Exigen activistas cesar amenazas en contra de pobladores de la reserva Montes Azules

Exigen activistas cesar amenazas en contra de pobladores de la reserva Montes Azules

Aseguran que los habitantes conviven en paz y respetando la naturaleza: no hay razón para el desalojo

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 22 de junio de 2012, p. 23

San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de junio. Una misión civil de observación y solidaridad formada por representantes de unas 15 organizaciones exigió a las autoridades federales y estatales quecesen las amenazas de desalojo contra los poblados de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio, ubicados en la reserva de Montes Azules.

Los integrantes del grupo, que durante seis días visitaron la zona, afirmaron haber constatado que los habitantes de esos poblados se encuentran conviviendo y respetando la naturaleza, por lo que no hay razón para su desalojo, ya que viven en armonía con la naturaleza y su impacto ambiental es mínimo.

Los observadores demandaron que los tres asentamientos, creados hace más de 30 años, sean regularizados. Precisaron que la finalidad de la misión, que recorrió la zona del 29 de abril al 4 de mayo, fue documentar el compromiso de los tres poblados para el cuidado de la tierra y del medio ambiente ante la amenaza de desalojo por parte de las autoridades federales y estatales.

En un informe, las agrupaciones consideraron que la invaluable región (de Montes Azules) se encuentra en disputa por diversos intereses y actores ajenos a la zona, que esgrimiendo diversos discursos como el del desarrollo, la sustentabilidad, el cambio climático y el ecoturismo siguen amenazando a los poblados indígenas que tienen una larga historia de permanencia en el área.

Manifestaron que la política de desalojo de los poblados citados responde a una lógica inversa a la de la justicia y de los derechos humanos, pues además, observaron que hay un proceso de exclusión en torno a la salud, la educación, la alimentación y a una vida digna de los habitantes de Salvador Allende, Ranchería Corozal y San Gregorio.

Demandaron que se acaben de una vez por todas las amenazas de reubicación forzada o desalojo violento en contra de estos y otros poblados por parte del Estado mexicano, y que se garantice la preservación de los bienes naturales comunes existentes en la Selva Lacandona y en Montes Azules como patrimonio del pueblo mexicano, bajo resguardo y manejo de los grupos indígenas que habitan desde hace muchos años.

Miguel Ángel García Aguirre, de Maderas del Pueblo del Sureste, afirmó que sólo quedan siete de 45 poblados que estaban asentados en Montes Azules, pues fueron reubicados o desalojados por la fuerza pública.

También hubo representantes de los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Fray Pedro Lorenzo de la Nada, de Servicios y Asesoría para la Paz, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, el Servicio Internacional para la paz y Maderas del Pueblo del Sureste, entre otros