domingo, 18 de agosto de 2013

En peligro de quiebra por deudas, 4 ayuntamientos de Quintana Roo

En peligro de quiebra por deudas, 4 ayuntamientos de Quintana Roo
En Yucatán, 80 de los 106 municipios, sujetos a embargo por no pagar liquidaciones a ex empleados
Javier Chávez y Luis A. Boffil
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 18 de agosto de 2013, p. 22
Los alcaldes electos de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Othón P. Blanco (Chetumal) y Cozumel recibirán de sus antecesores una serie de deudas que a partir de septiembre, cuando tomen posesión, afectarán la marcha de los ayuntamientos en los próximos 20 años, periodo para el que fueron contratados los créditos.
Hasta julio pasado, la deuda de los 10 municipios de Quintana Roo reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ascendía a 2 mil 346 millones de pesos. Dos mil 255 millones –90 por ciento del total– corresponde a esos cuatro ayuntamientos, los más grandes del estado.
El más endeudado es Cancún, con mil 345 millones de pesos. La deuda pública de este destino turístico se disparó durante los gobiernos de los perredistas Gregorio Sánchez Martínez, Jaime Hernández Zaragoza y Julián Ricalde Magaña, cuando superó mil millones de pesos.
Ricalde Magaña será relevado por el priísta Paul Carrillo de Cáceres. El poderío económico de Cancún, que concentra 50 por ciento de la población del estado, le ha podido mantener en operación.
En menos de tres años, el alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen), Filiberto Martínez Méndez, y su suplente, Rafael Kantún, multiplicaron la deuda, que pasó de 160 millones en 2011, a 817 millones de pesos actuales.
Méndez Martínez realizó empréstitos por 380 millones de pesos para obra productiva y dejó números rojos con un adeudo total de 517 millones hasta abril de este año, cuando salió del cargo para contender y ganar una diputación local. Dos meses antes de abandonar el cargo, su suplente obtuvo un préstamo de 300 millones de pesos.
La situación más grave se vive en Chetumal, donde el alcalde Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, dejará a su sucesor, el también priísta Eduardo Espinosa Abuxapqui, deudas que superan 500 millones de pesos.
Allí, los trabajadores padecieron severos recortes a su sueldo y compensaciones, y han sido despedidos 667. La meta es lanzar a la calle a mil empleados antes de que Espinosa tome las riendas del ayuntamiento.
Villanueva Tenorio obtuvo un crédito de 272 millones a principios de este año. Con este empréstito, la deuda bancaria del municipio llegó a 420 millones de pesos, aunque el tesorero municipal César Euán Tun reconoció que llegará a 500 millones por lso pasivos con proveedores y a la empresa Avances Lumínicos que instaló lámparas de leds en la capital del estado.
En la elección del 7 de julio, el PRI triunfó en los 10 ayuntamientos, cinco de los cuales son gobernados por PAN y PRD: Cancún, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
En Yucatán, el presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, Edmundo Alzina Campos, reportó que 80 de los 106 ayuntamientos del estado están sujetos a embargo por incumplir con las liquidaciones de sus ex empleados.
El magistrado calculó que el monto de afectaciones en los 80 municipios es superior a 50 millones de pesos que irán a los bolsillos de trabajadores despedidos sin liquidación. Es una cantidad histórica en Yucatán, dijo.
Estos embargos han generado protestas de los alcaldes que argumentan que estas disposiciones deben aplicarse a sus antecesores, porque son los que incurrieron en el despido injustificado.
En lo que va del año, los embargos ejecutados sólo a 12 municipios dejaron un acumulado de 10 millones de pesos que se distribuyeron entre los ex empleados afectados. Acanceh y Halachó son los dos que embargaron esta semana.
El presidente municipal de Acanceh, Jorge Tolosa Pool, denunció que el tribunal le embargó ilegalmente 1.8 millones de peso para entregarlo a nueve ex empleados. El edil analiza interponer una denuncia penal contra esa institución

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