Según el secretario estatal de Obras, será 12.3% menos costoso que seguir arrendando oficinas
Inversión privada de mil millones de pesos; anuncian proyectos similares para tres municipios
Viernes 6 de enero de 2012, p. 29
Chihuahua, Chih., 3 de enero. El gobierno del estado anunció que la iniciativa privada invertirá mil millones de pesos en la construcción de una ciudad judicial
en la capital del estado. A cambio, el gobierno estatal pagará una renta anual aún no especificada por el uso de los edificios durante 30 años.
Al dar a conocer el programa de obras para 2012, el secretario del ramo, Javier Garfio, anunció la construcción de un conjunto de edificios que albergarán a jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial.
Extraoficialmente se dio a conocer que las obras serán construidas por una se las empresas del Grupo Carso, con el esquema de participación privada y arrendamiento-financiamiento al gobierno estatal, como se hizo con el complejo Ciudad Gobierno en Zacatecas, que alberga oficinas de la administracón estatal.
La justificación del proyecto señala que la construcción del complejo es 12.3 por ciento menos costosa que rentar oficinas para el Poder Judicial, dijo el funcionario.
Destacó que los edificios se construirán en terrenos recuperados por el gobierno del estado que antes eran una zona de tolerancia, lo que aumentará el valor de esa parte de la ciudad y elevará la recaudación de impuesto predial.
El funcionario no quiso dar detalles sobre el financiamiento privado a la obra, pero dio a conocer que el proyecto fue elaborado por la empresa Estrategia Financiera, que ya ha construido ciudades judiciales en otras entidades.
La nueva sede del Poder Judicial incluye un edificio principal de ocho niveles, con estacionamiento para mil vehículos, con entradas y salidas especiales para jueces, magistrados, procesados y público, un moderno sistema de seguridad interna, salas para juicios orales, cafetería, área de informática, biblioteca, consultorios médicos y salas de juntas.
Abarcará cuatro hectáreas del antiguo barrio de San Pedro, en el centro histórico de la capital, entre las avenidas Juárez y Niños Héroes, donde el gobierno del estado compró viviendas y negocios, los cuales demolió a un costo de 100 millones de pesos.
La ciudad judicial será la primera de varias obras fondeadas con inversión privada pagadera a largo plazo, para lo cual se modificó en febrero la Ley de Arrendamiento, Prestación de Servicios y Obra Pública del Estado, a fin de incluir las figuras de asociación pública privada y proyecto de prestación de servicios (PPS).
Antes de esa modificación, el Grupo Carso participó en la construcción del acueducto Conejos-Médanos, con una inversión de mil 150 millones de pesos, por cuyo uso cobra una renta anual a la junta central de agua y saneamiento de Ciudad Juárez.
Se tienen previstos proyectos similares en los municipios de Juárez, Parral y Cuauhtémoc, que se desarrollarían con el esquema de PPS en los siguientes tres años
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