Tres de cada 5 migrantes son de municipios de muy alta marginación

Tres de cada 5 migrantes son de municipios de muy alta marginación

De 2006 a 2012 Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña documentaron migración de 49 mil jornaleros de 363 comunidades indígenas de la región, señala Abel Barrera

En un contexto de marginación y pobreza, la migración hacia los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren poblados enteros. El dilema es migrar o morirFoto Marco Peláez

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Lunes 5 de agosto de 2013, p. 40

Tres de cada cinco personas que emigran a los campos agrícolas provienen de municipios de muy alta o alta marginación de los estados más pobres del país: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, advierte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Agrega que en México alrededor de 400 mil familias están en permanente movimiento entre sus lugares de origen y las zonas a las que migran, y cerca de 26 por ciento de la población –uno de cada cuatro mexicanos– es migrante, y de éstos nueve de cada 10 son migrantes internos.

En un análisis sobre la situación de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, sostiene que este tema no forma parte de la agenda pública en materia de migración.

La sistemática violación de los derechos humanos de las miles de familias indígenas que año con año migran a los grandes campos agrícolas de los estados norteños para subsistir, oscila entre la invisibilidad y la indiferencia.'

Detalla que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) 2009, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), más de 2 millones de personas realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas del país.

Indica que la Montaña de Guerrero se caracteriza por expulsar mano de obra a 16 estados. En un contexto de marginación y pobreza, la migración hacia los campos agrícolas se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia a la que recurren poblados enteros. El dilema es migrar o morir.

Entre 2006 y 2012, Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, apunta, documentaron la migración de 49 mil jornaleros agrícolas de 362 comunidades indígenas de laregión. Tan sólo entre septiembre de 2012 y enero de 2013, Tlachinollan registró la salida de más de 8 mil 400 personas, 53 por ciento hombres y 47 por ciento mujeres.

Ochenta por ciento tiene como destino los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, aunque también de Chihuahua, Morelos, Guanajuato y Baja California. A esto se suma que 42 por ciento de menores de 15 años migran para trabajar como jornaleros.

Refiere que de acuerdo con la ENJO, 90 por ciento de los jornaleros no cuentan con un contrato formal de trabajo, son enganchados en su comunidad de origen por conducto de contratistas, a quienes las empresas agrícolas subcontratan, y todos los acuerdos se hacen de manera verbal.

Señala preocupantes los traslados hacia las zonas agrícolas, ya que en algunos casos las empresas contratan el servicio de autobuses para llevar a los jornaleros de su lugar de origen a las zonas donde van a trabajar, pero no se garantiza el transporte de regreso.

Precisa que en estados como Nayarit, Zacatecas y Chihuahua, las familias jornaleras se desplazan por su cuenta en vehículos particulares, y es frecuente que durante los trayectos sean víctimas de extorsiones. También se han documentado accidentes de autobuses debido a las malas condiciones de las unidades.

Estos trabajadores carecen de seguridad social, aunque su vida corra riesgo debido a los materiales tóxicos a los que están expuestos, y para atender su salud deben acudir a médicos particulares, indica. En cuanto a alojamiento, se ha documentado que hay estados donde las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra, donde llegan a vivir entre 50 y 100 personas.

Agrega que en 2009 la ENJO indicaba que del total de la población jornalera agrícola había 3.5 millones de menores de 18 años, es decir, 38.9 por ciento. Frente a esta problemática el Estado se ha limitado a crear programas que desconoce las familias migrantes, señala el defensor de derechos humanos