Mario Alberto Reyes-enviado  Luis Enrique Soto, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" Villahermosa, Tab., julio 28 de 2011. Limitar el uso de Nevirapina -medicamento recetado a personas que viven con VIH/sida y que han registrado fallas múltiples en sus tratamientos- a “casos muy especiales", es recomendable porque si se aplica en las primeras líneas o fases del tratamiento se corre el riesgo de producir resistencia cruzada con Etravirina, uno de los más recientes fármacos antirretrovirales, aseveró Luis Enrique Soto, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, “Salvador Zubirán”. Al participar en el XII Congreso Nacional de VIH/sida, el experto agregó que Tenofovir es un “excelente” medicamento que debe ser cuidado, ya que aparte de generar poca resistencia en quienes viven con VIH, se utiliza en las primeras líneas de tratamiento y es uno de los pocos fármacos que pueden ser “reusados” en esquemas posteriores. “Muy pocas personas hacen resistencia, lo puedes utilizar o seguir utilizando en líneas futuras. Es un medicamento bueno que tiene sus toxicidades como todos pero esta característica de reusable no es común entre los antirretrovirales”. Dijo que Etravirina se utiliza en pacientes que han desarrollado resistencia a múltiples fármacos, pero lo recomendable es evitar el uso de Nevirapina, misma que puede ser sustituida por Efavirenz. Advirtió que sólo en caso de que no se puedan usar los inhibidores de la proteasa, entonces se hará necesaria la ingestión de Nevirapina. Al exponer el tema de la resistencia a los antirretrovirales en México, Soto Ramírez indicó que en torno a los inhibidores de la proteasa de reciente creación, los médicos deben ser cuidadosos en el uso de Darunavir, pues si se quieren mejores resultados, este no debe ser recetado antes del también inhibidor Tripanavir. El experto dijo que a diferencia de los países desarrollados, en donde la efectividad de un esquema antirretroviral puede ser de hasta siete años, en México es apenas de 2.8 años debido al escaso apego al tratamiento, hecho que genera resistencia y fallas en fases muy tempranas. “Los factores para que esto ocurra es que no se toman bien los medicamentos, los pacientes son rebeldes, se van de viaje el fin de semana, se alcoholizan, se drogan y olvidan ingerir las pastillas. En los países desarrollados las personas VIH positivas son más precavidas, el mexicano es más negacionista, piensa que no le va a ocurrir nada, pero los efectos son a largo plazo”. Apuntó que el problema de la falta de apego a los tratamientos podría resolverse a través de clínicas de atención integral, "es la idea de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida, pero no le estamos dando importancia a la necesidad de reforzar e impulsar la adherencia”. Al impartir la conferencia “Resistencia a los antirretrovirales en México”, el investigador recordó el caso del movimiento encabezado por la agrupación Monarcas, que en años pasados lanzó una fuerte campaña en los medios para sostener la inexistencia del VIH/sida, derivado de eso, aseguró, las autoridades de Salud registraron la muerte de 52 personas VIH positivas que hicieron caso al mensaje de suspender el uso de antirretrovirales. “Cuando uno tiene un problema tan grave como VIH/sida, cualquier cosa que te digan te atrae, si te dicen diente de ajo, lo comes, si te dicen aleta de tiburón, lo haces, el chiste es albergar una esperanza, el problema es que el nivel educativo de nuestro país es bajo, entonces la información es pobre, necesitamos mejorarla”. Finalmente, Soto Ramírez agregó que en México no existen campañas de prevención de VIH, a la vez que calificó como “deficientes e incompletos” los programas preventivos existentes, situación que dijo, puede mejorar con la llegada de los recursos provenientes del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida. |
Presenta AI informe previo al Día Internacional de los Pueblos IndígenasFoto Víctor Camacho
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 18
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 18
Madrid, 4 de agosto. Los pueblos originarios de América, desde Canadá hasta el cono Sur, viven afectados por numerosos proyectos de desarrollo y de extracción de recursos naturales, pues la mayoría de ellos se establecen en sus territorios y suponen una verdadera amenaza
, que puede llegar a su desaparición
.
Según el informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas, Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, a la marginación y discriminación histórica se suma ahora la connivencia
entre los diferentes estados con grandes multinacionales, que además de provocar desastres medioambientales han sembrado división y discordia entre las comunidades indígenas.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el próximo 9 de agosto, AI llamó a los gobiernos de América para que dejen de dar prioridad a proyectos de desarrollo sobre los derechos de esas comunidades
, pues son los principales perjudicados de los planes de extracción de minerales, recursos energéticos o de aprovechamiento de parajes naturales para grandes consorcios turísticos. Esto ocurre en la Amazonia, pero también en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o en el cono Sur. Se calcula que 40 millones de indígenas viven en América.
Resulta alarmante comprobar cómo se violan continuamente los derechos humanos de millones de indígenas en toda América. Su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro porque no hay voluntad política para reconocer, respetar y proteger sus derechos, cuando éstos se consideran un obstáculo para el crecimiento económico
, explicó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AI.
Una de las conclusiones del informe, basado en el trabajo de campo y en la recopilación de denuncias y alertas de las propias comunidades, es que los pueblos indígenas se han convertido en un estorbo para los intereses comerciales, por lo que los amenazan, los desalojan por la fuerza, los desplazan y hasta los matan en su afán por explotar recursos naturales de las zonas en las que viven
. Un drama que se ha agudizado por factores financieros, como la extracción de recursos naturales que sostienen las economías de varios países de la región y la recurrente corrupción de los gobiernos con grandes empresas.
Por ejemplo, en Brasil prosigue la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía, a pesar de la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener el proyecto hasta que se evalúe exhaustivamente su impacto sobre las comunidades. En países de toda la región como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú se ha omitido consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar leyes que amenazan su medio de vida. También se han realizado planes de desarrollo en tierras ancestrales sin respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Fernanda Daz Costa, redactora del informe de AI, explicó a La Jornada que “preocupa el aumento del interés en ciertas materias primas y recursos naturales en territorios de esas poblaciones.
“Pero también destaca que se ha incrementado la organización de los propios indígenas para expresarse. Sin embargo, la constante es un escenario de intensa conflictividad social que en muchos casos deriva en violencia, enfrentamientos en los que se involucran agentes del Estado. O la violencia la ejercen los propios servicios de seguridad de empresas que buscan extraer recursos naturales. Así que los agentes externos (las empresas) operan para dividir a las poblaciones. Hay casos de comunidades que se enfrentan entre sí.
La investigadora reconoció que es difícil
probar la relación de grandes empresas con los asesinatos políticos, la persecución judicial, amenazas y la desaparición forzada de líderes indígenas. Pero hay muchos indicios y denuncias
que apuntan a esa teoría, la de la participación de servicios de seguridad de multinacionales en la creación de grupos paramilitares o que eliminan a líderes problemáticos. Todo esto con la connivencia del gobierno o del Estado
, explicó Daz Costa, citó como caso paradigmático el de la comunidad Sarayacu, en Ecuador, que hoy está ante la CIDH. En este caso la comunidad probó que la empresa Texaco llegó acompañada del ejército en la década de los 90 y cometió numerosos secuestros, amenazas, violencia y asesinatos. Digamos que la empresa y el gobierno actuaron de forma coordinada
, explicó.
Indicó que hay numerosas denuncias de la supuesta vinculación de multinacionales que financian a paramilitares, que en el caso de Colombia han ocasiondo muertes y destrucción el país. Muchas veces el eje de la discriminación es que el Estado no tiene herramientas legales suficientes para exigir a las empresas que actúen con base en los derechos humanos. Los organismos fiscalizadores del Estado no funcionan o simplemente la corrupción se impone.
El informe completo se puede consultar en la siguiente dirección: www.amnesty.org
