San Cristóbal de Las Casas, Chis., 6 de febrero. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó violaciones al debido proceso
en la detención de los 116 indígenas de la otra campaña del municipio de Chilón, en el centro ecoturístico cascadas de Agua Azul, de los cuales 10 ya fueron consignados la noche del sábado como presuntos homicidas y recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 17, con sede en el municipio de Playas de Catazajá.
En un comunicado, indicó que, según testimonios de los indígenas, es falsa la versión oficial de que bloquearon la carretera San Cristóbal-Palenque y que hubiera 17 turistas retenidos.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo que no fueron 116 los detenidos como aseguró la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sino 117, por lo que las personas liberadas el sábado fueron 107, entre ellas un menor de edad.
Sostuvo que las autoridades estatales “persiguen y criminalizan a los ejidatarios, adherentes de la otra campaña, toda vez que fueron ellos los agredidos y despojados de la caseta de cobro por un grupo numeroso de ejidatarios priístas de manera violenta”.
Adherentes y priístas del ejido San Sebastián Bachajón, Chilón, se enfrentaron el 2 de febrero pasado en Agua Azul –ubicada a más de 150 kilómetros de esta ciudad– por el control de la caseta de cobro, con resultado de un muerto y al menos dos heridos, militantes del PRI.
El Frayba aseguró que la detención de las 117 personas ocurrió el 3 de febrero, aproximadamente a las 11:30 horas, cuando el grupo de ejidatarios se encontraba reunido sobre la carretera, a la altura de la entrada a las cascadas de Agua Azul, tomando acuerdos acerca de la respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de diálogo y negociación que los operadores políticos de la zona les habían ofrecido
.
Citando a los adherentes, añadió que estaban reunidos cuando se acercaron aproximadamente 300 policías que lanzaron un gas lacrimógeno que cayó en una de las ollas de frijol que estaban cociendo, y después un comandante de la corporación se acercó para pedir la respuesta
, la cual fue en el sentido de no aceptar el diálogo propuesto por el gobierno.
Señaló que “la negativa de los ejidatarios se debió a que antes habían denunciado públicamente los planes del gobierno estatal de crear un escenario de confrontación para reprimir y terminar administrando el conflicto, tomando control definitivo de la zona, pues existe un interés territorial estratégico para inversión turística y de despojo hacia los pueblos que habitan en este lugar.
“Por la información documentada que posee, este Centro confirma las violaciones al debido proceso que todas las personas detenidas sufrieron, consistentes en no contar con abogado o representante legal, ni traductor, entre otras. Es clara la acción represiva del gobierno del estado, el cual actúa junto con las autoridades oficiales (priístas) para señalar y detener de manera arbitraria a los ejidatarios adherentes de la otra campaña”, concluyó
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