EU: persiste en México la impunidad de militares que violan derechos humanos

EU: persiste en México la impunidad de militares que violan derechos humanos

Los abusos, ligados sobre todo a la lucha contra el crimen organizado, señala

Grupos trasnacionales, principales responsables de delitos violentos, sostiene

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la mayoría de desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas de seguridad ocurrieron durante operativos contra criminales. En la imagen, camión con mariguana detectado por policías en Tijuana, Baja CaliforniaFoto Notimex

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 25 de mayo de 2012, p. 2

Nueva York, 24 de mayo. Las violaciones a los derechos humanos en México están ligadas principalmente a la lucha contra el crimen organizado, ya que integrantes de las fuerzas de seguridad han estado involucrados en matanzas, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos, mientras persiste un alto índice de impunidad y corrupción oficial, señaló el Departamento de Estado.

En la sección dedicada a México en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo –2011 Country reports on human rights practices–, subraya además que las organizaciones criminales trasnacionales son las principales responsables de delitos violentos en el país.

Esos grupos muestran nulo respeto ante las bajas civiles en sus batallas contra las fuerzas de seguridad y/o sus rivales; además, promueven el tráfico de seres humanos e intimidan a periodistas y defensores de derechos humanos, señala.

En ese contexto, se preguntó al secretario asistente de Estado para Derechos Humanos, Michael Posner, si las violaciones cometidas por fuerzas de seguridad en México son abordadas con el gobierno calderonista en el contexto de la asistencia estadunidense por la Iniciativa Mérida.

En su respuesta, Posner insistió en que hay una discusión bilateral constante sobre el asunto. Hemos sido muy claros con el gobierno de México (...) en intentar asegurar el rendimiento de cuentas por excesos de militares mexicanos; mayor rendimiento de cuentas en parte con el traslado de casos a tribunales civiles; mayor rendimiento de cuentas con mayor transparencia sobre cuáles casos están bajo investigación.

Se realiza un proceso de evaluación porque parte de la asistencia por la Iniciativa Mérida está condicionada al respeto de derechos humanos, indicó.

Agregó que, a largo plazo, hay una necesidad de fortalecer una policía nacional o provincial y un sistema legal para ofrecer una forma de abordar esta violencia constante.

El informe resume los problemas reportados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), incluyendo secuestros, abuso físico, sobrepoblación en las prisiones, arresto arbitrario, corrupción y falta de transparencia, que engendran impunidad dentro del sistema judicial, así como las confesiones basadas en torturas.

Los problemas sociales incluyen violencia doméstica, homicidio de mujeres, amenazas y ataques a periodistas, tráfico de personas, discriminación social y económica contra integrantes de comunidades indígenas y trabajo de menores de edad.

El informe indica que, a pesar de algunos arrestos por corrupción, una amplia impunidad ante abusos de derechos humanos por oficiales permaneció como un problema en jurisdicciones civiles y militares.

Como ejemplos de corrupción de alto nivel, en el informe están el caso del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, el del ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez y otros ex funcionarios, así como los de policías.

El informe indica que la Secretaría de Defensa Nacional, con un papel cada vez mayor en la lucha contra el crimen organizado, es la entidad con el mayor número de denuncias por abusos, según la CNDH, con un total de mil 695 quejas a lo largo de 2011.

Las quejas contra la Secretaría de Marina se incrementaron de 198 en 2010 a 495 en 2011. Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos creíbles continuaron acusando que un sistema de justicia militar opaco contribuyó a la impunidad, indicando un fracaso en investigar, fiscalizar y condenar a militares por violaciones de derechos humanos.

Reporta que hubo múltiples casos de desapariciones forzadas cometidas por el Ejército, la Marina y policías, y la mayoría ocurrió durante operaciones de seguridad.

En esos casos, cita informes de la Organización de Naciones Unidas que subrayaron un patrón de impunidad y falta de investigación, y que el número de casos se ha multiplicado.

El informe agrega que la CNDH recibió mil 626 quejas de trato cruel e inhumano y 42 por tortura en 2011 (comparado con mil 170 en el primer rubro y 10 en el segundo en 2010), incluyendo algunos casos de ciudadanos estadunidenses que reportaron ese tipo de maltrato al estar bajo custodia de autoridades mexicanas.

También indica que Human Rights Watch reportó 170 casos de tortura cometidos por fuerzas de seguridad en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco desde el inicio de la guerra contra las drogas, en 2006.

Además, los secuestros continuaron como un problema serio para personas de todos los niveles socioeconómicos, según el informe, el cual añade que hubo reportes creíbles de la participación de policías a nivel local y estatal en los plagios.

Cita además información de la CNDH sobre violaciones a los derechos de indocumentados cometidos por policías, oficiales de migración y de aduanas.

En otro rubro, señala las consecuencias de la violencia ligada al crimen organizado sobre la libertad de prensa y la integridad física de periodistas.

Destaca que las organizaciones criminales trasnacionales cometieron delitos que parecían ser políticamente motivados, incluyendo el asesinato de 20 alcaldes entre 2010 y 2011. Y reporta el asesinato contra tres activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que supuestamente perpetraron sicarios.

El informe aborda los derechos laborales. Afirma que “en la práctica, el gobierno no protegió de manera consistente esos derechos.

Su fracaso general en hacer cumplir leyes laborales dejó a trabajadores sin muchos recursos en torno a la violaciones de la libertad de asociación, entre otros problemas.

Indica que en varios sectores se quejan de la participación abierta y casi siempre hostil del gobierno contra los esfuerzos por desarrollar sindicatos independientes.

La sección sobre México del informe se puede revisar en:www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186528#wrapper