Exigen en Chiapas cese el acoso judicial contra comunidades

Exigen en Chiapas cese el acoso judicial contra comunidades

En México, los penales son para los indígenas, no para narcos:dirigente

Hermann Bellinghausen

 

Periódico La Jornada
Lunes 11 de junio de 2012, p. 22

Centenares de indígenas marcharon este domingo en el municipio El Bosque, en los Altos de Chiapas, para demandar que cese la persecución judicial contra pobladores inocentes de San Pedro Nixtalucum, así como exigir la liberación del profesor Alberto Patishtán Gómez y el zapatista Francisco Santiz López (de Tenejapa). Esto, al cumplirse 14 años de la masacre de El Bosque, uno de los crímenes de Estado menos investigados en años recientes, que ocurrió tres días después de la matanza de El Charco, en Guerrero, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Apenas habían pasado seis meses de la tragedia de Acteal, y Alberto Albores Guillén ya era el mandatario estatal.

En tanto, el dirigente campesino y director de la revista Lucha indígena en Perú, Hugo Blanco, expresó su apoyo a la segunda semana mundial por la libertad de Santiz López y Patishtán Gómez: En México los penales no son para los narcotraficantes, sino para indígenas que no han hecho nada malo, como Patishtán y Santiz López. Su delito fue pensar que México debe ser para todos los mexicanos, donde todos trabajen y vivan tranquilamente, sin explotar ni ser explotados, disfrutando de los frutos que da la tierra, en un país donde todos puedan educarse y atender su salud, donde no haya millonarios ni mendigos, donde todos se interesen por todos, como en las comunidades indígenas.

México, dijo Blanco, se ha convertido en modelo para el país poderoso del norte, el más consumidorde estupefacientes, donde radican los grandes barones de la droga; el país que envía insumos químicos para la producción de cocaína, donde se lava el dinero y de donde se envía armas a los narcotraficantes. Y añadió: “México sirve de laboratorio para la falsamente llamada ‘guerra al narcotráfico’. Se movilizó al Ejército en esa guerra en la que mueren centenares de inocentes. El sueño de los barones de la droga de Estados Unidos es extender ese modelo ar toda América Latina para aplastar a los pueblos y ganar mucho dinero”.

El 10 de junio de 1998, unos mil soldados y centenares de policías estatales y federales atacaron las comunidades Unión Progreso y Chavajeval, y ocuparon la cabecera de El Bosque, gobernado por el consejo municipal autónomo zapatista de San Juan de la Libertad, cuyos miembros fueron encarcelados. En Unión Progreso ocho indígenas fueron asesinados, seis de los cuales habían sido capturados vivos y luego ejecutados, presumiblemente por tropas federales. El número de víctimas en Chavajeval, al menos cuatro, nunca se precisó, pues no todos eran bases de apoyo zapatistas, también cayeron priístas y sus deudos no pudieron alzar la voz.

El pretexto de las autoridades para eloperativo fue un cruento asalto la víspera, en la carretera a El Bosque, perpetrado por la banda criminal de la comunidad Los Plátanos, eficazmente habilitada como grupo paramilitar, dedicada al cultivo y trasiego de mariguana con protección policiaca (como fue documentado por La Jornada) y recurrente agresora de la vecina Unión Progreso desde meses atrás. Después del asalto huyeron a la montaña unos 800 indígenas en condiciones extraordinariamente precarias. Además, unas 200 personas de Los Plátanos llevaban dos meses refugiadas en las escarpadas serranías de la zona.

Carlos Payán Velver, a la sazón senador perredista y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), denunció la esquizofreniadel gobierno zedillista al hablar reiteradamente de paz y voluntad de diálogo y a la vez realizar una operaciónmás grave que Acteal, pues participaron tropas del Ejército con morteros, bazucas y armas de alto poder. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, en esos años dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, declaró el día de la masacre: Nada justifica la decisión del gobierno de ordenar la acción del Ejército en El Bosque, Unión Progreso y Chavajeval. La incursión fue criminal e irresponsable, y con ella Zedilloincumplió su compromiso de no usar la fuerza para atender el conflicto chiapaneco.

Como lo demuestra hoy la incesante lucha por la liberación de Patishtán, casi tres lustros después siguen abiertas las heridas de aquella masacre que no se indagó y por la cual nadie fue procesado