Domingo 14 de agosto de 2011, p. 12
Organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron en Chihuahua las reformas a la ley de seguridad nacional que se pretenden aprobar en la Cámara de Diputados, y dijeron que la acción militar en Ciudad Juárez prueba lo que puede suceder en el país cuando se criminaliza la protesta social.
El sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dijo que de aprobarse las reformas legales habría luz verde a la presencia militar en las calles, y el Poder Ejecutivo podría incrementarla o mantenerla cuando lo considere necesario, según las condiciones sociales
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En conferencia de prensa realizada en Ciudad Juárez, representantes de los organismos no gubernamentales demandaron a legisladores federales de Chihuahua rechazar las reformas a la ley vigente desde febrero de 2005, por considerarlas anticonstitucionales, y pidieron a los ciudadanos enviarles correos electrónicos para que no voten a favor.
También representantes de organizaciones como el Consejo Ciudadano, el Comité Médico Ciudadano, Pacto por la Cultura, Derechos Humanos del Migrante y Plan Estratégico, entre otros, afirmaron que la iniciativa de reformas del Ejecutivo federal, modificada por el Senado y que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el 2 de agosto en lo general, constituye una traición a la ciudadanía
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Las organizaciones, que constituyeron el nuevo grupo Articulación Justicia en Juárez, consideraron que la presencia militar en la calle es anticonstitucional, y la reforma busca un marco para justificarla pese a que conlleva muy negativas consecuencias para las comunidades
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Otros puntos negativos de la reforma es que criminaliza la protesta social y acentúa el autoritarismo de la alta burocracia con fuerza por encima de la ley, por lo cual se insistirá en unificar el rechazo de las organizaciones sociales a nivel nacional en acciones como la protesta que se llevará a cabo este domingo, reseñaron Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano; y Zulma Méndez, de la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad.
También la senadora perredista Yeidckol Polevnsky –en entrevista concedida en Tultitlán, estado de México– dijo que no debe aprobarse la iniciativa enviada una vez más al Congreso por el presidente Felipe Calderón, porque se pretende autorizar a corporaciones policiacas irrumpir en domicilios particulares con el pretexto de abatir la criminalidad; además, el enorme gasto destinado a seguridad no se refleja en una reducción de la violencia
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