Grupos de autodefensa no están vinculados con el paramilitarismo: Martínez Veloz

Grupos de autodefensa no están vinculados con el paramilitarismo: Martínez Veloz

Rechaza el legislador que porten armas exclusivas de militares; traen escopetas y pistolas 22

Policías comunitarios participaron en la Marcha por la Justicia y Libertad, que se realizó ayer en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de GuerreroFoto Xinhua

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 3 de marzo de 2013, p. 12

Los grupos de autodefensa comunitaria, surgidos en diversas entidades del país, no tienen rasgos vinculados al paramilitarismo y tampoco hay evidencia de que porten armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, aseveró Jaime Martínez Veloz, comisionado del gobierno federal para el diálogo con los pueblos indígenas. Señaló que aquellas organizaciones que utilizan el armamento de manera ilegal son investigadas por las procuradurías de justicia, porque se ha comprobado que tienen objetivos distintos a la seguridad pública.

En el caso de Guerrero, los grupos de autodefensa, que se definían de esa manera, traían (pistolas) 22 o escopetas. Ninguno de ellos traía armamento exclusivo de los militares, dijo.

–¿Hay grupos con otros fines que operarían bajo la caparazón de policías comunitarias?

–Como expresiones comunitarias y policías comunitarias no los conozco, desde mi punto de vista, no existen. He visto información en los medios de comunicación de que algunos grupos, en algunos lugares, tienen ese tipo de armamento, pero tampoco me consta que así sea. Lo cierto es que donde hemos andado, especialmente en Guerrero, no hay (ningún grupo de autodefensa) con esas características.

Según la información de esta comisión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en ocho entidades hay expresiones de grupos de autodefensa, distintas a las policías comunitarias que funcionan en algunas comunidades, desde hace más de 15 años, incluso. En la lista están Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Jalisco, aunque también se incluye a Sonora y Yucatán, en donde hay guardias tradicionales, como en el caso de las etnias yaquis y seris.

El primer caso que atendieron fue en Guerrero; los funcionarios de Gobernación y el comisionado para los pueblos indígenas aseguran que el diálogo es la vía para lograr que estos grupos den el paso para integrarse de manera formal como policías comunitarias, instrumento coadyuvante del Estado mexicano en materia de seguridad.

Están caminando hacia allá e indudablemente habría qué apoyar un esfuerzo de esa naturaleza, con el propósito de evitar un desencuentro mayor, dijo Martínez Veloz.

Reconoció, sin embargo, que aunque hay avances en Guerrero, con la integración de una Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la siguiente entidad a atender es Michoacán porque si bien ninguno es más importante que otro, sí es necesario acudir ahí para atender emergencias y hechos coyunturales.

Acerca de los riesgos de que los grupos de autodefensa (surgidos ante la falta de confianza a las corporaciones policiales y a otras instituciones) deriven en paramilitarismo, el enviado federal respondió:

La posibilidad del militarismo existe cuando los grupos son entrenados por órganos de carácter militar y no es el caso en este país.

Martínez Veloz, ex legislador federal y ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por diputados y senadores, dijo que urge procesar normas reglamentarias del artículo segundo constitucional, relativo a los derechos y libre determinación de los pueblos indígenas, para determinar los sistemas de validación, precisamente sobre la forma en que pueden solucionar sus conflictos internos.

Sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subrayó que el estatus del diálogo con ese grupo es desuspensión, mas no de ruptura.

Dijo que el gobierno federal lanzará la convocatoria para el diálogo con los zapatistas después de que el Legislativo haga su trabajo para concluir la ley de concordia.

Tenemos que trabajar en la regeneración de condiciones para el diálogo y ello pasa por la necesidad de articular una posición conjunta entre el gobierno federal y el Poder Legislativo, señaló