Acusan ejidatarios al
mal gobiernode querer eliminar pueblos y territorios
Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Martes 10 de septiembre de 2013, p. 19
Martes 10 de septiembre de 2013, p. 19
Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, acusaron al
mal gobiernode
buscar acabar con nuestros pueblos y territorios. No respeta las diversas culturas del país, sólo quiere imponer la cultura del mercado y el capitalismo con sus reformas a la Constitución y las leyes privatizando el petróleo, el viento, las playas, la educación, aumentando los impuestos, quitando derechos laborales y beneficiando a las empresas nacionales y extranjeras.
La ley
no es respetada por el mal gobierno, pues imperan
el dinero y el poder de caciques, finqueros y empresarios, quienes
obedecen a intereses contrarios a la dignidad de comunidades, pueblos y sociedad en general.
Señalaron que su actual resistencia
como pueblo tzeltalno es por el poder político o económico,
es por la dignidad y la autonomía, porque queremos seguir siendo lo que somos; aunque al gobierno no le gusta y nos quiera cambiar de pensamiento, somos dignos y orgullosos de la herencia de nuestros abuelos y abuelas.
Exigieron nuevamente la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez,
torturados y acusados injustamente. Al primero
lo acusan seis policías estatales, especializados y federales, de que los quiso asaltar la madrugada del 8 de agosto de 2011. Esos agentes lo habían secuestrado la víspera en la comunidad de Sasamtik, municipio de Chilón,
por ser de nuestra organización. Le sembraron una pistola calibre .38 descargada y dos machetes, con los que supuestamente asaltó a los policías que viajaban en sus unidades; éstos
lo torturaron durante todo un día para que se declarara culpable.
El segundo, Demeza Jiménez, acusado de robo y secuestro,
es inocente y se está demostrando, pues el 13 de agosto ganó un amparo que prueba la grave violación a sus derechos humanos.
El gobierno
no pide permiso a las comunidades sobre los proyectos o negocios que dice son para nuestro beneficio, sino que “compra algunas autoridades de nuestras comunidades, como al ex comisario ejidal Francisco Guzmán Jiménez (Goyito) y el comisario Alejandro Moreno Gómez, y utiliza la fuerza pública para atemorizarnos”.
Los ejidatarios sostienen que las autoridades
han sembrado la división comprando a esos comisarios, en el cargo desde 2007. Advirten que seguirán defendiendo el amparo 274/2011, interpuesto en Tuxtla Gutiérrez, pues Moreno Gómez y Guzmán Jiménez
están metiendo falsas actas de asamblea para echarlo abajo, sin firmas de la asamblea general, pero no lo han logrado. El 20 de agosto los ejidatarios solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que estudie nuestro amparo y se proteja nuestro territorio
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