Mario Alberto Reyes-enviado Al frente, José Antonio Izazola, director del Censida. Foto: Guillermo Montalvo Fuentes Villahermosa, Tab., julio 30 de 2011. El director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), José Antonio Izazola, anunció que en la auditoría y fiscalización que se realizan al desempeño de todas las organizaciones civiles con trabajo en VIH/sida que recibieron fondos federales en 2008 para la implementación de proyectos, no habrá “flexibilidad” en la aplicación de las normas fiscales, cuyos resultados se darán a conocer a finales de año. Entrevistado previo al acto de clausura del XII Congreso Nacional de Sida que se realizó en esta ciudad, el funcionario dijo que a su llegada al Censida ocurrida en 2009, encontró “numerosísimas” observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, en torno a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. “(Las observaciones) son de todo tipo, hay dos que tenemos que aclarar, pero lo que sí sé es que no vamos a dejar de revisar y auditar a todas las organizaciones, porque esa es nuestra obligación”. Izazola Licea rechazó haber declarado que las organizaciones civiles hayan desviado fondos federales y emplearlos en la compra de “vestidos con lentejuelas y canutillo”, y atribuyó a los reporteros haber malinterpretado sus palabras. “La declaración fue como te la estoy diciendo, me insistieron varias veces: ¿y cuánto dinero se perdió?, respuesta: no se perdió ningún dinero porque aplicamos la norma fiscal, por ejemplo, el comprobante de un gasto, tiene que ser válido para Hacienda, si se trata de un recibo de honorarios tiene que estar vigente, tiene que estar dado de alta para esas actividades, si es una factura tiene que ser válida ante Hacienda, si es un servicio de papelería no puede ser la factura de un hotel, si el proyecto decía tengo que imprimir folletos, no puede ser para un vestido, no importa si es buena idea, no está autorizado, para hacerlo tiene que haber una petición”. Indicó que gracias a una “revisión preventiva” se lograron recuperar 120 mil pesos de “un par de organizaciones”, y agregó que el monitoreo se deriva de que se trata de dinero público que debe ser auditado. El servidor público mencionó que desde su llegada al Censida el marco normativo se respeta de manera estricta. “Las organizaciones civiles nos decían: ¡Ay, es que siempre lo hemos comprobado así!, entonces les mostrábamos la norma para decirles cómo tenían qué hacerlo”. Añadió que las facturas presentadas por las organizaciones civiles deben ser válidas para la Secretaría de Hacienda, y que ahora no se les permite modificar presupuestos, hechos que motivaron un “diálogo intenso” puesto que estas no cumplían con el requisito, además de que 20 por ciento de las organizaciones tuvieron complicaciones “más serias” al no haberles aceptado algunas facturas. “No hubo desvío de recursos porque no las pagamos”. Subrayó el compromiso del Censida por cumplir la normatividad a través de la exigencia de la Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI) si es que los activistas quieren recursos federales, además de que deben tener un presupuesto autorizado, ejercerlo correctamente, y no modificarlo con argumentos como: “¡Ay, es que necesitaba una computadora!”. En medio de la polémica por su desempeño y llegada al frente del Censida, Izazola Licea dijo que las auditorías y fiscalización de las organizaciones civiles son “una medida preventiva”, y advirtió que si “sale algo más del periodo anterior que es 2006, 2007 y la parte primera de 2008 cuando yo no estuve, pues saldrá y tendrá que discutirse”. Ante la pregunta sobre si las y los activistas de lucha contra el sida deben temer a una “cacería de brujas”, el funcionario dijo desconocer si lo sean “lo que sí sé es que la norma se sigue y se ha seguido desde que llegamos a esta administración, aplicamos la norma al pie de la letra, no hay flexibilidad, las leyes y las normas se cumplen, no es que se cumplan con unas sí y con otras no, en esta gestión no sucede y por eso hay gente que se enoja”. Por último, dijo que no habrá excepciones, “no sé si sean brujas o no, pero si comprobaron bien no hay nada que temer”. |
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 18
Madrid, 4 de agosto. Los pueblos originarios de América, desde Canadá hasta el cono Sur, viven afectados por numerosos proyectos de desarrollo y de extracción de recursos naturales, pues la mayoría de ellos se establecen en sus territorios y suponen una verdadera amenaza
, que puede llegar a su desaparición
.
Según el informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas, Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, a la marginación y discriminación histórica se suma ahora la connivencia
entre los diferentes estados con grandes multinacionales, que además de provocar desastres medioambientales han sembrado división y discordia entre las comunidades indígenas.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el próximo 9 de agosto, AI llamó a los gobiernos de América para que dejen de dar prioridad a proyectos de desarrollo sobre los derechos de esas comunidades
, pues son los principales perjudicados de los planes de extracción de minerales, recursos energéticos o de aprovechamiento de parajes naturales para grandes consorcios turísticos. Esto ocurre en la Amazonia, pero también en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o en el cono Sur. Se calcula que 40 millones de indígenas viven en América.
Resulta alarmante comprobar cómo se violan continuamente los derechos humanos de millones de indígenas en toda América. Su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro porque no hay voluntad política para reconocer, respetar y proteger sus derechos, cuando éstos se consideran un obstáculo para el crecimiento económico
, explicó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AI.
Una de las conclusiones del informe, basado en el trabajo de campo y en la recopilación de denuncias y alertas de las propias comunidades, es que los pueblos indígenas se han convertido en un estorbo para los intereses comerciales, por lo que los amenazan, los desalojan por la fuerza, los desplazan y hasta los matan en su afán por explotar recursos naturales de las zonas en las que viven
. Un drama que se ha agudizado por factores financieros, como la extracción de recursos naturales que sostienen las economías de varios países de la región y la recurrente corrupción de los gobiernos con grandes empresas.
Por ejemplo, en Brasil prosigue la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía, a pesar de la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener el proyecto hasta que se evalúe exhaustivamente su impacto sobre las comunidades. En países de toda la región como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú se ha omitido consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar leyes que amenazan su medio de vida. También se han realizado planes de desarrollo en tierras ancestrales sin respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Fernanda Daz Costa, redactora del informe de AI, explicó a La Jornada que “preocupa el aumento del interés en ciertas materias primas y recursos naturales en territorios de esas poblaciones.
“Pero también destaca que se ha incrementado la organización de los propios indígenas para expresarse. Sin embargo, la constante es un escenario de intensa conflictividad social que en muchos casos deriva en violencia, enfrentamientos en los que se involucran agentes del Estado. O la violencia la ejercen los propios servicios de seguridad de empresas que buscan extraer recursos naturales. Así que los agentes externos (las empresas) operan para dividir a las poblaciones. Hay casos de comunidades que se enfrentan entre sí.
La investigadora reconoció que es difícil
probar la relación de grandes empresas con los asesinatos políticos, la persecución judicial, amenazas y la desaparición forzada de líderes indígenas. Pero hay muchos indicios y denuncias
que apuntan a esa teoría, la de la participación de servicios de seguridad de multinacionales en la creación de grupos paramilitares o que eliminan a líderes problemáticos. Todo esto con la connivencia del gobierno o del Estado
, explicó Daz Costa, citó como caso paradigmático el de la comunidad Sarayacu, en Ecuador, que hoy está ante la CIDH. En este caso la comunidad probó que la empresa Texaco llegó acompañada del ejército en la década de los 90 y cometió numerosos secuestros, amenazas, violencia y asesinatos. Digamos que la empresa y el gobierno actuaron de forma coordinada
, explicó.
Indicó que hay numerosas denuncias de la supuesta vinculación de multinacionales que financian a paramilitares, que en el caso de Colombia han ocasiondo muertes y destrucción el país. Muchas veces el eje de la discriminación es que el Estado no tiene herramientas legales suficientes para exigir a las empresas que actúen con base en los derechos humanos. Los organismos fiscalizadores del Estado no funcionan o simplemente la corrupción se impone.
El informe completo se puede consultar en la siguiente dirección: www.amnesty.org


