viernes, 11 de junio de 2010

México, rezagado en materia legal sobre derechos de discapacitados

Se debe impulsar la participación de este sector en cargos públicos

México, rezagado en materia legal sobre derechos de discapacitados
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 41

En México se requieren actualizar y armonizar las leyes y normas conforme a las disposiciones y recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), manifestó Óscar Martín Nacif, encargado del despacho del secretariado técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

El CDPD, instrumento internacional de la ONU para cubrir en forma integral los derechos humanos de discapacitados, obliga a impulsar acciones en el Poder Legislativo y órganos electorales para garantizar una mayor participación de este sector en cargos públicos, en condiciones de igualdad, destacó.

En el seminario Capacidad legal y acceso a la justicia para las personas con discapacidad, Nacif convocó a los funcionarios encargados de elaborar políticas públicas, abogados y profesionales en la materia a establecer redes de cooperación en el tema legal para lograr el ejercicio pleno de los derechos de ese sector.

Venus Ilagan, directora ejecutiva de Rehabilitación Internacional, destacó que la CDPD cubre derechos cívicos, culturales, económicos, políticos y sociales. Su objetivo es crear conciencia entre los gobiernos respecto a la necesidad de promover acciones y políticas dirigidas a ese sector.

Carlos Ríos, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del DF, indicó que se requiere una reforma en la materia, a la fecha atorada en el Congreso, para hacer más explícita que lo plasmado en la Constitución, incluye los tratados internacionales suscritos por México

Seguirá plantón del SME en el Zócalo: GDF

Seguirá plantón del SME en el Zócalo: GDF
De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 37

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mantendrá la carpa en que se encuentran los trabajadores en huelga de hambre en la explanada del Zócalo, mientras que las diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los pobladores de San Juan Copala aceptaron reubicar sus plantones en las cercanías de la plancha, informó anoche el Gobierno del Distrito Federal mediante un comunicado.

Antes de las 8 de la mañana, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, señaló que a las 13 horas informaría si se mantendrían sobre la plancha las carpas instaladas por el SME, y los pobladores de San Juan Copala; después, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, anunció que él lo haría, pero al final se optó por emitir un comunicado.

Se señala que a partir de anoche sólo permanecerá en la plancha del Zócalo la carpa que corresponde a la huelga de hambre de los trabajadores del SME.

En tanto que los representantes de las distintas secciones de la CNTE y San Juan Copala reubicarán sus plantones en las cercanías de la plancha del Zócalo

Pistoleros, policías y autoridades desalojan facultad de la UABJO

Una reportera resultó herida de bala; hay 39 estudiantes consignados y dos desaparecidos

Pistoleros, policías y autoridades desalojan facultad de la UABJO

Fincan responsabilidades a 4 de los aprehendidos

Inconformes se reúnen con el secretario de Gobierno del estado

La administración de Ulises Ruiz asegura que respeta la autonomía

Foto
Dos presuntos porros muestran pistolas durante el desalojo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de OaxacaFoto Reuters
Octavio Vélez Ascencio y Agustín Galo Samario
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 32

Oaxaca, Oax., 10 de junio. Funcionarios, trabajadores y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), respaldados por presuntos porros, agredieron con palos, piedras y armas de fuego a estudiantes de quinto y sexto semestres que desde hace dos semanas ocupaban esa escuela en demanda de reconocimiento a sus estudios.

Durante la trifulca, la reportera Ixtli Martínez Jiménez, corresponsal de MVS Noticias, resultó herida de bala en una pierna y fue hospitalizada. Más de 100 agentes de la Policía Estatal Preventiva entraron a la casa de estudios y detuvieron a 39 alumnos, pero dejaron huir a los agresores. Los jóvenes desalojados denunciaron que dos de sus compañeros desaparecieron. La policía estatal informó que se fincaron responsabilidades a cuatro de los detenidos, pero no dio más detalles. Al cierre de esta edición, los demás seguían rindiendo declaración.

Cerca de las ocho de la mañana, los estudiantes recibieron el aviso de que iban a expulsarlos, por lo que se parapetaron en la azotea. Dos horas después los porros arribaron a Ciudad Universitaria, encabezados por el ex rector Abraham Martínez Alavés, padre de Eduardo y Abraham Martínez Helmes, secretario particular del rector Rafael Torres Valdez y director de Redes, Telecomunicaciones e Informática de la UABJO, respectivamente.

Testigos identificaron a Salvador Hernández Bustamante, Reynos Vásquez Zárate, Miguel Ángel, alias El Coné, y a otros sólo por sus apodos, como El Roger y El Dragón.

De pronto se escucharon disparos, uno de los cuales hirió en la pierna izquierda a la reportera Ixtli Martínez. Testigos dijeron que un sujeto de nombre José Luis, apodado El Chaui, fue quien disparó. Fue internada en el hospital civil Aurelio Valdivieso, cuyo director, Jesús Manuel Salcedo Cruz, informó que la bala tocó el fémur y era necesario operar.

A solicitud del rector Torres Valdez, agentes de la policía estatal ingresaron a Ciudad Universitaria. Los agentes, comandados por Alberto Quezadas Jiménez, ingresaron cerca de las 10:30 horas. La corporación trasladó a los detenidos en un camión al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el municipio de Santa María Coyotepec.

La corporación agregó que cerca del mediodía recuperó la facultad y se mantiene ahí para evitar nuevos enfrentamientos.

Los estudiantes, varios de ellos integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), afiliada al Frente Popular Revolucionario (FPR), habían ocupado la facultad para exigir reconocimiento a sus estudios ante el cambio de planes y programas.

En nombre de los desalojados, Yolanda López Martínez dijo: Llevamos cinco años estudiando como para que nuestros documentos no coincidan con el mapa curricular de profesiones de la universidad.

Florentino López Martínez, dirigente del FPR, reportó la desaparición de Citlali Oropeza Montes y Luis Miguel, alumnos de la Facultad de Idiomas y de la Escuela de Economía, respectivamente, ambos militantes de la UJRM.

Los agredidos se concentraron en el edificio central de la facultad y bloquearon la avenida Independencia para exigir la libertad de sus compañeros.

La Procuraduría General de Justicia del estado inició la averiguación previa 662 (HC)/2010.

Por la noche, el gobierno del estado condenó el ataque a la reportera manifestó su respeto a la autonomía de la UABJO y se pronunció por que los universitarios diriman sus diferencias a través del diálogo.

Los desalojados se apoderaron de una decena de autobuses urbanos para bloquear calles del primer cuadro de la ciudad, acción que suspendieron al iniciar pláticas con el secretario de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Florentino López, vocero del FPR, confió en que la mayoría de los estudiantes sean liberados

Cese de la represión a los movimientos sociales, piden maestros y estudiantes

La marcha por el 39 aniversario del halconazo se unió a la de electricistas en Reforma

Cese de la represión a los movimientos sociales, piden maestros y estudiantes

Demandan informe oficial sobre el cumplimiento de sentencias que ordenó la CIDH

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Cerca de 800 alumnos politécnicos y profesores de la CNTE participaron en la marcha, cuya descubierta fue encabezada por miembros del Comité 68. Antes, hubo un mitin ante las instalaciones de Canal 11Foto Roberto García
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Raúl Álvarez Garín con algunos integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en México y de las fundaciones Nacidos en la Tempestad y Diego Lucero a las puertas de la Secretaría de Relaciones ExterioresFoto María Meléndrez
Laura Poy y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 20

Cerca de 800 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon desde el casco de Santo Tomás de esa casa de estudios para conmemorar el 39 aniversario de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como el halconazo, y demandar el cese de la represión contra los movimientos sociales. En tanto, el Comité 68 y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos realizaron un mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores exigiendo justicia contra los crímenes del pasado.

La marcha conmemorativa por los hechos del 10 de junio, encabezada por integrantes del Comité 68, dio inicio después de las 15 horas con un mitin frente a las instalaciones de Canal 11, del IPN. Ahí, los estudiantes politécnicos demandaron a la directora general, Yoloxóchitl Bustamante, garantizar las condiciones para un diálogo público sobre el futuro del instituto y reiteraron su rechazo a la aprobación de un nuevo reglamento general de estudios.

También exigieron el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, pues afirmaron que a casi 40 años de la represión del Estado contra el movimiento estudiantil, las causas que motivaron su lucha siguen vigentes, por lo que continuaremos demandando que se haga justicia y sanciones a los responsables de atentar contra estudiantes y profesores.

Los manifestantes, quienes recorrieron las avenidas San Cosme e Insurgentes, se sumaron a la movilización encabezada por los trabajadores electricistas a su paso por Paseo de la Reforma, tras reiterar su respaldo a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Durante el mitin en la cancillería, Raúl Álvarez Garin, del Comité 68, explicó a los transeúntes que pasaban por avenida Juárez: Estamos aquí hoy, y cada vez será más frecuente nuestra presencia en esta dependencia, porque a la cancillería le toca dar respuesta de si acepta o no las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

El gobierno tiene muchos pendientes, abundó Álvarez Garin: queremos que nos informe qué avances tiene en el cumplimiento de las sentencias que recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en Atoyac, Guerrero, en la década de los 70 .

Colocaron mamparas con carteles en los que se leía: Luis Echeverría, prófugo de la justicia... Por qué Luis Echeverría no ha sido condenado judicialmente por los crímenes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, ni por los más de 500 desaparecidos.

Otros carteles cuestionaron: Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la impunidad de los represores del pasado y del presente

Legisladores exigen a Calderón solicitar extradición del homicida de Sergio Adrián

Portarán moño negro en la solapa durante la Interparlamentaria con EU, que comienza hoy

Legisladores exigen a Calderón solicitar extradición del homicida de Sergio Adrián
Andrea Becerril, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Juan Carlos Miranda
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 11

Legisladores de todas las fuerzas políticas exigieron que el gobierno de Felipe Calderón asuma una postura firme y enérgica frente a Estados Unidos y demande la detención con fines de extradición del agente migratorio que asesinó de un balazo al adolescente Sergio Adrián Hernández en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el fin de que se le juzgue de acuerdo con las leyes mexicanas.

En señal de luto por los asesinatos de dicho menor y de Anastasio Hernández Rojas –quien falleció después de que elementos de la Patrulla Fronteriza lo golpearon y le aplicaron choques eléctricos–, los legisladores integrantes de la delegación nacional a la 49 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos –que se inicia hoy en Campeche– portarán un moño negro en la solapa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo Madero, afirmó que es un acuerdo para expresar la indignación y el duelo del Congreso mexicano y la demanda de justicia a la delegación de Estados Unidos, que encabeza el senador demócrata Christopher Dodd.

El senador perredista Tomás Torres envió una carta al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, en la cual plantea que se demande a Estados Unidos que el homicida (del menor) sea puesto disposición de las autoridades mexicanas para el enjuiciamiento que corresponde.

No se debe olvidar que en los últimos años se han concedido sin demora las solicitudes de extradición de delincuentes y fugitivos ya sentenciados que Estados Unidos demandó, agrega.

Subraya que el gobierno y el Congreso deben fajarse. Añade que el agente que disparó al menor está perfectamente identificado, pero falta que la PGR actúe.

El panista Luis Alberto Villarreal, presidente la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado, resaltó que si el homicida hubiera sido un mexicano y los hechos se hubieran dado en Texas, sería condenado a la pena de muerte.

Ramón Galindo (PAN), ex presidente municipal de Ciudad Juárez, dijo que en esa localidad el ambiente es de luto, molestia e indignación por la muerte del menor, ya que lo doloroso del caso viene a sumarse a las agresiones y bofetadas que hemos estado recibiendo de Estados Unidos.

El senador priísta Carlos Jiménez Macías advirtió que es preocupante que el gobierno de Calderón no asuma una postura drástica frente a Estados Unidos y siga con una política de cortesía diplomática que tanto cuidan.

En la Cámara de Diputados, Joann Novoa, presidenta de la Comisión Especial para la Niñez, recordó que el número de agresiones a mexicanos en la frontera se ha elevado de manera considerable.

El priísta Ricardo López Pescador apuntó: es necesario que se apliquen las medidas preventivas para evitar que los policías estadunidenses se sustraigan de la justicia. El endurecimiento de la seguridad en la frontera y las leyes antimigrantes evidencian el doble discurso de Washington en su relación con México.

La Coparmex instó al gobierno a que represente con dignidad los intereses del país y se asegure de que no haya impunidad para los culpables

La Familia Pasta de Conchos se suma al campamento del SME

Significativo, que se unan los trabajadores agraviados: obispo Vera

La Familia Pasta de Conchos se suma al campamento del SME
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 11 de junio de 2010, p. 8

La organización de la Familia Pasta de Conchos se sumó al campamento de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el Zócalo capitalino, y advirtió que ahí se va a quedar hasta que se resuelvan las demandas que han enarbolado desde hace cuatro años los deudos de los mineros muertos.

Sostuvo además que el gobierno y Grupo México están equivocados si creen que con sellar la mina se acabó el caso.

El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, presente en la instalación de la Familia Pasta de Conchos en este centro de resistencia del SME, señaló que es muy significativo que se unan los reclamos de los grupos que han sido agraviados por el gobierno de Felipe Calderón, el cual ha cometido una sistemática violación a los derechos humanos y laborales.

Hizo ver que la huelga de hambre de los miembros del SME, que ayer cumplió 47 días, el reclamo de justicia de la Familia Pasta de Conchos y los agravios a los mineros de Cananea hacen evidente que este gobierno ha puesto al país en una situación caótica y grave, por su persistente y sistemática tarea de proteger los intereses y negocios de los grandes empresarios, sin importarle los derechos de los trabajadores.

El obispo criticó la actuación del titular del Trabajo, Javier Lozano, pues, sostuvo, no es posible que un secretario de Estado sólo tenga como respuesta la fuerza y la represión contra los trabajadores en los conflictos laborales. Agregó que de este funcionario ya estamos acostumbrados a sus barbaridades, como las realizadas contra los trabajadores del SME y la que ahora cometió con los mineros de Cananea.

A su vez, Cristina Auerbach, de la Pastoral Laboral y abogada de la organización Pasta de Conchos, indicó que el secretario del Trabajo está muy equivocado al desestimar los recursos y quejas que se están interponiendo en instancias como la Organización Internacional del Trabajo. Recordó que ya este organismo emitió una resolución en marzo pasado en la que señala que el gobierno mexicano es responsable de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos.

Finalmente, interrogado el obispo Raúl Vera sobre que el cardenal Norberto Rivera haya orado para que le vaya bien a la selección mexicana de futbol en el Mundial de Sudáfrica, respondió: Cada quien tiene sus devociones. Hay cosas fundamentales que exigen nuestra oración, como la paz en México, la cual está en riesgo

CARTONES DE LA JORNADA




jueves, 10 de junio de 2010

La Mafia que se adueño de México. Y el 2012.

La Mafia que se adueño de México. Y el 2012. from TONATIUH MALDONADO on Vimeo.



Presentación del libro del lic. Andrés Manuel López obrador, presidente legítimo de México, en el cual los diversos presentadores de primerísimo nivel nos dan cuenta y testimonio del debacle económico, colapso político y de la descomposición social que se vive en México a acusa de esta mafia, grupo que tiene nombres y apellidos. así mismo del valiosísimo contenido coyuntural para el futuro de México. Con miras al 2012 y la importancia de un cambio verdadero en el país por la vía pacifica. .

Publicado por: TONATIUH MALDONADO.

INVITACION

Denuncian presiones en Rusia para no legislar contra pederastas

Comisionado sugiere financiamiento de criminales a legisladores

Denuncian presiones en Rusia para no legislar contra pederastas
Juan Pablo Duch
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 46

Moscú, 9 de junio. El abogado Pavel Astajov, comisionado para los Derechos de los Niños en Rusia, instancia dependiente del Kremlin, puso este miércoles el dedo en la llaga, al dar a entender que dentro de la Duma –la cámara baja del Parlamento del país– operan influyentes grupos de presión que impiden adoptar leyes para combatir la pederastia.

Nadie pone en duda que es necesario endurecer el castigo a los abusadores de niños, pero cada vez que se discute el tema en las distintas comisiones parlamentarias se escuchan voces que se oponen, lamentó Astajov, y se preguntó: “¿Será que existe (en Rusia) un lobby de pederastas que financia que no se adopten leyes más duras? Creo que no estoy muy lejos de la verdad”, expresó.

Ello explica, añadió, un caso reciente que provocó una amplia indignación: un sujeto que durante cuatro años abusó sexualmente de su sobrina –la primera vez cuando la víctima tenía apenas cinco años de edad–, y quedó en libertad al recibir una simbólica condena condicional.

Debido a la intervención de Astajov se recurrió a la sentencia de ese sonado caso, pero aún queda mucho por hacer para acabar con la impunidad en situaciones similares.

La vicepresidenta de la Duma, Liubov Sliska, respaldó al comisionado, al confirmar la existencia de adversarios muy serios que, en efecto, dificultan resolver este problema (la pederastia). Es cierto lo que dice, expresó.

La diputada del partido oficialista confía en que Astajov, como jurista profesional, se ocupe a fondo de este asunto, muy grave y doloroso, y logre mejorar la sitaución actual.

Sliska recordó que en la anterior legislatura, cuando propuso varias enmiendas al código penal relacionadas con la decisión, respaldada desde el Kremlin, de subir el umbral de aceptación de relaciones sexuales no forzadas de los 14 a los 16 años de edad, muchos colegas suyos se opusieron y, por ejemplo, votaron contra sentenciar a cadena perpetua a los pederastas.

Astajov quiere ir más lejos y sostiene que la actual legislación rusa no está suficientemente desarrollada para poner un firme freno a la pederastia, por lo que recomienda adoptar medidas adicionales a las penas de cárcel, de acuerdo con la experiencia internacional.

En particular, el comisionado para los Derechos de los Niños cree que ha llegado el momento de debatir en Rusia si procede aplicar a los pederastas la castración química o quirúrgica, por ahora no prevista en las leye

Sólo 6 de cada 10 estudiantes del IPN concluyen su formación: Bustamante

En la comunidad estudiantil, oposición al nuevo reglamento

Sólo 6 de cada 10 estudiantes del IPN concluyen su formación: Bustamante
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 43

El nuevo reglamento general de estudios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) busca garantizar mayor flexibilidad y movilidad académica de los alumnos, además de establecer mecanismos para acreditar una formación intermedia de quienes no logran concluir su bachillerato o licenciatura, afirmó su directora general, Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien reconoció que sólo seis de cada 10 estudiantes de educación media y superior inscritos en el instituto concluyen su formación.

Sin embargo, integrantes de la comunidad estudiantil que se oponen a la aprobación del nuevo reglamento aseguraron que sólo se busca imponer una formación por competencias y alentar una rápida incorporación al mercado laboral con la certificación de conocimientos parciales.

Agregaron que en la propuesta presentada por autoridades del Politécnico no se establecen mecanismos claros para garantizar la retención de mayor número de alumnos que desertan por problemas económicos.

En entrevista por separado, Bustamante Díez señaló que con la aplicación en 2003 de un nuevo modelo educativo cambiaron muchos paradigmas que implicaron, a su vez, la necesidad de realizar ajustes a la forma en que operaban las actividades escolares, pues el reglamento general de estudios vigente data de los años 90 del siglo pasado, y ya no cumple con las necesidades que imponen los servicios educativos que ofrecemos en la actualidad.

Afirmó que la propuesta presentada a la comunidad del IPN, mediante una consulta a alumnos, profesores y trabajadores administrativos, impulsa mayor flexibilidad curricular, pues los estudiantes podrán combinar las unidades de aprendizaje, definir cuántas asignaturas pueden cursar por semestre, regular si quieren ir más rápido o más lento, dependiendo de sus condiciones personales y académicas, pues muchos de nuestros jóvenes enfrentan una condición económica difícil y se ven obligados a trabajar.

Además, se fortalece la movilidad estudiantil, pues los alumnos “podrán optar, si así lo desean, por cursar unidades de aprendizaje en otras escuelas del politécnico –hasta 40 por ciento de los créditos– o de otras instituciones de educación superior, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con las que se tengan convenios, lo que garantiza que no habrá pago de colegiaturas”.

No obstante, consejeros estudiantiles de las escuelas superiores de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de Ingeniería y Arquitectura y de Economía afirmaron que la llamada salida lateral, con la que se fijan mecanismos para la obtención de certificados como técnico profesional asociado, favorece, en los hechos, que muchos compañeros opten ante las dificultades económicas e incluso académicas, por una salida que les garantice un empleo, aunque sea precario.

Criticaron que la propuesta de nuevo reglamento, sometida a una segunda etapa de consulta entre la comunidad politécnica, que concluye el 11 de junio, busca establecer las bases para la aplicación en todas las escuelas y centros de investigación del denominado nuevo modelo educativo, que favorece una formación por competencias, acorde a las demandas del mercado laboral y de los intereses de las grandes trasnacionales

Delegada de la CDI en Oaxaca denuncia amenazas de Ulises Ruiz

Delegada de la CDI en Oaxaca denuncia amenazas de Ulises Ruiz
Agustín Galo Samario, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 33

Oaxaca, Oax., 9 de junio. La delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Concepción Rueda Gómez, informó que por no apoyar al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz ordenó que me partieran la madre, como lo prueban las agresiones que ha sufrido desde octubre pasado.

En conferencia de prensa, agregó: Esa presión llegó a mayores el domingo, cuando 40 elementos de las policías estatal y municipal allanaron la casa de uno de mis escoltas y, sin orden de aprehensión ni de cateo, quisieron someter a los seis agentes federales apuntándoles a la cabeza. Pero no les salió, porque se identificaron y luego llegó el Ejército, aseveró.

Rueda Gómez señaló que esto ocurrió en la ciudad de Oaxaca, y explicó que los seis agentes federales le fueron asignados hace tres años para resguardar su seguridad luego que un familiar sufrió un intento de secuestro. Añadió que esta semana presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia por la agresión a su escolta, y advirtió que esta situación claramente política se ha salido de control.

Cuando Rueda Gómez presentaba su denuncia, sus oficinas fueron ocupadas por unas 30 mujeres que se negaron a identificarse y a informar el motivo de su protesta porque no nos van a entender e intentaron arrebatar la cámara a un fotógrafo. Los reporteros y funcionarios de la comisión tuvieron que salir de la dependencia por una puerta trasera.

En la ciudad de México, el senador Adolfo Toledo Infanzón, dirigente estatal del PRI, denunció ante el Congreso de la Unión a Rueda Gómez por utilizar programas federales en favor del candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo.

Cué Monteagudo, por su parte, acusó al PRI y al gobernador Ulises Ruiz de orquestar una guerra sucia para generar miedo y zozobra entre la población, a fin de inhibir la participación ciudadana el 4 de julio.

El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Convergencia afirmó que como parte de esa estrategia de confrontación se le ha querido responsabilizar por la violencia en el conflicto magisterial y popular de 2006, además de señalarlo como impulsor de la candidatura de Flavio Sosa a una diputación local por el PT.

Dijo que la coalición ya presentó varias denuncias ante el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEO) “por esta guerra sucia” e interpondrá una más porque se ha empezado a repartir un cartel (del que exhibió un ejemplar) en el cual se le acusa de financiar a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) hace cuatro años.

Aseguró que confía en los consejeros del IEEO, pero no en su presidente, José Luis Echeverría, quien fue testigo del fraude en la elección estatal de 2004 y no hizo nada. Hoy parece estar más interesado en confirmar la relección de Ulises Ruiz en la persona de Eviel Pérez Magaña.

Defendió a la APPO al afirmar que surgió de la sociedad y ha buscado el cambio en Oaxaca: Fue un movimiento social apoyado por el pueblo. Yo vi cómo iba la gente a llevarles café a los maestros que estaban en plantón. Sin embargo, admitió que las protestas generaron pérdidas económicas, de las cuales no nos hemos recuperado

Los halcones no fueron la única fuerza de choque que actuó en la matanza de 1971

Documentos del AGN revelan que desde el PRI se patrocinó a diversos grupos para reprimir

Los halcones no fueron la única fuerza de choque que actuó en la matanza de 1971

Pagados por el DDF, hace 39 años dispararon contra estudiantes en la calzada México-Tacuba

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 21

Desde 1960 y durante los siguientes 10 años, el general Alfonso Corona del Rosal fue creando y operando con fondos públicos diversos grupos de choque con fines de control político, entre los que estaban los halcones, principales responsables de la matanza de 1971 y también participantes en la del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, de acuerdo con documentos encontrados en el Archivo General de la Nación (AGN) por la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas.

En los nuevos hallazgos se revela que en 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió una recomendación para que, en caso necesario, los halcones (pagados desde el Departamento del Distrito Federal) reprimieran cualquier grupo político con miras a los comicios presidenciales de 1970, en los que resultó electo Luis Echeverría Álvarez, y también que varios de los grupos creados desde el DDF actuaron contra los estudiantes sobre la calzada México-Tacuba, hace 39 años.

De acuerdo con los reportes oficiales, aquel 10 de junio de 1971 diversos grupos reprimieron a los manifestantes que partieron de la Normal Superior hacia el Zócalo, en demanda de libertad para los presos políticos y en rechazo a la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los documentos encontrados revelan que en la fecha en que ocurrió la matanza no sólo operaba el grupo paramilitar conocido como halcones, sino también otras organizaciones de choque financiadas por el DDF, y que posiblemente a éstas pertenecían los francotiradores que dispararon contra los estudiantes que caminaban sobre la avenida México-Tacuba.

Los nuevos hallazgos de la historiadora Magdaleno Cárdenas tienen sustento en documentos de las direcciones Federal de Seguridad (DFS) y General de Investigaciones Políticas y Sociales.

En ellos se da cuenta de la manera en que, desde el PRI, dirigentes como Lauro Ortega patrocinaron grupos de choque en los que participaban desde integrantes de asociaciones deportivas de diversas instituciones académicas hasta miembros del sector juvenil de ese partido.

Entre los casos que más aparecen en los informes está el de Sergio Mario Romero Ramírez, El Fish, uno de los porros que empezaron el enfrentamiento entre estudiantes, que luego dio origen al movimiento estudiantil de 1968, y quien se convirtió en uno de los articuladores de los grupos de choque bajo el patrocinio de Alfonso Corona del Rosal.

Los oficios de la DFS narran que El Fish, quien formó parte del grupo Los Escuderos, filial de la organización católica Caballeros de Colón, también logró dirigir la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos (FUSA) en la UNAM, gracias a los apoyos políticos que tenía para la formación de grupos porriles.

De acuerdo con los reportes oficiales, desde 1966 y hasta 1971, El Fish laboró en el DDF, donde dependía de Manuel Díaz Escobar, subdirector de Servicios Generales y líder de Los Zorros.

Los documentos refieren que entre los grupos políticos creados con diferentes objetivos estuvieron los patrocinados por Lauro Ortega, dirigente nacional del PRI, quien por medio de Manuel Boneta e Ignacio Castillo Mena canalizó importantes recursos económicos y materiales con objeto de crear grupos juveniles que sin pertenecer al partido sean afines ideológicamente.

El Movimiento Juvenil Revolucionario constituyó la estructura operativa en materia electoral en la ciudad de México y los estados, además de control político mediante grupos porriles, señalan los oficios. Asimismo, se creó el Grupo Benito Juárez, un movimiento secreto, que se (formó) en las universidades, centros de enseñanza superior y escuelas secundarias

Los protegen con cerco policiaco

Los protegen con cerco policiaco
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 20

Huajuapan de León, Oax., 9 de junio. El gobierno estatal tendió un cerco para proteger a la priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) e impedir el ingreso de la caravana de solidaridad Bety Cariño y Jyri Jaakkola a San Juan Copala, afirmó Jorge Albino Ortiz, portavoz del municipio autónomo.

El cerco ahora tiene la presencia abierta y pública de policías estatales, quienes en vez de garantizar la seguridad de esta misión y el libre tránsito, decidieron proteger a los asesinos porque supuestamente no había condiciones, asentó.

Albino Ortiz denunció que el grupo paramilitar de la Ubisort tiroteó desde el antiguo cuartel militar el palacio municipal de San Juan Copala, durante el trayecto y después del regreso de la caravana de solidaridad. Se regodeaban por haber tenido el apoyo del gobierno para que no pasara la caravana de solidaridad y no se entregaran los víveres y medicinas, señaló.

El portavoz sostuvo que la administración estatal protege a la Ubisort y a su grupo paramilitar para desaparecer el proyecto autonómico, porque tiene una amplia base social en San Juan Copala.

El gobierno y la unión –añadió– manejan en el discurso que no existe el municipio autónomo, pero como saben que nuestra presencia es grande, taparon la carretera y evitaron que llegáramos.

Sostuvo que lo sucedido demuestra la incapacidad y falta de voluntad tanto del gobierno estatal como del federal para controlar y castigar a este grupo criminal, porque no les interesa la vida de cientos de triquis, ni detienen ni castigan a los asesinos, y ahora hasta los protegen con un cerco policíaco, insistió.

Expuso que algunos participantes de la caravana se han de sentir decepcionados o enojados por la decisión de que no ingresaran a San Juan Copala, “pero ese coraje nos alimenta para seguir adelante y romper el cerco militar.

No tuvimos una derrota; sólo decidimos no exponer más vidas a manos de esos asesinos impunes; esperamos que respeten la decisión, por dolorosa o extraña que parezca, apuntó.

Condenan AI, legisladores y partidos violencia en región triqui de Oaxaca

Ulises Ruiz avala el estado de sitio en que se encuentran indígenas

Condenan AI, legisladores y partidos violencia en región triqui de Oaxaca
A. Becerril, E. Méndez, A. Muñoz y V. Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 20

Amnistía Internacional (AI), legisladores y partidos políticos condenaron el clima de violencia que mantienen grupos armados en San Juan Copala, Oaxaca, e hicieron un llamado a las autoridades para que se permita y garantice el libre paso de la caravana humanitaria Bety Cariño y Jyry Jaakkola al municipio autónomo.

Los grupos parlamentarios del PRD en la Comisión Permanente del Congreso demandaron al gobierno federal la desaparición de poderes en San Juan Copala, municipio que –acusaron– es controlado por un grupo paramilitar solapado por el gobierno de Oaxaca.

En conferencia de prensa, diputados que participaron en la caravana a Copala expresaron que no pudieron llegar a la comunidad porque el gobernador Ulises Ruiz Ortiz no garantizó la seguridad de los participantes.

No lo hizo –dijo Agustín Guerrero– porque avala el estado de sitio en que se encuentra la población triqui.

Refirió que los integrantes de la caravana decidieron corroborar, con una persona que portaba un chaleco antibalas, que en el retén instalado por el grupo paramilitar –a 10 kilómetros de Copala– efectivamente había hombres armados que se parapetaron detrás de mujeres y niños. En el momento en que la comisión se acercó hicieron disparos al aire, dijo Guerrero.

Por su parte, PRD y PT reprobaron la situación que tiene lugar en aquella entidad, luego de que la caravana de legisladores federales que pretendía ingresar a San Juan Copala no pudo entrar.

Jesús Zambrano, vicecoordinador de la bancada del PRD, manifestó que es muy lamentable que ante los ojos de todo el mundo se esté reconociendo que allí impera la ley de un grupo que, a estas alturas, ya puede ser catalogado como de delincuencia organizada, y que tiene reconocimiento formal, donde el propio Estado mexicano admite que no pueden entrar ni el gobierno federal ni el local.

Amnistía Internacional llamó ayer a las autoridades y a los grupos armados ilegales a que garanticen el acceso seguro del segundo convoy humanitario que busca llegar a las comunidades indígenas bloqueadas en la región triqui.

En un comunicado de prensa, sostuvo que la segunda caravana lleva artículos humanitarios destinados a las 700 personas que viven en estado de sitio en San Juan Copala, donde grupos armados los tienen atrapados y les restringen los alimentos el agua y la electricidad, y han asesinado a quienes han intentado romper ese cerco

Pedirán a la Cruz Roja Internacional que lleve víveres a San Juan Copala

La Ubisort tiene al municipio en situación de guerra, acusa activista

Pedirán a la Cruz Roja Internacional que lleve víveres a San Juan Copala

Preparan nueva caravana humanitaria integrada sólo por mujeres

Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 20

El hecho de que el grupo paramilitar priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) haya impedido el arribo de la caravana humanitaria Bety Cariño y Jyry Jaakkola al municipio autónomo de San Juan Copala no implica que se desista de la misión ni que las 30 toneladas de víveres no sean entregadas a los habitantes de esa localidad, señaló el sacerdote Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Oaxaca.

En entrevista con La Jornada, el clérigo, conocido como Padre Uvi, informó que debido a la difícil situación en que se encuentran 700 personas del municipio –la Ubisort las tiene cercadas desde hace casi siete meses, les quitó la luz y el agua y les impide salir por alimentos–, contactarán a la Cruz Roja Internacional para que entregue los productos recolectados en el Distrito Federal y en templos de la arquidiócesis de Oaxaca.

Recurriremos a la Cruz Roja Internacional porque lo que se vive en San Juan Copala es una guerra; hay desaparecidos, muertos y agresiones, expuso Mayrén Peláez, quien también es apoderado legal de la arquidiócesis oaxaqueña, encabezada el arzobispo José Luis Chávez Botello.

Junto con Marcos Albino Ortíz, representante en el DF del municipio autónomo de San Juan Copala y coordinador de la citada caravana, anunció que la perspectiva es organizar una nueva visita a la localidad, la cual estaría integrada sólo por mujeres. Aunque reconocieron que nada garantiza que el grupo paramilitar respete a un contingente femenino, consideran que tal vez podría haber más posibilidades de cruzar el cerco.

En un recuento de lo ocurrido el pasado martes, cuando medio centenar de integrantes de la Ubisort impidió el paso de la caravana, estando a 10 kilómetros del municipio autónomo, indicaron que estas situaciones sólo pasan en México y en Oaxaca, donde no hay gobierno, donde Ulises Ruiz encabeza una administración que tiene poder, pero no autoridad.

Criticaron que los policías no hicieron nada, sólo recomendar a los integrantes de la caravana desistir. Esto nos deja claro que en Oaxaca no hay garantía de libre tránsito ni de seguridad, ¿cómo puede ser que 500 policías teman a un grupo de 50 criminales? , preguntaron.

Mayrén llamó a la sociedad a denunciar estas situaciones y a no caer en la apatía, porque la indiferencia también es violencia, y como decía Mahatma Gandhi, lo atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.

Albino Ortiz y Mayrén señalaron que mucho del interés por desestabilizar el municipio y en general a la región triqui es por las grandes riquezas naturales que alberga el territorio, como sus maderas y agua, pero también comentaron que se dice que hay yacimientos de uranio.

En torno a las elecciones del 4 de julio, Mayrén dijo que Oaxaca necesita un proyecto de cambio, por lo que demandó que se esclarezcan los recientes asesinatos del líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro, entre otro

Investigan las finanzas de Onésimo Cepeda, acusado de lavar dinero

Autoridades hacendarias y fiscales hurgan en sus archivos

Investigan las finanzas de Onésimo Cepeda, acusado de lavar dinero
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 14

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera de esta dependencia, el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizan una búsqueda exhaustiva en los archivos financieros del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, y en los de sus familiares, como parte de las pesquisas que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) contra el prelado, acusado de presunto lavado de dinero por 130 millones de dólares.

El penalista Xavier Olea Peláez, representante de Artina Internacional, empresa denunciante del jerarca católico y parte de la disputa por una colección de arte, señaló que hace dos días la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) giró oficios a las autoridades fiscales, bancarias y fiduciarias para que digan al Ministerio Público Federal si el obispo tenía en su poder los 130 millones de dólares que supuestamente prestó a la señora Olga Azcárraga.

Agregó que su cliente, Raúl Fernández Arche Cano, ratificó la denuncia contra Cepeda Silva y se inició la averiguación PGR/ SIEDO/UEIORPIFAM/AP/097/2010.

En entrevista telefónica con La Jornada, el litigante indicó que el agente del MPF aún no emite el citatorio para que comparezca Onésimo Cepeda en calidad de indiciado.

Dijo que la indagatoria está a cargo de la Unidad Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO.

La empresa Arthinia denunció en mayo pasado a Cepeda Silva, porque estima dudosa la existencia de un pagaré por 130 millones de dólares, que corresponde a un préstamo en efectivo que el obispo al parecer otorgó en 2003 a Olga Azcárraga, accionista mayoritaria de esa empresa, quien falleció en ese año.

Cepeda endosó el pagaré a Jaime Matute Labrador, ex administrador de Azcárraga, quien con el documento embargó los derechos de un juicio donde se dirime la propiedad de 42 obras de pintores afamados, como José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Joaquín Sorolla y Modigliani

Los tiros se hicieron de cerca, en el lado mexicano, afirma forense

La PGR anuncia que atraerá las pesquisas del homicidio

Los tiros se hicieron de cerca, en el lado mexicano, afirma forense
Foto
Agentes estadunidenses examinan un área cercana al sitio en que fue asesinado el adolescente mexicanoFoto Ap
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 3

Ciudad Juárez, Chih., 9 de junio. Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, a quien un agente de la Patrulla Fronteriza ultimó el lunes en las inmediaciones del llamado Puente Negro –que comunica Juárez con El Paso, Texas–, murió por tiros que se le hicieron de cerca, y su homicida estuvo del lado mexicano, pues se localizó un casquillo de bala calibre .40 milímetros en la escena del crimen, dio a conocer el Servicio Médico Forense de la Subprocuraduría de Justicia estatal para la zona norte de Chihuahua.

La subprocuraduría informó en un comunicado que el cuerpo estaba sobre el bordo del río Bravo, en el lado mexicano, y fue encontrado a las 19:10 horas locales del pasado lunes.

Agregó que el disparo fue hecho de cerca, y que Sergio Adrián lo recibió en la región orbital izquierda.

El casquillo, añadió, “fue asegurado para ser enviado, previa cadena de custodia, al laboratorio de balística forense, donde se realizará el análisis correspondiente.

Una vez concluidas las pruebas en la dirección de servicios periciales, el Ministerio Público declinará la carpeta de investigación a su homólogo de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que legalmente el crimen se cometió en una zona federal, por ser el límite entre México y Estados Unidos.

La PGR anunció esta noche que atraerá las investigaciones del caso una vez que la procuraduría chihuahuense concluya las diligencias que lleva a cabo.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, solicitó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza que presenten los videos del homicidio.

Se pronunció a favor de que se aplique la ley a el o los responsables de la muerte del adolescente, ocurrida debajo del Puente Negro.

Afirmó que se trabaja en coordinación con las autoridades consulares de México en Estados Unidos, para determinar las acciones que habrán de implementarse.

Al menos dos testigos declararon ante el Ministerio Público que el agente de la Patrulla Fronteriza no identificado que asesinó al adolescente estaba en territorio mexicano cuando tiró a matar en varias ocasiones contra Sergio Adrián, dijo Jesús Hernández, padre del menor.

El efectivo de la Border Patrol se llevó en la mano, con otros elementos, al menos dos cartuchos percutidos, sostuvo.

Añadió que Sergio Adrián no era migrante y mucho menos pollero, como indicaron autoridades del país vecino, sino un estudiante que tuvo la desgracia de parecer ilegal ante la vista de los agentes de Estados Unidos.

Añadió que el agente fronterizo cruzó el río Bravo y mató a Sergio Adrián “en México, y eso es un homicidio y un acto racista, no defensa, como aseguran en la migra”. Señaló que agentes fronterizos que acompañaban al homicida se llevaron a dos amigos de la víctima al lado estadunidense y los amenazaron de muerte.

María Guadalupe Güereca, madre del menor asesinado, también sostuvo que el agente de la Patrulla Fronteriza cruzó a México. Hay personas que aseguran tener todo grabado en un video y nos lo han ofrecido. Además están los amigos de mi hijo, pero los amenazaron con matarlos si decían algo. Ahora tienen miedo de hablar, señaló

CARTONES DE LA JORNADA





miércoles, 9 de junio de 2010

México, último bastión del clero, dice en Casa Lamm la experta Patricia Galeana

Iglesia y clase política amenazan al Estado laico: Bernardo Barranco

México, último bastión del clero, dice en Casa Lamm la experta Patricia Galeana
Gabriel León Zaragoza
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 41

En estos momentos en que la clase política vive un proceso de degradación, la jerarquía católica ha aprovechado el arribo de los gobiernos panistas para emprender una fuerte ofensiva contra el Estado laico mexicano, denunció la historiadora Patricia Galeana.

Señaló que muestra de lo anterior es la criminalización –en 18 estados– de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la tergiversación que se quiere hacer de la historia.

Al participar en el foro organizado por La Jornada en Casa Lamm, advirtió que esta ola conservadora se ha podido contener gracias a la oposición de una ciudadanía organizada que se ha movilizado en defensa de la Constitución y la laicidad, y en contra de que el pecado se vuelva delito, como busca imponer la Iglesia.

Bernardo Barranco, vicepresidente del Centro de Estudios de las Religiones de México, dijo que actualmente el Estado laico no sólo está amenazado por los sectores teocráticos de las iglesias, sino también por la clase política y su visión cortoplacista y electoral.

Están tan debilitados sus vínculos con la sociedad que deben hacer alianzas con las iglesias, principalmente con la católica, para buscar la legitimidad perdida, comentó durante el foro La ofensiva de la jerarquía católica contra el Estado laico, realizado la noche del pasado lunes.

Patricia Galeana sostuvo que a pesar de que la Iglesia decadente ahora vive un momento crítico, con un líder desprestigiado por escándalos de pederastia clerical, de 2000 a la fecha en México cunde el fanatismo, porque al igual que otras naciones, con un importante número de población en extrema pobreza, somos el último bastión en el mundo que le queda al clero”.

Puso de ejemplo lo perniciosa que ha sido para el país la alianza Estado-Iglesia, como el arraigo de la intolerancia religiosa durante los 300 años del virreinato y medio siglo de vida independiente de México. En 1857 –agregó–, los liberales rompieron con el absolutismo y dogmatismo religiosos, los cual es la causa de la guerra de Reforma.

La persistente intervención del clero en la vida política los ha llevado incluso a buscar tergiversar la historia, al negar que el cura Miguel Hidalgo y Costilla murió excomulgado

Calderón debe dejar Los Pinos, opinan 91.27% de encuestados

Comité civil da a conocer resultados de consulta ciudadana

Calderón debe dejar Los Pinos, opinan 91.27% de encuestados

Se entrevistó a 289 mil 130 personas

Fue exitosa, pese a vicisitudes

Ángel Bolaños
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 38

De las personas que participaron en la consulta para la revocación del mandato a Felipe Calderón, 91.27 por ciento opinó que debe irse de la Presidencia.

Al dar a conocer los resultados de la consulta realizada los días 22, 23 y 24 de mayo pasados, el comité civil nacional que la organizó lamentó que las alianzas electorales de la izquierda institucional con el PAN en algunas entidades del país inhibieron una mayor participación de la gente.

Pese a ello, señaló que en una segunda etapa se realizarán juicios populares en plazas públicas de todo el país, de julio a agosto, para llegar al primero de septiembre a un juicio masivo, en tanto se recaban más firmas de adhesión a la iniciativa

Leticia Varela Martínez, secretaria de finanzas del PRD en el Distrito Federal, informó que se recabaron en total 289 mil 130 votos y la entidad en la que hubo mayor participación fue el Distrito Federal, con 76 mil 448.

Al dar lectura a los resultados, acompañada por el presidente del PRD capitalino, Manuel Oropeza, y el presidente del Consejo Político Nacional del PRD, Camilo Valenzuela, dijo que el ejercicio puede considerarse exitoso considerando las condiciones políticas y sociales en las que se realizó, pues, además de la antedicha alianza electoral, tuvo el contexto de violencia a lo largo y ancho del país y la desconfianza de la gente por que se pedían sus datos, aun con la promesa de mantener la confidencialidad de la información.

Varela recordó que la preconsulta realizada en universidades tuvo una participación de 22 mil 677 estudiantes, donde 92.01 por ciento expresó su rechazo a Calderón, mientras el pasado lunes la campaña en redes sociales A que juntamos un millón de firmas para que renuncie Calderón tenía 314 mil 967 adherentes.

Adelantó que el comité discutirá en una asamblea nacional, el próximo 19 de junio, ir a una demanda penal o a un juicio político contra el Ejecutivo federal por violaciones al orden constitucional y traición a la patria, para lo cual se tendría que integrarse una comisión de abogados, legisladores y personalidades del movimiento social, civil y político, así como presentar una iniciativa de reforma para incluir en la Constitución la revocación de mandato y otros mecanismos de democracia participativa.

Ante hechos como la ocupación policiaco-militar de Cananea los golpistas que impusieron a Felipe Calderón en la Presidencia han dado un paso más hacia el establecimiento de una dictadura civil. Hoy, la lucha por evidenciar el carácter dictatorial del régimen y por echar a Calderón y a los neoliberales del gobierno es más necesaria que nunca, apuntó

Recibe Fepade queja contra Ulises Ruiz

Recibe Fepade queja contra Ulises Ruiz
Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 33

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dio entrada a una denuncia promovida por el senador perredista Salomón Jara Cruz en contra del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a quien acusó de entrometerse en el proceso electoral de la entidad y desviar unos 500 millones de pesos de recursos de los programas sociales para apoyar la campaña del candidato del PRI a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña.

Cámara: sigue el derroche; ahora el PRI remodela sala

Eliminan los cambios que hizo Gordillo

Cámara: sigue el derroche; ahora el PRI remodela sala
E. Méndez y R. Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 18

En sólo un mes, el grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados borró los vestigios del gusto en interiores de Elba Esther Gordillo. Ayer, contratistas terminaron –salvo algunos detalles– la remodelación de la sala de juntas, que ahora se llama Salón Constituciones, la cual tiene como principal atractivo la instalación de 10 pantallas de plasma de 40 pulgadas distribuidas en el centro de la mesa ovalada.

Los cristales, de media pulgada de grosor, fueron sustituidos por unos traslúcidos, con acabados de madera, para asegurar la privacidad de los diputados que asistan a las reuniones.

Además se instaló una puerta corrediza con doble sistema de seguridad para abrirla: tendrá que ingresarse un código y deslizarse una tarjeta en un dispositivo electrónico.

La cortina de agua que Gordillo Morales mandó colocar hace casi siete años en el pasillo de acceso a las oficinas de la coordinación fue sustituido por bambúes, y el piso de loseta fue levantado y en su lugar se colocó otro de mármol.

De acuerdo con fuentes del PRI, estaba previsto inaugurar la sala de juntas este lunes, cuando el coordinador, Francisco Rojas, preparó un brindis por el Día Internacional de la Libertad de Expresión.

Sin embargo, aún faltaban la instalación de las pantallas de plasma y las pruebas con la puerta automática. Una vez más, en las oficinas de Rojas se evitó el paso a los reporteros. Incluso, uno de los empleados que colocaba el sistema de video tapó con la mano la cámara de la fotógrafa de La Jornada.

Rojas ordenó trasladar los tres cuadros que estaban en su oficina a la hasta ahora conocida como pecera o serpentario. Se trata de dos composiciones con los retratos de los constituyentes de 1857 y de 1917, y de una pintura con la representación de la Constitución de 1824, la primera del México independiente.

Entre los acabados de la sala destaca un plafón abovedado, recubierto de madera. De acuerdo con la bancada priísta, se reutilizó el sistema de sonido colocado durante la coordinación de Elba Esther Gordillo.

Además, fue remodelada la zona poniente de acceso a la coordinación y se inició el remozamiento del área de recepción, que aún está en obra negra. El Revolucionario Institucional ha rechazado informar sobre el costo total de la remodelación

Detienen a 4 traficantes de personas

Detienen a 4 traficantes de personas
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 16

La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), logró la captura de cuatro presuntos integrantes de una banda de traficantes de personas que operaba en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, y mantenía privados de su libertad a cuatro menores para obligar a sus familiares a prostituirse en Estados Unidos.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que al cumplir una orden de cateo agentes federales detuvieron a los hermanos Fausto, Jorge y Jaime Velázquez Zompantzi, así como a Severiana Zompantzi Rojas, quienes se encuentran relacionados con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se logró rescatar a cuatro menores que eran utilizados para obligar a sus víctimas a prostituirse en el país vecino.

También se localizó a una víctima que vivía en el domicilio cateado, al dar seguimiento a una investigación generada por un oficio enviado a México “por el agregado del Servicio de Inmigración y Aduanas de la embajada estadunidense, mediante el cual se hizo del conocimiento de la representación social de la Federación que los hermanos Jaime y Jorge Velázquez Zompantzi presuntamente forzaban y explotaban a mexicanas para introducirlas al comercio sexual en la modalidad de prostitución, mismas que eran trasladadas de Tenancingo, Tlaxcala, a Miami.

Además se tuvo conocimiento de que tenían en su poder a los hijos de las víctimas

Aumentaron 30% las agresiones a periodistas

La CNDH ha radicado 20 quejas en 2010

Aumentaron 30% las agresiones a periodistas
Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 15

Cuernavaca, Mor., 8 de junio. En el transcurso de 2010 las agresiones a periodistas aumentaron 30 por ciento y hay documentados cuatro asesinatos, tres desapariciones y 20 quejas, que mantienen a México entre los países de alto riesgo para el desempeño de la profesión.

Esperamos que las autoridades encargadas de estos casos actúen plenamente y lleven ante la justicia a quienes cometen actos tan deleznables, dijo Andrés Calero Aguilar, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Militares y policías de los tres niveles de gobierno son quienes más quejas merecen de los periodistas, agregó el funcionario al impartir aquí una conferencia en el contexto del 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión.

Ya tenemos radicadas unas 20 quejas presentadas por periodistas, la mayoría de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Baja California y Guerrero, principalmente por obstrucciones, agresiones físicas y amenazas de muerte, dijo Calero Aguilar; y observó que 2009 fue difícil pero a cinco meses del presente año ya existe un grave aumento de los incidentes

Con bloqueos y tiros impiden a caravana humanitaria llegar a San Juan Copala

Es una vergüenza que caciques impongan condiciones por encima de la autoridad: Encinas

Con bloqueos y tiros impiden a caravana humanitaria llegar a San Juan Copala
Foto
Autoridades estatales advirtieron a Alejandro Encinas del riesgo de ingresar a San Juan CopalaFoto Notimex
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 12

Santiago Juxtlahuaca, Oax., 8 de junio. A 10 kilómetros de arribar al municipio autónomo de San Juan Copala, la caravana humanitaria Bety Cariño y Jyry Jaakkola desistió de su intento de ingresar a esa localidad ante el riesgo de ser agredida por miembros de la priísta Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), quienes colocaron en el camino barricadas de piedras y grupos de mujeres resguardadas por hombres armados para impedirles el paso.

En la ciudad de Oaxaca, el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, informó que la comitiva decidió dar marcha atrás en el paraje La Pavimentada, la última desviación hacia San Juan Copala, desde donde se escucharon disparos de arma de fuego. Además el camino estaba bloqueado por Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, y 40 mujeres triquis, precisó.

Por seguridad de todos, por nuestra gente que está en la comunidad, nos regresamos, afirmó Macario García Merino, representante de la autoridad autónoma ligada al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), quien subrayó que el fallido intento demuestra que ni el gobierno puede garantizar la entrada a Copala.

La caravana, compuesta por alrededor de 300 personas, que viajaban en ocho autobuses, y tres camiones de carga con 35 toneladas de víveres, salió de Huajuapan de León alrededor de las 10:15 horas y avanzó unos 95 kilómetros hasta Laguna Encantada, paraje donde fue interceptada por elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Advertencia del gobierno estatal

Allí, la procuradora de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas; el comisionado de Seguridad Pública, Jorge Quezadas, y el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, Heriberto Antonio García, dialogaron con Alejandro Encinas, presidente del grupo parlamentario del PRD en el Congreso federal, y otros legisladores para persuadirlos de no ingresar a Copala.

Javier Pacheco, asistente del grupo parlamentario del PRD fue llevado en una camioneta por el comisionado de Seguridad Pública, Jorge Quezadas, a La Sabana, y a la desviación a San Juan Copala, donde se percató de la existencia de bloqueos.

En el camino a San Juan Copala, el líder de la Ubisort, Rufino Juárez, encabezaba el bloqueo, acompañado de mujeres triquis que portaban cartulinas con leyendas de rechazo al paso de la caravana y al MULTI.

El dirigente subrayó que el pueblo no iba a permitir el paso de la caravana de solidaridad y por tanto no existían condiciones de seguridad; no obstante, negó que hubiera grupos paramilitares o personas armadas.

Pacheco se reincorporó a la caravana en el paraje El Diamante, unos cinco kilómetros antes de la desviación a San Juan Copala, y reportó a la comisión organizadora lo que observó.

Alrededor de las 17:30, luego de 18 horas de camino desde la ciudad de México, el grupo determinó regresar a Huajuapan de León.

Encinas Rodríguez dijo que es una vergüenza que un grupo de caciques al margen de la ley imponga condiciones por encima de la autoridad.

Por la noche, el vocero del municipio autónomo, Jorge Albino Ortiz, anunció que la autoridad solicitará al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Organización de Naciones Unidas su intervención para el envío y recepción de las 35 toneladas de víveres.

Con información de Agustín Galo, corresponsal

Cancelada, la posibilidad de recuperar restos de mineros en Pasta de Conchos

Se sellará la entrada bajo vigilancia de policías de Coahuila

Cancelada, la posibilidad de recuperar restos de mineros en Pasta de Conchos
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 10

Saltillo, Coah., 8 de junio. Personal de Industrial Minera México comenzó este martes los trabajos para sellar el acceso al túnel de la mina Pasta de Conchos. El proceso durará tres semanas y en ese tiempo las instalaciones serán resguardadas por policías del estado, señaló Armando Luna Canales, secretario de Gobierno de Coahuila.

En entrevista telefónica, el funcionario negó que la madrugada del lunes, cuando la policía estatal ocupó las instalaciones del yacimiento, hayan ocurrido detenciones o resultara lesionada persona alguna.

–¿La clausura de la mina implica que se cancele la posibilidad de recuperar los restos de los 63 mineros atrapados el 19 de febrero de 2006? –se le preguntó.

–Hace años que esa posibilidad está cancelada. Hubo dictámenes de varias autoridades en los que se hablaba de que no sólo no era factible entrar a la mina, sino que ponía en riesgo grave a las personas que estuvieran ahí, ya sea por nuevos derrumbes o por una explosión. La mina no estaba bien ventilada; estaba inundada, hay fotos donde se ven las vigas totalmente humedecidas; no hay condiciones de trabajo ni de rescate.

El lunes sólo se pidió el auxilio de la fuerza pública del estado para permitir que personal de la empresa ingresara a las instalaciones para realizar los trabajos que ordenó la autoridad.

–¿Hubo heridos o detenidos?

–Nada, para nada.

Explicó que la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía federal, ordenó a Industrial Minera México, concesionaria de la cantera, sellar la bocamina y dar por concluido el permiso de explotación.

Explicó que con base en esa orden el interesado, que es Industrial Minera México, de Grupo México, hizo la petición de auxilio policiaco. Ellos fueron los que solicitaron la fuerza pública y por esa razón la policía del estado realizó el operativo para retirar del acceso a la cantera a unos 10 activistas y deudos de los trabajadores que murieron hace cuatro años.

–¿Por qué no intervino la Policía Federal, como en Cananea?

–Porque en Coahuila no hay ningún policía federal.

Aseguró que la participación del gobierno de Coahuila en el caso consistió en facilitar la fuerza pública; es una obligación que tenemos, igual que cuando un juez pide que intervenga para un desalojo, cuando hay que restituir un predio o cuando hay que hacer un embargo.

El funcionario explicó que participaron 50 elementos policiacos y que se trató de una operación muy sencilla: no hubo problema de ningún tipo, lo único que pasó ahí fue que se pidió a las personas que se hicieran a un lado para que dejaran entrar a los trabajadores, personal de la empresa, de Minera México, y entraron.

En entrevista con MVS radio, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, deslindó al gobierno federal de la intervención policiaca en la mina Pasta de Conchos y responsabilizó del operativo al gobierno de Coahuila.

Luna Canales señaló que efectivamente, no se trata de un asunto laboral, porque hace cuatro años que ahí no hay un solo trabajador. No es un tema de la Secretaría de Trabajo, en eso tiene razón (Lozano), pero es un tema de la Secretaría de Economía, de la Dirección General de Minas, que ordenó a Industrial Minera México terminar con los trabajos de la mina y parte de esa tarea implica el sellado

Legisladores exigen al gobierno informe sobre los acuerdos con Grupo México

PRI, PRD y PT solicitan que Lozano Alarcón comparezca ante la Comisión Permanente

Legisladores exigen al gobierno informe sobre los acuerdos con Grupo México

Piden que la CNDH acuda a Cananea para evitar más violaciones de derechos de mineros

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 9

El presidenete del Senado demandó la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de que personal de ese organismo se traslade a Cananea, Sonora, verifique la actuación de las fuerzas públicas en el conflicto minero y evite que se sigan violando las garantías fundamentales de los trabajadores.

Además, senadores y diputados de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que informe acerca de los acuerdos que hubo entre la autoridad laboral y Grupo México, y exigieron que se concrete la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, ante la Comisión Permanente.

Varios legisladores se pronunciaron en favor de la renuncia del funcionario.

Se trata de un represor que va a enrarecer aún más el clima político, sostuvo el diputado Mario di Costanzo, del PT.

En tanto, el presidente de la tercera Comisión de la Permanente, el senador Rogelio Rueda, del PRI, manifestó que la cita para que comparezca Lozano Alarcón se acordó hace varias sesiones, pero no se ha formalizado. Por tanto, solicitó a la mesa directiva, que preside el perredista Carlos Navarrete, que se concrete lo antes posible.

Con los mineros de Cananea se repitió el esquema utilizado con el Sindicato Mexicano de Electricistas: promesas de una buena liquidación y recontratación, que no se cumplen, aseveró el diputado priísta Carlos Ramírez Marín.

Deploró que por el conflicto minero el municipio de Cananea haya estado al borde de la extinción y que casi se haya matado de hambre a miles de familias, antes que afectar el interés de un grupo empresarial poderoso, como el de los Larrea.

Una vez más quedó demostrada la ineptitud de Lozano Alarcón, quien no debería seguir desempeñándose como secretario del Trabajo, ya que en tres años que lleva el conflicto laboral en esa mina no fue capaz de negociar los 103 mil millones de pesos que ahora anuncia como inversión, para que no estallara la huelga.

Los integrantes de la mesa directiva de la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea: el perredista Arturo Núñez, el priísta Alfonso Elías Serrano y el panista Federico Döring, hicieron un llamado enérgico al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que cumpla el ofrecimiento que planteó ante ese órgano, de favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan un entorno de gobernabilidad democrática en Cananea.

Exigieron a la CNDH que asigne de inmediato personal para que verifique el estricto respeto de los derechos humanos de los trabajadores mineros y la población de Cananea.

Por separado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, solicitó al gobierno de Felipe Calderón que dé a conocer los compromisos que Grupo México signó con la Secretaría del Trabajo, con el propósito de que hagan público cuántos trabajadores van a contratar, por cuánto tiempo y en qué condiciones laborales

Piden diputados la salida de la fuerza pública de las minas de Cananea y Pasta de Conchos

Demandan instalar una mesa de diálogo y llaman a comparecer a Lozano, Cordero y Ruiz Mateos

Piden diputados la salida de la fuerza pública de las minas de Cananea y Pasta de Conchos
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 8

La comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno federal para que ordene la salida inmediata de la fuerza pública desplegada en las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, e instale urgentemente una mesa de diálogo y construcción de acuerdos.

Los integrantes de la comisión reprobaron por medio de un pronunciamiento la disposición del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para utilizar la fuerza pública contra ciudadanos que defienden sus puestos de trabajo en Cananea, y reclaman el castigo a los responsables de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, ambas concesiones que benefician al Grupo México, propiedad de la familia Larrea.

Al confirmarse la detención de cinco trabajadores y el uso de la fuerza pública contra niñas y mujeres que se encontraban en el edificio del sindicato, como dio a conocer el presidente de la comisión, Ernesto Pompa Corella, los representantes de PRI y PRD aprobaron convocar a comparecer a los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero; del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, con objeto de informar al Congreso el origen de los recursos (113 mil millones de pesos) que serán destinados a la construcción de infraestructura carretera e hidráulica, instalaciones de salud y de empleos autogestivos en Cananea, como dio a conocer Lozano Alarcón.

Con enfado, porque el gobierno federal había prometido a los diputados que no utilizaría la fuerza pública en Cananea y Pasta de Conchos, los legisladores también aprobaron la ampliación de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta se pronuncie en torno al quebranto de los derechos laborales de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco.

Además, se emitió un llamado al diálogo entre los familiares de las víctimas de la explosión en Pasta de Conchos y el gobierno federal, con objeto de que Minera México compense dignamente a los deudos de los trabajadores que permanecen enterrados en ese yacimiento. También decidieron trasladarse a Cananea para sesionar con la participación de las comisiones especiales existentes en el Senado de la República y el Congreso de Sonora.

Ernesto Pompa (PRI) señaló que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el uso indiscriminado de la fuerza pública contra trabajadores indefensos no consiguieron resolver el conflicto. Ahí sigue y estamos preocupados porque ya se ha hecho costumbre en el gobierno federal el uso de la fuerza pública para resolver los conflictos. A mí en lo personal el secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) me dijo que no iban a hacer uso de la fuerza pública, pero de este gobierno no me extraña nada.

En su turno, Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez, ambos del PRD, coincidieron con Pompa porque el gobierno federal se vale de todo con tal de tutelar los oscuros intereses que lo sostienen, esto en absoluto divorcio del pueblo de México y sus intereses históricos.

Ambos representantes presentarán este miércoles ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que el órgano legislativo exprese su más enérgica condena contra la brutal represión sufrida por los mineros y sus familias de parte de la Policía Federal y por órdenes del gobierno calderonista.

La solicitud también contiene la exigencia a Felipe Calderón para que remueva a los titulares de las secretarías del Trabajo y de Seguridad Pública federal, Javier Lozano y Genaro García Luna, respectivamente. El texto contiene la demanda de cancelación de las concesiones de Cananea y Pasta de Conchos en poder de Germán Larrea, propietario de Grupo México, y que la titularidad pase a los mineros y sus familias.

Se pretende que el secretario de Gobernación comparezca ante la Permanente para que explique los detalles de los hechos de violencia suscitados en la toma policiaca de las minas de Cananea y Pasta de Conchos.

Por su parte, el priísta Onésimo Mariscal descalificó a Javier Lozano por su “escasa capacidad de construir acuerdos, y su conocido discurso de mentiras: ¿cómo creerle al secretario del Trabajo si no cumplió, otra vez, con su palabra, y mucho menos ha demostrado capacidad para solucionar conflictos?

Es una falta de respeto lo que ha sucedido. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, aprobó un acuerdo para que el gobierno federal resolviera por la vía del diálogo y la negociación el conflicto minero; incluso fue respaldado por el partido en el gobierno (el PAN), y el calderonismo lo que menos tiene es capacidad para dialogar

"Justicia", piden campesinos, luego de la toma de Cananea

Abuchean a Gómez Mont durante un acto organizado por el CAP

Justicia, piden campesinos, luego de la toma de Cananea

Cada mención al presidente Calderón desató las protestas de los asistentes

Foto
Fernando Gómez Mont, flanqueado por Francisco Mayorga y Abelardo Escobar, durante el acto del Consejo Agrario PermanenteFoto María Meléndrez
Fabiola Martínez y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 7

Un día después del desalojo de mineros en Cananea, en un operativo a cargo de la Policía Federal (PF), el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue recibido con abucheos por parte de miles de campesinos que acudieron ayer al Auditorio Nacional.

Apenas fue anunciada la presencia del funcionario en el encuentro La transformación y modernización del sector agrario en México, organizado por el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), los asistentes empezaron a gritar, primero de manera aislada y luego en conjunto, ¡justicia, justicia! para el caso Cananea y también en la investigación del asesinato – en octubre pasado– de Margarito Montes, quien era dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP).

Luego, a cada mención o saludo de los oradores hacia Gómez Mont o al presidente Felipe Calderón, hubo sonoras rechiflas. Una señora, sentada en la tercera fila de la parte baja del auditorio, se levantó y con el puño derecho en alto reclamó la actitud del gobierno en el caso Cananea. Otro asistente hizo lo mismo, pero desde el segundo nivel. Fueron en vano los llamados de algunos líderes a los presentes para que respetaran a los invitados.

Este martes, miles de campesinos fueron traídos al Auditorio Nacional; algunos, como reconocieron sus dirigentes, debieron hacer un largo viaje ya sea desde Baja California o desde Chiapas con destino a la capital del país.

A las 10 de la mañana ya estaban instalados en las butacas del inmueble y, para el momento en que fue presentado Gómez Mont, tenían más de tres horas escuchando mensajes.

Y todavía debieron atender varios discursos más, entre ellos los de Juan Leyva, de la Alianza Campesina, y de Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); el de este último encendió el repudio de los asistentes, quienes casi no lo dejaron hablar, en especial cuando dijo que en ese acto campesino no había acarreados.

Una y otra vez se pidió que respetaran a los asistentes y que no se escondieran en la clandestinidad que da el tumulto para hacer los reclamos; compartían el presidium, con legisladores y dirigentes, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Agricultura, Francisco Javier Mayorga; Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, y Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra.

Gómez Mont permanecía en su asiento; con rostro adusto recibió las rechiflas y las muestras de rechazo; con esa misma seriedad repasó sus líneas y, cerca de las tres de la tarde, clausuró el acto, ejercicio democrático y demostración de la representatividad del CAP, dijo.

En su discurso mencionó que acudía ahí “con la honrosa representación del presidente de la República, don Felipe Calderón. Vengo a decirles con toda claridad la instrucción que a sus colaboradores nos ha dado el señor Presidente: ‘trabajen de cerca con el CAP, son mujeres y hombres que representan al campo mexicano’.”

El auditorio estaba calmado entonces, posiblemente por el mensaje del funcionario, pero también por la ansiedad de muchos de salir de ahí, a sabiendas que era la última fase de una larga estancia de más de cinco horas en las butacas. Mujeres y niños cansados buscaban los baños y algo de comer o beber.

Con menos público (cientos ya estaban para ese momento en la explanada del inmueble), el responsable de la política interna dio su mensaje de nueve minutos sin ser interrumpido, salvo algunas menciones aisladas acerca del caso Margarito Montes

Gómez Mont dijo que el gobierno federal procura mayor acercamiento entre organizaciones y gobierno, no para reproducir prácticas corporativas, sino para buscar soluciones incluyentes. También señaló que la verdadera emancipación de quienes todavía viven en la marginación requiere el apoyo solidario de todos.

Al final, los campesinos que permanecían en sus asientos aplaudieron y celebraron la clausura del encuentro. Enseguida se pusieron de pie y salieron presurosos a buscar a sus dirigentes, así como la ruta para encontrar, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, los autobuses en los que fueron trasladados a la ciudad de México