El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) dio a conocer ayer su informe denominado Discriminados y encarcelados: detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México, que será presentado en Ginebra, los días 14 y 15 de febrero ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que se documentan cinco casos para ilustrar los problemas estructurales que aquejan al sistema penal mexicano.
Pero sobre todo, detalló el director del Prodh, José María Marroquín, para documentar ante las instancias internacionales que los pueblos indígenas se encuentran padeciendo un clima de discriminación racial, económica y social, práctica que es permanente en los órganos de procuración de justicia.
El activista destacó que en un momento en que el Estado mexicano se encuentra en medio de una fallida guerra
contra el crimen los indígenas se vuelven chivos expiatorios con los que los órganos de justicia pretenden demostrar que están cumpliendo su deber de garantizar la seguridad de la población
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Se detallan en el informe cinco casos, entre ellos el del joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez, acusado de secuestro; el de los defensores del agua, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz, indígenas nahuas que se encuentran presos por delitos que no han cometido.
También refiere los casos de Basilia Ucan, mujer maya que fue acusada de lenocinio con declaraciones fabricadas y estuvo seis años en prisión. Y finalmente aborda el caso de Alberta y Teresa, mujeres indígenas acusadas del secuestro de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), que permanecieron encarceladas, pero que al ventilarse públicamente las irregularidades y violaciones en sus procesos fueron liberadas.
Stephanie Erin Brawer, del Centro Prodh, anunció que dicho informe se presentará en Ginebra los días 14 y 15 de febrero próximo, ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, en donde expertos internacionales evaluarán al Estado mexicano.
El informe se centra en la discriminación de las poblaciones indígenas en el contexto de la impartición de justicia en el país y en particular en la práctica de detener arbitrariamente a indígenas inocentes aprovechando la deficiencia estructural en el sistema penal para hacer de esas víctimas, chivos expiatorios o bien utilizando la ley como herramienta directa de represión social cuando las personas y comunidades pretenden defender sus derechos
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Sin más justificación fue detenido porque a los policías les pareció que tenía una actitud sospechosa. Este es un criterio altamente discrecional que se convierte en un cheque en blanco para la discriminación racial o por motivo de condición económica, concluye el documento
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