Antonio Medina*
México DF, mayo 06 de 2011.
A casi un año de que el gobierno federal promulgara el 17 de mayo como Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias, los crímenes de odio por homofobia siguen tiñendo de rojo el arcoiris de la diversidad sexual en todo el país, pues, entre otras debilidades de dicha promulgación presidencial (que evitó mencionar la palabra homofobia en el título) no se plantearon acciones de gobierno (contundentes) para mitigar (realmente) la homofobia criminal en México.
Y es así que la “celebración” de este primer aniversario lo “festejará” el colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero (LGBTI) con la mala noticia de que en los estados de Puebla y Guerrero se han perpetrado asesinatos contra personas trans y gays. El primero contra una mujer transgénero y el otro contra un hombre gay. Éste último, activista y defensor de los derechos humanos en su entidad.
El primer caso fue reportado en Cholula, Puebla. Bárbara Lezama, una mujer transgénero fue encontrada sin vida en su domicilio y con visibles marcas de violencia machista. En las primeras indagatorias judiciales se informó a los medios locales que Lezama fue ahorcada con el cable de una plancha y recibió varios golpes con un tabique en la cabeza, lo que le provocó la muerte.
Por otro lado, en Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado Quetzalcóatl Leija Herrera, activista gay, quien fue encontrado sin vida la madrugada del miércoles 4 de mayo en las inmediaciones del Zócalo de la capital guerrerense. El cuerpo del luchador social mostraba heridas en todo el cuerpo.
Compañeros y amigos afirman que el crimen tiene tintes políticos, pues Quetzalcóatl era un personaje incómodo para el gobierno del estado al cuestionar abiertamente políticas públicas discriminatorias y falta de sensibilidad del gobierno estatal hacia los sectores discriminados, entre ellos, el de la diversidad sexual.
Leija Herrera, quien fuera presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, denunció recientemente los crímenes perpetrados contra 16 hombres homosexuales en Guerrero y fue uno de los principales activistas que en 2008 pugnó porque en el estado (gobernado por el Partido de la Revolución Democrática) se calcara el logro legislativo de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, donde también gobierna el mismo partido de izquierda.
Ambos crímenes han dejado atónita a la comunidad LGBTI de todo el país. Ha habido pronunciamientos a través de las redes sociales donde se demanda a los gobiernos de Puebla y Guerrero actuar con prontitud en las pesquisas de los asesinos.
Es importante señalar que en México, cada año, se asesinan en promedio a 35 personas del colectivo LGBTI. Entre 1995 y 2009 se han registrado más de 640 crímenes de odio por homofobia en México. Todos esos casos, como el de Quetzalcóatl y Bárbara, han sido difundidos en los medios de comunicación, pero, como lo ha constatado la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) por más de 13 años, de cada crimen registrado en los medios, cuando menos existen tres más de los cuales la sociedad no se entera, entre otras cosas, porque las familias de las víctimas prefieren el silencio antes que el escarnio y, como decía Carlos Monsiváis, “una vez que la persona es asesinada, viene una segunda muerte social” cuando se difunde el suceso en los medios de comunicación de manera estigmatizante.
Activismo de luto
El activismo LGBTI en México está de luto por estos crímenes y clama justicia, pues aún persiste el triste recuerdo del psicólogo Octavio Acuña, quien fue asesinado en la ciudad de Querétaro en junio de 2005. El gobierno panista de aquel entónces desvió las investigaciones y desactivó por un tiempo la lucha social del estado en materia de diversidad sexual y derechos humanos; amedrentó a quienes osaran cuestionar al gobierno e inculpó a un supuesto asesino que nunca hubo evidencia de su verdadera culpabilidad en el crimen.
Esa y otras experiencias similares en diferentes estados han dejado el aprendizaje de que los gobiernos hacen cortinas de humo, inculpan a inocentes, se deslindan de investigar argumentando “crímenes pasionales entre homosexuales”; mientras que las instancias judiciales, Comisiones de Derechos Humanos (locales y nacional) aletargan y encubren a los gobiernos dependiendo los signos partidistas o coincidencias ideológicas.
Ha sido una voz unánime en el mundo de las organizaciones civiles de derechos humanos en México la que exige a los gobiernos de Puebla y Guerrero cumplan con su obligación, que es encontrar a los criminales y hacer justicia, pues estos crímenes no deben quedar impunes, como ha sucedido en la gran mayoría de los reportados por la CCCOH.
En estos momentos de dolor y coraje aflora la indignación y, por desgracia, las promesas de gobernantes y legisladores, las cuales, ojalá, se conviertan en acciones y no en consignas trilladas y electoralmente eficaces; en trabajo sin distingo con TODOS los sectores de la ciudadanía y en una suerte de sinergia con los gobiernos federal y estatales, para emprender acciones encaminadas a trasformar políticas que permitan el gran cambio cultural que necesita México en materia de no discriminación y de combate a la homofobia.
Desde luego que la sociedad civil organizada tiene sus responsabilidades, que es coadyuvar para que estos cambios se den. Tal vez el desgaste de energía en vedetismos, rencillas y luchas de poder de grupos o líderes, debería focalizarse a un trabajo político-social más depurado y profesional, que obligue a las instancias de gobierno y legislativas a cumplir con su trabajo escuchando TODAS las voces, antes que éstas sean sofocadas por el hartazgo y desilusión o por manos criminales.
*Fundador de la Agencia NotieSe
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