El INM, sin programas sobre derechos humanos

El INM, sin programas sobre derechos humanos

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 23

El Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene un enfoque de derechos humanos en sus programas públicos ni se esfuerza por respetar las garantías básicas de indocumentados, pues en 2011 dedicó 82 por ciento de su presupuesto a actividades relacionadas con el control migratorio y menos de uno por ciento a garantizar las necesidades básicas de ese sector.

Así lo afirmaron los investigadores Rodolfo Córdova y Silvia Ruiz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, durante la presentación del informe Una mirada al presupuesto del INM: ¿dónde estuvieron sus prioridades en 2011?, en el cual se revisan los sectores donde la mencionada entidad ejerció sus recursos y la forma en que lo hizo.

En dicho estudio –realizado en colaboración con el propio INM y las secretarías de Gobernación y Función Pública–, los especialistas revelaron que los fondos otorgados al instituto en el Presupuesto de Egresos de la Federación son insuficientes para mantener un funcionamiento adecuado en el año, sobre todo en el periodo de abril a diciembre.

Por ello, Fundar recomendó que las autoridades otorgar al instituto recursos necesarios para cumplir con sus tareas, en particular en cuatro esquemas de protección a migrantes: Grupos Beta, Programa de Repatriación Humana, Programa Paisano y Oficiales de Protección a la Infancia, así como a beneficios directos para indocumentados, como alimentación y atención médica.

Además de la escasez de recursos, el informe del colectivo puso de relieve que estos no son utilizados con un enfoque de derechos humanos, pues la cantidad de dinero utilizada para la protección efectiva de los migrantes es mínima.

El presupuesto total del INM en 2011, subrayaron los autores del estudio, fue de 2 mil 943 millones de pesos, y de ese total únicamente 0.4 por ciento (11.6 millones) se dedicó a garantizar derechos elementales, como la alimentación, la seguridad personal o la adecuada protección judicial. De igual forma, sólo 6 por ciento (173 millones) fue utilizado para construir o dar mantenimiento a estaciones migratorias y para efectuar repatriaciones o retornos asistidos.

En contraposición, 82 por ciento de los fondos (2 mil 360 millones) se utilizó para actividades relacionadas con la gestión y el control migratorio y 5.3 por ciento (158 millones) se usó para gasto corriente (salarios, aguinaldos, servicios de seguridad social).

El informe reveló también que hay partidas dedicadas a la compra de productos de limpieza, uniformes o maquinarias, que no son un derecho en sí mismo, sino tal vez un aditamento para el ejercicio de algún derecho

Presos del Amate esperan que Velasco cumpla su palabra

Presos del Amate esperan que Velasco cumpla su palabra

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril.

Estamos en espera del cumplimiento de la palabra del señor gobernador para salir de este sufrimiento injusto que ha vulnerado nuestra dignidad con nuestras familias, declararon los presos adherentes a la Sexta recluidos en el penal número cinco en esta localidad.

Recuerdan que el pasado día 18 el gobernador Manuel Velasco Coello se presentó en el penal a visitar al compañero Alberto Patishtán Gómez y a los Solidarios de la Voz del Amate. Platicó con todos y el gobernador, en presencia del procurador del estado y el secretario de Seguridad Pública, se comprometió a liberarnos en un corto plazo.

Los presos indígenas refieren que Velasco Coello dio indicaciones al procurador Raciel López Salazar de actuar de forma inmediata para obtener nuestras libertades robadas por las injusticias.

Suman a su reclamo la libertad de su compañero Enrique Gómez Hernández, recluido en el penal de El Amate, miembro de los Solidarios de La Voz del Amate, junto con Pedro y Alfredo López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Rosa López Díaz, Juan López González, Juan Díaz López, Alejandro Díaz Sántiz y Benjamín López Aguilar.

Por su parte, la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reiteró la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de Patishtán Gómez, y cuestionó a los tribunales federales: Los sobrevivientes de Acteal, además de haber sufrido la masacre hace 15 años, sufren la impunidad y la gran burla de la justicia que hacen los que deberían defenderla, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 10 de abril liberaron a 15 paramilitares, autores materiales de la masacre, entre ellos el ex presidente priísta de Chenalhó Jacinto Arias Cruz, de quien se sabe que solicitó permiso al entonces presidente Ernesto Zedillo para portar armas contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Sostuvieron que en nuestro país no hay justicia, cuando los autores materiales de 45 asesinatos son liberados, hasta que no quede nadie en la cárcel, mientras los autores intelectuales están libres en otros países, como Zedillo, o cínicamente han regresado a ser funcionarios, como Emilio Chuayffet Chemor, actual titular de la Secretaría de Educación Pública.

Cuestionan así a los ministros de la SCJN: “¿Cómo es que excarcelan a los asesinos de niños, mujeres embarazadas y ancianos, sin tomar en cuenta nuestra palabra? Ustedes argumentan que ‘hubo fallas en el debido proceso’. ¿Acaso nuestra Constitución y nuestras leyes sólo se preocupan de las formas y no les importa el contenido de la justicia? Hicieron a un lado nuestra palabra con que declaramos quiénes eran los paramilitares que sabemos y conocemos que asesinaron a nuestros seres queridos. Borraron la sentencia de los jueces que ya los habían condenado. Incluso ignoraron la confesión de culpa de varios de ellos.

“¿Y por qué no toman en cuenta las ‘fallas en el debido proceso’ en el caso de Patishtán? ¿Acaso ignoran que fue detenido sin orden de aprehensión? ¿Que estuvo 30 días bajo ‘arraigo’ e incomunicado, que se le negó auxilio jurídico y traductor, así como otras violaciones a su derecho al debido proceso? ¿Por qué no dudaron en liberar a asesinos confesos y en cambio se negaron a liberar a un inocente?”

Ante ello, la única esperanza de que se haga justicia a Patishtán es que el pueblo se una para exigirla y que a los jueces se les despierte algo de honor y dignidad y puedan actuar como lo exige la justicia y no como lo piden los intereses políticos y económicos.

Por último, dirigiéndose a los magistrados del primer tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez, que deberán dictaminar sobre este caso en los próximos días, Las Abejas preguntan:¿Van a estar del lado de la justicia o de la mentira y la impunidad?

La Corte niega reconocer la inocencia a seis acusados de la matanza de Acteal

La Corte niega reconocer la inocencia a seis acusados de la matanza de Acteal

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 25

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el reconocimiento de inocencia solicitado por seis indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los quejosos José Pérez Pérez, Manuel Luna Vázquez, Nicolás Hernández Pérez, Pablo Hernández Pérez, Rafael Luna Vázquez y Alonso Jiménez Entzin habían sido favorecidos por la primera sala con un amparo para efectos, en agosto de 2009, pero en esta ocasión los ministros consideraron que el reconocimiento de inocencia no era la vía idónea para obtener su libertad.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, hasta la fecha la primera sala de la SCJN ha concedido 53 amparos a indígenas acusados de la matanza de Acteal, que tuvo lugar en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

La mayoría obtuvo la libertad inmediata, ya que los ministros consideraron que las pruebas en su contra –como el que fueron identificados como responsables de los hechos mediante fotografías que mostró el Ministerio Público a víctimas o testigos de los hechos, no son concluyentes.

Otros acusados recibieron amparo para efectos, como el de los seis casos se resolvieron ayer, para invalidar las pruebas ilícitas, pero dejando la jurisdicción a tribunales federales para que dicten sentencia valorando otras pruebas.

En este contexto, un tribunal colegiado redujo a los acusados la sentencia de 36 a 18 años de cárcel, al eliminar los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero dejó vigentes los de lesiones y homicidio calificados, por lo que queda firme la sentencia hasta el momento.

Los quejosos se inconformaron con la decisión y solicitaron el reconocimiento de inocencia de la SCJN, el cual fue desechado en la sesión de ayer.

El dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, apoyado por unanimidad, estableció que los quejosos aún puden presentar juicio de amparo directo.

Exonerados de Chenaló exigen la instalación de servicios

Exonerados de Chenaló exigen la instalación de servicios

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril.

Los primeros 20 indígenas acusados de la masacre de Acteal liberados en agosto de 2009, como resultado de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidieron a las autoridades estatales que agilicen la instalación de los servicios de agua potable y energía eléctrica en las viviendas que les construyó el pasado gobierno, con la condición de que no regresen a sus comunidades en el municipio de Chenalhó.

Ya tenemos el terreno y la construcción de las casas terminó en diciembre pasado, pero va muy lenta la instalación del agua y la luz, y queremos reubicarnos para empezar a sembrar los cultivos y empezar la nueva vida, dijo en entrevista en Tuxtla Gutiérrez, Lorenzo Ruiz, en nombre de sus compañeros.

Con el propósito de evitar que los liberados por la masacre de 45 indígenas ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal regresaran a sus comunidades de origen y prevenir confrontaciones con los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el gobierno anterior los convenció de vivir en otros municipios, para lo cual compró terrenos y edificó viviendas.

Ruiz dijo que debido a que las viviendas edificadas en el municipio de Berriozabal carecen de servicios, habitan en una casa que las autoridades estatales rentan en la capital del estado y se dedican a vender chicles en las calles o a asear calzado; sus hijos no van a la escuela.

También solicitó al gobierno que se incremente el apoyo de mil 500 pesos semanales para alimentació

Habitantes de Xochicuautla piden frenar depredación

Habitantes de Xochicuautla piden frenar depredación

Angélica Enciso

 

Periódico La Jornada
Jueves 25 de abril de 2013, p. 26

La cancelación de los proyectos que atentan contra la vida de las comunidades, el respeto a su autonomía y derechos, la restitución de las tierras y aguas que les han sido despojadas, son algunas de las demandas plasmadas en la declaración de la comunidad indígena de Xochicuautla, resultado de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos –tribunal ético internacional– sobre Devastación Ambiental, Autonomía y Derechos de los Pueblos en el valle de Lerma.

De la preaudiencia que se realizó el pasado fin de semana en esta comunidad, ubicada en el denominado Bosque de Agua, zona de recarga que ha suministrado del recurso al valle de Toluca, a la ciudad de México y a sus zonas industriales por más de 60 años, se emitió este documento que advierte que a cambio de la entrega de agua nos han devuelto contaminación, despojo, enfermedad, miseria, amenazas, persecución y muerte.

El texto agrega que tenemos que decir, que si nuestras resistencias comunitarias en esta región del valle de Matlatzinco y en sus cuencas y subcuencas son derrotadas y despreciadas se corre el riesgo de que, en un futuro no muy lejano, se colapse la ciudad de México, y con ella todo el país.

Advierte que sus territorios comunales y ejidales no pueden seguir siendo botín de la tala ilegal, de proyectos carreteros, de minas y basureros a cielo abierto, de depredadores industriales, centros comerciales, inmobiliarias y fraccionadores de lujo, campos de golf o agroindustrias, que lo único que nos devuelven es una grave contaminación, división comunitaria y criminalización que sirven para ocultar sus enormes ganancias y sus negocios ilícitos.

Representantes de numerosas comunidades y pueblos, organizaciones sociales y movimientos, presentaron cada caso con testimonios y denunciaron la violación de sus derechos colectivos y demandaron que se respete nuestra autonomía como pueblos y se nos haga justicia por las afectaciones que ha ocasionado esta política de Estado.

Anterior

Siguiente

Subir al inicio del texto

CARTONES DE LA JORNADA

Gays denuncian discriminación

Gays denuncian discriminación

Ulises Gutiérrez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 40

Hermosillo, Son. Integrantes de la comunidad gay se manifestaron ayer frente al palacio de gobierno y el Congreso estatales para denunciar que son víctimas de persecución policiaca, y acusaron al diputado priísta Humberto Robles Pompa de llamar públicamente joto al legislador panista Javier Neblina Vega, calificativo que, dijeron, promueve la homofobia. Explicaron que agentes de Hermosillo y Guaymas acosan a los homosexuales al prohibirles el libre tránsito e incluso los extorsionan

Aprueba Francia ley que autoriza matrimonio gay y derecho a adoptar

Aprueba Francia ley que autoriza matrimonio gay y derecho a adoptar

Activistas que desde el otoño se volcaron en las calles de París para manifestar su apoyo o rechazo se hicieron presentes en la Asamblea Nacional para testimoniar el voto histórico

Activistas se besan después de que los legisladores franceses aprobaron el martes el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira, dijo que las primeras bodas podrían realizarse en unas semanasFoto Ap

La gente celebra en París la aprobación de la ley, una de las principales promesas de campaña del presidente François HollandeFoto Reuters

Afp y The Independent

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 46

París, 23 de abril.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó hoy la ley que autoriza el matrimonio homosexual y su derecho a la adopción de menores, tras semanas de apasionados debates y masivas manifestaciones en las calles. Tras 136 horas y 46 minutos de debate, el Parlamento adoptó el proyecto de ley que abre la vía al matrimonio entre personas del mismo sexo, por 331 votos en favor y 225 en contra, se congratuló el presidente de la asamblea, Claude Bartolone.

Francia se convirtió así en el país número 14 en el mundo que legaliza las uniones homosexuales con plenos derechos. Activistas de ambos bandos, que desde el otoño se han volcado a las calles para expresar su apoyo o rechazo a esa ley que abre la vía al matrimonio civil y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, se hicieron presentes en la asamblea para testimoniar este voto histórico que transformará a la sociedad francesa.

La portavoz y símbolo del movimiento contra la ley, Frigide Barjot –humorista cercana a los católicos derechistas que usa un seudónimo que parodia el nombre de Brigitte Bardot– fue abucheada por activistas homosexuales al salir del recinto de la asamblea.

La ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, aseveró que las primeras bodas homosexuales se celebrarán en las próximas semanas y que éstas traerán consigo una brisa alegre a la nación. Taubira fue la encargada de defender la polémica ley en la Asamblea Nacional, y tras el sufragio dijo a los legisladores: Han votado por un proyecto generoso. No hemos quitado nada a nadie; por el contrario, hemos reconocido los derechos de nuestros conciudadanos.

La legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo fue una de las principales promesas de campaña del presidente François Hollande. Pienso ya en la alegría, en la felicidad de todas esas parejas de homosexuales, en los niños que están educando, porque van a obtener por fin protección y los mismos derechos que los demás, declaró David Assouline, portavoz del Partido Socialista, poco antes del voto.

Pero la oposición de derecha, que se alineó de manera casi unánime contra este proyecto y los detractores del matrimonio gay han advertido que no cesarán sus protestas, y continuaban esta tarde, tras la votación, con sus manifestaciones contra la unión homosexual, y convocaron, además, a una gran concentración el 26 de mayo.

El partido conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP), que ha utilizado el tema para atacar al gobierno de Hollande, presentó un recurso ante el Consejo Constitucional contra esta ley, cuyo elemento más polémico es la autorización que permite la adopción a parejas del mismo sexo. Pero Hollande puede promulgar la legislación sin esperar el fallo de ese tribunal, que determina la concordancia de las leyes con la Carta Magna de Francia.

Analistas señalan que la UMP espera que sigan las protestas contra la ley, lo que debilitaría más al presidente francés, que pierde popularidad por momentos debido a la crisis económica.

La radicalización del movimiento ha llevado a los socialistas a acusar a la UMP de hacer el juego al ultraderechista Frente Nacional, que ha participado en marchas y protestas que han puesto a la policía francesa en estado de alerta

Naciones que han legalizado la unión

Naciones que han legalizado la unión

Afp

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 46

Los países que han legalizado el matrimonio homosexual son: Holanda, Alemania Bélgica, España, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Sudáfrica, Portugal, Suiza, República Checa, Irlanda, Islandia, Argentina y Uruguay.

En Estados Unidos y México el sistema federal hace que el matrimonio entre personas del mismo sexo esté autorizado en parte del territorio. Tal es el caso en el Distrito Federal de México y en nueve de los 50 estados de Estados Unidos: Iowa, Connecticut, Massachussetts, Vermont, Nueva Hampshire, Nueva York, Washington, Maine y Maryland, así como en la capital, Washington DC. Pero el casamiento gay sigue prohibido a escala federal, y la Corte Suprema debe zanjar ese tema sensible.

En Gran Bretaña, los diputados se pronunciaron en febrero de 2013 en favor de la legalización y el texto debe ser examinado ahora por un panel de parlamentarios y ser armonizado con la Cámara de los Lores

Demanda CDD respeto del episcopado al sector femenino de su propia feligresía

Demanda CDD respeto del episcopado al sector femenino de su propia feligresía

Carolina Gómez Mena

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 49

En la víspera de que se cumplan seis años de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en el Distrito Federal y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) probablemente declare inconstitucionales leyes antiaborto en tres municipios de Oaxaca, Querétaro y Guanajuato, Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), remarcó ayer que la jerarquía católica debe respetar la libertad de conciencia y autonomía de las mujeres.

En entrevista con este diario, Mejía exhortó a los jerarcas católicos a dejar de inmiscuirse o pretender influir en políticas públicas, con base en construir una moral que ni siquiera su propia feligresía comparte, pues indicó queson católicas 82.6 por ciento de las mujeres que han recurrido a la interrupción legal del embarazo en los servicios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal de 2007 a enero de 2013.

En cuanto a los proyectos de dictamen del ministro Fernando Franco, que se analizarán en los próximos días y que respaldan las demandas de los municipios Arroyo Seco, Asunción Ixtaltepec y Uriangato, los cuales refieren que las leyes que protegen la vida desde la concepción invaden su autonomía en prestación de servicios de salud, de anticoncepción y de la entrega de la píldora del día siguiente, Mejía refirió que toda determinación que respalde elderecho a decidir de las mujeres nos parece positiva.

Recordó que ya la SCJN se pronunció por la constitucionalidad de la ley que permite el aborto en la ciudad de México y nos sentiremos contentas si ahora la decisión avala el derecho de las mujeres a decidir en los referidos municipios.

Mejía remarcó, en el contexto de los seis años de la despenalización del aborto en el DF, que las mujeres católicas han demostrado que tienen autoridad moral para tomar esta decisión, y añadió que el gobierno debería ponerle freno a la injerencia, cada vez más descarada, de la jerarquía católica en políticas públicas, cuando México es un Estado laico y eso debe respetarse.

CDD lamentó que la jerarquíamuestre un profundo desprecio hacia las mujeres, al poner en duda su capacidad moral para tomar decisiones de manera responsable sobre su vida reproductiva, y acotó que al pretender influir en este aspecto demuestra su incongruencia con el Evangelio y la tradición católica, al desconocer el principio de la libertad de conciencia y hacer caso omiso a su propia ley interna: el Código de Derecho Canónico, que reconoce las diversas circunstancias en las que las mujeres se enfrentan a una situación de aborto y establece atenuantes a la pena de excomunión para estos casos.

Entre éstas, cuando la mujer es menor de 16 años (canon 1323, inciso 1º), cuando actuó presionada por miedo (canon 1323, inciso 4º), si actuó para evitar un grave daño (canon 1323, inciso 4º), cuando ignoraba que infringía una ley (canon 1323, inciso 2º) y si actuó en legítima defensa (canon 1323, inciso 5º)

Abordará la SCJN controversias constitucionales de 3 municipios contra leyes antiaborto, el jueves

Abordará la SCJN controversias constitucionales de 3 municipios contra leyes antiaborto, el jueves

Buscan quitar al tema cargas valorativas y centrarse en la protección a la salud e integridad de las mujeres

Activistas de diferentes ONG se manifiestan en la capital queretana por la censura a la campaña La Iglesia no condena el aborto, de Católicas por el Derecho a Decidir, en julio de 2010Foto Cuartoscuro.com

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 49

En la discusión de las tres controversias constitucionales –presentadas por los municipios de Arroyo Seco, Querétaro; Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y Uriangato, Guanajuato– en contra de las leyes antiaborto aprobadas en 2009, los ministros no debatirán sobre el momento en que empieza la vida o sobre el derecho a ésta.

En la sesión prevista para este jueves, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se limitarán a analizar si las leyes impugnadas invaden la esfera de competencia de los ayuntamientos quejosos.

Fuentes judiciales comentaron lo anterior y precisaron que un elemento central de los proyectos elaborados por el ministro Fernando Franco, en los que propone invalidar las normas antiaborto, consiste en quitarle a sus documentos cualquier carga filosófica, religiosa, ética o moral sobre el tema del aborto, y centrarse exclusivamente en el tema constitucional.

Agregaron los informantes que en los tres proyectos, en los que se propone darle la razón a los municipios demandantes, a efecto de invalidar las reformas constitucionales que protegen el derecho a la vida desde la concepción, se plantea que las normas impugnadas violan la esfera de competencia de las autoridades sanitarias municipales.

Lo anterior, en razón de que dichas reformas estatales le niegan a las autoridades sanitarias municipales el derecho a ofrecer servicios como la aplicación de métodos anticonceptivos, incluida la píldora de emergencia y el dispositivo intrauterino.

Los ayuntamientos argumentan queal dotar de personalidad jurídica al producto de la concepción, se obstaculiza la labor de los municipios en materia de salud y de protección a las mujeres en contra de la violencia de género.

De acuerdo con los funcionarios consultados, será la primera vez que el máximo tribunal aborde el tema del aborto en una demanda presentada por los ayuntamientos, los cuales exigen la invalidez de las disposiciones que les impiden cumplir con sus obligaciones en materia de salud reproductiva.

En septiembre de 2011, la Corte resolvió dos acciones de inconstitucionalidad, presentadas en contra de leyes antiaborto de Baja California y San Luis Potosí, las cuales fueron de­sechadas porque faltó un voto (siete a cuatro) para declarar la invalidez de las normas. En aquel entonces, el actual presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, así como Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco, José Ramón Cossío, Sergio Valls Hernández, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar votaron por la inconstitucionalidad de las normas.

Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (estos últimos fueron sustituidos en diciembre pasado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Gelacio Pérez Dayán) avalaron dichas leyes.

Ahora, en cambio, se trata de una controversia constitucional, en la que se necesita mayoría simple de seis votos para que las leyes referidas no se apliquen en esos municipios, exclusivamente.

Y se requieren ocho votos para que la Corte inicie un proceso y con base en la nueva Ley de Amparo, se ponga en marcha el proceso jurídico para declarar la inconstitucionalidad de todas las leyes que protegen la vida desde la concepción

Aprueba el Senado limitación contra productos milagro

Aprueba el Senado limitación contra productos milagro

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 49

Por unanimidad, el Senado modificó la Ley General de Salud para prohibir la publicidad engañosa de los denominadosproductos milagro y sancionar con multas que van de 12 mil a 16 mil veces el salario mínimo vigente cualquier clase de promoción de remedios herbolarios y suplementos alimenticios que induzca al error o genere algún riesgo para la salud y el patrimonio de las personas.

El Senado determinó que la promoción de este tipo de productos deberá incluir de forma visual o auditiva, según el medio de que se trate, la leyendaNo es un medicamento, además de las advertencias que señale la Secretaría de Salud.

De tal forma, no se podrán anunciar artículos que se ostenten como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades, que exageren sus características o propiedades, se atribuyan con carácter extraordinario o pretendan sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de salud.

Asimismo, la reforma prohíbe la publicidad que atribuya a los suplementos alimenticios (que son destinados a regímenes dietéticos especiales) propiedades preventivas, terapéuticas, curativas, rehabilitatorias o de otra índole, así como de productos que promuevan hábitos de alimentación nocivos o pretendan sustituir el régimen de nutrición equilibrado

Dan en comisión empujón a ley para infantes

Dan en comisión empujón a ley para infantes

Bertha Teresa Ramírez y Ángel Bolaños

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 43

La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de atención integral para el desarrollo social de las niñas y los niños del Distrito Federal, que beneficiará a las y los infantes desde su nacimiento hasta los seis años cumplidos, y a quienes se les expedirá una cartilla de servicios que los hará derechohabientes a una atención integral.

La instancia legislativa determinó aprobar en un solo dictamen la iniciativa presentada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la diputada Polimnia Romana Sierra, al observar que perseguían un mismo objeto de derecho y establecían principios complementarios, informó la diputada Ernestina Godoy Ramos, presidenta de dicha comisión de la ALDF.

El dictamen señala en 15 artículos y tres transitorios, que los infantes gozarán de sus derechos al desarrollo físico, a la salud, a una nutrición adecuada, al pleno desarrollo sicosocial, a la protección, al cuidado, al descanso, al juego, al esparcimiento y a la libre expresión de sus ideas, entre otros

Six Flags debe disculparse con joven al que excluyó: Conapred

Six Flags debe disculparse con joven al que excluyó: Conapred

Elizabeth Velasco

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 45

Como medida administrativa de reparación de un acto de discriminación, la empresa Reino Aventura, conocida como Six Flags México, debe permitir el acceso irrestricto a sus instalaciones y juegos a las personas con discapacidad, determinó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Además, deberá emitir una disculpa pública al joven Carlos Omar Uribe Guzmán, a quien le negó el acceso al parque de diversiones a causa de su discapacidad intelectual, ante lo cual interpuso una queja contra dicha empresa ante ese consejo que encabeza Ricardo Bucio.

Los servicios al público que brindan los establecimientos mercantiles están obligados a no fijar, en sus criterios normativos y en la prestación de los servicios, distinciones desventajosas e injustas que permitan la discriminación, resolvió el Conapred tras la firma de un convenio conciliatorio con la empresa, la cual tiene que revisar y modificar su guía de seguridad y accesibilidad a sus instalaciones.

En un comunicado, el organismo indicó que dará seguimiento al cumplimiento de los resolutivos de la queja, para que en tiempo y forma y con evidencia documental se dé por concluido integralmente dicho procedimiento

Indagará CDHDF la actuación de policías en rescate en Iztapalapa

Indagará CDHDF la actuación de policías en rescate en Iztapalapa

Josefina Quintero

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 45

A raíz de las contradicciones entre las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la ciudad, Jesús Rodríguez Almeida, y el comunicado 329/13 emitido por Comunicación Social de la dependencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició la investigación del actuar de los policías que acudieron al rescate de un secuestrado, lo cual provocó la muerte de la víctima.

El fin de semana en el comunicado se informó que durante un operativo para liberar a un comerciante que llevaba más de 15 días secuestrado, los captores lo asesinaron al advertir la presencia de los uniformados. Sin embargo, según la SSP, la muerte del comerciante a manos de cuatro sujetos, ocurrió antes de la llegada de los policías.

Por las declaraciones y la información del comunicado la CDHDF abrió la queja por oficio. Pediremos al secretario enviar toda la información para valorarla y ya que tengamos evidencia les diremos, se informó

Asesoría militar y salarios para grupos de la Upoeg

Asesoría militar y salarios para grupos de la Upoeg

Formarán sistema de seguridad y justicia ciudadana

Insiste líder en que detrás del movimiento no están la guerrilla ni el crimen organizado

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, estrecha la mano del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, tras la firma de un convenio de colaboracion entre los grupos de autodefensa y el gobierno del estado en ChilpancingoFoto Francisco Olvera

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 39

Chilpancingo, Gro., 23 de abril.

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y el gobierno de la entidad firmaron un convenio de colaboración mediante el cual los grupos armados de autodefensa creados por esa organización conformarán un sistema de seguridad y justicia ciudadana, recibirán salarios y asesoría del Ejército Mexicano, informó el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La Upoeg se dio a conocer públicamente el 6 de enero pasado, cuando instaló barricadas en los municipios de Ayutla de los Libres y Teconapa. Capturaron a 53 personas, a las que vincularon con la delincuencia organizada; unas fueron liberadas por la Upoeg después de comprobar que sólo habían cometido delitos menores y a otros los entregó a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Desde un principio, los grupos de autodefensa demandaron al gobierno estatal reconocimiento jurídico, lo cual ocurrió hoy con la firma del convenio en Casa Guerrero, la residencia oficial del gobernador.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, anunció que esta acción es para que el gobierno federal se dé cuenta de que detrás de este grupo no hay guerrilla, no hay narcotraficantes, mano que mece la cuna ni políticos que estén financiando ese movimiento. La intención de este convenio es ratificar que la etapa de la autodefensa ya pasó, porque algunos diputados, senadores y funcionarios de alto nivel están señalando que detrás de este movimiento hay guerrilla y narcotraficantes, dijo.

Este acuerdo, continuó, ratifica que el movimiento se transparenta y se abre a la opinión pública para que sea vigilado, para que no se cometan abusos ni nos señalen como grupos de autodefensa. En su momento lo hicimos, pero ya pasamos esa etapa y hoy somos el sistema de justicia y seguridad ciudadana.

Sin dar detalles del acuerdo, el gobernador apuntó: La idea es que estos compañeros que forman parte del sistema de seguridad pública ciudadana reciban capacitación en materia de derechos humanos y en las instalaciones del Ejército Mexicano.

También tendrán un salario que permita a esta nueva figura de la policía ciudadana hacer su contribución mediante los mecanismos establecidos, agregó el político perredista.

Con la formalización de este convenio, queda concluida la etapa de los movimientos de autodefensa, y esto lo queremos subrayar para mandar un mensaje a la nación: este sistema de seguridad ciudadana en ningún momento ha pretendido ni pretende entrar en confrontación con el gobierno federal, ni con el estatal ni los ayuntamientos.

Al avalar las actividades de autodefensa de la Upoeg, el gobernador señaló: Se trata de una expresión de ciudadanos que nació ante una serie de problemas de inseguridad. De manera honorifica, formaron estos cuerpos y a partir de la firma de este convenio se encaminarán a una participación dentro del marco de la ley. Estos grupos del sistema de seguridad ciudadana no podrán participar en actos de orden político, porque es muy claro el propósito con el que nacen.

Respecto al marco jurídico que regirá a los grupos de la Upoeg, afirmó:Vamos a buscar la mejor configuración, si es una policía rural dependiente del gobierno del estado, formada por quienes han trabajado para estos propósitos.

Recordó que existen otras figuras como los grupos de defensa rural, previstos por el Ejército Mexicano. La Upoeg seguirá desarrollando sus trabajos de gestoría en beneficio de los pueblos y las comunidades. Para ello he ofrecido a esta coordinación estar en los próximos días para arrancar con una serie de proyectos productivos, como el banco de los campesinos, inaugurar la cafetería que tienen en San Luis Acatlán, así como algún tramo carretero

Señalan parcialidad en juzgados de Veracruz

Señalan parcialidad en juzgados de Veracruz

Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 41

Jalapa, Ver. La dilación del Poder Judicial de Veracruz para resolver los casos de cuatro mujeres que denunciaron a los padres de sus hijos por sustracción de menores refleja parcialidad e influencias, dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Perera. El ombudsman local fue entrevistado luego que se presentó el corto documental Mujeres activistas, que ganó hace unos días el concurso Género y justicia convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El filme narra cómo cuatro mujeres (Isis Ney López, Guadalupe Alarcón, Montserrat Pimentel y Brenda Rodríguez) buscan justicia en los juzgados veracruzanos

Cortan electricidad a oficinas de la SEV

Cortan electricidad a oficinas de la SEV

Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 41

Jalapa, Ver. Un corte del suministro de energía eléctrica en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) causó que unos 2 mil burócratas abandonaran sus puestos de trabajo y 5 mil trámites quedaran pendientes. Empleados de la SEV dijeron que cuando llegaron a laborar, a las 9 horas, no había electricidad, y a 10 les ordenaron irse

Expulsan a 5 alumnos

Expulsan a 5 alumnos

Tribunal de la UNAM suspende derechos a cuatro más

Decisión definitiva por actos de violencia en el CCH Naucalpan

Las sanciones, en estricto apego a la legislación, sostiene

Eliminar castigos, exigencia de los ocupantes de la torre

Emir Olivares y Arturo Jiménez

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 2

El Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolvió expulsar de manera definitiva a cinco estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan que participaron en acciones violentas en ese plantel en febrero pasado.

El organismo emitió ayer la resolución por el caso de los enfrentamientos entre alumnos y trabajadores, y por el uso de artefactos incendiarios al intentar tomarla dirección del CCH Naucalpan, los días primero y 5 de febrero, respectivamente.

Por esas acciones comparecieron ante el tribunal 15 jóvenes, entre ellos los seis que en principio fueron suspendidos en forma temporal.

Fuentes del Tribunal Universitario informaron que los cinco jóvenes expulsados son: José Luis Ramírez Alcántara, Irene Pérez Villegas, Brenda Vaca Aparicio, Luis Hugo Arratia Zárate y Jorge Mario González García.

Los demás estudiantes involucrados en los hechos fueron sujetos a diversas sanciones: dos quedarán sin derechos durante un año, otro seis meses y uno más tres. Asimismo, dos alumnos fueron amonestados y cuatro no recibieron sanción alguna.

El cese de sanciones contra estos alumnos es una de las demandas que plantea el grupo que desde la noche del viernes mantiene tomada la torre de rectoría de la UNAM (además del rechazo a la reforma curricular del CCH).

Ese día, después de una marcha que se inició en el Parque Hundido, unos 15 jóvenes con el rostro cubierto se separaron del contingente y con un mazo rompieron una de las ventanas del costado norte del inmueble para ocuparlo.

Para desalojar la rectoría, ese grupo puso como condición a las autoridades universitarias el cumplimiento de tres demandas: la reinstalación de los expulsados del CCH Naucalpan, diálogoresolutivo y que no haya represalias contra quienes participan en la toma de la rectoría.

En tanto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, subrayó el lunes pasado, durante una conferencia realizada en el Museo de las Ciencias Universum, que no habrá diálogo mientras continúe la ocupación de la torre ni impunidad por esos hechos.

Jóvenes embozados que aseguran ser estudiantes del CCH Naucalpan continúan con la toma de la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoFoto Cristina Rodríguez

En su dictamen, el Tribunal Universitario indicó que las determinaciones se realizaron en estricto apego al procedimiento previsto en la legislación universitaria y de acuerdo al grado de participación y evidencias en cada expediente.

Agregó que durante el procedimiento notificó a los jóvenes investigados, desahogó las audiencias respectivas, escuchó a las partes involucradas y valoró las pruebas en cada caso.

El tribunal detalló que el primero de febrero un grupo de alumnos agredió a varios trabajadores del CCH Naucalpan, lo que motivó la expulsión provisional de seis. Las audiencias por esos casos se iniciaron el pasado 3 de abril.

Cuatro días después, en protesta por esa medida, junto con otros de sus compañeros realizaron diversas actividades en las que se dañó el patrimonio universitario al utilizar artefactos incendiarios, intentar prender fuego a la dirección del plantel y lanzar varios petardos, causando lesiones a una estudiante. Hechos por los que se remitió ante el tribunal a 11 alumnos, dos de ellos suspendidos por el enfrentamiento del primero de febrero.

La UNAM presentó denuncias penales por esos hechos, lo que generó que el mismo día autoridades del estado de México detuvieran a 10 alumnos, cinco de ellos menores de edad.

El 6 de febrero, en apoyo a los estudiantes del CCH Naucalpan, varios jóvenes universitarios realizaron una marcha del parque de la Bombilla a la sede de la dirección general de los CCH, que se ubica en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, cuando casi llegaban a su destino, varias personas con el rostro cubierto se separaron del contingente, arremetieron contra las instalaciones, ingresaron a las mismas y las tomaron, tras romper varias ventanas. La ocupación del inmueble se mantuvo 14 días, a pesar de que hubo varios intentos de diálogo con representantes del CCH

Existe una santa cruzada contra los movimientos sociales, acusan

Existe una santa cruzada contra los movimientos sociales, acusan

Arturo Jiménez y Emir Olivares

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 3

El plantón en rectoría no es un hecho aislado sino “muestra de un cuadro social general y su expresión particular en nuestra universidad, pues, como dice (el rector José) Narro, ‘la falta de respeto a la legalidad forma parte del origen de multiples problemas de nuestra sociedad’”, plantearon los estudiantes que mantienen tomado el edificio, en unpronunciamiento político de la asamblea emergente realizada el pasado lunes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

En el texto, leído por un profesor de la Facultad de Ciencias y otro de Ciencias Políticas y Sociales –quienes prefirieron no dar sus nombres–, no se adopta una posición sobre la expulsión definitiva de cinco estudiantes del CCH Naucalpan, decidida ayer por el Tribunal Universitario.

Se critica a los 75 directores de los planteles de la UNAM que, unidos en santa cruzada para acosar los movimientos estudiantiles, ponen el grito en el cielo para defender el edificio de la rectoría y se agrega que no son ellos los defensores de la universidad, ya que directores, rectores y consejeros diseñan planes de estudio influenciados por sistemas educativos neoliberales y primermundistas.

Se destaca que los estudiantes casi no recurren a los medios institucionales porque la comunicación entre autoridades y jóvenes no existe, porquelos estudiantes no toman decisiones en esta universidad y porque no son representativos.

“De tal manera que a los únicos a quienes sirve la estructura ‘democrática’ de la UNAM es a los directores, consejos universitarios, juntas de gobierno y, por supuesto, a José Narro para relegirse (quien claramente no considera aplicable en la universidad el ‘sufragio efectivo, no relección’).”

Y se concluye que “la única razón de que los estudiantes aparezcan como ‘violentos’, tal como las autoridades se presentan con ‘inteligencia, legalidad y prudencia’, es porque ustedes cuentan con todos los recursos, medios, canales; porque detentan cada espacio del ‘organigrama’ de la universidad. ¡Qué sería de las autoridades sin dichos medios! Entregad la administración de dichos canales a la comunidad estudiantil: es seguro que los estudiantes no volverían a aparecer jamás como violentos

Entregan PAN, PRD y PT la solicitud de juicio político contra Rosario Robles

Entregan PAN, PRD y PT la solicitud de juicio político contra Rosario Robles

El presidente del blanquiazul plantea el regreso al Pacto por México, bajo tres condiciones

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 12

Los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) formalizaron ayer la solicitud de juicio político contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Rosario Robles Berlanga, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Mientras, el presidente del PAN, Gustavo Madero Muñoz, condicionó la reintegración de la presencia delblanquiazul al Pacto por México a tres ejes: sanciones penales a un grupo de funcionarios de la Sedeso; que se dé trámite a la solicitud de juicio político contra Rosario Robles, y que la aplicación de los programas sociales se dé con seguimiento y auditoría.

Sin embargo, el dirigente panista dijo que será hasta el lunes cuando la dirigencia nacional de su partido, por medio de su consejo, decida el eventual regreso al Pacto por México.

La Cámara de Diputados fue ayer centro del debate en torno a Rosario Robles: mientras la oposición –con matices– demandó su remoción, PRI y PVEM aceptaron que se investigue el presunto uso electoral de los programas sociales, pero acotaron que nadie gana cuando el país se polariza.

Por la mañana, en conferencia de prensa conjunta, Villarreal y Silvano Aureoles, respaldados por Alberto Anaya, coordinador del PT, y con la asistencia de Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), entregaron la solicitud al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah.

Tanto Aureoles como Anaya delimitaron la responsabilidad de la ex jefa de Gobierno capitalino indicando que está siendo utilizada por el presidente Enrique Peña Nieto. Rosario es nuestra amiga, ella recibe órdenes. Quien maneja la política social es el grupo Atlacomulco, declaró el petista.

Silvano Aureoles presionó a MC para que suscribiera la solicitud de juicio político, luego que el vicecoordinador de ese grupo, Ricardo Mejía Berdeja, exigióel cese inmediato de Rosario Robles, y que la Procuraduría General de la República constituya una fiscalía especial que investigue el presunto desvío de programas sociales con fines electorales.

El perredista pidió que el coordinador de MC, Ricardo Monreal, suscribiera la solicitud, porque es muy fuerte en la tribuna, pero se va a ver muy mal si no firma. Ricardo Mejía expuso: Que PAN y PRD ya rompan el pacto, porque tenemos la experiencia de lo que en la noche se pelean se contentan en el día. Que Peña cese a Rosario.

Después de reunirse con la bancada panista, Gustavo Madero insistió en quelas elecciones no son motivo para intervenir y descarrilar al pacto, pero debe haber piso parejo.

Más tarde, en la tribuna, el diputado Manuel Huerta (PT) propuso a nombre de su bancada y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reorientar la política social, al transparentar los programas sociales, desvincular su ejecución de la campaña electoral del PRI, y con un monitoreo de medios en los 14 estados donde habrá comicios.

Más allá del juicio político y de la vía penal, lo que esperamos es que quienes apoyan al Pacto por México rectifiquen y lo rompan, para no seguir empobreciendo al pueblo, expuso

Especial interés de relator de la ONU en temas de fuero y justicia militar del país

Especial interés de relator de la ONU en temas de fuero y justicia militar del país

La CDHDF entregó al visitante informe sobre 47 quejas por abusos de autoridades capitalinas

El presidente de la SCJN, Juan Silva Meza (centro) recibió ayer al relator especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns (izquierda)Foto Notimex

Fabiola Martínez, Jesús Aranda y Josefina Quintero

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 14

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) se reunieron con el relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien mostró especial interés en conocer el marco legal del fuero castrense en México y, en general, aspectos del Código de Justicia Militar.

A inquietud particular de Heyns, se aboró el tema del artículo 57 de este código, relativo a los delitos cometidos por soldados y a las circunstancias en que aquellos son juzgados por tribunales castrenses.

El comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, explicaron al relator aspectos de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y le precisaron las más recientes estadísticas de homicidios dolosos.

Fuentes de Gobernación indicaron que el encuentro –realizado en el Palacio de Covián– fue también ocasión para explicar al representante de ONU aspectos de la base de datos de casi 27 mil personas no localizadas, según la lista que depura actualmente el gobierno federal.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, recibió en sus oficinas a Heyns, a quien aseguró que para el Poder Judicial de la Federación es prioridad allegarse toda la información relativa a la protección a los derechos humanos contenida en tratados y acuerdos internacionales”, para que los jueces mexicanos elaboren mejores sentencias.

Asimismo, afirmó que el máximo tribunal está interesado en estrechar lazos con organismos defensores de las garantías fundamentales, nacionales y extranjeros, y expresó su total apoyo al trabajo que realizan agrupaciones como la de la ONU, además de señalar que una de las prioridades de la SCJN es precisamente el tema de los derechos humanos, por lo que seguirá desarrollando principios jurídicos consistentes con los instrumentos internacionales en la materia.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregó a Heyns un informe en el que se documentan 47 quejas relacionadas con violaciones al derecho a la vida, a consecuencia del uso de la fuerza por las autoridades capitalinas. Los casos investigados ocurrieron entre 2006 y marzo de 2013.

Ejecuciones extrajudiciales

El organismo público, presidido por Luis González Placencia, determinó que en 77 por ciento de los 47 expedientes “hay elementos suficientes para presuponer que se trata de ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias”; en tres casos (4 por ciento) se documentófalta de pericia de las autoridades involucradas, que derivó en la pérdida de vidas humanas, y en el 19 por ciento restante se presume que la autoridad pudo actuar en legítima defensa.

Destaca que en 68 por ciento de los casos estuvieron involucrados policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y en el 32 por ciento restante elementos de la procuraduría capitalina.

Christof Heyns permanecerá en México hasta el próximo 2 de mayo. Durante su estancia se entrevistará con autoridades federales y locales, así como con víctimas, testigos y representantes de organizaciones de la sociedad civil

Amenazan ONG al Senado con exhibirlo en la ONU por incumplir fallo de la CIDH

Amenazan ONG al Senado con exhibirlo en la ONU por incumplir fallo de la CIDH

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de abril de 2013, p. 16

Diversas organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta a la Junta de Coordinación Política del Senado, donde lamentaron que el Poder Legislativo aún no haya iniciado los trabajos para reformar el Código de Justicia Militar, como señalan las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

De igual forma, recordaron que este incumplimiento será señalado en octubre próximo frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y frente al relator especial de dicho organismo sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, quien actualmente se encuentra de visita oficial en México.

La misiva, firmada por colectivos como Amnistía Internacional y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 70 organizaciones de todo el país–, señala que la armonización del Código de Justicia Militar con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos es un asunto de primera relevancia, sobre todo para quienes han sufrido violaciones de sus garantías fundamentales a manos de elementos de las fuerzas armadas.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II del mencionado código –al discutir el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado en un retén militar en 2009–, el Senado tiene todos los elementos técnicos para llevar a cabo las reformas necesarias, señalaron las organizaciones firmantes de la carta.

Frente a dicho escenario, recordaron que los incumplimientos de las autoridades van a ser puestos en evidencia en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse en octubre de este año, en el contexto del examen periódico universal.

El Poder Legislativo tiene la oportunidad histórica de enviar un mensaje contundente de su interés por el respeto y defensa de las garantías fundamentales, dando prioridad a la discusión sobre la reforma al Código de Justicia Militar con base en los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos, subrayan los colectivos.

Por ello –señalan–, si la actual legislatura se decide a actuar, podría dar un primer paso en aras de armonizar la ley secundaria conforme al bloque de constitucionalidad creado por virtud de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos