La próxima semana la CIDH emitirá la sentencia por tres casos del Campo Algodonero
ANAD: la querella presentada por la Coidh fue por violación a tratados internacionales
Lunes 30 de noviembre de 2009, p. 37
La próxima semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá el fallo por los casos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, tres de las ocho víctimas de feminicidio encontradas en noviembre de 2001 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y otras organizaciones que llevan el caso señalaron que existen todos los elementos para que el tribunal internacional emita una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a garantías judiciales y protección judicial, por transgredir derechos del niño y a la integridad personal, entre otros.
Michel Salas Ramírez, abogada del caso, aseveró en entrevista que el fallo contra el Estado mexicano sentará un precedente que obligaría a las autoridades a modificar la Constitución, reconocer públicamente que se violaron derechos humanos, reparar el daño a los deudos y prevenir más feminicidios en el país.
“Esperamos una sentencia condenatoria. La actual administración federal argumenta que se ha esforzado en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que gobiernos anteriores, no ha logrado solucionar estos crímenes ni castigar a los responsables, no ha reparado el daño ni sancionado a funcionarios implicados; tampoco cuenta con una política eficaz que prevenga y evite más feminicidios. El Estado mexicano sigue siendo responsable a escala internacional”, dijo la litigante.
El juicio por el caso del Campo Algodonero se inició en abril de 2009, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) presentó ante la CIDH una demanda contra México debido a que las autoridades no acataron las recomendaciones que realizó sobre esos crímenes.
En su querella, la Coidh solicitó a la Corte determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano por incurrir en violaciones a tratados y acuerdos mundiales.
Salas indicó que de obtener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que es de carácter obligatorio, implicará la modificación de la estructura jurisdiccional y legislativa.
Los demandantes solicitaron que la Corte ordene la reparación del daño para las familias de las víctimas; responsabilice al Estado por secuestro, tortura y homicidio de las jóvenes; exija la sanción a los responsables de los crímenes, incluyendo a autoridades y servidores públicos implicados; demande el castigo a los funcionarios que han cometido irregularidades durante estos años y que se les obligue a no negar ni minimizar los feminicidios.
Asmismo, que México ofrezca una disculpa pública, que la sentencia de la Corte se publique en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional como un reconocimiento de que el Estado violó derechos humanos
.
También pidieron que el tribunal ordene a las autoridades mexicanas realizar reformas estructurales a la Constitución para que se proteja a las mujeres y se evite que hechos similares se repitan. “Esperamos que se ordene una reforma legislativa para que los casos de feminicidio sean investigados en el fuero federal”.
Salas confió en que la Corte obligue a México a conformar un comité internacional de expertos que coadyuve con las autoridades en las diligencias y operativos en torno a los feminicidios
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