lunes, 27 de febrero de 2012

Resumen de Noticias en el #tiraderodelbote 27-Febrero-12 (Vespertino)

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Crisis alimentaria, porque se rompió círculo virtuoso

Políticas públicas asistencialistas causan estragos: especialistas

Estructura social y cultura de los rarámuris, devastadas

Foto
El gobierno federal, al repartir dinero en efectivo, desactiva la producción alimentaria y transforma las pautas de consumo y alimentación de los indígenasFoto Jesús Villaseca
Arturo García Hernández
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 27 de febrero de 2012, p. 2

Carichic, Chih. Por la orilla del camino de terracería que atraviesa la sierra Tarahumara de Carichí, rumbo a la comunidad de Tehuerichi, transita a pie una familia rarámuri. El padre, al frente. De su mano derecha pende una botella de litro y medio de Coca-Cola. La madre lo sigue con una bolsa de frituras de conocida marca abrazada contra el pecho. Al final va un niño de ocho o 10 años que come de lo que le ofrece la mujer. En kilómetros a la redonda sólo se observa un vasto laberinto de montañas y barrancas.

En una región duramente castigada por la sequía (dicen las autoridades que la peor en 71 años) y amagada por una emergencia alimentaria que el gobierno en sus distintos niveles pretende resolver sólo con el reparto de despensas, el cuadro adquiere un irónico tinte surrealista: naturaleza muerta con refresco de cola y papas fritas (por supuesto, no se trata del surrealismo que el poeta francés Antonin Artaud buscaba cuando viajó a la Tarahumara en 1936).

La escena se desarrolla en los días posteriores al escándalo desatado por el rumor de que los rarámuris se estaban suicidando por hambre. La noticia (difundida en una televisora local y lanzada el mundo por Twitter y Facebook) resultó falsa, pero tuvo el efecto relativamente positivo de llamar la atención sobre la escasez de agua y el histórico rezago en la producción de alimentos en la región.

Con eso en mente, para el fuereño chabochi (así llaman los rarámuris a los mestizos) los productos mencionados, emblemas de la llamada comida chatarra, resultan a simple vista un lujo aberrante e incomprensible en ese contexto. No es, sin embargo, una anécdota aislada. Al contrario, según se dice, se está volviendo común: No es raro que en plena sierra te encuentres a un rarámuri con su Coca-Cola y su bolsa de Sabritas. Síntoma de una realidad que elude interpretaciones simples.

La emergencia alimentaria y la escasez de agua no son problemas coyunturales y, por tanto, no admiten soluciones de ese tipo. Lo vienen señalando desde hace tiempo investigadores, activistas sociales, líderes comunales, sacerdotes y todos los que conocen la región y mantienen una relación estrecha con sus habitantes.

Las políticas públicas asistencialistas aplicadas durante décadas, el otorgamiento indiscriminado de concesiones para grandes proyectos turísticos y mineros, la economía globalizada, la depredación del bosque, el cambio climático y ahora la omnipresencia del narcotráfico están causando estragos sin precedente en las estructuras sociales y en la cultura de los rarámuris.

Una voz de alarma es la de María Teresa Guerrero Olivares, integrante y cofundadora de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria, quien pone un ejemplo reciente: el programa Oportunidades del gobierno federal actual, basado en la entrega de dinero en efectivo, presuntamente para sacar a los indígenas de la pobreza, es básicamente asistencialista, un paliativo que no ataca las causas estructurales del hambre.

Al repartir dinero en efectivo se desactiva la producción alimentaria y la gente se sienta a esperar el chequecito.

Refiere a estudios antropológicos que documentan que estas ayudas –entre otros factores– transforman dramáticamente las pautas de consumo y alimentación de los indígenas de la Tarahumara. En otras palabras, gradualmente van dejando de comer lo que comían y beber lo que bebían.

Por acá todavía está fresco el recuerdo de la visita que a finales de noviembre hizo Felipe Calderón a Batopilas, segundo municipio del país en cuanto a rezago, donde anunció la bancarización del programa Oportunidades, con la entrega de tarjetas bancarias a los más pobres para recibir los apoyos en un cajero automático (La Jornada, 1/12/11). El problema es que en Batopilas no hay bancos ni cajeros.

Al párroco de Creel, Héctor Fernando Martínez, la anécdota le resulta sintomática del desconocimiento y la falta de sensibilidad de las autoridades –de todos los niveles– respecto de la forma de vida y los problemas que enfrentan los indígenas: ¿Cómo se le ocurre venir a entregar tarjetas justo en las partes más profundas de las barrancas, a una de las comunidades más aisladas? Lo menos que se puede pensar es que está muy mal asesorado.

El programa –insiste por su lado María Teresa Guerrero– parte de un diagnóstico equivocado, que no toma en cuenta que la economía rarámuri gira en torno a la siembra del maíz, a la crianza de animales (gallinas, chivas y vacas), a la colecta de plantas y, en algunos casos, a la pesca y la cacería. Así han vivido por siglos, en una economía de subsistencia cuya prioridad no es la acumulación de bienes y dinero.

En un estudio de la agroecóloga Beatriz Arzacoya (La sierra Tarahumara, el bosque y los pueblos originarios), realizado por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y las Alimentación (FAO), se explica que los pobladores de comunidades muy marginadas consideran que ser rico es mantener su bosque en buen estado, ya que les proporciona bienestar.

Si no hay caminos de acceso, el chabochi no puede llegar hasta sus comunidades para llevarse el bosque; si no tienen drenaje, no se contaminan sus ríos y aguajes (manantiales); si no hay escuelas, no se pierde el costumbre; no les parece necesario entubar el agua, porque viven cerca de las fuentes de donde se obtiene. En pocas palabras, el bosque satisface las necesidades para llevar lo que ellos consideran una vida feliz.

Por supuesto que desde la perspectiva de la economía globalizada consumista, basada en la depredación y el arrasamiento de los recursos, esa forma de vida es absurda, primitiva, reacia al progreso y al bienestar.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, entre el primero de mayo y el 30 de noviembre de 2011 la sequía ha sido severa en 37 de los 67 municipios de Chihuahua; nueve de los municipios más afectados se encuentran en la Tarahumara. De diciembre a la fecha, tampoco ha llovido.

Las autoridades la han denominado eufemísticamente sequía atípica, como si se debiera a un capricho de la naturaleza, omitiendo la relación que guarda con la sobrexplotación que han padecido los bosques durante décadas.

Aunque en el caso de la Tarahumara el gobierno del estado atribuye el deterioro forestal a la tala clandestina y a la extracción de los mejores árboles, dejando en pie los de menor calidad, el estudio de Beatriz Arzacoya reporta que durante más de un siglo se han otorgado permisos para la explotación maderable, lo que ha traído en consecuencia el deterioro de 50 por ciento del territorio forestal de la Tarahumara y en algunas zonas el bosque está totalmente destruido.

Sólo durante la década de los 90 del siglo pasado se deforestaron entre 370 mil y 680 mil hectáreas. Y a pesar de las constantes y fundadas advertencias sobre el impacto ambiental de esa práctica, en 2008 se autorizó la extracción de 2 mil 500 millones de metros cúbicos en 33 municipios de la Tarahumara.

Arzacoya observa que las políticas forestales de los distintos gobiernos y las prácticas depredadoras de la población mestiza, que sólo ven al bosque como productor de madera, contrastan con la concepción sistémica que los indígenas tienen de los recursos naturales: preservarlos es garantizar su sobrevivencia. En el bosque sano se encuentran venados, ardillas, leña, plantas medicinales; atrae la lluvia e impide la erosión; si llueve, hay agua para tomar y bañarse; hay maíz, frijol y pastizales para las vacas y las cabras.

Bosques-seguridad alimentaria

En consonancia con esa visión, la FAO reconoce que la salud o deterioro de los bosques guardan estrecha relación con la seguridad alimentaria. La caída de la producción de maíz y frijol –base de la dieta rarámuri– en la sierra tiene que ver con la falta de lluvia y con el empobrecimiento de los suelos provocado por la erosión.

Estudios de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (CTC) indican que una familia rarámuri de cinco miembros requiere una tonelada de maíz al año para cubrir sus necesidad de consumo humano y animal. Sin embargo, en condiciones normales la producción que obtiene de sus tierras (todas de temporal) es de 500 kilogramos, que hace rendir hasta por seis o siete meses.

Este año, explica María Teresa Guerrero, integrante y cofundadora de la CTC, ni siquiera alcanzarán a cubrir esa cantidad, lo cual supone que el resto lo tienen que adquirir en la tienda comunitaria, donde hace tres años se conseguía a 2.80 pesos el kilo y ahora está a siete. El frijol ya es, de plano, prohibitivo, pues en algunas partes de la sierra alcanza 35 pesos.

Es proverbial la capacidad de los rarámuris para vivir en la austeridad, en autonomía y en digna subsistencia. Durante siglos no necesitaron otra cosa que maíz, agua, plantas silvestres y algunos animales del bosque. Ellos lo cuidaban y éste los proveía. La emergencia alimentaria que se vive ahora y la sequía atípica son consecuencia de la ruptura de ese círculo virtuoso

La cárcel de Apodaca obtiene mínimas calificaciones en todos los rubros: CNDH

La cárcel de Apodaca obtiene mínimas calificaciones en todos los rubros: CNDH
Foto
Familiares de los internos del penal de Apodaca se mantienen frente al recinto carcelarioFoto Reuters
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 27 de febrero de 2012, p. 7

Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encargado del área de penales y de la supervisión penitenciaria, dice en entrevista: El penal de Apodaca, Nuevo León, tiene capacidad para mil 522 internos y al momento de la visita por parte de esta comisión había 2 mil 477.

Agrega que las calificaciones del penal son muy bajas en materia de gobernabilidad y personal de seguridad y custodia; en cuanto a obstrucción de celdas, los internos las cierran con candados. Hay un vigilante por cada 500 presos, es decir, muy poca o nula vigilancia y control. Las celdas están en malas condiciones, lo que propicia obtener pedazos de barrotes para convertirlos en puntas; los vidrios están rotos y hay obstrucción de visibilidad al interior. Los presos controlan entradas y salidas.

Estos datos son parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, que en los próximos días se presentará a la opinión pública y contiene información de 100 penales del país, con una población total de 161 mil 823 reclusos.

En ese contexto, el tercer visitador señala que la muestra del penal de Apodaca da cuenta de una situación delicada y su calificación es negativa. Sin duda, advierte Aguirre Aguilar, la calificación de los centros penitenciarios del país –en 2010 el promedio nacional fue de 6.59– bajará, porque no se ha invertido en construcción de nuevos penales, en rehabilitación de los existentes, no se cuenta con el personal suficiente en vigilancia y no se les ha capacitado ni se ha abatido la sobrepoblación.

Refiere que de acuerdo con información estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), a octubre de 2011 la sobrepoblación en algunos penales llegaba a 250 por ciento. Ejemplo de ello son el Reclusorio Preventivo Guadalajara, que tiene capacidad de 3 mil internos y alberga a 7 mil 904; el Cereso de Ciudad Obregón, Sonora, pensado para 882 y cuenta con mil 802; el Centro de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec, estado de México, con cupo para 958 internos y tiene 3 mil 71.

Más ejemplos: los reclusorios capitalinos Oriente, con capacidad de 4 mil 766, tiene una población de 12 mil 116; el Norte, planeado para 4 mil 508, mantiene 12 mil 38, y el Sur, creado para 5 mil 146, tiene una población de 8 mil 434 internos.

También se menciona el Penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, diseñado para 2 mil 712 y que da cabida a 6 mil 788; el de Mexicali, donde debía haber mil 780, lo habitan 3 mil 387; el Cereso de Hermosillo, Sonora, con capacidad de 2 mil 153 internos, tiene alojados a 4 mil 38 reclusos.

Aguirre Aguilar señala que en el Diagnóstico de supervisión penitenciaria 2012 se incluirán datos sobre gobernabilidad en penales, autogobiernos o cogobiernos, actividades ilícitas, corrupción, prevención y atención sobre la práctica de la tortura.

El tercer visitador de la CNDH se manifestó en contra de que el gobierno federal o los gobiernos de los estados privaticen las prisiones. Es decir, como el Estado no construye cárceles, pueden dar las sobras (sic) a la iniciativa privada, pero lo que no pueden delegar es la administración. Primero, porque la atención de las prisiones es responsabilidad del Estado, a la que no pueden ni deben renunciar las autoridades porque impactaría en la seguridad interior y tendría efecto inmediato en la seguridad ciudadana y procuración de justicia.

Insistió en que se requiere la suficiente energía y decidida voluntad política de cumplir con la reinserción social, ya que casi en la totalidad de los centros penitenciarios existe la imposibilidad de cumplir con ello, toda vez que no cuentan con las instalaciones debidamente equipadas ni con el personal técnico, administrativo y de custodia capacitado.

Además, concluye el funcionario de la CNDH, están la enorme corrupción y las deficiencias que presenta actualmente el sistema penitenciario, cuya expresión más alarmante está representada por los autogobiernos y cogobiernos, los cuales generan graves situaciones de inseguridad, explotación y extorsión permanente de los internos y sus familias

AMLO: "no busco confrontarme con el Presidente ni con ningún adversario"

En radio y tv le cancelaron entrevistas porque a Vázquez Mota y Peña Nieto no les conviene, dice

Foto
Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con los coordinadores juveniles del MorenaFoto María Meléndrez
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Lunes 27 de febrero de 2012, p. 10

Andrés Manuel López Obrador afirmó que no busca confrontarse con nadie, ni con el Presidente ni con ningún adversario, tras la denuncia de PRD y PRI de presunta intromisión de Felipe Calderón en el proceso electoral.

A lo mejor “algunos medios quisieran que yo me le lanzara a Calderón para ayudarle al PRI; otros, que me le lanzara al tricolor para ayudarle a Calderón; nooo. Son lo mismo, no me van a sacar de esa postura”, señaló en entrevista.

Luego de reunirse con coordinadores del Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estudiantes, el precandidato presidencial del Movimiento Progresista dio a conocer que televisoras y estaciones de radio le cancelaron entrevistas, con el argumento de que no pueden realizárselas a ningún precandidato presidencial porque podrían ser sancionados por el Instituto Federal Electoral (IFE) o tendrían dificultad con la legislación.

Dijo que hay una circular en Televisa, Radio Fórmula y Tv Azteca al respecto, pero no creo que sea cierto (ese argumento). No están entrevistando a nadie porque a los otros (Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota) no les conviene que los entrevisten, (y) pues cierran a todos (los espacios).

A pesar de que el IFE aclaró que son válidas esas entrevistas, aseguró que ya le cancelaron algunas, hasta grabadas y listas para transmitirse en televisión. Me cepillaron, como se dice en el beisbol... Fue una cuestión de arriba, de las empresas, explicó a reporteros.

Descartó, sin embargo, un bloqueo o cerco informativo. No, yo siento que si nos perjudica a nosotros les beneficia a los otros dos... es como lo de las encuestas y todo esto. Es propaganda de temporada, afirmó.

Sobre la denuncia contra Calderón, por las gráficas que presentó el pasado jueves a consejeros consultivos de Banamex para informarles que la precandidata del PAN se ubica a sólo cuatro puntos del priísta Peña Nieto en las preferencias electorales, dijo que “es asunto de los partidos.

Por mi parte no quiero personalizar, acotó. PRI y PAN ahora se echan la culpa uno a otro, pero la verdad son igual de tramposos, de antidemocráticos, de corruptos, afirmó.

–¿No quiere pelear con el Presidente? –se le preguntó.

–Ni con el Presidente ni con ningún adversario. Nosotros lo que tenemos es un proyecto para transformar al país.

–¿Teme que pueda repetirse la mano negra en el proceso?

–Tanto el PRI como el PAN están acostumbrados a hacer fraude electoral, a traficar con la pobreza de la gente, entregando despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo para comprar los votos, y tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación.

Interrogado sobre los proyectos de debate entre los candidatos presidenciales, López Obrador manifestó: “vamos a esperar a ver qué resuelven (en el IFE), pero no sé a que le temen. A lo mejor es porque (los precandidatos del PRI y del PAN) no van a tener chícharo ni teleprompter, porque ahí vamos a hablar de lo que está sucediendo en el país y de las propuestas.

No va a ser una estrategia mediática... no estará (Antonio) Solá con Josefina, ni sus estrategas de medios; tampoco los asesores de Peña, que tiene un equipo de maquillistas, peinadores, encargados de vestuario, de todo.

Que vayan Peña y Vázquez Mota al debate para ver si tienen sustancia, porque no es nada más estarse riendo frente a las cámaras, retó.

Rechazó las imposiciones: Ahí está Rodrigo Medina, de gobernador de Nuevo León; lo engominaron, lo introdujeron como un producto chatarra y ¿cómo está?, no tiene capacidad porque está vacío, y así es Peña y así son otros

Necesaria, política alimentaria de Estado de largo plazo, plantean investigadores

Señalan que si no hay cambios radicales, en 2040 se importará 80% de productos comestibles

Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 27 de febrero de 2012, p. 14

Texcoco, Méx., 26 de febrero. Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) consideraron que es necesario plantear una política alimentaria de Estado de largo plazo, con proyección a 30 años, o de lo contrario el país dependerá cada vez más de las importaciones de productos alimenticios.

Representantes de universidades como la UACh, la Autónoma Agraria Antonio Narro, la Ciénaga, del estado de Michoacán; del Colegio de Posgraduados, del Instituto Politécnico Nacional y de la Nacional Autónoma de México, entre otras, realizaron una reunión nacional a fin de elaborar el plan de gran visión para el desarrollo agroalimentario de México.

Si México no cambia de manera radical su política alimentaria, en 2040 el país estará importando 80 por ciento de productos que consumimos, de acuerdo con los estudios de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señaló Manuel Villa Issa, especialista de la UACh.

Los investigadores destacaron que la aplicación de una política alimentaria de Estado es viable para producir alimentos internamente y abastecer el mercado, y en lugar de importar 35 por ciento de los productos se puede reducir a 10 por ciento.

Precisaron que uno de los objetivos fundamentales de este plan a elaborar es plantear una política de Estado de largo plazo, con proyección a 30 años. No olvidemos que el Congreso de la Unión ya elevó a rango constitucional el derecho a la alimentación, y si hay 20 por ciento de mexicanos que no comen, éste es un problema fuerte; para eso vamos a trabajar, dijo Manuel Villa.

Añadió que el aumento en la importación de alimentos se observa en el maíz, del cual México importó 10 millones de toneladas en 2011, y se espera que se importen este año 14 millones de toneladas para abastecer la demanda alimentaria..

Apuntó que con esta convocatoria las universidades y los centros de estudio en el tema de la producción de alimentos tienen un inicio para abrir fronteras, trazar directrices y generar políticas públicas que den paso a una política de Estado.

El rector de la UACh, Carlos Alberto Villaseñor Perea, destacó que con los conocimientos científicos y técnicos, los especialistas de la agronomía brindarán posibles alternativas de solución para el campo. Su conocimiento y experiencia se plasmará en este plan estratégico, que se entregará al próximo presidente de México, dijo

La ausencia de derechos laborales limita la ciudadanía, dice Boaventura de Sousa

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Lunes 27 de febrero de 2012, p. 17

No todos los seres humanos tienen ciudadanía, ésta se limita cuando no hay derechos laborales y cuando el Estado pierde el control sobre la violencia legítima, aseveró el científico social Boaventura de Sousa Santos, de la Universidad de Coimbra, Portugal.

El académico señaló que lo más intrigante de la ciudadanía es que es cada vez es más precaria para quien la tiene y, sin embargo, cada vez más preciosa para quien no la tiene.

El sociólogo portugués ofreció ayer la conferencia magistral La ciudadanía desde las epistemologías del sur, con la cual comenzaron los trabajos del tercer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado por el Consejo Mexicano en estas disciplinas, del que forman parte decenas de instituciones de educación superior como las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) y El Colegio de México.

Ante estudiantes, académicos y directivos de centros de estudios, como los rectores de la UNAM, José Narro Robles, y de la UAM, Enrique Fernández Fassnacht, De Sousa Santos presentó un análisis sobre la concepción de ciudadanía y cómo muchos sectores sociales no la alcanzan.

El portugués, quien es el primer sociólogo en ganar el Premio México de Ciencia y Tecnología, que se le confirió en 2010, dedicó su charla a Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, quien ha sido intimidada, amenazada e incriminada por su defensa de la tierra.

En el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, distinguió tres tipos de sociedad civil: la íntima, la extraña y la incivil.

La primera, dijo, es muy cercana y próxima al Estado, no necesita derechos porque tiene todos los privilegios. A la extraña pertenece la mayoría de la sociedad, son quienes tienen derechos y deberes. Y la incivil formalmente tiene derechos, pero carece de condiciones para ejercerlos, de alguna manera viven en un estado al que llamo fascismo social.

Desde el análisis de la epistemología del sur, subrayó, la sociedad civil íntima tiene muchos derechos, pero cuando éstos no son suficientes cuenta con conductas ilegales, que muchas ocasiones quedan impunes. Esa ilegalidad es lo que permite que esta sociedad tenga toda esa promiscuidad con el Estado y sea tan íntima

CARTONES DE LA JORNADA




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domingo, 26 de febrero de 2012

Autoridades recurren a material de salud para incriminar a sexoservidoras: ONG

Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 36

La Red Mexicana de Trabajo Sexual y la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez denunciaron que personal de las procuradurías generales de Justicia de los estados de Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Distrito Federal utilizan condones, material educativo y otros insumos para la salud (lubricantes, por ejemplo) para acusar de lenocinio y trata de personas a las trabajadoras sexuales.

En entrevista, el activista Jaime Montejo señaló que la política de criminalización hacia la portación, distribución y venta de condones a trabajadoras sexuales compromete la salud de las mismas y de sus clientes, así como su libertad, pues varias han sido detenidas.

Desde que empezó la guerra contra el crimen organizado –dijo–, es una tendencia fuerte que los jueces utilicen condones e insumos de salud sexual para fincar dichos delitos, según consta en notas periodísticas locales, averiguaciones previas y procesos judiciales, explicó.

Para los activistas, uno de los saldos de este sexenio, además de los más de 50 mil muertos de la guerra contra el crimen organizado, es el impacto que dicha violencia dejará en el avance del VIH/sida y el papel que las procuradurías estatales y General de la República han jugado en ello, afirman en un documento difundido a propósito de los operativos realizados desde enero de este año en Jalisco e Hidalgo.

Los colectivos han documentado numerosas violaciones a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, e incluso de encargados de hoteles y centros nocturnos, en el contexto de redadas que han tenido lugar en diversos estados de la República.

Montejo recordó que en 2008, Brigada Callejera firmó con Jorge Saavedra, entonces director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), una carta-compromiso (de la cual posee copia este diario) donde se señala que los condones no deben utilizarse para fincar lenocinio y trata de personas ni para probar que alguien se dedica a la prostitución.

Sin embargo –señaló–, autoridades van y vienen y todo queda en acuerdos verbales. Mientras el Código Penal no considere en la definición de lenocinio y trata de personas el excluyente de prueba de los condones y otros insumos para la salud, las procuradurías van a seguir diciéndonos que no hay problema, pero difícilmente firmarán algún documento que lo garantice.

Lamentó que las autoridades de Censida y organismos estatales similares guarden silencio ante dicha situación.

El actual director de Censida (José Antonio Izazola) no ha querido pronunciarse sobre este tema ni escribir una carta-compromiso. (Las autoridades) tienen temor de verse políticamente incorrectos y que se piense que están facilitando la trata de personas, cuando son cosas diferentes, apuntó

Por años, Nutrición pagó luz en exceso

Sostiene subdirector de servicios generales que en su departamento no se permiten actos de corrupción

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 38

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN) Salvador Zubirán pagó 21 millones de pesos de más por el servicio de energía eléctrica. La medición del consumo se hizo en forma errónea durante años y nadie se dio cuenta, dijo Sergio Cisneros, subdirector de servicios generales del hospital.

Señaló que entre sus funciones también está detectar las áreas donde se requieren reparaciones o renovaciones de equipos, como las plantas de emergencia (de luz), cuyo tiempo de vida es de 20 años, pero en el instituto algunas ya tienen 40. En 2011 se logró la sustitución de dos, pero faltan otras más, indicó.

Resaltó que la prioridad del instituto son los equipos médicos, de los cuales las autoridades procuran tener lo más reciente en tecnología, pero también hay que ver los otros aspectos, como la forma en que podrán funcionar si llega a fallar el suministro de energía eléctrica.

Indicó que el instituto celebra alrededor de 110 contratos de servicios cada año, varios de los cuales dependen del área de servicios generales, donde Cisneros aseguró que no permite actos de corrupción. Cualquiera de mis colaboradores puede dar fe de ello, pero no puedo cuidar a todos los trabajadores para garantizar una sana administración.

En entrevista concedida luego de la denuncia por malos manejos administrativos en la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el departamento de lavandería (La Jornada, 2/2/12), Cisneros reconoció que desde el primer día de operaciones de la empresa Mubasa nos dimos cuenta de que carecía de la capacidad para reparar las lavadoras; sin embargo, la normatividad establece un procedimiento y plazos para llevarlo a cabo.

Por eso, el contrato que se inició en marzo de 2011 se pudo cancelar tres meses después, tiempo durante el cual los equipos no recibieron ningún tipo de mantenimiento, y a decir de los denunciantes, el servicio al hospital se vio afectado.

Cisneros rechazó esta versión, pues de inmediato nos habría generado graves problemas si los servicios del hospital dejan de recibir ropa limpia.

Comentó que en cada nuevo contrato se da a los proveedores un periodo de aprendizaje, y en el área de lavandería el equipo es de alta complejidad. En el caso de la empresa Mubasa, la realidad, dijo, es que nos sorprendió, pues en la licitación pública presentó documentación para acreditar que contaba con el equipo físico y humano para dar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos, y no fue así.

Cisneros señaló que el instituto no tiene forma de verificar la veracidad de lo que los proveedores ofrecen, sino hasta que empiezan a trabajar. El funcionario también aclaró que no tiene nada que ver con la contratación de las empresas. Esa tarea le corresponde al departamento de mantenimiento, a cargo de Alejandro Chirino.

Me presenta una evaluación técnica que representa 90 por ciento de la calificación de las empresas. Entre las que cumplen los requerimientos del concurso, el contrato se asigna a la que ofrece el mejor precio para el instituto.

En la nueva licitación, ya en curso, se revisarán muy bien las cuestiones técnicas, para que no nos vuelvan a sorprender.

Otros servicios que el INCMN contrata con particulares son para el mantenimiento de las plantas de emergencia, elevadores, aire acondicionado y calderas.

Con respecto al servicio de energía eléctrica que el INCMN pagó de más, Cisneros destacó que por las gestiones que realizó ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el instituto no tuvo que pagar la luz durante el último año y medio. De esa manera se repuso el pago en demasía, y por los ajustes en la medición del servicio, el costo se redujo 30 por ciento

Prohibición de importar pollo sólo beneficia a una empresa: diputados

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 38

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados denunció a la Secretaría de Economía por violar el derecho a la alimentación de millones de mexicanos, al obstaculizar la importación de pollo, protegiendo los intereses comerciales de la empresa Bachoco, propiedad de Eduardo Bours Castelo, ex gobernador de Sonora.

Sofía Castro Ríos expuso que la dependencia federal beneficia a Bachoco, que controla 92 por ciento de la venta de pollo en México.

Junto a su correligionaria Susana Hurtado, anunció que el PRI en la Cámara de Diputados promoverá las modificaciones pertinentes a la Ley de Competencia Económica con objeto de impedir que imperen los intereses de los monopolios, en perjuicio de los consumidores.

La Secretaría de Economía, insistieron, suspendió deliberadamente las importaciones del ave, y pretende imponer un arancel de 130 por ciento, sin importar que el precio de dicho producto esté fuera de control y escasee. El arrebato de la Secretaría de Economía por mantener a Bachoco como el monopolio en la venta de pollo, habla de querer favorecer a un solo sector, afectando a la mayoría de la población, que tiene en el pollo uno de sus principales alimentos

Vecinos protestan en la Arena Ciudad de México a pesar del cerco policial

Anuncia visitador de la CDHDF que el organismo comenzará una queja por los hechos

Los inconformes, en asamblea popular, desconocen a Ebrard y al delegado como autoridades

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A los pocos minutos que comenzó la movilización, elementos del cuerpo de granaderos impidieron el paso de los inconformesFoto Víctor Camacho
Rocío González Alvarado
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 32

Durante más de cinco horas, bajo una pertinaz lluvia y granizo, elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local mantuvieron cercados a los vecinos que integran el Movimiento de Pueblos, Barrios y Colonias de Azcapotzalco que protestaban contra la apertura de la Arena Ciudad de México.

El contingente que partió a las 16:30 horas del Deportivo Reynosa Azcapotzalco fue detenido y acorralado a los 10 minutos de que había comenzado su marcha en la calle Ángeles, casi esquina con la avenida San Pablo, de la colonia San Martín.

El plan de los inconformes era marchar por los diferentes barrios hasta llegar a la Plaza del Estudiante donde analizarían si llegaban hasta las puertas del centro de espectáculos que desde mediodía lucía ya resguardado por elementos policiacos.

Antonio Lara, de la Alianza Única del Valle, detalló que otros cuatro contingentes integrados por entre 30 y 50 personas cada uno, que habían partido de otros puntos, fueron encapsulados de manera paralela en sitios como la Plaza del Estudiante, la Glorieta de Camarones, uno más sobre la calle Ángeles y otro en el Eje 5.

En una de las cápsulas de la calle Ángeles sólo hubo momentos de tensión cuando los acorralaron y los inconformes encararon a los granaderos denunciando a gritos que esto es una detención ilegal, para que liberaran el paso.

El resto del tiempo los manifestantes gritaron consignas, entre ellas la de estamos secuestrados, “este es el gobierno del PRD, anula tu voto y Marcelo entiende Azcapo no se vende”.

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Los vecinos mantuvieron su protesta durante horas y por la noche llegaron a las inmediaciones del foroFoto Víctor Camacho

Incluso, luego de que resultó infructuosa la intermediación de dos visitadores adjuntos de la Tercera Visitaduría de Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con las autoridades del gobierno capitalino para que abrieran el paso, los manifestantes hicieron una asamblea ciudadana, en la que desconocieron al jefe delegacional de Azcapotzalco, Enrique Vargas, y al titular del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, como autoridades.

En el juicio que efectuaron los vecinos acusaron a las autoridades de robarse el espacio público para entregarlo a los empresarios, en lugar de construir hospitales o escuelas para la comunidad.

Alberto Lozano, visitador de la CDHDF, aseguró a los inconformes que la instrucción de encapsular a los manifestantes vino del director general de Concertación Ciudadana del gobierno capitalino, Martín Juárez, con la orden de no liberarlos hasta que comenzara el concierto en la Arena Ciudad de México.

El servidor público adelantó que el órgano defensor de los derechos humanos iniciará una queja por estos acontecimientos.

En punto de las 21 horas la SSP-DF comenzó a retirar los cercos, y los contingentes reanudaron la movilización para concentrarse en Santa Bárbara en donde señalaron que se equivoca el gobierno capitalino si cree que con granaderos va a desactivar un conflicto que requiere de diálogo y no del uso de la fuerza pública.

Con unos cohetones los manifestantes dieron por concluida la protesta, aunque advirtieron que continuarán las acciones en rechazo a la Arena Ciudad de México

En las cárceles los reos imponen las reglas, denuncia la CDHDF

En este autogobierno lo único que importa es el dinero y las autoridades lo toleran, señala

Los encargados de los penales filtran a líderes información de internos para extorsionarlos, dice

Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 33

En las cárceles de la ciudad de México quienes imponen las reglas son los internos. Se trata de un autogobierno basado en relaciones de poder y subordinación en el que lo único que importa es el dinero y que es tolerado por las autoridades penitenciarias, coincidieron activistas de defensa de las garantías individuales de los presos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En cada celda, explicaron, la mamá del cantón, que generalmente es el preso con más antigüedad de cada dormitorio, es el que ejerce la autoridad: decide quien duerme en el peor lugar y quien debe realizar las labores de limpieza, actividades que delegan al reo de nuevo ingreso, salvo que pague para no hacerlo, señaló Pedro Arellano Aguilar, director de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En los centros penitenciarios capitalinos, agregó, se han conformado grupos de poder liderados por unos cuantos, principalmente quienes están acusados de secuestro o delitos contra la salud, que controlan la venta de drogas, las extorsiones a los mismos presos y sus familias, la venta de comida y la renta de las llamadas cabañas, entre otras actividades y parte de las ganancias son entregadas al personal de seguridad y custodia para que los dejen seguir trabajando.

Para el fundador de la Asociación Nacional de Familiares y Amigos de Detenidos, Pedro Cedillo, si bien los internos son los que ponen las reglas, éstas son fomentadas por las autoridades, pues desde que alguien llega al área de ingreso, los demás ya saben quién es, por qué delito está allí y quién es su familia, información que utilizan para extorsionarlos.

En este autogobierno también hay códigos de conducta, explicó Arellano Aguilar: quienes son encarcelados por delitos que consideran aberrantes, como violación, especialmente de menores, los reos le imponen el llamado castigo canero, el de la cárcel, que va en proporción de lo que hicieron, a menos de que pague para evitarlo.

Aunque en la mayoría de las ocasiones no hay registro de estos hechos, pues las víctimas no denuncian o las autoridades no las investigan, la segunda visitadora de la CDHDF, Rosalinda Salinas Durán, indicó que en todos los casos de quienes ingresan a prisión por delitos como violación y homicidio en grado de parentesco, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, dice darles protección especial para garantizar su seguridad.

Arellano Aguilar y Salinas Durán coincidieron que el autogobierno que se vive en las cárceles de la ciudad se debe a la sobrepoblación de más de 100 por ciento, pues no hay poder humano que gobierne todo eso, por lo que se va perdiendo el control, ya que no hay capacidad de respuesta por parte de las autoridades para atender a los 42 mil internos.

Cuando el interno no tiene dinero para pagar la protección, la única forma que tiene de sobrevivir es haciendo favores a otros presos, que van desde lavarles la ropa, vender drogas hasta sexuales, comentó Arellano Aguilar. Se trata de relaciones de subordinación, que en realidad son mecanismos de sobrevivencia, dijo Rosalinda Salinas

Tres heridos al caer brazo de grúa sobre microbús

Tres heridos al caer brazo de grúa sobre microbús
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Aspecto del microbús en el que viajaban los jóvenes estudiantesFoto Víctor Camacho
Alejandro Cruz y Gabriela Romero
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 33

Tres personas resultaron lesionadas luego de que el brazo hidráulico de una grúa que efectuaba trabajos en la obra de la línea 12 del Metro cayó sobre un microbús de la Secretaría de Salud que circulaba por avenida Tláhuac, delegación Iztapalapa, y que transportaba a jóvenes que participan en la Campaña Nacional de Vacunación.

Los hechos ocurrieron poco después de las 9 horas, en el cruce de la citada avenida con la calle Pablo García, colonia Santa María Tomatlán.

La dirección del Proyecto Metro informó que la constructora se hará cargo de los gastos

Madres juarenses exigen resultados en indagatorias sobre desaparecidas

Mujeres velan frente a la Fiscalía General de Chihuahua restos de menor extraviada en 2010

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Los restos de Yessica Leticia Peña García, desaparecida el 8 de agosto de 2010 y entregados ayer a sus familiares luego de que los estudios de ADN revelaron su identidad, fueron velados fuera de la Fiscalía General de Chihuahua, donde sus familiares exigieron justiciaFoto Ericka Martínez
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 30

Ciudad Juárez, Chih., 25 de febrero. Integrantes del Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas velaron hoy los restos de Jessica Leticia Peña García frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Juárez. Los inconformes exigieron la presencia del gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez; del fiscal estatal, Carlos Manuel Salas, y de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, para que expliquen la ausencia de resultados en las indagatorias sobre los homicidas de mujeres.

Los familiares de las víctimas dijeron tener información de que en la zona del Valle de Juárez las autoridades ministeriales han encontrado entre 12 y 14 cuerpos femeninos, y que son parte de ellos los de tres menores entregados ayer tras ser identificados con pruebas de ADN.

María García Corral, madre de Jessica Peña, muerta a los 15 años, luego que desapareció el 30 de mayo de 2010, dijo que no se moverá del sitio, tampoco el ataúd que tiene los huesos de su hija, hasta obtener respuesta.

Antes de ser internada en un hospital por el estrés causado por encontrar sin vida a su hija, la señora reprochó molesta y entre sollozos: “¿para que nos entregan puros ‘pinchis’ huesos?, mejor pónganse a trabajar y entreguen a los responsables”.

La mujer afirmó que su hija fue víctima de trata de personas y ninguna corporación, ni siquiera la PGR investiga, a pesar de que son delitos federales y del crimen organizado.

Dijo que en los días posteriores a la desaparición investigó y supo que la tenían secuestrada en un hotel de paso El Verde de la zona centro en la calle Samaniego, a donde ella no pudo entrar y la policía fue negligente ante la denuncia.

Otra de las víctimas identificadas ayer es Lizbeth Avilés García, de 17 años, extraviada en la zona centro el 21 de abril de 2009, la cual fue velada en la colonia Lomas de Poleo, una de las más marginadas de la ciudad.

Los restos de Andrea Guerrero Venzor, de 15 años, extraviada desde agosto de 2010, fueron trasladados por la familia a Durango, de donde son originarios.

“Peor que campo algodonero”

Durante el velorio, integrantes del comité denunciaron que cuentan con información de que el Servicio Médico Forense (Semefo) tiene al menos nueve osamentas que fueron encontradas en el valle de Juárez. de las cuales no han informado, por lo que esa zona es peor que el campo algodonero.

Aparte de las tres víctimas identificadas ayer con estudios de ADN en el valle de Juárez, los pasados 10 meses se han entregado a sus familias los cuerpos de Hilda Gabriela Rivas Campos, Jazmín Villa Esparza, Mónica Liliana Delgado Castillo, Janeth Rivera Chávez, Adriana Sarmiento Enríquez, Jessica Terrazas Ortega, Yazmín Salazar Ponce, Fabiola Janeth Valenzuela Banda, Brenda Alicia Agüero Rojas. Todas con edades de entre 15 y 19 años, que desaparecieron de 2008 a 2011.

La noche del viernes un centenar de agentes de la Policía Única Estatal realizaron operativos en bares de la zona centro de la ciudad, localizando a 10 menores de edad que trabajaban en los antros, pero ninguna de ellas contaba con reporte de desaparición

Protestan unos mil indígenas y campesinos en Huixtán, Chiapas, por altas tarifas de CFE

Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 30

San Cristóbal de Las Casas, Chis, 25 de febrero. Unos mil indígenas y campesinos agrupados en el Frente de Lucha Popular 29 de Febrero marcharon en la cabecera municipal de Huixtán para protestar por las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Exigen además que no se construyan más presas y piden que no se privatice la energía eléctrica.

El dirigente del frente, Pedro Álvarez Vázquez, dijo que en algunos domicilios llegan recibos por 8 mil o 10 mil pesos, cuando sólo hay tres o cuatro focos; es una injusticia.

Añadió que la paraestatal ha instalado torres con cables de alta tensión en tierras de comunidades y ejidos para llevar la luz a otros municipios y no paga nada a sus dueños, quienes no pueden trabajar las tierras por el peligro que representa, además ellos pagan el impuesto predial.

En entrevista explicó que el contingente se dividió en dos grupos que se concentraron en la carretera San Cristóbal-Ocosingo desde las 9 horas y luego marcharon unos dos kilómetros hasta llegar a la cabecera de Huixtán, ubicado a unos 35 kilómetros de esta ciudad, donde realizaron un mitin.

Nuestra informidad es por las altas tarifas que cobra la CFE y porque no da mantenimiento ni repara los daños a las líneas de conducción y los transformadores, dijo Álvarez Vázquez. Comentó que durante la manifestación también se celebró el octavo aniversario de la fundación del movimiento.

A cada rato nos quedamos sin energía, sobre todo en tiempo de lluvias, por la falta de mantenimiento a las instalaciones, lo que ocasiona desperfectos a los aparatos electrodomésticos, aseveró.

Señaló que los manifestantes también expresaron desacuerdo con la instalación de los medidores digitales, porque esa será una nueva forma de la CFE de robarle a los usuarios, a los que de por sí les impone tarifas injustas y les da un mal servicio.

Afirmó que no es posible que nos den la luz tan cara cuando Chiapas tiene varias presas hidroeléctricas que generan corriente para otras partes del país; por eso estamos contra las represas.

Dijo que a la marcha asistieron indígenas de unas 20 comunidades de Huixtán que están en resistencia de pago desde hace más de una década, y organizaciones solidarias de los municipios de Las Roas, Altamirano y Socoltenango

El FPDT busca amparo por compra de tierras

René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 31

San Salvador Atenco, Méx. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) anunció que interpondrá un amparo contra la Comisión Nacional del Agua por la compra de tierras comunales en los ejidos de Nexquipayac. Explicó que la Conagua adquirió 320 hectáreas en un millón 410 mil pesos, pero el comisariado ejidal incumplió con el artículo 80 de la Ley Agraria Nacional, según la cual los ejidatarios tienen la obligación de notificar a las esposas o concubinas y a los hijos, la decisión de vender la propiedad, que es reserva para el uso de la comunidad.

Erogan $69 millones en vacunas no aplicadas a miles de niños pobres

Marginan del beneficio a menores de zonas indígenas

Hubo colusión de autoridades y proveedores: ASF

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 2

En el transcurso del año 2010, miles de niños que viven en alta marginación, los cuales fueron atendidos en albergues escolares a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), no recibieron las vacunas del cuadro básico (incluidas las de influenza estacional), que fueron pagadas con recursos públicos por la dependencia federal con un monto de 69 millones de pesos, a causa de la colusión entre proveedores y funcionarios de la comisión.

En uno de los apartados de la revisión de la Cuenta Pública 2010 del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encuentra –casi perdida en el aspecto de gasto social– la fiscalización a la CDI, en el rubro del Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI).

De él se desprende una conclusión reprobatoria del ente fiscalizador, ya que: el uso ineficiente de los recursos y la falta de supervisión para que los proveedores de bienes y servicios cumplan con las condiciones contratadas que impactan la adecuada atención de la población objetivo, indígenas con alto grado de marginación, a los cuales no llegan los beneficios del programa.

Así, la ASF consideró que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la CDI no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Programa Albergues Escolares Indígenas: pagó 69 millones 600 mil pesos para la aplicación de vacunas sin haber recibido íntegramente del proveedor los servicios contratados, lo que ocasionó que la población objetivo no fuera beneficiada. Tal contrato fue firmado por un servidor público que no estaba facultado para ello.

Sobreprecio de más de $6 millones

Además la CDI adquirió 150 mil dosis de vacuna contra la influenza estacional por conducto de un tercero, por las que pagó en 2009 con un sobreprecio de 6 millones 272 mil pesos; el no haberlas adquirido directamente con los laboratorios Birmex, y pagar sin recibirlas generó al momento un costo financiero de 225 mil pesos.

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Menores que viven en zonas de alta marginación no recibieron vacunas del cuadro básicoFoto Roberto García Ortiz

También inexplicablemente, aduce el informe de la Cuenta Pública 2010 realizado por la ASF, se contrató un estudio por 378 mil pesos que careció de la autorización del titular de la CDI y del dictamen que comprobara que no se contaba con personal capacitado para la aplicación del contrato; tampoco se contó con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; el convenio se fundamentó en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a pesar de ser un servicio de salud.

Y es que el PAEI tiene como objetivo contribuir a la permanencia educativa de niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas dependientes de la SEP, mediante modelos diferenciados de atención, principalmente para aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad, y a quienes se les ofrecen albergues escolares donde se les brinda una alimentación adecuada y hospedaje seguro para que inicien y concluyan el ciclo escolar.

En el estado del ejercicio de los recursos, el programa Albergues Escolares Indígenas ejerció 716 millones 692 mil pesos, lo cual representó 10 por ciento del presupuesto total aplicado en 2010 por la CDI.

No obstante, el órgano interno de control señaló que en la CDI “se observó que en ninguno de los albergues visitados se lleva un control adecuado del equipamiento recibido de oficinas centrales, ya que no hay un control de entradas y salidas de los bienes; además hay irregularidades en la construcción de los albergues (filtraciones y fugas, entre otras), por lo que los becarios utilizan instalaciones inadecuadas, con riesgo de contraer enfermedades por la insalubridad de los sitios en los que se encuentran, además de que carecen del servicio de energía eléctrica

Nadie cree a Felipe Calderón que no intervendrá en comicios, dice AMLO

Acusa que con encuestas amañadas y desafuero médico lo quieren hacer a un lado

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Andrés Manuel López Obrador explicó a rotarios, reunidos en el Complejo Cultural Universitario, que propone regenerar la vida pública mediante una nueva forma de hacer políticaFoto José Castañares/La Jornada de Oriente
De la Redacción
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 7

El precandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, puso en duda la aseveración del presidente Felipe Calderón de que no intervendrá en el proceso electoral.

¿Ustedes le creen?, reviró a reporteros, y agregó que el PAN y el PRI actúan con las mañas de siempre, con falta de convicción democrática.

Entrevistado en la ciudad de Puebla luego de asistir a una reunión privada con integrantes del Club Internacional de Rotarios, recalcó que, aunque lo quieren hacer a un lado con encuestas amañadas y hasta están queriendo desaforarlo médicamente, goza de cabal salud y va a salir adelante.

Antes, durante el encuentro, dijo que su compromiso es serenar al país y lograr tranquilidad y seguridad para los mexicanos.

El flagelo de la violencia lo enfrentaremos creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio, expuso en una reunión privada en Puebla.

De acuerdo con versiones de participantes en el encuentro, López Obrador expuso que si gana la Presidencia de la República retirará al Ejército de las calles de manera gradual, luego de profesionalizar y moralizar a las corporaciones policiacas, con el fin de que éstas se hagan cargo de combatir el narcotráfico y las demás bandas del crimen organizado.

Les detalló que su proyecto incluye que las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia actúen de manera coordinada, con mando único, y dar prioridad a las labores de inteligencia y seguir la pista al dinero, con el propósito de evitar el blanqueo de capitales.

López Obrador detalló que se reunirá a diario con el que sería su gabinete de seguridad pública y cuidará que tanto funcionarios como mandos policiacos sean personas de honestidad inobjetable.

Expuso a los rotarios, reunidos en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, en la capital poblana, su programa, centrado en 20 compromisos, entre ellos medidas para sacar al país del estancamiento económico y social, con la participación conjunta de los sectores público, privado y social. La economía crecerá más de 6 por ciento al año y se generarán un millón 200 mil empleos en el mismo lapso.

Resaltó que se convertirá en el guardián del presupuesto y detalló su programa social. Se combatirá la pobreza por razones humanitarias y para evitar la frustración y los estallidos de odio y resentimiento. Se dará prioridad a la educación, mejoraremos la calidad de la enseñanza; habrá becas para estudiantes pobres del nivel básico y se garantizará 100 por ciento la inscripción de todos los jóvenes que quieran ingresar a las universidades.

Les explicó a qué se refiere cuando habla de la república amorosa: Estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras: honestidad, justicia y amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública, y amor para promover el bien y lograr la felicidad.

Al final comentó a los rotarios que no pertenece a ningún grupo de interés y les pidió tenerle confianza. Cuento con experiencia y tengo como norma no mentir, no traicionar, no robar, enfatizó

Mi reclusión, orden del gobernador de Tamaulipas: soy un preso de conciencia

Las acusaciones contra el activista y precandidato al Senado por el PRD, sin sustento, dice

Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 10

Ciudad Victoria, Tamps. No voy a negociar mi libertad a cambio del silencio, dice el luchador social y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aspirante a la precandidatura al Senado por la coalición de izquierdas en el estado de Tamaulipas Francisco Chavira Martínez, sentado en el patio central del módulo tres de la prisión de esta ciudad.

En plena precampaña, el pasado 5 de enero, mientras daba una conferencia de prensa, fue detenido acusado de robo de vehículo, una camioneta que pertenece al partido y que luego fue localizada; además, por robo de boletas en la pasada elección interna del PRD, y lesiones, todo con fabricación de testigos: En Tamaulipas los adversarios políticos se matan, encarcelan o desprestigian, como se hacía durante el porfiriato, dice en entrevista con La Jornada.

Chavira Martínez se considera el único preso de conciencia de Tamaulipas y dice que fue encarcelado por orden del gobernador Egidio Torre Cantú, quien además ha interpuesto demandas contra sus cuatro hermanos por cargos que aún desconocen, porque el Poder Judicial se niega a informarles: Toda la familia estamos padeciendo persecución, porque hemos denunciado las corruptelas del gobernador y los delitos cometidos en su gobierno.

Eliminar al adversario

El ingreso a la cárcel exige una minuciosa revisión a las visitas. La encargada exige sellar el brazo de cada mujer para luego permitirle el acceso. Para llegar al módulo tres hay que pasar por un laberinto de pasillos, patios y pequeños tejabanes que albergan los talleres de los presos. Las miradas de los presos son directas, sin disimulo; los murmullos, la música y la cotidianidad vista de reojo en la lavandería y la cocina que quedan de paso. Las crujías del módulo tres de la prisión de Ciudad Victoria, considerada una de las más peligrosas, son de color beige. Chavira Martínez está sentado en el patio con tres jóvenes, atendiendo desde este lugar los asuntos de la Universidad del Norte de Tamaulipas, de donde sigue siendo rector.

En 1996 fundó el Frente Cívico Unido y desde entonces ha encabezado las reivindicaciones de luchas sociales en favor de los migrantes, de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, de los ciudadanos contra la tenencia de vehículos o los parquímetros; o bien, denunciando la corrupción del gobierno de Torre Cantú en la industria de la construcción y su presunta connivencia con el crimen organizado. Nuestra lucha siempre ha sido en favor de la sociedad. Tamaulipas tiene una historia de represión social, de caciques y dictadores, pero yo he educado toda mi vida para la paz.

Va impecablemente vestido con camisa blanca y pantalón color beige, bebe agua y nunca pierde la sonrisa. Su estancia en la cárcel la ha tomado como área de oportunidades. Cuando llegó venía con las manos vacías, los otros presos le regalaron un jabón, un poco de champú y una cobija. Diariamente se levanta a las seis de la mañana para aprovechar el agua, hace deporte, juega volibol y baloncesto. Ahora tiene mucho tiempo, que ha aprovechado para leer lo pendiente, actualmente La Madre, de Máximo Gorki, y los discursos del Che Guevara a la juventud.

El mal ambiente de esta cárcel donde hay asesinos, secuestradores, violadores y ladrones mezclados, lo evade como puede. Me aíslo. Mi estrategia es no salir de mi celda después de las siete de la tarde. No me junto con gente que no conozco. Hay reglas no escritas que debo respetar. He aprendido mucho en estos meses.

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Francisco Chavira MartínezFoto Sanjuana Martínez

Cuenta que en Tamaulipas los secuestros y asesinatos de políticos no los hace la delincuencia organizada: “Los hace el PRI, el partido involucrado en el crimen de Luis Donaldo Colosio y de tantos otros adversarios. A Egidio Torre le llaman El Caín, por el asesinato de su hermano, pero Caín lo mató con una quijada de burro y a Rodolfo Torre Cantú lo mataron con un cuerno de chivo”.

En la lista de esos políticos se encuentra el secuestro de Vicente y Octavio Verástegui, del PAN; la detención de Félix Mezquitic, del PRD, y el asesinato de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, candidato del PT a la presidencia municipal de Río Bravo, Tamaulipas, el año pasado.

La hegemonía del PRI en Tamaulipas no ha cambiado; en este estado no ha habido alternancia política y se muestra sorprendido que en la investigación de la DEA por lavado de dinero procedente del narcotráfico y connivencia con los cárteles de la droga contra los últimos tres ex gobernadores de Tamaulipas, no incluyan a Egidio Torre Cantú: Su fortuna se basa en la construcción, el principal método de lavado de dinero. En 2010 tuvo ganancias de 166 millones de pesos, en ocho meses, dice mostrando los documentos.

Anomalías procesales

Hace unos días el senador del PRD Carlos Sotelo García presentó un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el gobernador Egidio Torre Cantú libere al preso de conciencia Francisco Chavira Martínez, al considerar que su detención es ilegal porque se basa en una falsa denuncia formulada por el perredista Jorge Valdés desde el 20 de marzo de 2008, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia y lesiones: En realidad, su detención intenta frustrar su aspiración política de ser senador, dijo.

La averiguación 159/2008 fue archivada al no tener elementos probatorios que acreditaran la existencia de los delitos: Sin embargo, ante su registro como precandidato del PRD y la posibilidad de ser elegido senador en forma inmediata, por motivaciones absolutamente políticas se reactivó la averiguación previa. Y sin que se hubiesen aportado nuevas pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad en la comisión de los ilícitos que se imputan, se ejerció acción penal en su contra.

En diciembre pasado se presentó como precandidato y en enero se le integró la averiguación previa 216/2011, y el juez segundo penal, Santiago Espinoza Camacho, le dictó auto de formal prisión, en un caso lleno de anomalías procesales que incluye fabricación de testigos: El juez no tomó en cuenta nada en mi defensa. En Tamaulipas, Egidio Torre y el secretario de Gobierno, Morelos Canseco Jaime, controlan a la oposición con dádivas. Estamos en un gobierno totalitario y fascista que no permite la alternancia. Tamaulipas es un estado fallido.

Sus hermanas Esthela y Martha fueron llamadas a declarar por una demanda en su contra interpuesta por el gobernador. La Procuraduría General de Justicia estatal no les permite acceso al expediente. Al salir de su cita judicial, su hermana Esthela muestra su indignación: Es un atropello a la democracia, un retroceso, porque además de que Francisco sufre la represión en la cárcel, también la estamos viviendo sus hermanos, la familia, los simpatizantes, todo aquel que lo apoya como luchador social. Pedimos justicia, exigimos su libertad. La lucha sigue, no nos callarán

Demandará PRD a obispo de Campeche por inducir el sufragio contra el partido

Lorenzo Chim
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de febrero de 2012, p. 11

Campeche, Cam., 25 de febrero. Obispos del sur-sureste del país se solidarizaron con su similar de Campeche, Ramón Castro Castro, a quien el Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que demandará por haber pedido a los feligreses que no voten por los partidos que defienden las bodas gay y el aborto.

Emilio Carlos Berlié Belaunzarán, arzobispo de Yucatán; Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, de Cancún-Chetumal, y José Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar de Yucatán, leyeron un comunicado conjunto en el contexto de la primera reunión anual de obispos de la provincia de Yucatán, donde evadieron hablar de temas políticos o electorales y sólo reiteraron nuestra voluntad de tolerancia y respeto ante quienes piensan diferente.

La reunión ocurre en momentos en que la dirigencia estatal del PRD anunció que denunciará al obispo de Campeche, Ramón Castro Castro, por haber declarado a los medios que la Iglesia católica no induce al voto, sólo exhorta a la feligresía a no votar por aquellos candidatos cuyas propuestas induzcan al aborto o a los matrimonios gay.

María del Carmen Pérez, presidenta estatal del PRD, lamentó esas declaraciones que fomentan abiertamente el voto antiperredista, y demandó que la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales investigue si se incurrió en un ilícito y aplique las sanciones que correspondan.

Castro expuso que no teme a las demandas en su contra, pues no ha incurrido en delitos, sólo defiendo los valores familiares.

En la conferencia conjunta de hoy, los obispos aclararon que los temas electorales y de política se abordarán en el episcopado