Esa tarde, Ricardo Lira acudió al médico. Sus orejas estaban inflamadas y el dolor le impedía trabajar. Pensó se trataba de una molestia provocada por su labor como operador telefónico que desaparecería con un par de analgésicos.
Tras una serie de análisis hechos en un laboratorio privado y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 14 de agosto de 2008, el médico notificó a Ricardo su condición serológica: positivo al virus de la inmunodeficiencia humana.
Ante el resultado, Lira Aguilar acudió al Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida y la Asociación Mexicana de Servicios Asistenciales en VIH/sida a solicitar información y atención profesional.
A finales de de ese mes, Ricardo presentó ante Gerardo Cano, su jefe directo en la empresa Servicios Corporativos de Telefonía, proveedora del servicio de call center de la compañía de televisión de paga SKY, los documentos para justificar sus faltas. Cano le indicó que sólo se reconocerían documentos emitidos por el IMSS.
En septiembre de ese año, por sus faltas y retardos, Ricardo fue llamado por el sindicato de la empresa. En aquella ocasión, los miembros de la junta insistieron en saber cuál era el motivo por el que se había suscitado el problema. Ante la presión Ricardo accedió a platicar que vivía con VIH/sida.
En marzo de 2009, algunos problemas de salud ocasionaron se ausentara de sus labores en tres ocasiones. En ninguna de ellas le fue emitida una incapacidad laboral, pero sí una constancia de tiempo, mismas que fueron rechazadas por los administrativos de la empresa y se le registraron como faltas injustificadas.
Nuevamente fue llamado ante la junta sindical. En aquella ocasión asistieron Antonio Jiménez, jefe de su sector; Juan Gutiérrez, representante del sindicato, y Angélica Rodríguez, de Relaciones Laborales. Durante la reunión le exigieron presentar una constancia de que vivía con VIH/sida “para ayudarle”.
Ricardo acudió con Víctor Almazán, su médico del área de Infectología de la Unidad de Medicina Familiar No. 4 “Niños Héroes”, quien le señaló que no podía extender la constancia médica porque si lo hacía, Servicios Corporativos de Telefonía lo despediría.
De acuerdo con Lira Aguilar, el médico dijo que se las enviaría pero con una copia a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), porque no era legal. “Esa información es confidencial y sólo nos interesa a nosotros dos”.
Tras escucharlo, Ricardo notificó a su jefa, Leila Salazar, que le entregaría el documento pero con copia para la CHDF. Ella insistió en que no era necesario que la comisión recibiera la constancia y le prometió guardar “la más absoluta confidencialidad”.
Días después, Leila desistió en su afán de conseguir la constancia y comenzó a acosarlo. Inició una campaña discriminatoria en contra de Ricardo al decir a sus compañeros no se le acercaran porque tenía sida y los podía contagiar.
En abril de 2009, Ricardo volvió a acudir al médico y no obtuvo la incapacidad. Una vez más su ausencia quedó registrada como una falta injustificada. En esa ocasión lo suspendieron tres días sin goce de sueldo. Le reiteraron que los castigos continuarían hasta que no presentara la constancia requerida, por supuesto, sin copia a la CDHDF.
Cuando surgió la epidemia del virus de la influenza AH1N1, Ricardo acudió con Víctor Almazán, quien le dio una incapacidad por 10 días, la cual comprendía del 24 de abril al 3 de mayo, por lo que sólo cumplió uno de los tres días de suspensión acordados. Eso generó una nueva suspensión.
Tras cumplirla, Antonio Jiménez, su jefe de área, inició una serie de acciones amenazantes e intimidatorias. Los supervisores le indicaban que si no entregaba la constancia solicitada sería despedido sin liquidación.
Fue separado de sus compañeros y colocado en un área especial. Derivado de estas situaciones de acoso, Ricardo presentó problemas de salud como colitis nerviosa. Más tarde, Lira Aguilar recibió una llamada de su supervisora, quien le exigía presentara una incapacidad para justificar sus faltas.
En días posteriores, Ricardo recibió llamadas por parte de la empresa para amenazarlo con que sí no acudía a firmar su renuncia de manera voluntaria, boletinarían su estado de salud en otras empresas para que no lo contrataran.
El acoso mermó el ánimo de Ricardo, quien decidió no acudir más a laborar. Este hecho provocó que Lira Aguilar decidiera no acudir más a laborar y presentara una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido. Actualmente, Ricardo sigue desempleado y en espera de solucionar su problema.
Los avances
“El estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH no debe ser un motivo de discriminación que impida la contratación, la permanencia en el empleo o el logro de la igualdad de oportunidades” señala la nueva norma internacional sobre trabajo y VIH, dada a conocer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante su sesión anual, el pasado 17 de junio.
El documento agrega que el estado serológico de la persona no debe motivar el final de una relación de trabajo. Argumenta que las ausencias temporales motivadas por la “necesidad de prestar cuidados a terceros o por enfermedad relacionadas con el VIH o el sida” deben tratarse igual que las ausencias por otras razones de salud.
Sin embargo, las condiciones laborales para las personas que viven con VIH/sida (PVV) en México no son favorables. La mayoría de las PVV deben ocultar su estado serológico para acceder a un empleo o son víctimas de constantes actos de discriminación.
Esta nueva norma internacional, la cual debe ser respetada por los países miembros de la OIT, entre ellos México, “debe promover el mantenimiento en el empleo y la contratación de personas que viven con el VIH, así como considerar la posibilidad de prestar asistencia durante los períodos de empleo y de desempleo e incluso, cuando sea necesario, ofrecer oportunidades de generación de ingresos para las personas que viven con el VIH o las personas afectadas por el VIH o por el sida.
La realidad
La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en 2005 por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señala que las PVV son el cuarto sector más discriminado de la sociedad mexicana, después de los adultos mayores, los indígenas y las personas con discapacidad. El mismo documento advierte que 20 por ciento de los empleadores en México no aceptaría contratar a una PVV.
De acuerdo con la Dirección Estatal para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación de Coahuila, México, en 2009, poco más de 90 por ciento de los PVV asistentes al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, señaló haber sufrido de discriminación laboral.
