Muchas inconformidades generó el proceso de selección de proyectos preventivos de las organizaciones civiles que concursaron en la VI Convocatoria Pública del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida). Las posibles irregularidades fueron expresadas en una carta dirigida al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, por los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida.
Las sospechas sobre la transparencia del proceso comenzaron desde la convocatoria misma, donde se dispone que el Censida se reservará toda información sobre los proyectos “hasta el término de la ejecución de los mismos”, basándose supuestamente en el artículo 14 de la ley de Transparencia. Sin embargo, se trata de una interpretación torcida de dicho artículo. Cualquier persona desde ahora puede solicitar información sobre cualquiera de los proyectos seleccionados, incluidos los montos otorgados a los mismos, porque el proceso de deliberación ya concluyó y los resultados ya se hicieron públicos. A eso se refiere la fracción VI del mencionado artículo y no a otra cosa. Censida no puede coartar el derecho a la información “individualizada” como le llama, cualesquiera sean los fines que motiven al interesado.
Otro elemento generador de desconfianza es la composición del grupo de evaluadores que en su gran mayoría provienen de instituciones de gobierno, tan sólo del Censida son 27 integrantes, y muy pocos de instituciones académicas o de organizaciones civiles. Los reclamos de transparencia de los vocales de la sociedad civil deberán servir para limpiar cualquier sospecha de favoritismo, de irregularidades en el procedimiento y de decisiones arbitrarias por parte de los convocantes.
*Editorial publicado en el número 178 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 5 de mayo de 2010
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