Deplora el Prodh la lentitud del Estado en la impartición de justicia

Deplora el Prodh la lentitud del Estado en la impartición de justicia

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Jueves 18 de octubre de 2012, p. 11

Las condenas contra el mazahua Hugo Sánchez Ramírez por delitos que no cometió demuestran que en México la justicia aún se administra de forma equivocada, sobre todo contra los sectores más vulnerables de la sociedad, afirmó Leopoldo Maldonado, integrante del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Maldonado saludó el amparo concedido al indígena por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dijo que la decisión marca un precedente histórico para frenar esos abusos.

Fue una sesión muy tensa, porque esperábamos esta decisión la semana pasada, pero finalmente la Corte decidió por mayoría de cuatro votos contra uno otorgar el amparo a Hugo por la falsa imputación de secuestro. Ahora sólo queda por resolverse la de portación de armas, explicó el abogado en entrevista con La Jornada.

Finalmente, después de cinco años se hace justicia. Este caso nos dice que desgraciadamente hay que apelar al máximo tribunal del país para que estos casos sean revisados y no queden en el olvido, pero hay muchas personas que no tienen oportunidad de acudir a estas instancias, lamentó.

Este fallo puede sentar un precedente histórico para transformar el sistema de procuración de justicia y que estos abusos ya no sean tolerados. Los estándares internacionales dicen que no basta con una indemnización económica, sino que debe haber también una sanción a los responsables y una disculpa pública, pero nos topamos con la lentitud y la falta de voluntad del Estado, que asume actitudes revictimizantes para no admitir su responsabilidad, agregó.

Al cierre de esta edición, los abogados del Prodh notificaron que aun cuando la sentencia de la SCJN permitía la liberación de Hugo Sánchez desde anoche, las autoridades penitenciarias lo impidieron mediante una argucia legal, por lo que interpondran una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública federal