Solicitan amparos seis ex funcionarios michoacanos

Solicitan amparos seis ex funcionarios michoacanos

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 7 de junio de 2013, p. 31

Morelia, Mich., 6 de junio.

Seis ex funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, entre ellos el tesorero, Humberto Suárez López; Minerva Bautista, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública, y Rafael Servín, que fue su secretario particular, tramitaron amparos ante la justicia federal, en respuesta a denuncias por mal manejo de recursos públicos.

Según fuentes de la procuraduría estatal, a Suárez López se le acusa de cobrar una comisión de 50 millones de pesos a una empresa gestora de crédito. El ex funcionario estatal cuenta con un amparo; no obstante, deberá rendir declaración.

Otros ex servidores públicos también amparados son Catalina Rosas Monge, anterior titular de la Secretaría de Medio Ambiente; Guadalupe Hernández Alcalá, ex secretario de Salud, y el ex vocero del gobierno, Jesús Adame. Lo mismo que a Suárez López, desde hace más de un año se les imputa desvío de recursos públicos por montos aún no especificados.

Los acusados solicitaron amparos ante un juzgado de distrito del estado para defenderse de acusaciones surgidas de una auditoría al último año de gobierno de Godoy Rangel (2011) realizada por un despacho privado por orden del gobernador Fausto Vallejo Figueroa en marzo de 2012, al principio de su gestión.

Opositores a Vallejo argumentaron que esa revisión no tiene validez legal, porque fiscalizar el uso de recursos corresponde a la Auditoría Superior de Michoacán.

El procurador de Justicia estatal, Plácido Torres, ha declarado durante seis meses que se está investigando, pero aún no hay resutados concretos.

El ex secretario de Gobierno y hoy diputado local Fidel Calderón afirmó que hay intereses políticos detrás de las denuncias contra ex funcionarios, las cuales deben resolverse en las instancias jurídicas y no ventilarse en los medios, donde ex servidores públicos han sido juzgados antes de que se inicie algún proceso administrativo o penal en su contra.

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Báez Ceja, coincidió en que estas acusaciones tienen fines políticos y pidió a las autoridades actuar conforme a derecho.