Alberto Guerrero, experto en derecho sanitario, asegura en entrevista que el sector público contrata cada dos años un seguro privado para defender a sus médicos, no siempre responsables
Lunes 4 de abril de 2011, p. 42
En 2010, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió mil 652 quejas de usuarios insatisfechos con servicios médicos o que consideran que hubo actos de negligencia médica, 100 más que las que atiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en promedio, según información estadística de la Secretaría de Salud (Ssa).
En años anteriores, el número de quejas no fue menor: entre 2005 y 2008 sumaron 2 mil 346 expedientes tramitados en la Conamed. Algunos inconformes presentan denuncias para obtener indemnización. Otros se quedan con la duda y la impotencia.
El abogado Alberto Guerreroexperto en derecho sanitario y ex director jurídico de la Conamed, refirió en entrevista con La Jornada que los organismos del sector público contratan cada dos años un seguro privado para defender a sus médicos de cualquier demanda por prácticas médicas indebidas y negligentes.
El problema es que las autoridades de la Ssa no exigen que las aseguradoras cuenten con abogados especialistas en derecho sanitario, por lo que es muy común que pierdan los casos en tribunales y terminen pagando indemnizaciones millonarias, aunque los médicos no siempre sean plenamente responsables
, dijo.
Lucero Mejía Hernández tenía 19 años de edad cuando le extirparon la matriz. En julio de 2005, mientras nacía su segunda hija en el Hospital General de Zona número 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coacalco, estado de México, los médicos que le practicaron la cesárea le dejaron restos placentarios, y eso le provocó infecciones. El resultado fue la obligada extirpación de la matriz, útero, salpinge y un ovario, lo cual le impedirá tener más hijos.
La familia de Marisol decidió demandar a la médica general Yaneth Rosalba Málaga Correa, quien atendió la cesárea, así como a Aiza Torres Ayón y Alfredo Rosas, porque no legraron a tiempo para evitar la infección interina
, señaló en entrevista Alfonso Mejía, padre de la afectada, quien junto con su hija presentó en agosto de 2005, ante Conamed, una queja contra los médicos del IMSS que causaron la pérdida de órganos de la mujer.
La autoridad admitió la queja. Después de estudiar el caso, el Seguro Social admitió el error y fijó una indemnización de 150 mil pesos, que Alfonso Mejía consideró una burla, ya que no cubre el daño físico y moral ocasionado a mi hija, por lo que no la aceptamos y nos inconformamos para seguir los trámites litigiosos contra el IMSS, solicitando 2 millones de pesos de indemnización
.
El Seguro Social se negó a cubrir la petición, por lo que la afectada denunció penalmente a los médicos y el IMSS ante la Procuraduría General de la República (PGR). En el ínter del litigio, los quejosos denunciaron el supuesto extravío del expediente médico de Lucero y de su hija recién nacida.
Durante las investigaciones quedó pericialmente acreditado que Lucero fue víctima de negligencia médica que le ocasionó lesiones de por vida a los 19 años de edad. Sigue pendiente el resolutivo de la PGR y de la Conamed.
Otra demanda, contra un médico del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ocurrió en 2008.
Gustavo Gracidas Martínez, secretario de estudio y cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, demandó al oftalmólogo Jaime Villaseñor Diez por presunta impericia, falta de previsión y negligencia médica. El demandante exigió al galeno 8 millones de pesos de indemnización.
El empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue operado en 2005 en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE para corregir una catarata en el ojo derecho, pero tras la intervención quirúrgica tuvo una pérdida de visión de 90 por ciento en ese ojo.
Gracidas Martínez fue defendido por abogados de Corporativo Jurídico Sanitario, que ganó el pleito judicial al trabajador de la SCJN. El litigio se desahogó en el juzgado 14 civil, dependiente del TSJDF (expediente 668/07). Sin embargo, el 21 de septiembre de 2010, después de tres años de juicio, el juez Fernando Aparicio Rodríguez absolvió al médico del ISSSTE y a la institución de cualquier responsabilidad civil.
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