Los ministros concedieron el reconocimiento de inocencia
, debido a que se violó el debido proceso
Jueves 2 de febrero de 2012, p. 15
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 1°. de febrero. En cumplimiento de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la noche de este miércoles fueron liberados siete tzotziles sentenciados por la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, informó Sergio Natarén Gutiérrez, abogado de los acusados y presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el Pueblo Evangélico Puertas Abiertas, Asociación Civil.
En un comunicado, dijo que Juan Pérez Hernández, Bartolo Luna Pérez, Agustín Pérez Gómez, Mariano Pérez Jiménez, Juan Sántiz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez y José Ruiz Tzucut salieron del penal de El Amate, municipio de Cintalapa, a las 21:30 horas.
Al abandonar el reclusorio –agregó–, los siete indígenas se trasladaron a las oficinas de la Secretaria de Gobierno, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, donde serían recibidos por sus familiares, para seguir el mismo procedimiento que se ha hecho con los demás liberados, ya que por su seguridad no podrán retornar
a sus comunidades, en el municipio de Chenalhó.
Señaló que “provisionalmente estarán en un hotel en la capital del estado y luego serán reubicados en el municipio de Villafores, en el centro de la entidad, donde se encuentran los otros 45 que alcanzaron su libertad tiempo atrás, para evitar que sean agredidos
.
Después de 14 años y un mes de la matanza de 45 indígenas toztziles en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, la SCJN dio ayer la orden para la inmediata libertad de siete indígenas, quienes habían sido sentenciados por los delitos de homicidio, lesiones, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de uso reservado a las fuerzas armadas.
Los ministros del máximo tribunal concedieron el reconocimiento de inocencia
de los inculpados. Esta decisión se da después de que en agosto de 2009, la primera sala de la Corte ordenara la libertad lisa y llana
de unos 30 acusados de la matanza y dejó las bases para que otros 20 quedaran libres meses más tarde, con el argumento de que se violó el debido proceso en su contra, que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas acusatorias y que la sentencia se había basado en declaraciones de testigos inducidos, a quienes el Ministerio Público les mostró un álbum fotográfico.
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