay 200 mil ninis en el Edomex: Imej

Ecatepec, Méx., 17 de febrero. En el estado de México hay alrededor de 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan (llamados ninis), principalmente en las zonas oriente y sur de la entidad, informó la directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), Melissa Vargas.

La funcionaria dio a conocer que el Imej lleva a cabo un estudio en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual servirá para delinear programas y una política para el sector.

Al encabezar la instalación del Consejo Estatal de la Juventud, la funcionaria aseguró que el estudio será de gran utilidad. “Actualmente tenemos unos 200 mil jóvenes catalogados como ninis, ya descartando las madres solteras, que son jóvenes que no estudian ni trabajan pero hacen una labor en el hogar y que antes se incluían en este sector”.

Adelantó que el análisis servirá para que los programas de apoyo se hagan con base en historias de vida y de las opiniones de los jóvenes.

Destacó que el gobierno mexiquense ya aplica programas de educación e impulso al primer empleo, lo que ha reducido el número de ninis, problema que afecta a todos los niveles socioeconómicos del estado.

En el estado de México hay 15.1 millones de habitantes, de los cuales un tercio (4.9 millones) son jóvenes de 12 a 29 años de edad

Guanajuato: exigen tipificar feminicidio

Celaya, Gto. Mireya Toledo, de 34 años de edad, fue asesinada por su esposo Abelino Reyes, de 70 años, de un balazo en la cabeza. Con este crimen suman cinco los asesinatos de mujeres perpetrados en la entidad en este año, por lo cual la organización no gubernamental Centro Las Libres exigió al Congreso local que incluya en el Código Penal el delito de feminicidio. El homicidio de Mireya –quien según la procuraduría estatal era víctima frecuente de violencia familiar– se perpetró la madrugada del miércoles en la comunidad Jáuregui, municipio de Celaya.

Denuncian estrategia de exterminio contra defensores de derechos humanos

Denuncian estrategia de exterminio contra defensores de derechos humanos

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 14

El incendio de la casa de la activista Malú García Andrade, sumado a las agresiones contra Sara Salazar, Susana Chávez y Marisela Escobedo, forma parte de una estrategia de exterminio contra los defensores de derechos humanos en Chihuahua y en todo el país, y demuestra la complicidad entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad del gobierno, denunciaron integrantes de organizaciones civiles.

Lucha Castro, cofundadora de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, señaló: este nuevo acto criminal nos deja perplejas, atónitas, realmente sin palabras. Ya no vemos salidas para realizar nuestro trabajo, y éstas son señales enviadas por el Estado mexicano de que estamos en una situación de total impunidad.

Esta agresión, advirtió, ya puede considerarse parte de una estrategia de exterminio contra los defensores de derechos humanos, y recordó que de acuerdo con el informe Entre el compromiso y el riesgo, elaborado en 2010 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de cada cinco homicidios de defensores en el país, tres ocurrieron en Chihuahua.

Está claro que en la entidad hay una epidemia de violaciones a los derechos humanos cometidas por los criminales y por los mismos militares y policías federales. Las defensoras estamos vulnerables, porque ante una ciudadanía pasmada y que no se atreve a hablar, somos nosotras las que damos la cara, sostuvo.

De continuar la indolencia de las autoridades municipales, estatales y federales, “tendremos que voltear a instancias internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, para que realicen visitas in situ y desvíen la mirada del mundo hacia acá”.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó su preocupación por la seguridad de las activistas de Chihuahua, y acusó a las autoridades de todos los niveles de dar nula respuesta a los actos de violencia contra los defensores de derechos humanos.

“El gobierno está más preocupado por la guerra contra el narco y no hace nada para frenar la violencia. Es un Estado fallido que obliga a la gente a salir de sus comunidades y que da un mensaje claro para que las organizaciones dejen de denunciar los feminicidios, la trata de personas o las fallas del nuevo sistema de justicia penal

Aumenta en lo que va del sexenio el porcentaje de jóvenes ejecutados

Aumenta en lo que va del sexenio el porcentaje de jóvenes ejecutados

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 16

A la par que ha crecido en este sexenio el número de homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado, también se han reportado más muertes de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, así como de mujeres.

La estadística gubernamental señala que los 34 mil 712 asesinatos relacionados con el crimen organizado se dividen en dos categorías: ejecuciones, que sumaron 30 mil 913 de diciembre de 2006 al mismo mes de 2010; y enfrentamientos y agresiones, con otros 3 mil 699 casos.

Los datos fueron obtenidos de la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada, creada por la Presidencia y hecha pública el pasado 12 de enero.

En diciembre de 2006, los asesinatos de jóvenes de entre 16 y 30 años significaron 13.5 por ciento de 62 casos; en 2007 el porcentaje aumentó a 11.9 de 2 mil 595 ejecutados; en 2008 pasó a 26.5 de 6 mil 183; en 2009 se mantuvo el crecimiento con 28.2 de 8 mil 906 muertes; en 2010 el porcentaje alcanzó 28.4 de 15 mil 184 casos.

La base informática no permite contabilizar de manera directa cada caso ni ubicarlo por municipios; únicamente se ofrecen porcentajes que pueden traducirse en cantidades aproximadas debido a que junto con cada tabla de datos se muestra el número de ejecuciones ocurridas durante el año por estado de la República.

En el contexto de los homicidios por grupos de edad, desde los registros de 2006 hasta el año pasado, el mayor porcentaje lo ocupan las víctimas de las cuales no se pudo determinar su edad, por lo cual, en promedio, la estadística refiere que 50 por ciento de ellos formaron parte del grupo denominado sin determinar.

Los otros dos grupos de edad que mayor porcentaje representan son los ejecutados de entre 21 y 40 años, que significaron 23.6 puntos en 2006; en 2007 ambos grupos sumaron 23.3; en 2008 llegaron a 39.9; en 2009 a 39.6 y en 2010 a 38.6 puntos.

Otro grupo que tuvo un aumento notable fue el de jóvenes entre 16 y 20 años, ya que pasó de 1.1 por ciento en 2007 a 7.1 por ciento en 2010.

Por lo que se refiere a las mujeres victimadas, en 2006 el porcentaje fue de cinco puntos de 63 asesinatos. De enero a diciembre de 2007 se cometieron 2 mil 595 homicidios, 6.3 por ciento eran mujeres; en 2008 se contabilizaron 6 mil 183 asesinatos, 4.6 por ciento correspondieron al género femenino. En 2009, la violencia dejó 8 mil 906 personas ejecutadas, de las cuales 5.8 por ciento fueron mujeres; para 2010 se reportaron 15 mil 184 ejecuciones, de las cuales 6.6 por ciento correspondió a mujeres

Respaldan mujeres de Chiapas a indígenas presos del ejido de San Sebastián Bachajón

Respaldan mujeres de Chiapas a indígenas presos del ejido de San Sebastián Bachajón

Rechazan que las autoridades pretendan privatizar la tierra y los recursos naturales de la zona

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 24

San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de febrero. Colectivos de mujeres indígenas organizadas en la zona norte del estado, incluyendo las pertenecientes a los ejidos San Sebastián y San Jerónimo Bachajón, expresaron su respaldo a los 10 presos del primer ejido, acusados de crímenes que aseguran no haber cometido, y dirigieron un elocuente mensaje al gobierno estatal demandando su liberación inmediata.

No queremos centro ecoturístico en nuestras tierras, manifestaron. No queremos privatización de la tierra y los recursos naturales, ni más amenazas y represión en nuestras comunidades. No queremos divisiones y enfrentamientos por su culpa, y tampoco su compasión, sino su respeto. No nos pueden desalojar de nuestras tierras, las trabajamos y las defenderemos porque nos dan de comer y de vivir.

Pertenecientes a los colectivos Las Gaviotas, Las Golondrinas, Las Palomas, Las Colibrí, Mujeres de Johosil, así como de la otra campaña y personas independientes, las mujeres tzeltales y choles manifestaron: “Sabemos del enfrentamiento ocurrido el 2 de febrero entre grupos de la otra campaña y del PRI (y PVEM) por la toma de la caseta de cobro de Agua Azul, y los resultados de un muerto, muchos lastimados y 117 detenidos, de los que ahora 10 están presos en la cárcel de Playas de Catazaja”.

Rechazan “la grave represión que ha habido en contra de nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña, y sabemos que el objetivo del gobierno es comprar a todos y todas, dividirnos y quedarse con nuestras tierras, pero no lo vamos a permitir”.

Advierten al gobierno de Chiapas que seguirán organizándose como mujeres en la defensa de nuestra tierra y nuestra dignidad. Y le dicen: Entienda que nosotras vivimos de lo que cosechamos y de lo que trabajamos y que la tierra es la raíz de una vida digna para nosotras y nuestras familias. Queremos una propiedad familiar y que las autoridades sean para el pueblo, que respeten lo que decide el pueblo, así como su manera de organizarse.

En referencia a los problemas colaterales a la situación actual, que ha causado represión contra los ejidatarios de San Sebastián por resistir los proyectos de desarrollo turístico y reconversión productiva, las mujeres organizadas también expresan: No queremos más alcoholismo en nuestra comunidad porque genera violencia hacia las mujeres; no queremos que el gobierno dé permiso para vender alcohol en las comunidades. Exigimos respeto y justicia para nuestros pueblos indígenas. Que pare de hacernos firmar acuerdos para la privatización de la tierra. Sabemos que tenemos derechos y vamos a defenderlos. Que deje de dividirnos. Sabemos que los proyectos y programas de gobierno sirven para dividir nuestras comunidades, para que entre nosotros, hombres y mujeres indígenas nos confrontemos.

La Jornada pudo observar una alta incidencia de alcoholismo y drogadicción en el centro Alan Sacum, uno de los poblados de San Sebastián Bachajón, donde el grupo oficialista mantiene amedrentadas a las familias, y en días pasados obligó a muchas de ellas a firmar el acta que permitió al gobierno un acuerdo sobre la caseta y el cobro de peaje a los visitantes de Agua Azul, que contraviene la voluntad de los ejidatarios adherentes a la otra campaña.

Los colectivos demandaron respeto a sus formas de organización y decisión: “No queremos que la Procuraduría Agraria nos imponga a las autoridades en el ejido. Queremos un comisariado que respete la lucha por la defensa de nuestra tierra, porque también los compañeros de la otra campaña están luchando por defenderla de la privatización”.

Exigen que se garantice el respeto al derecho de las mujeres a la tierra: Que se escuche nuestra palabra en las asambleas, porque la tierra también es nuestra: la heredamos de nuestros abuelos y abuelas y también tenemos derecho a decidir en ella, porque la trabajamos. Que pare la represión, hostigamientos y violencia hacia hombres y mujeres, no queremos más la presencia de militares y policías en nuestras comunidades. Queremos decirle al gobierno que como mujeres estamos organizadas, tenemos fuerza y nuestra lucha no va a parar con amenazas ni proyectos.

También se manifestaron por la libertad de los presos de San Sebastián otras organizaciones comunitarias como Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica en Tila y el Consejo Regional Autónomo de la Región Costa, entre otros

CARTONES DE LA JORNADA

A educación pública, fondos por deducir colegiaturas, pide Narro

A educación pública, fondos por deducir colegiaturas, pide Narro

Cuando solicitamos más presupuesto dicen que no hay y de pronto aparece, afirma

Apertura de la sala La química está en todo, en el Museo de las Ciencias UniversumFoto Marco Peláez

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 42

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, exigió al gobierno federal seguir escarbando para encontrar más recursos del erario que puedan invertirse en la educación pública del país. Advirtió que la universidad estará en desacuerdo con que se busque establecer bonos educativos con recursos públicos para las instituciones privadas.

Le pedimos a las autoridades gubernamentales que sigan escarbando, porque a lo mejor por ahí encuentran más recursos y ya tienen quienes podamos ayudarlos a bien invertirlos, a mejor invertirlos, dijo al referirse al decreto firmado el lunes pasado por Felipe Calderón que permitirá deducir el pago de colegiaturas en colegios particulares desde prescolar hasta bachillerato.

Durante la inauguración de la sala La química está en todo, en el Museo de las Ciencias Universum –acto con el que arrancaron las actividades por el Año Internacional de la Química en nuestro país–, el rector subrayó que los apoyos a la educación, de todo tipo, son bienvenidos, pero nos gustan más los apoyos a la educación pública.

El mismo lunes, Calderón también anunció que para el caso de la enseñanza superior se establecerán créditos escolares. En alusión a ello, Narro advirtió: De una buena vez me anticipo, no vaya a ser que encuentren recursos y se piense que se puede hacer un bono educativo para la parte privada, no estaríamos de acuerdo en lo absoluto.

Expuso que “con la mitad de los recursos que nos informó el secretario de Hacienda (Ernesto Cordero), con 6 mil 500 millones de pesos anuales, en cuatro años acabamos con el analfabetismo en este país. O si invirtiéramos esa cantidad de manera sostenida y creciente en educación superior, en una década México duplicará la cobertura en ese nivel.

¿Verdad que sí había recursos, que sí se podían encontrar 13 mil millones de pesos? ¿Verdad que cuando hay voluntad e interés por definir o apoyar una prioridad aparecen los recursos que se necesitan? Lo que necesitamos es recursos para poder resolver problemas esenciales que están a nuestro alcance.

Indicó que llama la atención que cuando muchos “pedimos algunos recursos nos digan ‘no hay’ y, de pronto, aparezcan”. Para Narro la medida anunciada por Calderón no es una de las prioridades sociales ni educativas, ni tampoco la mejor manera de ayudar a resolver el déficit que se tiene en la educación básica.

“Nos gusta más que a las instituciones públicas de educación se canalicen los recursos que hacen falta. Nos gustaría más que a la investigación científica se pudiera canalizar estos ahorros que encontraron cuando se quieren encontrar, porque ahí están, ahí estaban. Nos encantaría y lo digo, seguro a nombre de mi comunidad, que esos 12 o 13 mil millones de pesos pudieran destinarse a la investigación científica porque México se está quedando atrás.

“Esta universidad y las instituciones públicas hemos demostrado, y aquí está (el Nobel de Química 1995) Mario Molina –presente en el acto– como ejemplo de que somos capaces de formar profesionales de alta categoría y calidad, profesionales que pueden salir a terminar su formación en centros de excelencia y que con apoyo pueden realmente poner el nombre de México en alto.

Omite Estado protección a migrantes: ONG

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y ECPAT México exigieron que el Estado aceptar las 69 recomendaciones que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU formuló, referentes a los protocolos sobre la utilización de menores en conflictos armados y para la venta de pornografía infantil.

Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, dijo que la actuación del Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, se ha visto superada por el impacto que el conflicto tiene en la vida social. “En algunos casos su actuación frente a menores víctimas de agresiones ha resultado contraria a los derechos de la infancia.

En rueda de prensa destacó: observamos que se incrementa el estigma en contra de niños, niñas y adolescentes que fallecen en las acciones militares contra el narcotráfico, a quienes de inmediato asocia con actividades delictivas, sin pruebas, ni investigación; quizás por esta razón la mayoría de los decesos de infantes ha quedado en la impunidad.

Actualmente no existe información oficial sobre el número de menores detenidos y asesinados en la lucha contra el delito organizado.

Norma Negrete, coordinadora Nacional de ECPAT, señaló que las cifras sobre víctimas de la explotación sexual comercial de menores son inconsistentes como para dar cuenta real del problema; éstas oscilan desde las 16 mil hasta los 2 millones, pasando por datos que van de 32 mil, 60 mil, 80 mil y un millón y medio de víctimas

Para 2030 se duplicarán los casos de cáncer de pulmón en México, advierten

Para 2030 se duplicarán los casos de cáncer de pulmón en México, advierten

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 46

En México se diagnostican entre 8 mil y 10 mil casos anuales de cáncer de pulmón, la mayoría de los cuales se detectan en fase muy avanzada, por lo cual es de las enfermedades con más alto índice de mortalidad en el país.

Así lo afirmó Óscar Arrieta, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Cancerología (INC), quien advirtió que dicha cifra podría ser mucho mayor, y que incluso para 2030 podría llegar a duplicarse, a causa del agotamiento del bono demográfico.

Durante la presentación del primer protocolo de investigación en pacientes mexicanos con cáncer de pulmón, el especialista anunció que en los próximos meses comenzará a aplicarse un estudio en 15 centros de salud de toda la República, que beneficiará a 150 pacientes.

Este esquema consiste en administrar a los enfermos un medicamento molecular de última generación, diseñado por un laboratorio internacional, que podría ayudarlos a mejorar su calidad de vida y extender su periodo de supervivencia, al reducir el tamaño de los tumores que se alojan en ciertas partes del cuerpo.

Arrieta explicó que en los estados del norte del país la incidencia de este tipo de cáncer es más alta, debido quizá a los mayores índices de tabaquismo en dicha zona, y que aunque esta enfermedad todavía afecta más a los hombres, la cantidad de mujeres que la padecen va en aumento.

Este mal –provocado también por la exposición al humo de leña– se detecta en una fase temprana sólo en 1.2 por ciento de los casos, por lo que suele ser fulminante en la mayoría de los enfermos, cuya edad promedio en el país es de 60 años, cinco menos que en naciones industrializadas.

Sin ningún tratamiento, los pacientes tienen una sobrevida después del diagnóstico de sólo cuatro meses, mientras que con una terapia adecuada, este periodo se puede extender hasta los 15 o 16 meses, y con mejores condiciones generales para los afectados, aseveró.

Por su parte, el director general del INC, Alejandro Mohar, alertó que en 20 años es probable que los casos de cáncer de pulmón se dupliquen, por lo que llamó a intensificar la realización de estudios multicéntricos para desarrollar nuevas estrategias clínicas en el combate a la enfermedad, además de garantizar el abasto de medicamentos

Aumentan casos de prostitución infantil ligados a la Internet

Aumentan casos de prostitución infantil ligados a la Internet

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 40

En los cuatro años recientes, en el Distrito Federal se ha dado un aumento en los casos de menores de edad víctimas de prostitución y trata; incluso cada vez un mayor número de niños son captados por bandas mediante Internet, señaló la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Lo anterior, señaló el organismo, muestra que falta capacitación a las autoridades encargadas de la investigación y prevención de esta problemática, motivo por el cual, junto con representantes de los sectores salud, educativo, justicia y organizaciones de la sociedad civil, pactó la creación de una red de referencia y contrarreferencia para generar las condiciones de preparación y comunicación interinstitucional en torno de esta problemática.

El titular de la comisión, Luis González Placencia, destacó que no hay claridad en los datos sobre el número real de actos de violencia sexual contra la infancia, pero sí sabemos que se han incrementado.

Se trata, dijo, de actos que se dan en el ámbito de lo íntimo, donde se construyen relaciones abusivas y el círculo que se va generando entre los abusadores y las víctimas, que, con mucha frecuencia, pasan de la confianza al chantaje, luego a la culpa y al silencio, lo que ocasiona que haya una altísima cifra oscura que tenemos que ir abatiendo.

De allí, agregó, la importancia de tener esta red, cuya tarea será detectar estos problemas y hacerlos visibles a las instituciones, para de esta manera ayudar a quien sufrió el abuso y prevenir la aparición de nuevos abusadores.

Durante la firma de la carta compromiso para la creación de la red, Luciana Ramos Lira, investigadora del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente, dijo que la violencia sexual contra menores de edad tiene un impacto muy grave en la salud mental de las víctimas, que llegan a tener problemas de adicciones, depresión y síntomas postraumáticos.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que junto con las procuradurías de la región centro del país se buscará impulsar una estrategia para el combate de la pornografía infantil y la trata de personas.

A principios de este mes la procuraduría capitalina detuvo a integrantes de una red dedicada a la distribución de pornografía infantil mediante la red social Facebook, en la cual se hacían pasar por menores de edad para convencer a niños de posar desnudos ante las cámaras web. Antes, fueron detectadas dos células de bandas dedicadas a intercambiar por medio de correo electrónico fotografías y videos de sexo explícito con menores

Los servicios a ex presidentes cuestan al país 32.6 millones de pesos anuales

Los servicios a ex presidentes cuestan al país 32.6 millones de pesos anuales

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 14

Los servicios de ayudantía y seguridad para los cinco ex presidentes de la República cuestan al país 32.6 millones de pesos al año.

Con carga al erario, 166 personas, entre militares y civiles, sirven a cinco ex presidentes, desde Luis Echeverría hasta Vicente Fox. De los que forman parte del personal civil, 13 reciben honorarios por plazas de jefes y subdirectores de área, aun cuando ninguno tiene concluida una carrera profesional. Algunos apenas terminaron la secundaria, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las irregularidades en los apoyos a los ex presidentes, se detectó que la viuda de José López Portillo, Sasha Montenegro, recibió en 2009 una pensión de 900 mil pesos, pero la Presidencia no retuvo el impuesto sobre la renta (ISR).

En los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento hecho a la Presidencia, la ASF informó que la viuda de López Portillo recibió una pensión equivalente a la mitad de las percepciones netas de un servidor público con cargo de secretario de Estado, sin que se le haya aplicado la retención por concepto de ISR, a diferencia de los cinco ex presidentes.

Hecha la observación, Los Pinos informó en un oficio del 8 de octubre de 2010 que se consultó con el Sistema de Administración Tributaria el trato fiscal que debía darse a la pensión de Montenegro. La respuesta fue que le es aplicable el ISR, y la Presidencia realizó un pago de 287 mil 600 pesos, pero para 2010 sí realizó la retención respectiva.

La auditoría informó que Echeverría tiene a su servicio 23 civiles y cuatro militares, con un costo anual de 3 millones 611 mil 200 pesos; Miguel de la Madrid, 23 civiles y 18 militares (7 millones 495 mil 500); Carlos Salinas, 14 civiles y 19 militares (7 millones 930 mil); Ernesto Zedillo, 11 civiles y 17 militares (4 millones 683 mil 500), y Fox, 20 civiles y 17 militares (8 millones 940 mil 600).

Al revisar los expedientes de los 91 civiles al servicio de los ex presidentes, la ASF encontró que en 13 casos las plazas no corresponden al grado de escolaridad.

En el caso de De la Madrid, tres jefes de departamento tienen secundaria y carrera técnica; en el de Salinas, tres jefes de departamento sólo cursaron secundaria, y cuatro subdirectores de área tienen bachillerato, secretariado ejecutivo y uno es pasante de ingeniero; con Zedillo, un subdirector de área sólo concluyó el bachillerato, y con Fox, un subdirector de área es pasante de relaciones industriales, mientras un jefe de departamento sólo terminó la secundaria.

Lo anterior se debe, concluyó la ASF, a que la Presidencia no cuenta con un perfil de puestos

Asesinan a dos mujeres jóvenes en Ciudad Juárez

Asesinan a dos mujeres jóvenes en Ciudad Juárez

Rubén Villalpando y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 20

Dos mujeres fueron asesinadas la noche del martes en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que las dos jóvenes desaparecidas en el municipio de Valle de Chalco, estado de México, desde el 12 de febrero anterior, fueron halladas sin vida en ejidos de Chalco, informaron autoridades judiciales.

Las mujeres a quienes se les dio muerte en Juárez con armas de fuego de tres calibres, incluyendo ojivas de rifle AK 47, no han sido identificadas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, zona norte. Las jóvenes fueron atacadas cuando salían de un restaurante.

Uno de los cadáveres quedó en el interior de una camioneta Suburban gris modelo 2011, con placas CK2B899, de Texas, estacionada junto al centro comercial Galerías Tec. La segunda mujer estaba tirada boca abajo sobre la cinta asfáltica. Según la FGE, zona norte, este mes se ha dado muerte a 25 mujeres solamente en Juárez, y a ocho más en el resto de la entidad.

En tanto, la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense dio a conocer que halló el cadáver de Gabriela Villalba, de 20 años de edad, a quien se vio con vida por última vez el sábado anterior en compañía de su prima, de 15 años, que también fue asesinada.

La ASE indicó que los cuerpos fueron localizados en diferentes horas y a una distancia de 500 metros uno de otro. Precisó que el primer cadáver fue hallado la noche del martes, y el segundo la mañana de este miércoles, ambos aproximadamente a dos kilómetros de la carretera rural Chalco-Tláhuac, en territorio de Chalco.

La Procuraduría General de Justicia del estado de México inició al respecto la carpeta de investigación 24197055000-6611.

La dependencia inició necropsias a los cuerpos. Los efectivos policiacos que hicieron los hallazgos no pudieron determinar qué tipo de lesiones presentaban las jóvenes y tampoco si sufrieron ataque sexual

En Juárez hay una cacería de activistas con la tolerancia de autoridades: ONG

En Juárez hay una cacería de activistas con la tolerancia de autoridades: ONG

Rubén Villalpando y Víctor Ballinas

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 21

La desaparición de tres miembros de la familia Reyes Salazar y el incendio de su casa, ocurrido el martes, muestra el grado de impunidad con la que se manejan grupos criminales en esta localidad y en poblados agrícolas del valle de Juárez, consideraron activistas de los derechos humanos, mientras que para Amnistía Internacional (AI) este caso es un emblema de los agravios contra activistas y evidencia la incapacidad del Estado para evitarlos.

Alberto Herrera, director del organismo internacional, consideró que no es adecuado que el gobierno federal sólo se enfoque en el combate a la delincuencia organizada. Señaló que el asesinato de la activista Josefina Reyes, ocurrido en enero de 2010, la ejecución de su hermano siete meses más tarde y, la semana pasada, el secuestro de otros dos de sus hermanos, Malena y Elías Reyes, así como la esposa de este último, hablan de que hay una violencia no sólo focalizada en uno de los miembros de la familia, sino contra varios de ellos. Podría hablarse, incluso, de exterminio; aunque la palabra es muy fuerte, definitivamente lo que hay es violencia contra toda la familia, advirtió.

“El mensaje puede ser muy claro: ‘dejen de hacer lo que están haciendo. Salgan del camino o váyanse a otro estado’”, comentó Herrera.

En Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que es urgente organizar un sólido frente común para enfrentar la embestida de delincuentes, quienes aparentemente cuentan con la protección de autoridades, y que aprovechan la ola de violencia para amenazar, e incluso eliminar a luchadores sociales y activistas en favor de los derechos humanos.

Ortiz, quien ha sido amenazada y víctima de la violencia –su yerno Jesús Alfredo Portillo fue asesinado en noviembre de 2009–, afirmó que las amenazas, crímenes y desapariciones de activistas sociales modifica el trabajo, el actuar en defensa de las garantías constitucionales.

Agregó que en el caso de la familia Reyes Salazar se debe responsabilizar al Estado, que no ha actuado para proteger la vida y propiedades, ya que en estos momentos ni siquiera la vida de Marisela, de su hermana y activistas en huelga de hambre han cuidado.

Es más, dijo, las autoridades ni siquiera han sido capaces de atender con médicos la salud Marisela Reyes, quien está en huelga de hambre desde la semana pasada para exigir que se devuelva con vida a sus hermanos Elías y Malena, lo mismo que a su cuñada Luisa Ornelas, levantados el pasado 7 de febrero.

Según Ortiz, el asesinato de Marisela Escobedo, a quien se dio muerte en diciembre anterior ante el palacio de gobierno de Chihuahua, cuando protestaba para exigir la aprehensión del homicida confeso de su hija Rubí Marisol Frayre –liberado en un juicio oral–, demostró que las personas que matan luchadores sociales actúan con total impunidad.

Por su parte, la también activista Patricia Mendoza dijo que desde la semana pasada solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para la familia Reyes Salazar, entre ellas protección para sus casas y para ellos, pero hasta hoy no han hecho caso, a pesar del peligro evidente.

Claudia Reyes, hermana de los levantados y de la ayunante, aseguró que a ella y a su madre Sara Salazar no nos interesa si queman las siete casas y tres negocios que teníamos, ya que no volveremos a vivir en Guadalupe y Juárez y Reforma, ya que solamente esperamos que vuelvan con vida los tres desaparecidos.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseveró que el caso de la activista Josefina Reyes pone en evidencia la falta de capacidad para investigar, sancionar y juzgar a quien comete estos delitos. Aquí lo que hay es negligencia, porque el Estado tiene la responsabilidad de investigar y conducir con profesionalismo la indagatoria, lo que no ha ocurrido.

Arriaga añadió: el Estado “ha sido negligente en conducir las investigaciones, pues no hay resultados claros y el pretexto es decir que estos actos tienen que ver con la violencia de los cárteles, es una postura que denota falta de diagnóstico, así como políticas de seguridad carentes de resultados. Nos preocupa la falta de una estrategia clara en Ciudad Juárez y en Chihuahua”.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sostuvo que el caso de la familia Reyes Salazar evidencia que la impunidad es generalizada en Chihuahua y en particular cuando se actúa contra defensores de los derechos humanos

Los 10 detenidos en Bachajón, rehenes para forzarnos a aceptar plan turístico: indígenas

Los 10 detenidos en Bachajón, rehenes para forzarnos a aceptar plan turístico: indígenas

Quieren que firmemos un acuerdo para entregar a trasnacionales la caseta de Playa Azul

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 22

San Sebastián Bachajón Chis, 16 de febrero. “Nuestros 10 compañeros presos en Playas de Catazajá fueron tomados como rehenes por el gobierno del estado, como medida para forzarnos a aceptar su proyecto ecoturístico y acabar con la organización de la otra campaña en el ejido”, dijo esta tarde un representante de los tzeltales en el bloqueo carretero, a pocos metros del crucero a las cascadas de Agua Azul, en dirección a Ocosingo. De Palenque a este crucero la vía está libre.

Demandan la liberación de sus compañeros y denuncian que tanto la agresión a la caseta del ejido –el pasado 2 de febrero– como los actos posteriores han sido provocados por grupos oficialistas y funcionarios del gobierno estatal decididos a desactivar de una vez por todas el obstáculo que representa su resistencia para los planes de explosivo desarrollo turístico.

Diversos representantes gubernamentales presionaron este fin de semana a los ejidatarios de la otra campaña para que participaran en un acuerdo (que como quiera se firmó sin ellos).

Particularmente reveladora resulta la actuación de José Manuel Morales, delegado de Gobierno en Ocosingo, quien según testimonio del representante ejidal, el fin de semana dijo al preso Domingo Pérez Álvaro: Si firmas el acuerdo, digo que estabas conmigo y ya no hay delito. En efecto, resulta que el día de los hechos, el acusado se encontraba en Ocosingo con Morales discutiendo precisamente el problema. A sabiendas de que el indígena está preso por un delito que no cometió, le ofreció un acuerdo para salir libre.

Los dos detenidos con cargos más graves: Jerónimo Guzmán Méndez y Pérez Álvaro, a quienes se acusa de disparar contra un grupo oficialista que ocupó la caseta el día 2, ni siquiera se encontraban presentes en los acontecimientos por los cuales son reos. Jerónimo estaba en otra comunidad llevando comunicación, y Domingo en Ocosingo, como queda dicho.

Los ejidatarios recuerdan que el pasado 3 de febrero fueron detenidos 117 de sus compañeros, y 107 fueron liberados dos días después. Diez siguen presos con delitos fabricados por el gobierno, sus colaboradores priístas y servidores públicos actuales y pasados del municipio de Chilón. Claramente se ve el interés del gobierno federal y estatal por la inversión de las empresas trasnacionales para el famoso centro ecoturístico de las cascadas de Agua Azul.

Adherentes a la otra campaña mantienen el bloqueo de la carretera que entronca hacia las cascadas de Agua Azul, para exigir la liberación de 10 de sus compañeros presos por los hechos violentos ocurridos el 2 de febreroFoto Moysés Zúñiga Santiago

Con un papel en la mano –al que no mira–, el representante tzeltal relata que el día 12 se presentaron en la sede municipal autónoma de San José en Rebeldía (a unos pasos de donde estamos ahora) cinco funcionarios, integrantes del gobierno corrupto y secuestrador: Horacio Moreno Alcázar, subsecretario de Gobierno ,y el secretario particular Luis Beltrán Zuarth, además de los funcionarios del sector social Gilberto Gómez, Ernesto Guzmán López y Ernesto Monterrosa Aguilar.

Traían la propuesta –abunda el indígena– según que para dialogar con el gobierno sobre una minuta de acuerdo para que la caseta sea suya, y una vez firmando el convenio dijeron que liberarían a los compañeros; que se instale la mesa de diálogo y asunto arreglado, dijeron los cínicos. El hombre expresa: Les respondimos que tenemos nuestra dignidad para defender nuestro ejido, es herencia ancestral, no para las manos de las empresas.

Ante el rechazo, los funcionarios se dirigieron a la cárcel de Catazajá a convencer a los presos de que si ellos y sus familias aceptaban el diálogo, no había delito que perseguir. Ofertaron que, al firmar el acta del convenio, cinco salían libres, y el resto cuando signaran el acuerdo. O sea, la libertad a cambio de la caseta y el centro ecoturístico, concluyen los ejidatarios, ofendidos. Entonces, el único delito de los compañeros es defender sus recursos naturales y su autonomía y libre determinación como pueblos indígenas.

En referencia a este problema del acceso a las cascadas de Agua Azul, un grupo de abogados sostuvo ayer en estas páginas que el gobierno carece de facultad legal alguna para administrar bienes ejidales. No obstante, el Ejecutivo de Chiapas, por medio de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Noé Castañón León, permitió que un grupo de miembros del Partido Verde Ecologista de México y de la priísta Fundación Colosio despojaran al ejido de su caseta, para que luego la policía la recuperara y destruyera, y días después el gobierno de Chiapas la entregara a la Secretaría de Hacienda

CARTONES DE LA JORNADA