Familias se asientan en sitios peligrosos por falta de crédito: experta de Hábitat
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 10
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 10
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio inicio a una investigación sobre las medidas de protección civil y la situación que impera en México en el traslado de sustancias peligrosas para determinar si hubo omisiones de autoridades en la explosión de la pipa de gas licuado de petróleo (LP) ocurrida el martes pasado en la carretera México-Pachuca.
El organismo anunció que para investigar las causas del percance dispuso de un grupo de visitadores adjuntos y peritos del Programa de Atención a Víctimas del Delito.
Además, recaba información entre familiares de las víctimas mortales para darles el apoyo y acompañamiento que necesiten.
Por su parte, Silvia Emanuelli, de la Coalición Internacional para el Hábitat, señaló que ante la falta de acceso a créditos hipotecarios muchas personas optan por establecerse en lugares peligrosos para vivir –como la zona de seguridad de la carretera donde ocurrió la explosión–, lo cual hace aumentar el número de víctimas.
Muchas personas que trabajan en el sector informal o ganan menos de cuatro salarios mínimos deciden quedarse en sitios riesgosos, en casitas que no tienen las condiciones necesarias para vivir de manera digna, lo cual viola su derecho humano a la vivienda, subrayó la especialista.
Aunque no hay cifras exactas sobre la cantidad de personas que viven en el país en condiciones de precariedad extrema y de peligro, Emanuelli señaló que hasta 60 por ciento de los trabajadores no tendría acceso efectivo a créditos hipotecarios, sino sólo a subsidios insuficientes.
“En este tema debería quitarse el concepto de asentamientos ‘irregulares’, porque en muchos casos son la norma. Mucha gente se ve obligada a vivir en zonas de agrietamiento, con riesgo de deslaves, o cerca de carreteras. Es una situación muy delicada en toda América Latina”, lamentó.
Además, en muchas autopistas el llamado
derecho de vía–la franja de terreno de uso limitado por donde pasan obras de infraestructura– se redujo a 50 metros, cuando por motivos de seguridad debería ser más amplio, afirmó
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