Grupos antiabortistas presionarán al Congreso de Querétaro para que el próximo viernes apruebe una reforma al artículo 2 de la Constitución de la entidad que protegería al individuo desde la concepción hasta la muerte natural, a propuesta del diputado panista Fernando Urbiola Ledesma, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en dicha legislatura, Marco Antonio León Hernández.
León Hernández, del partido Convergencia, aclaró que la iniciativa no se aprobará en la sesión de la comisión a su cargo, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo estipula que los ayuntamientos, parte del Constituyente Permanente, deben participar en los trabajos de estudio y dictamen de una reforma constitucional.
Adelantó que cuando esté listo el dictamen sobre la propuesta de reforma los ayuntamientos tendrán cinco días para exponer sus consideraciones a la Comisión de Puntos Constitucionales para replantear el contenido y someterlo a votación en el pleno.
Una vez aprobado por los diputados, los ayuntamientos tendrán 30 días para emitir su voto.
León Hernández dijo que Fernando Urbiola “está invitando” a representantes de diversos grupos (no especificó cuáles) a “presionar” a que la iniciativa se apruebe, y lo responsabilizó “de los hechos violentos que puedan suscitarse”. Advirtió que si no existe seguridad para efectuar la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la pospondrá.
A su vez, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres y la diputada local perredista Consolación González Loyola Pérez demandaron realizar un debate estatal para conocer la opinión de las mujeres sobre la iniciativa.
En Yucatán, la gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco dijo que analiza la posibilidad de organizar una consulta popular sobre la Ley para la Protección de la Familia, aprobada por el Congreso de Yucatán el 15 de julio. La nueva disposición eleva a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer, reconoce legalmente el concubinato, penaliza el aborto, rechaza la unión legal entre personas del mismo sexo e impide que personas solteras adopten niños, pero no ha entrado en vigor, pues el gobierno estatal no la ha publicado en su Diario Oficial.
La gobernadora señaló que hay aspectos de la ley que no fueron suficientemente analizados o debatidos. “No se trata de vetar la ley, Se trata de escuchar más voces”, precisó.
Grupos conservadores afiliados a la Red Pro Yucatán demandaron a la mandataria publicar la ley; aseguran que se discutió “ampliamente” y que no hay motivos para vetarla.
Ivette Laviada de Arce, promotora de la Red Pro Yucatán, señaló que la nueva ley no es radical ni tiene tintes políticos ni religiosos. “Si nuestra intención fuera del lado de la religión, no hubiéramos consentido una normatividad que abre posibilidades de reconocimiento al concubinato”, comentó.
León Hernández, del partido Convergencia, aclaró que la iniciativa no se aprobará en la sesión de la comisión a su cargo, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo estipula que los ayuntamientos, parte del Constituyente Permanente, deben participar en los trabajos de estudio y dictamen de una reforma constitucional.
Adelantó que cuando esté listo el dictamen sobre la propuesta de reforma los ayuntamientos tendrán cinco días para exponer sus consideraciones a la Comisión de Puntos Constitucionales para replantear el contenido y someterlo a votación en el pleno.
Una vez aprobado por los diputados, los ayuntamientos tendrán 30 días para emitir su voto.
León Hernández dijo que Fernando Urbiola “está invitando” a representantes de diversos grupos (no especificó cuáles) a “presionar” a que la iniciativa se apruebe, y lo responsabilizó “de los hechos violentos que puedan suscitarse”. Advirtió que si no existe seguridad para efectuar la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la pospondrá.
A su vez, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres y la diputada local perredista Consolación González Loyola Pérez demandaron realizar un debate estatal para conocer la opinión de las mujeres sobre la iniciativa.
En Yucatán, la gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco dijo que analiza la posibilidad de organizar una consulta popular sobre la Ley para la Protección de la Familia, aprobada por el Congreso de Yucatán el 15 de julio. La nueva disposición eleva a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer, reconoce legalmente el concubinato, penaliza el aborto, rechaza la unión legal entre personas del mismo sexo e impide que personas solteras adopten niños, pero no ha entrado en vigor, pues el gobierno estatal no la ha publicado en su Diario Oficial.
La gobernadora señaló que hay aspectos de la ley que no fueron suficientemente analizados o debatidos. “No se trata de vetar la ley, Se trata de escuchar más voces”, precisó.
Grupos conservadores afiliados a la Red Pro Yucatán demandaron a la mandataria publicar la ley; aseguran que se discutió “ampliamente” y que no hay motivos para vetarla.
Ivette Laviada de Arce, promotora de la Red Pro Yucatán, señaló que la nueva ley no es radical ni tiene tintes políticos ni religiosos. “Si nuestra intención fuera del lado de la religión, no hubiéramos consentido una normatividad que abre posibilidades de reconocimiento al concubinato”, comentó.
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