Llega a 50% desabasto de medicinas en hospitales del ISSSTE en 3 estados

Carencia de reactivos y material de laboratorio provoca retrasos en estudios: dirigentes

Llega a 50% desabasto de medicinas en hospitales del ISSSTE en 3 estados

En los hospitales se postergan cirugías por falta de quirófanos, camas e incluso anestésicos

Ante la crisis, trabajadores de tres estados exigen intervención de legisladores y autoridades

Carlos Figueroa, Raymundo Leóny Javier Valdez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 35

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sufre desde enero un desabasto de medicamentos sin precedente, de alrededor de 50 por ciento, informaron ayer dirigentes sindicales, quienes advirtieron que esta crisis pone en riesgo la integridad de los derechohabientes.

De las 400 claves de medicamentos que la empresa Servicio Integral de Logística y Distribución surtiría al Centro Nacional de Distribución del ISSSTE, 200 no han llegado, confirmó Gonzalo de la Torre, director del hospital 12 de Agosto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La falta de medicinas es tal que 50 por ciento de las recetas expedidas por los médicos del hospital 12 de Agosto se subrogan, sostuvo el médico. En enero estuvimos peor porque llegamos a subrogar 60 por ciento de las recetas; ahora es 50 por ciento, pero no hemos dejado de entregar el medicamento a los derechohabientes, agregó.

El ISSSTE en Sinaloa padece desde enero un desabasto de alrededor de 50 por ciento, inédito en el estado, denunció María del Carmen Obeso Vázquez, secretaria general del sindicato de trabajadores de esta institución, quien pidió la intervención del Congreso del estado. Tenemos problemas en las clínicas y hospitales de Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que funcionan sin soluciones, jeringas, baumanómetros, expedientes ni gasas, denunció.

Recientemente en una clínica de Mazatlán, dijo, hombres armados retuvieron a varios trabajadores que no tenían medicinas para atender a un pariente.

En La Paz, Baja California Sur, integrantes del comité democrático de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron ayer frente al hospital del ISSSTE para exigir medicamentos y denunciar la deficiente atención que se otorga a los derechohabientes.

Esteban Ojeda Ramírez, quien encabezó la protesta, señaló que al desabasto se suma la falta de reactivos en laboratorios de análisis clínicos, retrasos en la programación de estudios como rayos X, resonancias magnéticas y ultrasonidos, prolongadas esperas en citas con especialistas y mala atención en las áreas de urgencias.

Dijo que las condiciones del hospital son deprimentes, pues faltan quirófanos, además de camas, sábanas, batas y hasta anestesia, lo que ha obligado en muchos casos a suspender cirugías.

Ojeda Ramírez dijo que trabajadores de dependencias federales y del sindicato estatal de burócratas se acercaron al Comité Democrático del SNTE para iniciar una movilización a fin de resolver los problemas del hospital del ISSSTE en La Paz.

Indicó que este sábado dirigentes sindicales federales y del estado revisarán la situación del instituto

Hay 200 mil ninis en el Edomex: Imej

Ecatepec, Méx., 17 de febrero. En el estado de México hay alrededor de 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan (llamados ninis), principalmente en las zonas oriente y sur de la entidad, informó la directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), Melissa Vargas.

La funcionaria dio a conocer que el Imej lleva a cabo un estudio en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual servirá para delinear programas y una política para el sector.

Al encabezar la instalación del Consejo Estatal de la Juventud, la funcionaria aseguró que el estudio será de gran utilidad. “Actualmente tenemos unos 200 mil jóvenes catalogados como ninis, ya descartando las madres solteras, que son jóvenes que no estudian ni trabajan pero hacen una labor en el hogar y que antes se incluían en este sector”.

Adelantó que el análisis servirá para que los programas de apoyo se hagan con base en historias de vida y de las opiniones de los jóvenes.

Destacó que el gobierno mexiquense ya aplica programas de educación e impulso al primer empleo, lo que ha reducido el número de ninis, problema que afecta a todos los niveles socioeconómicos del estado.

En el estado de México hay 15.1 millones de habitantes, de los cuales un tercio (4.9 millones) son jóvenes de 12 a 29 años de edad

Guanajuato: exigen tipificar feminicidio

Celaya, Gto. Mireya Toledo, de 34 años de edad, fue asesinada por su esposo Abelino Reyes, de 70 años, de un balazo en la cabeza. Con este crimen suman cinco los asesinatos de mujeres perpetrados en la entidad en este año, por lo cual la organización no gubernamental Centro Las Libres exigió al Congreso local que incluya en el Código Penal el delito de feminicidio. El homicidio de Mireya –quien según la procuraduría estatal era víctima frecuente de violencia familiar– se perpetró la madrugada del miércoles en la comunidad Jáuregui, municipio de Celaya.

Denuncian estrategia de exterminio contra defensores de derechos humanos

Denuncian estrategia de exterminio contra defensores de derechos humanos

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 14

El incendio de la casa de la activista Malú García Andrade, sumado a las agresiones contra Sara Salazar, Susana Chávez y Marisela Escobedo, forma parte de una estrategia de exterminio contra los defensores de derechos humanos en Chihuahua y en todo el país, y demuestra la complicidad entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad del gobierno, denunciaron integrantes de organizaciones civiles.

Lucha Castro, cofundadora de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, señaló: este nuevo acto criminal nos deja perplejas, atónitas, realmente sin palabras. Ya no vemos salidas para realizar nuestro trabajo, y éstas son señales enviadas por el Estado mexicano de que estamos en una situación de total impunidad.

Esta agresión, advirtió, ya puede considerarse parte de una estrategia de exterminio contra los defensores de derechos humanos, y recordó que de acuerdo con el informe Entre el compromiso y el riesgo, elaborado en 2010 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de cada cinco homicidios de defensores en el país, tres ocurrieron en Chihuahua.

Está claro que en la entidad hay una epidemia de violaciones a los derechos humanos cometidas por los criminales y por los mismos militares y policías federales. Las defensoras estamos vulnerables, porque ante una ciudadanía pasmada y que no se atreve a hablar, somos nosotras las que damos la cara, sostuvo.

De continuar la indolencia de las autoridades municipales, estatales y federales, “tendremos que voltear a instancias internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, para que realicen visitas in situ y desvíen la mirada del mundo hacia acá”.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó su preocupación por la seguridad de las activistas de Chihuahua, y acusó a las autoridades de todos los niveles de dar nula respuesta a los actos de violencia contra los defensores de derechos humanos.

“El gobierno está más preocupado por la guerra contra el narco y no hace nada para frenar la violencia. Es un Estado fallido que obliga a la gente a salir de sus comunidades y que da un mensaje claro para que las organizaciones dejen de denunciar los feminicidios, la trata de personas o las fallas del nuevo sistema de justicia penal

Aumenta en lo que va del sexenio el porcentaje de jóvenes ejecutados

Aumenta en lo que va del sexenio el porcentaje de jóvenes ejecutados

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 16

A la par que ha crecido en este sexenio el número de homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado, también se han reportado más muertes de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, así como de mujeres.

La estadística gubernamental señala que los 34 mil 712 asesinatos relacionados con el crimen organizado se dividen en dos categorías: ejecuciones, que sumaron 30 mil 913 de diciembre de 2006 al mismo mes de 2010; y enfrentamientos y agresiones, con otros 3 mil 699 casos.

Los datos fueron obtenidos de la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada, creada por la Presidencia y hecha pública el pasado 12 de enero.

En diciembre de 2006, los asesinatos de jóvenes de entre 16 y 30 años significaron 13.5 por ciento de 62 casos; en 2007 el porcentaje aumentó a 11.9 de 2 mil 595 ejecutados; en 2008 pasó a 26.5 de 6 mil 183; en 2009 se mantuvo el crecimiento con 28.2 de 8 mil 906 muertes; en 2010 el porcentaje alcanzó 28.4 de 15 mil 184 casos.

La base informática no permite contabilizar de manera directa cada caso ni ubicarlo por municipios; únicamente se ofrecen porcentajes que pueden traducirse en cantidades aproximadas debido a que junto con cada tabla de datos se muestra el número de ejecuciones ocurridas durante el año por estado de la República.

En el contexto de los homicidios por grupos de edad, desde los registros de 2006 hasta el año pasado, el mayor porcentaje lo ocupan las víctimas de las cuales no se pudo determinar su edad, por lo cual, en promedio, la estadística refiere que 50 por ciento de ellos formaron parte del grupo denominado sin determinar.

Los otros dos grupos de edad que mayor porcentaje representan son los ejecutados de entre 21 y 40 años, que significaron 23.6 puntos en 2006; en 2007 ambos grupos sumaron 23.3; en 2008 llegaron a 39.9; en 2009 a 39.6 y en 2010 a 38.6 puntos.

Otro grupo que tuvo un aumento notable fue el de jóvenes entre 16 y 20 años, ya que pasó de 1.1 por ciento en 2007 a 7.1 por ciento en 2010.

Por lo que se refiere a las mujeres victimadas, en 2006 el porcentaje fue de cinco puntos de 63 asesinatos. De enero a diciembre de 2007 se cometieron 2 mil 595 homicidios, 6.3 por ciento eran mujeres; en 2008 se contabilizaron 6 mil 183 asesinatos, 4.6 por ciento correspondieron al género femenino. En 2009, la violencia dejó 8 mil 906 personas ejecutadas, de las cuales 5.8 por ciento fueron mujeres; para 2010 se reportaron 15 mil 184 ejecuciones, de las cuales 6.6 por ciento correspondió a mujeres

Respaldan mujeres de Chiapas a indígenas presos del ejido de San Sebastián Bachajón

Respaldan mujeres de Chiapas a indígenas presos del ejido de San Sebastián Bachajón

Rechazan que las autoridades pretendan privatizar la tierra y los recursos naturales de la zona

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 24

San Cristóbal de las Casas, Chis., 17 de febrero. Colectivos de mujeres indígenas organizadas en la zona norte del estado, incluyendo las pertenecientes a los ejidos San Sebastián y San Jerónimo Bachajón, expresaron su respaldo a los 10 presos del primer ejido, acusados de crímenes que aseguran no haber cometido, y dirigieron un elocuente mensaje al gobierno estatal demandando su liberación inmediata.

No queremos centro ecoturístico en nuestras tierras, manifestaron. No queremos privatización de la tierra y los recursos naturales, ni más amenazas y represión en nuestras comunidades. No queremos divisiones y enfrentamientos por su culpa, y tampoco su compasión, sino su respeto. No nos pueden desalojar de nuestras tierras, las trabajamos y las defenderemos porque nos dan de comer y de vivir.

Pertenecientes a los colectivos Las Gaviotas, Las Golondrinas, Las Palomas, Las Colibrí, Mujeres de Johosil, así como de la otra campaña y personas independientes, las mujeres tzeltales y choles manifestaron: “Sabemos del enfrentamiento ocurrido el 2 de febrero entre grupos de la otra campaña y del PRI (y PVEM) por la toma de la caseta de cobro de Agua Azul, y los resultados de un muerto, muchos lastimados y 117 detenidos, de los que ahora 10 están presos en la cárcel de Playas de Catazaja”.

Rechazan “la grave represión que ha habido en contra de nuestros compañeros y compañeras de la otra campaña, y sabemos que el objetivo del gobierno es comprar a todos y todas, dividirnos y quedarse con nuestras tierras, pero no lo vamos a permitir”.

Advierten al gobierno de Chiapas que seguirán organizándose como mujeres en la defensa de nuestra tierra y nuestra dignidad. Y le dicen: Entienda que nosotras vivimos de lo que cosechamos y de lo que trabajamos y que la tierra es la raíz de una vida digna para nosotras y nuestras familias. Queremos una propiedad familiar y que las autoridades sean para el pueblo, que respeten lo que decide el pueblo, así como su manera de organizarse.

En referencia a los problemas colaterales a la situación actual, que ha causado represión contra los ejidatarios de San Sebastián por resistir los proyectos de desarrollo turístico y reconversión productiva, las mujeres organizadas también expresan: No queremos más alcoholismo en nuestra comunidad porque genera violencia hacia las mujeres; no queremos que el gobierno dé permiso para vender alcohol en las comunidades. Exigimos respeto y justicia para nuestros pueblos indígenas. Que pare de hacernos firmar acuerdos para la privatización de la tierra. Sabemos que tenemos derechos y vamos a defenderlos. Que deje de dividirnos. Sabemos que los proyectos y programas de gobierno sirven para dividir nuestras comunidades, para que entre nosotros, hombres y mujeres indígenas nos confrontemos.

La Jornada pudo observar una alta incidencia de alcoholismo y drogadicción en el centro Alan Sacum, uno de los poblados de San Sebastián Bachajón, donde el grupo oficialista mantiene amedrentadas a las familias, y en días pasados obligó a muchas de ellas a firmar el acta que permitió al gobierno un acuerdo sobre la caseta y el cobro de peaje a los visitantes de Agua Azul, que contraviene la voluntad de los ejidatarios adherentes a la otra campaña.

Los colectivos demandaron respeto a sus formas de organización y decisión: “No queremos que la Procuraduría Agraria nos imponga a las autoridades en el ejido. Queremos un comisariado que respete la lucha por la defensa de nuestra tierra, porque también los compañeros de la otra campaña están luchando por defenderla de la privatización”.

Exigen que se garantice el respeto al derecho de las mujeres a la tierra: Que se escuche nuestra palabra en las asambleas, porque la tierra también es nuestra: la heredamos de nuestros abuelos y abuelas y también tenemos derecho a decidir en ella, porque la trabajamos. Que pare la represión, hostigamientos y violencia hacia hombres y mujeres, no queremos más la presencia de militares y policías en nuestras comunidades. Queremos decirle al gobierno que como mujeres estamos organizadas, tenemos fuerza y nuestra lucha no va a parar con amenazas ni proyectos.

También se manifestaron por la libertad de los presos de San Sebastián otras organizaciones comunitarias como Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica en Tila y el Consejo Regional Autónomo de la Región Costa, entre otros

CARTONES DE LA JORNADA

A educación pública, fondos por deducir colegiaturas, pide Narro

A educación pública, fondos por deducir colegiaturas, pide Narro

Cuando solicitamos más presupuesto dicen que no hay y de pronto aparece, afirma

Apertura de la sala La química está en todo, en el Museo de las Ciencias UniversumFoto Marco Peláez

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 42

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, exigió al gobierno federal seguir escarbando para encontrar más recursos del erario que puedan invertirse en la educación pública del país. Advirtió que la universidad estará en desacuerdo con que se busque establecer bonos educativos con recursos públicos para las instituciones privadas.

Le pedimos a las autoridades gubernamentales que sigan escarbando, porque a lo mejor por ahí encuentran más recursos y ya tienen quienes podamos ayudarlos a bien invertirlos, a mejor invertirlos, dijo al referirse al decreto firmado el lunes pasado por Felipe Calderón que permitirá deducir el pago de colegiaturas en colegios particulares desde prescolar hasta bachillerato.

Durante la inauguración de la sala La química está en todo, en el Museo de las Ciencias Universum –acto con el que arrancaron las actividades por el Año Internacional de la Química en nuestro país–, el rector subrayó que los apoyos a la educación, de todo tipo, son bienvenidos, pero nos gustan más los apoyos a la educación pública.

El mismo lunes, Calderón también anunció que para el caso de la enseñanza superior se establecerán créditos escolares. En alusión a ello, Narro advirtió: De una buena vez me anticipo, no vaya a ser que encuentren recursos y se piense que se puede hacer un bono educativo para la parte privada, no estaríamos de acuerdo en lo absoluto.

Expuso que “con la mitad de los recursos que nos informó el secretario de Hacienda (Ernesto Cordero), con 6 mil 500 millones de pesos anuales, en cuatro años acabamos con el analfabetismo en este país. O si invirtiéramos esa cantidad de manera sostenida y creciente en educación superior, en una década México duplicará la cobertura en ese nivel.

¿Verdad que sí había recursos, que sí se podían encontrar 13 mil millones de pesos? ¿Verdad que cuando hay voluntad e interés por definir o apoyar una prioridad aparecen los recursos que se necesitan? Lo que necesitamos es recursos para poder resolver problemas esenciales que están a nuestro alcance.

Indicó que llama la atención que cuando muchos “pedimos algunos recursos nos digan ‘no hay’ y, de pronto, aparezcan”. Para Narro la medida anunciada por Calderón no es una de las prioridades sociales ni educativas, ni tampoco la mejor manera de ayudar a resolver el déficit que se tiene en la educación básica.

“Nos gusta más que a las instituciones públicas de educación se canalicen los recursos que hacen falta. Nos gustaría más que a la investigación científica se pudiera canalizar estos ahorros que encontraron cuando se quieren encontrar, porque ahí están, ahí estaban. Nos encantaría y lo digo, seguro a nombre de mi comunidad, que esos 12 o 13 mil millones de pesos pudieran destinarse a la investigación científica porque México se está quedando atrás.

“Esta universidad y las instituciones públicas hemos demostrado, y aquí está (el Nobel de Química 1995) Mario Molina –presente en el acto– como ejemplo de que somos capaces de formar profesionales de alta categoría y calidad, profesionales que pueden salir a terminar su formación en centros de excelencia y que con apoyo pueden realmente poner el nombre de México en alto.

Omite Estado protección a migrantes: ONG

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y ECPAT México exigieron que el Estado aceptar las 69 recomendaciones que el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU formuló, referentes a los protocolos sobre la utilización de menores en conflictos armados y para la venta de pornografía infantil.

Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, dijo que la actuación del Estado mexicano, en sus distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, se ha visto superada por el impacto que el conflicto tiene en la vida social. “En algunos casos su actuación frente a menores víctimas de agresiones ha resultado contraria a los derechos de la infancia.

En rueda de prensa destacó: observamos que se incrementa el estigma en contra de niños, niñas y adolescentes que fallecen en las acciones militares contra el narcotráfico, a quienes de inmediato asocia con actividades delictivas, sin pruebas, ni investigación; quizás por esta razón la mayoría de los decesos de infantes ha quedado en la impunidad.

Actualmente no existe información oficial sobre el número de menores detenidos y asesinados en la lucha contra el delito organizado.

Norma Negrete, coordinadora Nacional de ECPAT, señaló que las cifras sobre víctimas de la explotación sexual comercial de menores son inconsistentes como para dar cuenta real del problema; éstas oscilan desde las 16 mil hasta los 2 millones, pasando por datos que van de 32 mil, 60 mil, 80 mil y un millón y medio de víctimas

Para 2030 se duplicarán los casos de cáncer de pulmón en México, advierten

Para 2030 se duplicarán los casos de cáncer de pulmón en México, advierten

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 46

En México se diagnostican entre 8 mil y 10 mil casos anuales de cáncer de pulmón, la mayoría de los cuales se detectan en fase muy avanzada, por lo cual es de las enfermedades con más alto índice de mortalidad en el país.

Así lo afirmó Óscar Arrieta, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Cancerología (INC), quien advirtió que dicha cifra podría ser mucho mayor, y que incluso para 2030 podría llegar a duplicarse, a causa del agotamiento del bono demográfico.

Durante la presentación del primer protocolo de investigación en pacientes mexicanos con cáncer de pulmón, el especialista anunció que en los próximos meses comenzará a aplicarse un estudio en 15 centros de salud de toda la República, que beneficiará a 150 pacientes.

Este esquema consiste en administrar a los enfermos un medicamento molecular de última generación, diseñado por un laboratorio internacional, que podría ayudarlos a mejorar su calidad de vida y extender su periodo de supervivencia, al reducir el tamaño de los tumores que se alojan en ciertas partes del cuerpo.

Arrieta explicó que en los estados del norte del país la incidencia de este tipo de cáncer es más alta, debido quizá a los mayores índices de tabaquismo en dicha zona, y que aunque esta enfermedad todavía afecta más a los hombres, la cantidad de mujeres que la padecen va en aumento.

Este mal –provocado también por la exposición al humo de leña– se detecta en una fase temprana sólo en 1.2 por ciento de los casos, por lo que suele ser fulminante en la mayoría de los enfermos, cuya edad promedio en el país es de 60 años, cinco menos que en naciones industrializadas.

Sin ningún tratamiento, los pacientes tienen una sobrevida después del diagnóstico de sólo cuatro meses, mientras que con una terapia adecuada, este periodo se puede extender hasta los 15 o 16 meses, y con mejores condiciones generales para los afectados, aseveró.

Por su parte, el director general del INC, Alejandro Mohar, alertó que en 20 años es probable que los casos de cáncer de pulmón se dupliquen, por lo que llamó a intensificar la realización de estudios multicéntricos para desarrollar nuevas estrategias clínicas en el combate a la enfermedad, además de garantizar el abasto de medicamentos

Aumentan casos de prostitución infantil ligados a la Internet

Aumentan casos de prostitución infantil ligados a la Internet

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 40

En los cuatro años recientes, en el Distrito Federal se ha dado un aumento en los casos de menores de edad víctimas de prostitución y trata; incluso cada vez un mayor número de niños son captados por bandas mediante Internet, señaló la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Lo anterior, señaló el organismo, muestra que falta capacitación a las autoridades encargadas de la investigación y prevención de esta problemática, motivo por el cual, junto con representantes de los sectores salud, educativo, justicia y organizaciones de la sociedad civil, pactó la creación de una red de referencia y contrarreferencia para generar las condiciones de preparación y comunicación interinstitucional en torno de esta problemática.

El titular de la comisión, Luis González Placencia, destacó que no hay claridad en los datos sobre el número real de actos de violencia sexual contra la infancia, pero sí sabemos que se han incrementado.

Se trata, dijo, de actos que se dan en el ámbito de lo íntimo, donde se construyen relaciones abusivas y el círculo que se va generando entre los abusadores y las víctimas, que, con mucha frecuencia, pasan de la confianza al chantaje, luego a la culpa y al silencio, lo que ocasiona que haya una altísima cifra oscura que tenemos que ir abatiendo.

De allí, agregó, la importancia de tener esta red, cuya tarea será detectar estos problemas y hacerlos visibles a las instituciones, para de esta manera ayudar a quien sufrió el abuso y prevenir la aparición de nuevos abusadores.

Durante la firma de la carta compromiso para la creación de la red, Luciana Ramos Lira, investigadora del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente, dijo que la violencia sexual contra menores de edad tiene un impacto muy grave en la salud mental de las víctimas, que llegan a tener problemas de adicciones, depresión y síntomas postraumáticos.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que junto con las procuradurías de la región centro del país se buscará impulsar una estrategia para el combate de la pornografía infantil y la trata de personas.

A principios de este mes la procuraduría capitalina detuvo a integrantes de una red dedicada a la distribución de pornografía infantil mediante la red social Facebook, en la cual se hacían pasar por menores de edad para convencer a niños de posar desnudos ante las cámaras web. Antes, fueron detectadas dos células de bandas dedicadas a intercambiar por medio de correo electrónico fotografías y videos de sexo explícito con menores

Los servicios a ex presidentes cuestan al país 32.6 millones de pesos anuales

Los servicios a ex presidentes cuestan al país 32.6 millones de pesos anuales

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 14

Los servicios de ayudantía y seguridad para los cinco ex presidentes de la República cuestan al país 32.6 millones de pesos al año.

Con carga al erario, 166 personas, entre militares y civiles, sirven a cinco ex presidentes, desde Luis Echeverría hasta Vicente Fox. De los que forman parte del personal civil, 13 reciben honorarios por plazas de jefes y subdirectores de área, aun cuando ninguno tiene concluida una carrera profesional. Algunos apenas terminaron la secundaria, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las irregularidades en los apoyos a los ex presidentes, se detectó que la viuda de José López Portillo, Sasha Montenegro, recibió en 2009 una pensión de 900 mil pesos, pero la Presidencia no retuvo el impuesto sobre la renta (ISR).

En los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento hecho a la Presidencia, la ASF informó que la viuda de López Portillo recibió una pensión equivalente a la mitad de las percepciones netas de un servidor público con cargo de secretario de Estado, sin que se le haya aplicado la retención por concepto de ISR, a diferencia de los cinco ex presidentes.

Hecha la observación, Los Pinos informó en un oficio del 8 de octubre de 2010 que se consultó con el Sistema de Administración Tributaria el trato fiscal que debía darse a la pensión de Montenegro. La respuesta fue que le es aplicable el ISR, y la Presidencia realizó un pago de 287 mil 600 pesos, pero para 2010 sí realizó la retención respectiva.

La auditoría informó que Echeverría tiene a su servicio 23 civiles y cuatro militares, con un costo anual de 3 millones 611 mil 200 pesos; Miguel de la Madrid, 23 civiles y 18 militares (7 millones 495 mil 500); Carlos Salinas, 14 civiles y 19 militares (7 millones 930 mil); Ernesto Zedillo, 11 civiles y 17 militares (4 millones 683 mil 500), y Fox, 20 civiles y 17 militares (8 millones 940 mil 600).

Al revisar los expedientes de los 91 civiles al servicio de los ex presidentes, la ASF encontró que en 13 casos las plazas no corresponden al grado de escolaridad.

En el caso de De la Madrid, tres jefes de departamento tienen secundaria y carrera técnica; en el de Salinas, tres jefes de departamento sólo cursaron secundaria, y cuatro subdirectores de área tienen bachillerato, secretariado ejecutivo y uno es pasante de ingeniero; con Zedillo, un subdirector de área sólo concluyó el bachillerato, y con Fox, un subdirector de área es pasante de relaciones industriales, mientras un jefe de departamento sólo terminó la secundaria.

Lo anterior se debe, concluyó la ASF, a que la Presidencia no cuenta con un perfil de puestos

Asesinan a dos mujeres jóvenes en Ciudad Juárez

Asesinan a dos mujeres jóvenes en Ciudad Juárez

Rubén Villalpando y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 20

Dos mujeres fueron asesinadas la noche del martes en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que las dos jóvenes desaparecidas en el municipio de Valle de Chalco, estado de México, desde el 12 de febrero anterior, fueron halladas sin vida en ejidos de Chalco, informaron autoridades judiciales.

Las mujeres a quienes se les dio muerte en Juárez con armas de fuego de tres calibres, incluyendo ojivas de rifle AK 47, no han sido identificadas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, zona norte. Las jóvenes fueron atacadas cuando salían de un restaurante.

Uno de los cadáveres quedó en el interior de una camioneta Suburban gris modelo 2011, con placas CK2B899, de Texas, estacionada junto al centro comercial Galerías Tec. La segunda mujer estaba tirada boca abajo sobre la cinta asfáltica. Según la FGE, zona norte, este mes se ha dado muerte a 25 mujeres solamente en Juárez, y a ocho más en el resto de la entidad.

En tanto, la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense dio a conocer que halló el cadáver de Gabriela Villalba, de 20 años de edad, a quien se vio con vida por última vez el sábado anterior en compañía de su prima, de 15 años, que también fue asesinada.

La ASE indicó que los cuerpos fueron localizados en diferentes horas y a una distancia de 500 metros uno de otro. Precisó que el primer cadáver fue hallado la noche del martes, y el segundo la mañana de este miércoles, ambos aproximadamente a dos kilómetros de la carretera rural Chalco-Tláhuac, en territorio de Chalco.

La Procuraduría General de Justicia del estado de México inició al respecto la carpeta de investigación 24197055000-6611.

La dependencia inició necropsias a los cuerpos. Los efectivos policiacos que hicieron los hallazgos no pudieron determinar qué tipo de lesiones presentaban las jóvenes y tampoco si sufrieron ataque sexual

En Juárez hay una cacería de activistas con la tolerancia de autoridades: ONG

En Juárez hay una cacería de activistas con la tolerancia de autoridades: ONG

Rubén Villalpando y Víctor Ballinas

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 21

La desaparición de tres miembros de la familia Reyes Salazar y el incendio de su casa, ocurrido el martes, muestra el grado de impunidad con la que se manejan grupos criminales en esta localidad y en poblados agrícolas del valle de Juárez, consideraron activistas de los derechos humanos, mientras que para Amnistía Internacional (AI) este caso es un emblema de los agravios contra activistas y evidencia la incapacidad del Estado para evitarlos.

Alberto Herrera, director del organismo internacional, consideró que no es adecuado que el gobierno federal sólo se enfoque en el combate a la delincuencia organizada. Señaló que el asesinato de la activista Josefina Reyes, ocurrido en enero de 2010, la ejecución de su hermano siete meses más tarde y, la semana pasada, el secuestro de otros dos de sus hermanos, Malena y Elías Reyes, así como la esposa de este último, hablan de que hay una violencia no sólo focalizada en uno de los miembros de la familia, sino contra varios de ellos. Podría hablarse, incluso, de exterminio; aunque la palabra es muy fuerte, definitivamente lo que hay es violencia contra toda la familia, advirtió.

“El mensaje puede ser muy claro: ‘dejen de hacer lo que están haciendo. Salgan del camino o váyanse a otro estado’”, comentó Herrera.

En Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo que es urgente organizar un sólido frente común para enfrentar la embestida de delincuentes, quienes aparentemente cuentan con la protección de autoridades, y que aprovechan la ola de violencia para amenazar, e incluso eliminar a luchadores sociales y activistas en favor de los derechos humanos.

Ortiz, quien ha sido amenazada y víctima de la violencia –su yerno Jesús Alfredo Portillo fue asesinado en noviembre de 2009–, afirmó que las amenazas, crímenes y desapariciones de activistas sociales modifica el trabajo, el actuar en defensa de las garantías constitucionales.

Agregó que en el caso de la familia Reyes Salazar se debe responsabilizar al Estado, que no ha actuado para proteger la vida y propiedades, ya que en estos momentos ni siquiera la vida de Marisela, de su hermana y activistas en huelga de hambre han cuidado.

Es más, dijo, las autoridades ni siquiera han sido capaces de atender con médicos la salud Marisela Reyes, quien está en huelga de hambre desde la semana pasada para exigir que se devuelva con vida a sus hermanos Elías y Malena, lo mismo que a su cuñada Luisa Ornelas, levantados el pasado 7 de febrero.

Según Ortiz, el asesinato de Marisela Escobedo, a quien se dio muerte en diciembre anterior ante el palacio de gobierno de Chihuahua, cuando protestaba para exigir la aprehensión del homicida confeso de su hija Rubí Marisol Frayre –liberado en un juicio oral–, demostró que las personas que matan luchadores sociales actúan con total impunidad.

Por su parte, la también activista Patricia Mendoza dijo que desde la semana pasada solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República medidas cautelares para la familia Reyes Salazar, entre ellas protección para sus casas y para ellos, pero hasta hoy no han hecho caso, a pesar del peligro evidente.

Claudia Reyes, hermana de los levantados y de la ayunante, aseguró que a ella y a su madre Sara Salazar no nos interesa si queman las siete casas y tres negocios que teníamos, ya que no volveremos a vivir en Guadalupe y Juárez y Reforma, ya que solamente esperamos que vuelvan con vida los tres desaparecidos.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseveró que el caso de la activista Josefina Reyes pone en evidencia la falta de capacidad para investigar, sancionar y juzgar a quien comete estos delitos. Aquí lo que hay es negligencia, porque el Estado tiene la responsabilidad de investigar y conducir con profesionalismo la indagatoria, lo que no ha ocurrido.

Arriaga añadió: el Estado “ha sido negligente en conducir las investigaciones, pues no hay resultados claros y el pretexto es decir que estos actos tienen que ver con la violencia de los cárteles, es una postura que denota falta de diagnóstico, así como políticas de seguridad carentes de resultados. Nos preocupa la falta de una estrategia clara en Ciudad Juárez y en Chihuahua”.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sostuvo que el caso de la familia Reyes Salazar evidencia que la impunidad es generalizada en Chihuahua y en particular cuando se actúa contra defensores de los derechos humanos

Los 10 detenidos en Bachajón, rehenes para forzarnos a aceptar plan turístico: indígenas

Los 10 detenidos en Bachajón, rehenes para forzarnos a aceptar plan turístico: indígenas

Quieren que firmemos un acuerdo para entregar a trasnacionales la caseta de Playa Azul

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 22

San Sebastián Bachajón Chis, 16 de febrero. “Nuestros 10 compañeros presos en Playas de Catazajá fueron tomados como rehenes por el gobierno del estado, como medida para forzarnos a aceptar su proyecto ecoturístico y acabar con la organización de la otra campaña en el ejido”, dijo esta tarde un representante de los tzeltales en el bloqueo carretero, a pocos metros del crucero a las cascadas de Agua Azul, en dirección a Ocosingo. De Palenque a este crucero la vía está libre.

Demandan la liberación de sus compañeros y denuncian que tanto la agresión a la caseta del ejido –el pasado 2 de febrero– como los actos posteriores han sido provocados por grupos oficialistas y funcionarios del gobierno estatal decididos a desactivar de una vez por todas el obstáculo que representa su resistencia para los planes de explosivo desarrollo turístico.

Diversos representantes gubernamentales presionaron este fin de semana a los ejidatarios de la otra campaña para que participaran en un acuerdo (que como quiera se firmó sin ellos).

Particularmente reveladora resulta la actuación de José Manuel Morales, delegado de Gobierno en Ocosingo, quien según testimonio del representante ejidal, el fin de semana dijo al preso Domingo Pérez Álvaro: Si firmas el acuerdo, digo que estabas conmigo y ya no hay delito. En efecto, resulta que el día de los hechos, el acusado se encontraba en Ocosingo con Morales discutiendo precisamente el problema. A sabiendas de que el indígena está preso por un delito que no cometió, le ofreció un acuerdo para salir libre.

Los dos detenidos con cargos más graves: Jerónimo Guzmán Méndez y Pérez Álvaro, a quienes se acusa de disparar contra un grupo oficialista que ocupó la caseta el día 2, ni siquiera se encontraban presentes en los acontecimientos por los cuales son reos. Jerónimo estaba en otra comunidad llevando comunicación, y Domingo en Ocosingo, como queda dicho.

Los ejidatarios recuerdan que el pasado 3 de febrero fueron detenidos 117 de sus compañeros, y 107 fueron liberados dos días después. Diez siguen presos con delitos fabricados por el gobierno, sus colaboradores priístas y servidores públicos actuales y pasados del municipio de Chilón. Claramente se ve el interés del gobierno federal y estatal por la inversión de las empresas trasnacionales para el famoso centro ecoturístico de las cascadas de Agua Azul.

Adherentes a la otra campaña mantienen el bloqueo de la carretera que entronca hacia las cascadas de Agua Azul, para exigir la liberación de 10 de sus compañeros presos por los hechos violentos ocurridos el 2 de febreroFoto Moysés Zúñiga Santiago

Con un papel en la mano –al que no mira–, el representante tzeltal relata que el día 12 se presentaron en la sede municipal autónoma de San José en Rebeldía (a unos pasos de donde estamos ahora) cinco funcionarios, integrantes del gobierno corrupto y secuestrador: Horacio Moreno Alcázar, subsecretario de Gobierno ,y el secretario particular Luis Beltrán Zuarth, además de los funcionarios del sector social Gilberto Gómez, Ernesto Guzmán López y Ernesto Monterrosa Aguilar.

Traían la propuesta –abunda el indígena– según que para dialogar con el gobierno sobre una minuta de acuerdo para que la caseta sea suya, y una vez firmando el convenio dijeron que liberarían a los compañeros; que se instale la mesa de diálogo y asunto arreglado, dijeron los cínicos. El hombre expresa: Les respondimos que tenemos nuestra dignidad para defender nuestro ejido, es herencia ancestral, no para las manos de las empresas.

Ante el rechazo, los funcionarios se dirigieron a la cárcel de Catazajá a convencer a los presos de que si ellos y sus familias aceptaban el diálogo, no había delito que perseguir. Ofertaron que, al firmar el acta del convenio, cinco salían libres, y el resto cuando signaran el acuerdo. O sea, la libertad a cambio de la caseta y el centro ecoturístico, concluyen los ejidatarios, ofendidos. Entonces, el único delito de los compañeros es defender sus recursos naturales y su autonomía y libre determinación como pueblos indígenas.

En referencia a este problema del acceso a las cascadas de Agua Azul, un grupo de abogados sostuvo ayer en estas páginas que el gobierno carece de facultad legal alguna para administrar bienes ejidales. No obstante, el Ejecutivo de Chiapas, por medio de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Noé Castañón León, permitió que un grupo de miembros del Partido Verde Ecologista de México y de la priísta Fundación Colosio despojaran al ejido de su caseta, para que luego la policía la recuperara y destruyera, y días después el gobierno de Chiapas la entregara a la Secretaría de Hacienda

CARTONES DE LA JORNADA

Gobiernos locales contra el "manejo electoral" por lámparas ahorradoras

Gobiernos locales contra el manejo electoral por lámparas ahorradoras

La reforma aprobada no obliga al manejo controlado de residuos de mercurio ni especifica que debe haber confinamientos especiales, señaló la legisladora del partido del sol azteca

Enrique Méndez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 44

Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que valida la decisión presidencial de sustituir las lámparas incandescentes por las fluorescentes o ahorradoras, que –a propuesta del PRI– serán distribuidas por los gobiernos estatales y municipales para evitar que el cambio sea utilizado por el gobierno federal con fines electorales.

El diputado Guillermo Ruiz de Teresa (PRI) propuso que en el cambio de lámparas incandescentes por las de gas de mercurio, que se entregarán a las familias, se incluya a las administraciones locales.

En la discusión de la reforma, el priísta propuso modificar el artículo 7 del dictamen e incluir un transitorio para que sean los estados y municipios los que ejecuten el cambio de lámparas y envíen un informe anual a la Secretaría de Energía, con la finalidad de que ésta evalúe los resultados de utilizar lámparas de bajo consumo de energía eléctrica.

El PAN trató de evitar el candado, y el presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú, alegó que conceder a estados y municipios la política de sustitución implicaría una invasión al fuero interno de las dependencias federales, que también están obligadas a desechar su iluminación eléctrica ineficiente.

Juan Gerardo Flores (PVEM) respondió que la modificación no quita al gobierno federal sus atribuciones de sustituir sus lámparas. No existe confusión alguna en su responsabilidad, dijo.

La reforma, aprobada por 407 votos y dos abstenciones, concede a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) imponer multas equivalentes a entre 100 y 10 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien fabrique, importe, distribuya o comercialice lámparas no ahorradoras y que en sus empaques no incluyan información acerca del consumo eléctrico estimado en los hogares.

Una niña de kínder hace su tarea con ayuda de una lámpara de baterias en su casa de la colonia Campamento 2 de Octubre, debido a la falta de energía eléctrica por la falla en un transformadorFoto José Carlo González

El dictamen de la Comisión de Energía resalta que la reforma busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero, a consecuencia de ahorros de energía eléctrica mediante la elaboración y aplicación de un instrumento normativo que propicie el uso generalizado de lámparas eficientes e impida la comercialización futura de lámparas incandescentes.

Agustín Torres Ibarrola (PAN) explicó que al usar lámparas incandescentes México contribuye con uno por ciento en el total de los gases de efecto invernadero del planeta, y que la reforma servirá para contribuirá a reducir la contaminación.

Refirió que las lámparas fluorescentes consumen 75 por ciento menos de electricidad y tienen una duración 10 veces mayor que las incandescentes, y que al dejar de utilizar éstas dejarán de emitirse entre 780 mil a un millón de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera y se habrá ahorrado un millón de barriles de petróleo para generación de energía eléctrica.

La legisladora Laura Itzel Castillo cuestionó que la reforma no obliga a un manejo controlado de los residuos de las lámparas fluorescentes, que funcionan con gas de mercurio, y no se especifica que deba haber confinamientos especializados.

Este dictamen debe considerar qué hacer con el mercurio. Es decir, un proyecto más acabado y no solamente seguir las instrucciones de Felipe Calderón, señaló.

Porque, acusó, Felipe de Jesús Cantú congeló varios meses las iniciativas que, por separado, presentaron las diputadas Ninfa Salinas Sada (PVEM) y Valentina Díaz (PAN).

El panista esperó a que el presidente Felipe Calderón firmara en Cancún una norma oficial para la sustitución de lámparas para que la comisión votara el dictamen, concluyó Castillo

Respeto a derechos humanos, eje de la nueva ley de migración que prepara el Senado

Respeto a derechos humanos, eje de la nueva ley de migración que prepara el Senado

El Estado mexicano se obliga a otorgar a los migrantes extranjeros acceso a la justicia y servicios de salud

Contiene un capítulo de sanciones para servidores públicos del INM

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 45

Está lista la nueva Ley de Migración que preparó el Senado, cuyo punto central es el respeto a los derechos humanos de migrantes extranjeros, y que el Estado se obliga a otorgarles acceso a la justicia y servicios de salud, educación y reconocimiento a su personalidad, independientemente de su situación migratoria.

La iniciativa, que consta de ocho títulos, 21 capítulos y 164 artículos, establece que es facultad de la Secretaría de Gobernación formular y dirigir la política migratoria del país por conducto del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual será el encargado de instrumentar y ejecutar la política migratoria.

Contiene un capítulo de sanciones para los servidores públicos del INM, considera penas por violaciones a los derechos humanos y aun la destitución y cárcel para servidores públicos, así como multas a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras por incumplir la ley.

Durante una reunión de trabajo de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur y de Población y Desarrollo que sostuvieron senadores con embajadores y cónsules de El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, les fue presentada la iniciativa, y se les pidió que hagan llegar a la brevedad sus propuestas de revisión, ya que Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, aseveró que el jueves se presentará al pleno el dictamen para primera lectura.

Ante los diplomáticos se expuso una suscinta explicación de la iniciativa, con la finalidad de que sean el conducto para que sus gobiernos conozcan lo que se está haciendo en México, pero sobre todo lo que hace el Congreso en atención a sus preocupaciones respecto de los migrantes, señaló Beltrones.

Los legisladores solicitaron a los diplomáticos su opinión sobre la iniciativa, que ya conocen porque ha habido reuniones de trabajo con ustedes.

El embajador de El Salvador en México, Hugo Roberto Carrillo, denunció que hay una política contradictoria, ya que en su afán de controlar los flujos migratorios, las autoridades mexicanas cometen atropellos.

“No se vale que les suelten encima a los perros, que los golpeen y que utilicen gases lacrimógenos contra los migrantes. Después de que son agredidos en los operativos, las bandas delincuenciales los esperan para el rebalse de la migración, un nuevo atentado contra ellos, secuestros y violaciones; es un tema digno de atención.”

En función de defender la soberanía, adujo, no deben cometerse atropellos contra los migrantes. Al final de cuentas la migración debería ser una opción de nuestras vidas y no una obligación irnos dejando a nuestras familias. Estamos agradecidos de que nos hayan invitado a dar nuestra opinión y estamos estudiando la iniciativa para hacer llegar nuestras aportacioness lo más pronto posible. La ley es bastante completa, pero vista desde fuera puede ser enriquecida con nuestras modestas aportaciones, señaló.

La embajadora de Guatemala en México, Blanca Rita Josefina Claverie de Scioli, abundó: estaremos analizando la iniciativa sobre las personas que transitan en México. Reconocemos el derecho soberano del Estado mexicano a regular el fenómeno y esta ley recoge todos esos sentimientos de la sociedad.

El cónsul honorario de Guatemala en Villahermosa, Tabasco, Ferdusi Bastar Merito, destacó la importancia de que se establezcan sanciones a las autoridades que sin tener injerencia en el tema migratorio cometen abusos de autoridad.

Manifestó que los oficiales del Registro Civil ponen 50 mil peros para registrar a hijos de migrantes nacidos en México. Cuando la madre es mexicana y el padre extranjero, la obligan a asentar que es soltera; sé de casos de niños de ocho y 10 años que por no contar con su acta de nacimiento no pueden asistir a las escuelas

Analfabetas, casi 33% de las personas mayores de 15 años con discapacidad

Analfabetas, casi 33% de las personas mayores de 15 años con discapacidad

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 44

La exclusión educativa es uno de los mayores problemas que tiene que sortear la población con discapacidad en México.

De acuerdo con datos recabados en un documento sobre la situación de las personas con discapacidad en México, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 46 por ciento de esta población no ha completado la educación básica.

México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por ese hecho asumió el compromiso de asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles.

Sin embargo, 24 por ciento de la población de seis a 29 años con discapacidad nunca ha asistido a la escuela y casi 33 por ciento de la población mayor de 15 años con discapacidad es analfabeta.

La conformación de las estructuras educativas forma parte de un proceso que excluye de hecho a las personas con discapacidad del acceso a la educación por distintos medios, señala el texto, y agrega que la accesabilidad es uno de los problemas principales para ser usuario de las instituciones educativas.

Un transporte no accesible, instalaciones inadecuadas, ausencia de ajustes razonables, material educativo ajeno a las características y necesidades individuales constituyen las causas que excluyen del ejercicio del derecho a la educación a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Hay que agregar a lo anterior la percepción negativa e incluso la violencia física o sicológica contra quienes padecen alguna discapacidad.

Impedir el acceso a la educación por el medio que sea tiene consecuencias negativas que coadyuvan a una mayor exclusión de la persona con discapacidad y, por tanto, al rompimiento del tejido social, pues al no contar con un elemento fundamental para el desarrollo se reafirman prejuicios sobre las capacidades de estas personas, explica el documento.

Finalmente, la consecuencia inmediata de no tener acceso a una educación adecuada y en igualdad de circunstancias reduce oportunidades de conseguir trabajo a las personas con discapacidad y de ser reconocidas en él

Aprueban reformas en la Carta Magna para tipificar la trata de personas

Aprueban reformas en la Carta Magna para tipificar la trata de personas

Emilio Serrano, Teresa Guadalupe Reyes y Claudia Anaya, diputados del PT, despliegan una manta alusiva durante la sesión en San LázaroFoto Cristina Rodríguez

Enrique Méndez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 45

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para incluir el tipo penal de trata de personas y facultar a la propia Cámara a legislar en materia de combate a ese delito, además de tipificarlo como uno de los ilícitos que debe combatir el Ministerio Público.

La reforma, que también obliga al resguardo de la identidad y los datos personales de las víctimas, generó un largo debate en el que la diputada Enoé Uranga (PRD) consideró incorrecto que en el artículo 73 constitucional se faculte a la Cámara para legislar en esa materia.

La legisladora, quien presentó una moción suspensiva rechazada por la mayoría, consideró que no debía incluirse específicamente el tipo penal en ese artículo, porque la trata de personas es mucho más que su uso sexual, y además los especialistas señalan que la esclavitud es una forma de trata, y la trata no es una forma de esclavitud. Y ésa es la gran ausencia del dictamen.

Al defender el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el ministro Juventino Castro y Castro (PRD) explicó que la reforma al artículo 73 otorga a la Cámara de Diputados la posibilidad de crear una ley general en materia de trata de personas, en la que concurran para su combate el gobierno federal, los estatales y municipales.

Sin esta reforma constitucional ninguna ley secundaria tendrá una fundamentación sólida, definió.

Refirió que en el contexto de violencia en el país se cometen delitos que pueden “someter a los seres humanos a una restricción personal similar a la esclavitud.

Pongo como ejemplos al lenocinio y a la trata y comercio de personas, sancionando a quienes promuevan, faciliten, trasladen o entreguen a una persona para someterla a cualquier tipo de explotación, sexual, laboral o con la finalidad de disponer de sus órganos; la explotación o perversión infantil o cualquier forma de disposición no autorizada por la persona cuya libertad se ve atacada. Sin embargo, indicó, la tipificación legal para el castigo de quienes cometen esos ilícitos está lejos de alcanzarse con amplitud, por ello el Poder Legislativo tenía la obligación de perfeccionar la Constitución

Avanza ley que castiga agresión a la pareja

Diputados locales de PRD, PAN, PT y PVEM aprobaron ayer reformas a la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal para castigar con arresto inconmutable hasta por 36 horas a quien agreda a su pareja o a la persona con quien mantenga vínculo de vida familiar y cuyas lesiones no tarden en sanar más de 15 días.

Aunado a ello, los representantes de esos grupos legislativos también avalaron una modificación al Código Penal local que determina que se tipificarán como delito grave las lesiones que tarden en sanar más de 15 días y sean causadas a la pareja, concubina o a la persona con quien se mantiene vínculo familiar, con lo que el agresor no podrá salir libre bajo fianza.

Estas modificaciones fueron avaladas ayer durante la sesión que tuvieron los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, cuyo presidente, Julio César Moreno, expresó que con esas reformas se busca garantizar la integridad física de las mujeres, por lo que luego de que sean aprobadas por el pleno de la ALDF –el próximo 24 de febrero– tendrán vigencia plena.

Durante la sesión se acordó posponer la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia del DF mediante la cual se podrá relegir su actual titular, Édgar Elías Azar, y se estipuló que el lunes comenzarán las comparecencias de los 12 aspirantes a magistrados del TSJDF, proceso que fue criticado por la diputada del PRD Lizbeth Rosas, quien lo calificó de vaporazo, ya que no tendrán mucho tiempo para analizar el perfil de las aspirantes

Se creará agencia para atender denuncias por bullying: procuraduría de Justicia

Se creará agencia para atender denuncias por bullying: procuraduría de Justicia

Firman la PGJDF y la Secretaría de Educación capitalina un acuerdo de cooperación

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 43

Con la finalidad de atender los casos de bullying en las escuelas que puedan derivar en conductas ilícitas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pondrá en funcionamiento una agencia especializada para atender a estudiantes menores de edad que sean víctimas de delitos.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que se trata de evitar la violencia en las escuelas de la ciudad de México, pues sólo en 2010 la Secretaría de Educación capitalina recibió mil 300 reportes de bullying.

Luego de firmar un convenio de colaboración con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, Mancera Espinosa destacó que la PGJDF ha tenido que abrir averiguaciones por lesiones, daños en propiedad ajena y robo, producto de acoso y violencia entre estudiantes.

Aseveró que la nueva instancia de la PGJDF, que empezará a funcionar en 30 días, se encargará de dar trato especial a ese tema y estará conformada por un Ministerio Público, oficiales secretarios y policías de investigación, quienes serán capacitados por personal de la Secretaría de Educación con el fin de poder reconocer los casos de bullying.

Así, la agencia se hará cargo de atender ese tipo de conductas, que incluso pueden llegar hasta la posible comisión de delito. Además promoverá la conciliación y apoyo a las víctimas.

Resaltó que el bullying es un fenómeno que se presenta desde hace al menos cinco años, pues un informe de la Secretaría de Salud de 2006 ya hablaba de que en el ámbito escolar seis de cada 10 jóvenes habían sido víctimas de agresión verbal, uno de cada dos de agresiones físicas, 33 por ciento habían sufrido tratos humillantes, 31 por ciento trato prepotente y 24 por ciento acoso sexual.

De ahí la importancia, dijo, de tomar conciencia de esa problemática, pues quizá lo que nosotros vivimos en la infancia como parte de un desarrollo normal, donde se presentaban peleas u otro tipo de tratos, ahora ha llegado al punto de crear conductas antisociales, y es lo que se busca es evitar.

Por su lado, Delgado Carrillo resaltó que con el convenio se busca retener a los jóvenes en el ámbito escolar para que ningún niño en la ciudad de México tenga que dejar sus estudios porque hay un fenómeno de violencia en su familia o escuela

Arrasado, más de 50% de los bosques en la reserva de la mariposa monarca

Arrasado, más de 50% de los bosques en la reserva de la mariposa monarca

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 37

Morelia, Mich., 15 de febrero. La reserva de la mariposa monarca, que abarca 56 mil 259 hectáreas, sólo tiene 24 mil hectáreas de bosque. El resto son ahora pastizales, áreas urbanas y de cultivo, indicó Isabel Ramírez Ramírez, especialista del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Destacó que de 1986 a la fecha han sido taladas ilegalmente 6 mil hectáreas en la también llamada zona de amortiguamiento.

Ramírez labora en el campus Morelia de la UNAM, y junto con otros investigadores constató que en 1986, cuando se publicó el primer decreto con el cual se creó una superficie de 16 mil hectáreas de protección de la mariposa, los dueños del bosque pensaron que perderían su patrimonio y comenzaron a saquear la floresta.

La zona de amortiguamiento se amplió a 56 mil 259 hectáreas en el año 2000, lo que propició confusión entre los propietarios de recursos forestales. Así, a la fecha se ha perdido 20 por ciento de las 30 mil hectáreas de bosque originales, porque en las 26 mil 200 restantes se cambió el uso de suelo.

Esto ocurrió en el área de conservación, pero en el resto de la superficie de los 12 municipios de la zona oriente (de Michoacán), que abarca cientos de miles de hectáreas, aproximadamente 60 por ciento de los bosques ha sido arrasado porque la vigilancia es mínima, afirmó la doctora en geografía.

Explicó que de las 30 mil hectáreas de bosque que integran el área de conservación de la mariposa, en los 25 años recientes se perdieron 6 mil hectáreas, 61 por ciento de éstas por tala ilegal, y 33 por ciento por mal manejo, con permisos vencidos o no ejecutados a tiempo. Sólo 6 por ciento de la madera se extrajo legalmente.

En Michoacán se ubican los santuarios de Cerro Pelón, Sierra Chincua, ejido El Rosario, Huacal Chivati y Cerro Altamirano. Cerro Pelón, en el municipio de Zitácuaro, ha perdido 90 por ciento del bosque, dijo Isabel Ramírez. Por ello la mariposa se ha refugiado en el sur, en los límites con los municipios de Donato Guerra y Villa de Allende, estado de México, añadió.

Las comunidades Cresencio Morales, Nicolás Romero, El Asoleadero, Emiliano Zapata, San Cristóbal y Francisco Serrato, en los municipios de Ocampo y Zitácuaro, son considerados focos rojos por la degradación de sus bosques, pero en esa zona hay un predio ejemplar, El Paso, que ha tenido un manejo extraordinario en 60 años, sostuvo.

Comentó que de 2006 a la fecha se han recuperado las zonas más dañadas del área protegida, pero eso no significa que haya terminado la tala ilegal.

Otro problema que Ramírez ha estudiado es la contaminación de los ríos, no sólo en las partes bajas de la montaña, sino también en las partes altas, que considerábamos limpias, donde hemos descubierto residuos fecales, acotó.

Ni el decreto de 1986 ni el de 2000 consiguieron frenar la pérdida forestal. Esperamos que haya una evaluación crítica de nuestras acciones individuales y colectivas a fin de revertir el deterioro y conservar este patrimonio natural y cultural, señaló

Aumenta incidencia de cáncer en el sur de Veracruz, por contaminación

Aumenta incidencia de cáncer en el sur de Veracruz, por contaminación

Jesús Lastra Ríos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 38

Coatzacoalcos, Ver., 15 de febrero. El creciente número de casos de cáncer detectado en el sur de Veracruz obedece a la contaminación industrial; además, la esperanza de vida de las personas afectadas disminuye a causa de la desnutrición y la pobreza extremas, advirtieron especialistas.

Directivos del hospital regional Valentín Gómez Farías y la directora de la jurisdicción sanitaria 11, Isabel Cruz Arroyo, dijeron que cada mes se reportan unos tres casos de leucemia infantil, principalmente en los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, que son los más contaminados.

Los niveles de envenenamiento aún se desconocen, pero podrán medirse gracias a investigaciones de campo realizadas durante los recientes cuatro años, indicó Cruz Arroyo, dentro del marco del Día Internacional del Cáncer Infantil.

A su vez, Gloria Santos Navarro, directora de Apóyalos a tener una esperanza de vida, fundación que atiende a niños leucémicos, dijo que 60 por ciento de los enfermos fallecen por condiciones de pobreza extrema y falta de atención médica oportuna

Continúa ola de suicidios en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., 15 de febrero. Dos jóvenes, uno de 20 años y otro de 23, se quitaron la vida la noche de este lunes, con lo que suman 10 los suicidios cometidos en el estado este año.

Alrededor de las 23 horas, Juan Belmonte Herrera, jornalero de 23 años de edad, ingirió bebidas alcohólicas antes de colgarse con una sábana de la regadera del baño de su vivienda, ubicada en la calle Isabel Esparza, fraccionamiento Solidaridad, en el centro del municipio de Rincón de Romos.

La esposa del finado, Norma Salazar Martínez, de 29 años, aseguró que su cónyuge no había expresado deseos de morir; tampoco presentaba signos de depresión ni dejó carta póstuma.

Más tarde, cerca de las 23:30 horas, el cadáver de Emilio Alejandro Jiménez, de 20 años de edad, fue hallado en la casa abandonada marcada con el número 107 de la calle Gabriel Leyva, en el fraccionamiento Insurgentes, en el sur de esta capital.

Jiménez se ahorcó con un mecate de ixtle, el cual ató a un triciclo que se encontraba colgado en una pared de la vivienda. De acuerdo con vecinos del fraccionamiento Insurgentes, el suicida era adicto a las drogas y el alcohol.

Tendencia en aumento

Durante 2010 se cometieron 65 suicidios en Aguascalientes, de los cuales cinco ocurrieron en las primeras cinco semanas de ese año. Para el mismo periodo de 2011 se han documentado ocho muertes de este tipo, y con las dos suicidios del lunes la cifra aumentó a 10

Retorna Carmen Aristegui a MVS

Retorna Carmen Aristegui a MVS

La radio adquiere pleno sentido cuando funciona con criterios de servicio público, y al retroalimentarse de los radioescuchas, señala

Miriam Posada y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 21

Tras nueve días de haber estado fuera del aire, por presuntamente haber transgredido el código de ética de MVS Radio, Carmen Aristegui volverá a su noticiario a partir del 21 de febrero. El anuncio fue realizado, en primera instancia, por el presidente de la empresa, Alejandro Vargas, paradójicamente a través de una de las redes sociales –su cuenta de Twitter–, mediante un escueto: Regresamos el lunes 21 de febrero!!! Gran fecha para nosotros!!!!, lo cual sería confirmado oficialmente minutos después mediante un comunicado conjunto MVS-Aristegui.

Después de que la conductora se negó a leer una disculpa pública tras haber abordado el tema de la supuesta adicción al alcohol del presidente Felipe Calderón, lo que según explicó en conferencia de prensa ocasionó su salida, el comunicado informa que “los días recientes han sido aleccionadores para quienes nos dedicamos a la radiodifusión. Las expresiones públicas acerca del espacio de noticias matutino en MVS Radio han confirmado el interés que puede despertar en la sociedad un programa abierto a las inquietudes de sus audiencias.

Hemos corroborado que la radio, igual que otros medios de comunicación, adquiere pleno sentido cuando funciona con criterios de servicio público y así lo hace al retroalimentarse en las preocupaciones de los radioescuchas.

Inusuales manifestaciones públicas a las afueras de las instalaciones de la empresa y una intensa actividad en las redes sociales de Internet condenando la censura a Aristegui (que planteó en su emisión del 4 de febrero que Presidencia debería fijar una postura sobre la presunta adicción alcohólica de Calderón sugerida en una manta colocada por diputados petistas en la tribuna de San Lázaro), impulsaron su restitución anunciada por MVS ayer.

En esos días de polémica, Los Pinos, a través del secretario particular de Calderón, Roberto Gil, dio cuenta de la intensa actividad del mandatario e informó que goza de cabal salud, condenando los infundios en contra del Presidente. Mientras, al mandatario se le vio lanzando pichadas en los jardines de la residencia oficial al cátcher de los Yaquis de Obregón, y subiéndose a caballos y aviones de guerra, entre otras actividades.

La notificación conjunta pasa por alto la condicionante que la conductora puso a la empresa al solicitarle su restitución, en su conferencia del 9 de febrero (dos días después de su despido): retirar la versión de MVS en que se le acusaba de transgredir el código de ética de la empresa, al dar por ciertos rumores en su noticiario. Aristegui condicionó su retorno a dejar intacto su desempeño profesional fijando otra postura sobre las razones de la ruptura.

Sin embargo, el mensaje conjunto no alude ni a la versión de la empresa de haber transgredido el código de ética, ni a la de la conductora acusando a Calderón de haber precipitado su salida por un berrinche tras la irritación que le habría causado su cuestionamiento a la Presidencia.

Expone que el tiempo que Aristegui salió del aire se debió a que el contrato que regula esa relación profesional establece un proceso arbitral para dirimir controversias derivadas de los contenidos transmitidos en el mencionado espacio radiofónico. Tanto la empresa como la periodista reconocieron en días pasados la pertinencia de poner en práctica esa cláusula para resolver el diferendo que llevó a la suspensión de la relación laboral.

El código de ética que rige entre Aristegui y MVS desde 2009 señala que el contenido y política editorial es responsabilidad de conductores y empresa. Señala que Aristegui tiene el compromiso de difundir información veraz, lo más completa posible, con un enfoque crítico y propositivo, que privilegie y promueva la convivencia armónica entre individuos y que ayude al radioescucha a entender la realidad y a formar su propio criterio.

Agrega que los titulares de las emisiones y Noticias MVS reprueban los abusos de poder, actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que ocurran en el ámbito político o privado y se comprometen a informar de ellos con oportunidad. Aunque no se relaciona expresamente en el comunicado, pero en respuesta a las duras críticas que recibió la empresa, a la que se le acusó de someterse a los dictados de la Presidencia por la censura, se anunció la creación de un defensor del radioescucha para verificar que los contenidos sean acordes con el código de ética.

En su conferencia de prensa, Aristegui había responsabilizado directamente a Los Pinos de su despido por ejercer presiones a MVS en el contexto de que no han sido renovadas sus concesiones.

Posteriormente, en diversos círculos se relacionó el despido a la necesidad de MVS de obtener la prórroga de concesiones debido a que el espectro del que dispone corresponde a la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) que hasta hace 10 años se usaba para servicios de radiodifusión, pero con la evolución tecnológica ahora es más adecuada para telecomunicaciones móviles

Se violaron garantías judiciales de 10 indígenas detenidos por defender su tierra: Centro Frayba

Se violaron garantías judiciales de 10 indígenas detenidos por defender su tierra: Centro Frayba

No tuvieron abogados que hablen su lengua y firmaron textos sin conocer su contenido, señala

Custodia policiaca en Mitzitón, luego del ataque del pasado domingo a adherentes a la otra campaña por integrantes del Ejército de Dios, que dejó un herido de bala y 23 detenidosFoto Moysés Zúñiga Santiago

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de febrero. Ante el auto de formal prisión a 10 ejidatarios que defendían su territorio en San Sebastián Bachajón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) sostuvo hoy que en el proceso se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos, presos políticos perseguidos por el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Según documentó el organismo, Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de homicidio calificado, y Domingo Pérez Álvaro, de homicidio en grado de tentativa, así como varios más de los señalados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 2 de febrero en el camino a las cascadas de Agua Azul, donde perdió la vida Marcos Moreno García y resultó herido Tomás Pérez Deara, ambos del grupo que había tomado con las armas la caseta el ejido.

Los detenidos alegan ser inocentes. Los demás son Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), y el menor Mariano Demeza Silvano, acusados de atentar contra la paz y la integridad corporal, el patrimonio del estado y daños.

La Procuraduría General de Justicia del Estado sostiene que al menos cinco de ellos dieron positivo en la prueba de radiozonato de sodio, mientras éstos niegan haber disparado y el CDHFBC documenta la infinidad de violaciones procesales y de derechos humanos cometidas por las autoridades.

Al rebatir al gobierno estatal en su afirmación de que los detenidos contaron con garantías judiciales, el CDHFBC certifica, entre otras cosas, que la defensora de oficio Yolanda Álvarez Cruz –quien los asistió– es de lengua chol, y el actual defensor, Darío Sánchez Escobar, desconoce el idioma de sus defendidos (tzeltal). Además, los testigos que declararon en favor de los detenidos no fueron asistidos por intérpretes calificados, sino por policías municipales uniformados, presentados como traductores, lo que intimidó a varios.

Posteriormente –abunda el CDHFBC–, los 10 presos “recibieron presiones para que sus familiares o autoridades comunitarias, adherentes a la otra campaña, participaran en una ‘mesa de negociación’ promovida por el gobernador y su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León”. Las autoridades escenificaron esta mesa con el pequeño grupo de oficialistas del ejido de San Sebastián (Chilón) y con los priístas del vecino Agua Azul (Tumbalá). En Ocosingo firmaron un pacto de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua Azul, sin considerar a los verdaderos interesados: la mayoría de ejidatarios de San Sebastián, donde cruza el camino cuyo peaje turístico estaría en disputa.

Las declaraciones de las personas que acusan a los detenidos resultan no claras y enrarecidas. Al menos 25 de los 117 indígenas inicialmente detenidos firmaron declaraciones sin conocer el contenido, donde (al parecer) se señalaba a sus compañeros. Otros indican que les condicionaron su libertad a la firma de ese documento, y otros más, que fueron amenazados: Me dijeron que si no cooperaba me iban a torturar y a meter una bolsa en la cabeza.

Los más de 100 hombres y mujeres de San Sebastián que salieron libres el día 4 tienen un apercibimiento judicial, y fueron amenazados de nuevo encarcelamiento “si no se desistían de su lucha por la defensa del territorio y de su organización social y política a través de la otra campaña”.

Para el CDHFBC, la captura y el procesamiento de las personas injustamente encarceladas configura un escenario de represión por autoridades del gobierno del estado, que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos.

Demanda una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los hechos del 2 de febrero”, cuando fue despojada la caseta de cobro del ejido, así como el esclarecimiento del fallecimiento de García Moreno y la agresión a Pérez Deara. Una investigación, en fin, que sancione a los funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas que incurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.

Este miércoles, colectivos y organismos de derechos humanos convocan a una jornada de protestas y acciones a escalas nacional e internacional demandando la libertad de los ejidatarios de la otra campaña y el fin a los atropellos en sus tierras.

Tensión en Mitzitón

En Mitzitón (San Cristóbal), otro ejido donde los indígenas adherentes a la otra campaña han sido agredidos en días recientes por grupos oficialistas, el gobierno asegura que regresó el orden. Y sí, en las inmediaciones del poblado se mantiene una fuerte presencia policiaca.

Los representantes comunitarios informaron que aún hay tensión, pues personas del grupo evangélico Ejército de Dios amagan con secuestrar a varias mujeres para canjearlas por los 23 evangélicos aprehendidos por la policía la madrugada del lunes

Traerá más enfrentamientos desacato de acuerdos de San Andrés: Felipe Arizmendi

Traerá más enfrentamientos desacato de acuerdos de San Andrés: Felipe Arizmendi

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 15 de febrero. Los acuerdos de San Andrés, de cuya firma se cumplen 15 años este miércoles 16 de febrero, no deben quedar engavetados ni en la congeladora, advirtió el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, quien pidió a todas las partes que abran su mente y su corazón y se pongan en el lugar de los indígenas para reconocer los derechos que les corresponden.

En entrevista colectiva, agregó que los tratados son una pauta para avanzar, ya que con los acuerdos internacionales que México ha firmado sobre derechos indígenas, la Constitución federal está un poco coja.

Arizmendi Esquivel sostuvo que conflictos como el ocurrido en días pasados por la disputa de la caseta de cobro en las cascadas de Agua Azul, entre ejidatarios priístas y adherentes a la otra campaña de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón –que dejó un muerto, dos heridos y 10 detenidos–, son consecuencia del incumplimiento de los acuerdos, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996.

Cada quien sigue poniendo en práctica esos acuerdos, aunque jurídicamente, para quienes no son del EZLN, no valen; pero los zapatistas sí los consideran valederos, nomás que eso crea enfrentamientos que pueden llegar al derramamiento de sangre que lamentamos todos. Por eso conviene que se retome el tema, advirtió el jerarca católico.

Recordó que los tratados se construyeron a base de mucho diálogo, pero después, efectivamente, el Congreso de la Unión no asumió todo lo que venía en las propuestas que se habían hecho, y eso seguimos lamentándolo.

Agregó que no podemos pensar que sean asumidos hoy tal como se firmaron, porque algunas fuerzas políticas no tienen confianza, piensan que si se aprobaran como están se haría una fractura nacional, se legitimarían algunos poderes que dañarían a la nación, lo cual hay que discutirlo, porque los hermanos zapatistas nunca pensaron hacer otro país, sino ser mexicanos como todos, pero reconociendo que los indígenas tienen derechos muy particulares por su historia y su cultura, y nosotros seguimos insistiendo en que se retomen esos acuerdos como base para continuar en los diálogos.

De acuerdo con Arizmendi Esquivel, lo peor que puede haber es una ruptura total del diálogo, porque sabemos que si la hubiera seguirían vigentes algunas órdenes de aprehensión que se quedaron en suspenso mientras había negociaciones, y en este momento, oficialmente el diálogo no está suspendido, sino en una pausa, pero es por cuestiones meramente jurídicas; en la práctica es como si no hubiera nada

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