Grupos indígenas y de DH piden a HRW que 'cese represión' contra pueblos que rechazan megaproyectos

También piden que se cumpla la normatividad internacional que establece el derecho de los pueblos indios al Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Rosa Rojas
Publicado: 01/05/2013 16:23

México, DF. Organizaciones indígenas oaxaqueñas y de derechos humanos demandaron la intervención de Human Rights Watch (HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que "cese la represión" en contra de los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios y para que se cumpla la normatividad internacional que establece el derecho de los pueblos indios al Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Esto ocurrió durante una entrevista con Nick Steinberg, Investigador para México de HRW que -en el marco de la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama y de la reunión que sostendrá el próximo viernes José Miguel Vivanco, Director de la División Americas de HRW con el presidente Enrique Peña Nieto- sostuvieron representantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la ong Proyecto PODER.

En dicha entrevista, efectuada el 30 de abril en la ciudad de México, con el auspicio de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se analizo el "impacto negativo en materia de derechos humanos que tiene la creciente imposición de megaproyectos en México, la mayoría de los cuales se realizan sin informar o consultar a las comunidades locales", informó en un comunicado la UCIZONI.

Asimismo, se manifestó "la preocupación de que la Secretaría de Gobernación no haya expresado hasta ahora la voluntad" para instalar mesas de atención a los más de 350 conflictos por disputa territorial que existen el país, ni que se impulse de manera seria el Derecho a la Consulta que tienen los pueblos originarios como una forma de garantizar su misma existencia.

"Se coincidió que en nuestro país son escasas las normas legales que protegen los derechos de las comunidades y de que es abierta la relación de funcionarios públicos con las empresas trasnacionales, lo cual los lleva a violar las leyes", -agrega el comunicado- poniéndose como ejemplo el caso de la Tribu Yaqui, ya que a pesar de contar con suspensiones derivadas de juicios de amparo, éstas no fueron respetadas por el mismo gobernador de Sonora.

Asevera también que la relación entre empresas trasnacionales y funcionarios gubernamentales se puso en evidencia con los casos de Iberdrola, Mareña Renovables y Abengoa. Las organizaciones istmeñas denunciaron que en el marco del megaproyecto eólico se ha dado en la región del istmo de Tehuantepec un "clima de violencia, de hostigamiento, persecución y amenazas que sufren por parte de grupos de golpeadores del PRI, funcionarios estatales y de la misma empresa, llegándose al extremo de que la agresión policiaca del 2 de febrero pasado en contra de campesinos zapotecas de Alvaro Obregón fue dirigida por un abogado de la empresa Mareña Renovables".

También se denunciaron "los métodos gansteriles que están utilizando los gobiernos y las mismas empresas para imponer los proyectos, la utilización de amenazas, sobornos e incluso la protección a la abierta operación de bandas paramilitares quienes hostigan y llegan a asesinar a los opositores de los megaproyectos"; además de la impunidad que existe en torno al asesinato de defensores comunitarios como es el caso de Bernardo Vázquez y de Alberta Bety Cariño, ambos oaxaqueños y de opositores a proyectos mineros en Chihuahua y Chiapas.

Se expusieron además los casos de las presas Cerro de Oro, Picachos, Yesca y El Ciruelo, donde han sido desplazadas poblaciones enteras para la construcción de hidroeléctricas, donde en algunos casos han pasado más de 50 años sin que los afectados hayan sido indenmizados y ante cualquier reclamo han sido encarcelados y perseguidos, informó la UCIZONI