Provida se defiende ante evidencias de Juez sobre desvío de fondos públicos

Cuestionan ONG si los recursos desviados por Provida serán devueltos a las arcas de la Nación Leonardo Bastida Aguilar México DF, agosto 19 de 2010. “No hay desvío de fondos y estamos en proceso de comprobación”, señaló a esta agencia, Jorge Serrano Limón, presidente del Comité Nacional Provida ante las notas publicadas el pasado 15 de agosto en el periódico Reforma en las que se asegura que su agrupación desvió fondos en 2004 para comprar plumas, tangas y ropa para caballero. De acuerdo con Serrano Limón, “la información que salió en el periódico Reforma está falseada” y señaló al director del rotativo, Lázaro Ríos, como una persona que “tiene la costumbre de falsear la información”, debido a que “a él se le dio la información hace cinco años de primera mano y la mutiló, sólo sacó lo que se le antojaba y engañó”. En entrevista telefónica, el líder del movimiento antiabortista en México, calificó como una falta de ética la “republicación de una nota difundida hace cinco años, sobre todo cuando no hay sanción y todavía no es definitivo el veredicto del juez porque la organización está en un proceso de rectificación y entrega de información faltante”. “Son capaces de manchar la imagen de alguien pero no tienen el profesionalismo de sacar los dictámenes finales de los casos que reportan”, aseveró. El pasado 15 de agosto el juez decimotercero de distrito en materia civil, Salvador Martínez Calvillo, indicó que Provida deberá reintegrar al erario 14 millones 188 mil pesos, luego de un juicio promovido por el propio Gobierno y que duró casi cinco años. A esta cifra se deben aumentar los intereses calculados a partir del 15 de noviembre de 2005, con tasa de 9 por ciento anual capitalizable, con lo que la deuda asciende a casi 22 millones de pesos y continúa en aumento hasta no ser saldada. Parte del dinero desviado por la organización civil Comité Nacional Provida fue destinado a la compra de plumas Cartier, tangas y ropa para caballero en las tiendas Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears y Zara, cuyo fin original era instalar 10 centros de ayuda para la mujer, será reintegrado al gobierno federal tras la sentencia emitida por el juez federal en la que se determinó el desvío de recursos públicos por parte de la agrupación. En 2004, las auditorías realizadas a la organización revelaron que de los 29 millones 999 mil pesos que Provida recibió en 2003 por parte del gobierno federal para la instalación de 10 centros de ayuda para la mujer, 14 millones 188 mil pesos fueron desviados para comprar accesorios como plumas fuente, tangas y ropa para caballero. Sólo se pudo acreditar ante la Secretaría de Salud el uso correcto de 15.8 millones, utilizados en la compra equipos de ultrasonido, despensas y gastos menores, como mantenimiento de luz, agua, gasolina y paquetería. Además, los auditores encontraron que las facturas presentadas por la asociación tenían sobreprecios y anomalías, y eran giradas por empresas fantasma o vinculadas directamente a Provida como es el caso de Mercatel, Imporvar y el salón de fiestas El Castillo de Branstock. En 2004, la Auditoría Superior de la Federación, ratificó lo denunciado por las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Información en Reproducción Elegida; Salud Integral para la Mujer, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; y Letra S en torno al desvió de fondos. Daphtne Cuevas Ortiz, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, dijo a Cimacnoticias: “Celebramos que un juez nos vuelva a ratificar la razón que teníamos en lo que denunciamos desde hace siete años y aplaudimos que finalmente, se ratifique que si alguien hizo un mal uso de los recursos públicos malversando fondos, tiene que hacerse responsable y pagarlos”. Por su parte, Pilar Muriedas, consejera directiva de Salud Integral para la Mujer, señaló a la agencia Cimac: “Ahora habrá que esperar la apelación del Comité Provida lo cual retardará aún más la resolución definitiva. Nos seguimos preguntando si algún día esos recursos públicos se reintegrarán a las arcas de la Nación”. En caso de que la decisión no sea acatada, el juez podrá aplicar medidas de apremio, como multas y arrestos, y ordenar que la condena se ejecute sobre los bienes o cuentas de los responsables.