Reformar el Código de Justicia Militar, exige CIDH al gobierno

Reformar el Código de Justicia Militar, exige CIDH al gobierno

La sentencia es vinculante para las autoridades mexicanas, señala HRW

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 22 de diciembre de 2010, p. 13

Por vez primera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió de forma abierta que el Estado mexicano concrete una reforma a su Código de Justicia Militar para que los tribunales civiles se hagan cargo no sólo de casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino de todas las violaciones de derechos humanos.

Así lo destacó la organización internacional Human Rights Watch (HRW) mediante una nota de prensa divulgada ayer a través de su página web (www.hrw.org/es/), en la cual recordó que la CIDH pidió explícitamente al gobierno del país que las violaciones a las garantías de sus ciudadanos dejen de ser analizadas por los jueces del Ejército.

Dicha sentencia, afirmó el organismo con sede en Nueva York, refuerza la posición de HRW, en el sentido de que la reforma enviada por el presidente Felipe Calderón es incompleta, ya que sólo contempla remitir a la justicia penal ordinaria tres tipos de abusos cometidos por uniformados.

La misma CIDH emitió una sentencia desfavorable a México por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos de forma arbitraria y después torturados por soldados en 1999, lo que según la resolución de este organismo implicó violaciones a su derecho a la libertad, la integridad personal, el debido proceso y la protección judicial.

El caso de los ecologistas pone al descubierto todas las razones por las cuales los militares no deberían investigar a sus propios soldados involucrados en violaciones a los derechos humanos: la manipulación de pruebas, el uso de la tortura para obtener confesiones e investigaciones absolutamente inadecuadas de abusos graves, afirmó el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

En el comunicado, la organización subrayó que la sentencia de la CIDH es de carácter vinculante para las autoridades mexicanas, las obliga a adecuar sus leyes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ende a dejar en manos de los jueces civiles cualquier caso de violación a las garantías individuales de sus ciudadanos, y no sólo la tortura, la desaparición forzada y la violación sexual