El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, destacó ante la Comisión Permanente del Congreso que en 2011 México vivió momentos difíciles: por un lado, en los enfrentamientos de las fuerzas del orden contra la delincuencia organizada perdieron la vida 43 personas ajenas a los hechos
; por otro, la vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales propició el aumento de la indignación
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Al presentar su informe de labores correspondiente al año pasado, el ombudsman nacional resaltó que esa situación se tradujo en un considerable aumento en el número de quejas contra servidores públicos de los tres niveles de gobierno. En total, apuntó, fueron 29 mil 439.
Ante senadores y diputados, resaltó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso no podrá, por sí misma, resolver de raíz los abusos, pero sí será un freno para quienes conciben el ejercicio de gobierno con una mentalidad autoritaria y abusiva. Hoy por hoy, quien viole los derechos humanos estará violando la Constitución
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Destacó que por primera vez en su historia la CNDH ejerció la facultad –que le otorgó la reforma constitucional– para investigar violaciones graves a los derechos humanos, específicamente para los hechos ocurridos el 12 de diciembre en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde tres personas perdieron la vida, dos de ellas a causa de disparos de armas de fuego y otra por un incendio provocado en una gasolinera cercana. También se reportaron personas lesionadas, detenidas arbitrariamente y una torturada.
Sin embargo, en su exposición el ombudsman no dijo que esos hechos se relacionan con la protesta de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Añadió que a raíz del creciente número de quejas por cateos ilegales llevados a cabo por policías en integrantes de las fuerzas armadas en auxilio de las labores de seguridad pública, en agosto pasado se emitió una recomendación general sobre el tema, en la que se pide erradicarlos y se exige a las autoridades que se ajusten a la ley.
El titular de la CNDH llamó a erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención para el desempeño de los defensores de derechos humanos, con el objeto de que su acción no se vea coartada ni amenazada por ningún tipo de circunstancia.
Afirmó que los periodistas y defensores de derechos humanos continúan desempeñando su labor en un ambiente adverso.
El año pasado, expuso, se presentaron 98 quejas por agravios contra periodistas, que representan 42 por ciento más respecto a 2010, y 59 por agresiones a defensores civiles, lo que significó un aumento anual de 23 por ciento.
Dio a conocer que las instituciones más frecuentemente señaladas como responsables de violación a los derechos humanos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 2 mil 882 quejas, y en segundo lugar la Sedena, con mil 879.
El órgano administrativo de prevención y readaptación social ocupó el tercer lugar, con mil 626 denuncias; el Instituto Nacional de Migración el cuarto, con mil 399, y la Policía Federal el quinto, con mil 150.
La Procuraduría General de la República se ubicó en el sexto sitio, con mil 140; la Secretaría de Educación Pública en el séptimo, con mil 109; el Issste en el octavo, con 977; la Armada en el noveno, con 534, y la Comisión Federal de Electricidad en el décimo, con 436.
Acusó que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobernador de Chihuahua, los ayuntamientos de Benito Juárez, Quintana Roo; Chilpancingo y Metlatónoc, en Guerrero, así como el Congreso de esa entidad no aceptaron las recomendaciones de la comisión.
Sostuvo que la Conagua de manera reiterada se ha negado a aceptar las recomendaciones de la CNDH, por lo cual pidió al Senado que se citara a comparecer a su titular
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