Redacción NotieSe
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó los expedientes de queja abiertos a solicitud de diversos peticionarios en contra de los ministros de culto y cardenales Juan Sandoval Iñiguez, Norberto Rivera Carrera y el sacerdote Hugo Valdemar Romero, por diversas declaraciones en el marco del debate y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En relación al expediente referido a Rivera Carrera y Valdemar Romero, el Conapred recibió como respuesta el rechazo a participar en el proceso de conciliación previsto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED).
Mediante un comunicado de prensa, el Conapred puntualizó que en esa respuesta, los prelados argumentaron su derecho al ejercicio de las libertades de expresión y religiosa, así como su perspectiva de no haber violado el derecho a la no discriminación.
No obstante, ambos ministros de culto aceptaron dialogar con autoridades del Conapred, y que la Arquidiócesis Primada de México emita un comunicado en el que exprese su posición en relación a los matrimonios entre personas del mismo sexo y su postura de respeto a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
Respecto al caso del Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, el Conapred no recibió respuesta a las diversas notificaciones enviadas para solicitarle información e invitarlo a participar en el proceso de conciliación.
En el oficio de conclusión de este procedimiento, y con base en la información recibida del caso, el Conapred calificó como acto de discriminación las expresiones emitidas por Sandoval Íñiguez ya que éstas pueden promover la homofobia y repercutir en el ejercicio de derechos y libertades en condición de igualdad, tal como lo señala el artículo 9, Fracción XV de la LFPED.
El boletín de prensa asegura que el Conapred “reconoce plenamente el derecho que las Iglesias tienen para expresar ante la opinión pública sus puntos de vista sobre los asuntos que interesan a toda la sociedad, como es el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar. Pero también el límite legal, establecido en el artículo sexto constitucional, que tiene el ejercicio de la libertad de expresión con respecto a los derechos de terceros, por lo cual no se pueden justificar expresiones que atenten contra la dignidad de las personas”.
El consejo expresó su preocupación por las manifestaciones contrarias a la dignidad de las personas, así como por la falta de respuesta a los procesos establecidos en la legislación vigente. “Ambas conductas afectan la posibilidad de una sociedad plenamente democrática, incluyente y justa”.
Por último, el Conapred exhortó a promover espacios y prácticas de igualdad, pues en el marco de un Estado democrático y de Derecho, la defensa de la dignidad de las personas es responsabilidad compartida de todas las personas, y de todos los grupos sociales.
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