domingo, 9 de octubre de 2011

Mil 400 niños asesinados en la guerra al narco; desinterés oficial frente a la tragedia

Descartado, aplicar protocolos de atención; Unicef no reconoce el conflicto

El Estado, incapaz de garantizar el derecho a la vida, señala el Redim

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La Redim demanda al Estado mexicano que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que tiene la guerra en los niñosFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 2

Alfredo tiene pesadillas porque vio morir a su hermana de 17 años en una balacera; Jorge (7 años), hijo de un desaparecido, dibuja un militar y un encapuchado apuntando al coche de la familia; César (10) perdió a sus padres en una balacera; se niega a ir a la escuela y no quiere salir a la calle; Jaime (12) observó cómo asesinaban a cuatro miembros de su familia y está herido en el hospital... Son los daños colaterales más pequeños de la guerra contra el narco que ha cobrado la vida de mil 400 menores de edad y ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños abandonados por el Estado.

No son considerados los impactos de la violencia armada en los niños. Son mil 400 homicidios y ninguna condena, dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ha contabilizado 345 muertes de menores desde enero de 2010 y alerta sobre los estados con mayor número de homicidios infantiles, entre los que se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

Un total de 37 millones de niños viven en México, casi 37 por ciento de la población; de ellos, 20 millones padecen situación de pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83 por ciento tienen algún tipo de carencia: En esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida, dice Pérez García.

Miedo y odio

No me dieron, dijo Wendy (17) a su primo que conducía el coche rafagueado con cuernos de chivo por un comando que salió de una vereda en la carretera a Cerralvo, rumbo a Doctor González, Nuevo León. Wendy viajaba también con una amiga, pero a los pocos minutos del ataque, notó una mancha de sangre que se extendía en su blusa: las balas le perforaron el estómago. Alcanzó a llegar a su casa, su madre la llevó al hospital más cercano en Monterrey, a 80 kilómetros, donde fue atendida, pero murió.

Como todos los días, Alfredo (9) le lleva flores al cementerio del pueblo. La tumba de tierra tiene una cruz de madera sin nombre. Está triste. No tiene ganas de comer. No llora, pero la extraña mucho; recuerda haberla visto sangrando en agonía y haberla visitado en el hospital donde estaba muy hinchada. Siente mucho coraje: Los malos le dispararon. Y repite: Los odio, los quiero matar. No ha recibido ayuda de ningún tipo. En la escuela rural donde estudia no saben cómo apoyarlo. Nadie le ha medido su nivel de estrés postraumático. El Unicef no reconoce que México viva en una guerra, por lo cual no hay organismos institucionales interesados en aplicar protocolos de atención; el DIF no se ha acercado a ofrecerle apoyo, las autoridades de Nuevo León ni siquiera han investigado el asesinato de su hermana, que tampoco ocupó un espacio en los medios de información.

Esa es la situación de miles de niños en las zonas rurales y urbanas. No están siendo atendidos, dice el sicólogo Rodolfo Salazar Gil, quien ha creado un programa de atención a menores víctimas de la violencia, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización civil que también ofrece ayuda a las víctimas más pequeñas de la guerra contra el narco: A los niños y niñas de México les están quitando la infancia y los espacios para jugar. Esta guerra mete en su imaginario la violencia, el odio, la venganza, el rencor; y les desplaza la belleza y el disfrute de la vida, la solidaridad. Es el mundo al que han entrado a vivir, lamentablemente.

Los asesinatos de menores han aumentado vertiginosamente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban más homicidios era de 15 a 17 años, ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de cero a cuatro años.

El aumento de los homicidios y ataques a menores ha generado miedo y angustia en la población infantil: Los niños han perdido la seguridad, y cuando hay alguna agresión a la casa o algún familiar sienten que la seguridad que tenían ya no es real. Si además de la agresión a su entorno, le unimos toda la información que hay alrededor sobre la violencia y que está todo el tiempo y en todos lados, las fantasías se disparan. Los niños lo platican en las escuelas y eso les genera mucho miedo y una sensación de vulnerabilidad absoluta, dice Rodolfo Salazar.

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Durante una protesta para exigir la entrega de un jefe de familia desaparecidoFoto Sanjuana Martínez

Los niños atendidos en este programa son huérfanos, hijos de desaparecidos, víctimas de algún ataque o testigos de la violencia armada que ha afectado directamente a su familia. Las consecuencias inmediatas de los estragos de la guerra se observan de manera inmediata, comenta el especialista: Llegan con depresión, sentimiento de culpa, impulsos de agresividad, coraje, enojo, odio; sentimientos que hay que sacar de alguna manera a través del dibujo, de juegos y de una terapia narrativa que estamos aplicando.

Las últimas semanas fueron asesinados en Monterrey seis menores de edad en distintos ataques. La Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un programa especial de respuesta de urgencia en la clínica de atención sicológica donde están atendiendo a adultos y niños: La guerra está provocando mucha desconfianza entre los niños, que están muy asustados y sienten que deben esconderse. Lo poco que se está haciendo es después de los sucesos; no se está haciendo nada a escala preventiva. Hemos visto que cuando hay víctimas de balaceras o de un robo con violencia y la familia pide atención sicológica, no se les atiende; les niegan la atención por temor y para evitar problemas. Y porque se les estigmatiza, dice el sicoanalista Guillermo Rocha, encargado del programa.

Los casos que atienden en esta institución educativa afectan incluso a los mismos sicólogos que prestan el apoyo: Estamos viendo cosas que antes no veíamos, el dolor de los pacientes impacta mucho. Vemos casos de secuestros, de gente que vio cómo mataron a sus familiares, de niños que sólo dibujan armas, gente disparando, hombres encapuchados, militares. Todo ha cambiado.

Incubar la violencia

Era la 1:30 de la mañana del 3 de octubre pasado. El silencio se rompió en el Cerro de la Campana, en el sur de Monterrey, una de las zonas más pobres de la ciudad. Un comando irrumpió en la humilde vivienda de madera y disparó a las camas donde dormía la familia. Mataron a cuatro miembros: Jaime García Hernández (44), Claudia Leticia García Hernández (18), Virginia García Hernández (38) y Eduardo Ruiz García (2). El comando dejó un narcomensaje en la escena del crimen y secuestró a Jesús García (16), un menor que al día siguiente fue colgado vivo de un puente y luego asesinado a balazos. Sobrevivieron al ataque una niña de cinco años y un niño de 13 que posteriormente fue identificado por la mayoría de los medios de información como halcón y narcomenudista.

En los últimos meses grupos del crimen organizado han encontrado en los menores una forma cruel de enviar mensajes a los rivales, asesinando, mutilando o secuestrando niñas y niños en diferentes estados de la República: “La estigmatización de los menores es una de las constantes en esta guerra. Se etiqueta a los heridos a quienes se les relaciona con el crimen organizado. Y la etiqueta de narcohuérfano se ha extendido mucho y se ha convertido en un estigma. Los fondos para niños en orfandad por el narco no tienen éxito porque se convierten en un blanco. El crimen organizado ha comenzado a ver en los niños un vehículo para mandar mensajes a grupos contrarios”, comenta Juan Martín Pérez García, director de Redim.

La desatención y desprotección del Estado es tanta, que cuenta que los niños sobrevivientes de ataques que quedan huérfanos y son entregados a instituciones gubernamentales no están seguros: En varios estados donde les llevan niños los grupos contrarios llegan exigiendo la entrega de los menores y los empleados los tienen que entregar, porque no tienen medidas de protección o seguridad.

En México, la atención a la infancia padece un rezago de 50 años y con la violencia la poca institucionalidad que existe en ese campo se ha colapsado, por tanto, la Redim está exigiendo al Estado que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que está teniendo la guerra en los niños.

Actualmente las instituciones gubernamentales se niegan a dar estadísticas y ocultan información: El Estado mexicano se está negando a dar información sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos. Sencillamente no nos contestan. No hay un reconocimiento oficial del impacto que está teniendo la guerra en niños y niñas, pero mil 400 niños y niñas asesinados no se pueden esconder debajo de la alfombra

Niñas indígenas, 45% de las víctimas de trata

En México 45 por ciento de las víctimas de trata son niñas indígenas, informaron Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas y Xavier Abreu Sierra, director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quienes expresaron la urgencia de contar con una ley general que combata este crimen que cada año arrebata la infancia a 20 mil niños mexicanos que son enganchados para el comercio sexual.

En el contexto de la vigésima séptima sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CDI, la diputada señaló que, aunque en 2007 se promulgó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, existen importantes vacíos, sobre todo que en las indagatorias no se revictimice a las niñas, se sancione no sólo a los tratantes, sino también a los clientes y se atienda a las víctimas desde que son liberadas hasta su reinserción social.

Nos preocupa que no se legislen temas importantes, que se le quiten partes medulares, pues la atención y protección a las víctimas debe ser desde el operativo hasta la reinserción social; no se vale dejar a las víctimas a medio camino; la tipificación penal debe evitar que se les revictimice: ellas están destruidas; en el caso de explotación sexual son violadas y torturadas, entonces no tienen la capacidad para confrontar a los tratantes, así que la carga de la prueba debe ser trabajo del MP, y otra cosa importante es castigar el consumo, a los explotadores finales, que son unos criminales.

Indicó que leyes con estas características son las que han funcionado en otras latitudes y advirtió que, de no aprobarse una ley general contra este ilícito en esos términos, no vamos a bajar la tasa que está creciendo en el país.

Recordó que el 13 de julio pasado el presidente Felipe Calderón promulgó un decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución, sobre la trata, y que en específico la modificación al artículo 73 faculta al Congreso a expedir una ley general en la materia.

Agregó que 104 legisladores de los siete partidos presentaron una iniciativa el 3 de agosto pasado y precisó que sólo se tiene un plazo de 180 días (que comenzaron a correr tras la promulgación del decreto) para expedir la Ley General contra la Trata de Personas, por lo que ésta forzosamente debe ser aprobada en este periodo de sesiones.

La legisladora llamó a crear conciencia y advertir a las familias de los pueblos originarios a no dejarse engañar por los tratantes, pues las formas para enganchar a las menores no sólo son múltiples, sino también muy efectivas y alertó sobre lo fácil que es a estos criminales convencerlas por Internet, con engaños, a dejar sus hogares. Apuntó que muchas familias no distinguen lo que es la trata, comercio que también se da con fines de explotación laboral.

Orozco indicó que no sólo niñas indígenas mexicanas son víctimas, pues con las agrupaciones civiles que labora ha conocido casos de menores centroamericanas, algunas ni siquiera hablaban español, y eran hasta de siete años de edad.

Detalló que Tijuana, Acapulco y Cancún es donde más explotación sexual de niños hay y alertó que en el “estado de México tenemos problemas grandes, pues han crecido los giros negros”. Sostuvo que en México hay 21 puntos turísticos donde se vende a turistas el servicio de niños y niñas.

Comentó que la única cifra que se tiene sobre menores explotados sexualmente data de 2000, e indicó que va de 16 mil a 20 mil infantes, pero dijo que pronto habrá nuevos datos, ya que la Secretaría de Gobernación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito elaboran un diagnóstico actualizado

ONG dudan de operativo en Guerrero; temen más abusos

La llegada de fuerzas federales a Guerrero y Veracruz, en el marco de los operativos conjuntos de seguridad en ambas entidades, no puede ser recibida como buena noticia, ya que se ha comprobado que estas acciones no frenan la violencia, y sí en cambio generan gran cantidad de abusos a las garantías individuales.

Así lo advirtieron activistas de derechos humanos, quienes afirmaron que muchas veces los agentes son cómplices de los grupos del crimen organizado, lo que ocasiona un aumento notable de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.

Santiago Aguirre, del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que dichos operativos han dado pie a 415 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2006 a la fecha, aunque hay organismos cuyos cálculos hablan de más de 800 denuncias sólo en Guerrero.

En esta entidad, recordó, las fuerzas armadas tienen un largo historial de abusos contra la población civil, que abarcan desde el caso de Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974, hasta los de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas y torturadas por soldados en 2002, entre otros muchos agravios recientes.

“En Guerrero la situación es muy compleja, y pretender que el Estado mexicano libra una guerra contra un enemigo claramente definido es falso. Algunas estructuras gubernamentales actúan en connivencia con los criminales, y en ese sentido hay mucha información de que los operativos conjuntos aumentan la violencia en vez de detenerla”, indicó.

Manuel Olivares, miembro de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, aseveró, por su parte, que, tomando en cuenta lo ocurrido en Veracruz –donde han encontrado más de 60 cuerpos en las semanas recientes, a pesar de los patrullajes militares–, no hay motivos para pensar que en su estado las acciones del Ejército y la Marina vayan a dar buenos resultados.

“Lo vemos con mucha preocupación, porque este tipo de operativos causan más violaciones a los derechos humanos, y el hecho de que anuncien que vienen con todo, nos da a entender que puede haber allanamientos de morada y asesinatos de civiles inocentes. Ahora no sólo tendremos que cuidarnos de los delincuentes, sino también de los soldados”, alertó

Cumplirá dos años la lucha del SME por recontratación

Este martes se cumplen dos años del cierre de Luz y Fuerza del Centro por un decreto presidencial que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores.

Tras 24 meses de la entrega de la operación del suministro de energía eléctrica de la zona central del país a la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) discuten acerca del costo de una eventual reinserción laboral para cerca de 16 mil trabajadores que no han aceptado su liquidación.

Los funcionarios argumentan que se requieren poco más de 4 mil millones de pesos para llevar a la práctica el planteamiento del SME, mientras que los electricistas aseguran que el costo es de 2 mil 575 millones de pesos.

Para la dirigencia del SME, encabezada por Martín Esparza, esta discusión es en sí misma una buena señal acerca de la construcción de una propuesta de convenio para solucionar el conflicto.

La próxima semana representantes de ambas partes volverán a reunirse en la Secretaría de Gobernación (SG).

Hace casi un mes, el 13 de septiembre, gobierno y sindicato alcanzaron un acuerdo para definir una solución a más tardar el 30 de noviembre próximo. En ese momento, el SME se comprometió a levantar el plantón que mantuvo por más de seis meses en el Zócalo. También se firmó el compromiso de resolver, en el marco de la ley, la situación de 12 electricistas presos.

De acuerdo con videos –difundidos en Youtube– de la reunión en la que fue firmado el referido convenio, Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, propuso que los participantes en la mesa del caso SME tendrían que dar seguimiento a las iniciativas de ley que proponen la creación de una empresa para dar servicio a la zona centro del país, pero sobre todo que en la definición del presupuesto de egresos de 2012 haya contenidos claros para fondear el eventual acuerdo de reinserción laboral de electricistas.

En la próxima reunión el SME abundará acerca de los problemas de suministro y dará explicaciones técnicas acerca de los desperfectos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La dirigencia del SME anuncia un mitin para la tarde del martes en el Monumento a la Revolución, así como una verbena popular, y planea, por la mañana, una homilía en la Basílica de Guadalupe a la que ha invitado al cardenal Norberto Rivera.

Manifiesta el movimiento de Sicilia apoyo a bases zapatistas

Indígenas instalan plantón en demanda de liberación de presos

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Encuentro del poeta Javier Sicilia con bases zapatistas de Oventic, en septiembre pasadoFoto Xinhua
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 17

San Cristóbal de las Casas, Chis. 8 de octubre. Javier Sicilia manifestó el respaldo moral y político a todas las bases de apoyo zapatistas por parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

En un mensaje leído esta mañana por la Comisión Acciones de Resistencia del MPJD, en conferencia de prensa, Sicilia expuso: Durante el tiempo que estuvimos en el estado de Chiapas, al paso de la Caravana del Sur (en septiembre pasado), fuimos informados de las amenazas y agresiones que padecen las bases de apoyo zapatistas y en particular de la comunidad de San Patricio, municipio autónomo La Dignidad, correspondiente al municipio oficial de Sabanilla.

De igual manera, el movimiento civil exigió a los gobiernos federal y estatal que se garantice de forma inmediata la vida y la integridad de todas las bases de apoyo del EZLN en la comunidad autónoma de San Patricio. Esto, continuó Sicilia, amén de que se garantice el libre acceso y el respeto a las tierras de esa comunidad, ya que consideramos que tal agresión es un atentado, no sólo contra las bases de apoyo zapatistas, sino a una nueva esperanza de reconstrucción de la nación: las autonomías.

Sicilia destacó que en el MPJD: “participan distintos pueblos indígenas con la esperanza de que construyamos ‘un mundo donde quepan muchos mundos’; por lo tanto, cualquier agresión a las comunidades indígenas de todo el país la consideramos una agresión a nuestro movimiento”.

La delegación del MPJD dio a conocer también un mensaje a las juntas de buen gobierno de los caracoles de Roberto Barrios y Oventic, anunciándoles que acudió a Chiapas para informarse directamente en voz de ustedes lo que pasa aquí; estamos aquí para manifestarles nuestro apoyo. Por este motivo, el MPJD envía ahora a Chiapas una representación integrada por 13 personas (niños, jóvenes y adultos).

El movimiento ha dado seguimiento puntual de lo sucedido en los pueblos zapatistas, y observamos con preocupación lo que acontece en distintos poblados dentro de sus municipios autónomos. También ha observado cómo los proyectos de educación autónoma desarrollada por los pueblos zapatistas en distintas poblaciones reciben agresiones en los Altos, la selva y la zona norte del estado.

En dos mensajes más, dirigidos a Las Abejas de Acteal y a los presos en huelga de hambre y ayuno en el penal de San Cristóbal, el MPJD reiteró su vocación pacífica. A estos últimos les expresó: Reconocemos plenamente el ayuno y la huelga de hambre como dos formas de lucha de gran radicalidad moral y física, que buscan sacar a flote la verdad y tocar la conciencia de quien las hace y del adversario. Confiamos plenamente en que esta huelga de hambre y ayuno que han emprendido tengan los frutos que todos esperamos cuanto antes, y que podamos reunirnos en un abrazo solidario de libertad.

También esta mañana, los familiares de estos presos indígenas, en su mayoría mujeres, se instalaron en plantón a un costado de la catedral, para exigir la liberación de los miembros de la Voz del Amate, Voces Inocentes, Solidarios con la Voz el Amate y la comunidad organizada de Mitzitón.

En el mismo atrio de la llamada Catedral de la Paz se celebrará el próximo fin de semana la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, para la cual hoteleros y restauranteros esperan un gran número de visitantes que vienen a valorar las bellezas del estado. Las autoridades ya instalaron un gran pabellón de lona para el acto, a unos metros de donde se encuentra el plantón indígena demandando justicia.

Este se anuncia como un plantón indefinido hasta lograr la libertad de sus presos, quienes iniciaron una huelga de hambre y ayuno el 29 de septiembre en tres penales de Chiapas, ya que muchos de ellos llevan varios años sufriendo injustamente por los actos del mal gobierno. Y nosotros, familiares, luchamos junto con ellos y no vamos a descansar hasta verlos fuera de las cárceles

CARTONES







sábado, 8 de octubre de 2011

Se ha perdido el miedo al contagio del VIH; falta inculcar la prevención desde la escuela

De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Lucha contra el Sida, los retos que tiene el país respecto de este mal son significativos, pese a que ya han transcurrido tres décadas desde que se detectaron los primeros casos en el mundo.

David Alvarado, presidente de dicha agrupación civil, indicó que aunque son muchos los años de experiencia en la lucha en contra del VIH/sida, en México aún no se ha logrado abatir el estigma y la discriminación que experimentan quienes son portadores del virus, particularmente debido a que ha faltado educar desde la infancia, sobre todo desde la escuela, tanto en el sentido de respeto a la diversidad, de inculcar la prevención, y se ha carecido de una educación sexual más amplia y que no sólo se refiera a la reproducción.

En entrevista también hizo hincapié en que tampoco se ha concientizado a la nuevas generaciones, las que no les tocó vivir el primer impacto de lo que era el VIH, y en donde debido al discurso de que o te cuidas o tu vida termina, muchos logramos un cambio y una adecuación.

Indicó que ahora la mayor parte de los adolescentes y jóvenes no dan la misma importancia a la prevención, pues se perdió el miedo a esta enfermedad, particularmente porque no fueron testigos de los estragos que causó en un principio y de que era una sentencia de muerte inmimente y actualmente debido al avance farmacéutico se ha convertido prácticamente en un mal crónico, ya que la sobrevida es cada vez más prolongada.

Por desgracia las nuevas generaciones de entre 15 y 22 años o un poco más no tienen esta visión de prevención, perdieron el miedo al contagio. Revertir esto es un gran reto, así como evitar que se den nuevas infecciones en personas que ya son portadoras del virus.

También destacó que aunque hay cobertura universal en el país en cuanto a dotación de antirretrovirales, no se cuenta con una atención integral para los pacientes, debido a que hay “otras carencias.

La cobertura universal de medicamentos antirretrovirales es un hecho, pero hay otras limitantes, pues no siempre hay acceso a pruebas de detección y a otro tipo de profilácticos para otras infecciones de transmisión sexual o infecciones oportunistas: en eso hay carencia. En cuanto a la universalidad en antirretrovirales también sigue habiendo problemas en algunos casos por la burocracia: no se entregan recetas, no se surten a tiempo, y esto provoca que quienes están recibiendo la medicación se vuelvan muy vulnerables.

Alvarado insistió en que también debe desplegarse una política de equidad de género, que sea real, que no sólo esté en los discursos políticos y subrayó que la educación es fundamental para un cambio de actitud, y respecto a los recursos destinados para la atención y prevención del virus consideró que para el próximo año deberían incrementarse, pues aunque la población registrada con VIH es de alrededor de 240 mil, se estima que los casos son muchos más.

“Estimamos grosso modo que por cada persona que sabe que es portador del VIH hay tres que no lo saben, y este es un cálculo muy suave. ¿Qué pasaría si esta población que no lo sabe en un momento accediera a una prueba y demandara tratamiento? Los costos serían altísimos”. Por eso señaló que los recursos para el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida) deberían elevarse para 2012 en por lo menos 25 por ciento. Este año dicha instancia cuenta con unos 123 millones de pesos para sus tareas

El estrés, factor importante en la presentación de dolor de cabeza

Esta condición se puede convertir en amenaza para todo el cuerpo, sobre todo cuando coincide con falta de ejercicio físico, exceso de peso, tabaquismo o ingestión excesiva de bebidas alcohólicas

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Paciente con dolor de cabeza, entre otros síntomas, en espera de ser atendido en el hospital Enrique Cabrera, de Lomas de Tarango; imagen de archivoFoto José Carlo González
Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Sábado 8 de octubre de 2011, p. 33

Cancún, QR, 7 de octubre. El dolor de cabeza es la principal causa de consulta en los servicios médicos, y aunque su origen es diverso, un detonante puede ser el estrés, advirtieron especialistas en neurología. Señalaron que esta condición se convierte en una amenaza para todo el cuerpo, pero se agrava por otros elementos como la falta de ejercicio físico, el exceso de peso y hábitos como fumar o ingerir alcohol.

Silvia Patricia González, neuróloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, aseguró que ya está demostrado que a nivel del sistema nervioso central, el daño del estrés se refleja en la pérdida de memoria de corto y largo plazos, así como alteraciones en la percepción.

En entrevista, explicó que la presión a que están sometidas las personas por cuestiones laborales o económicas hace que el organismo libere sustancias que modifican la estructura celular y eventualmente pueden ser el motivo de enfermedades diversas.

Aunque también existen otros factores que condicionan el desarrollo de padecimientos, como la predisposición genética, la interacción con el medio ambiente y la procedencia étnica.

En cuanto al dolor de cabeza o cefalea, comentó que otras causas posibles son las migrañas, una de ellas de origen tensional. También se presentan cuando existe abuso en la ingesta de analgésicos.

Algunas veces pueden ser secundarios a otro tipo de padecimientos como tumores o hemorragias en el cerebro. La especialista resaltó que cuando la cefalea se presenta en personas mayores de 30 años de edad, el médico debe buscar alguna causa orgánica como los males mencionados.

En cambio, en el caso de los niños son comunes las migrañas de etiología desconocida, las cuales desaparecen sin necesidad de tratamiento clínico en la mayoría de los casos.

Miriam Jiménez González, neuróloga en el Instituto Nacional de Pediatría, resaltó que la afectación orgánica causada por el estrés puede disminuirse cuando los individuos realizan ejercicio físico, evitan incrementar su peso corporal y llevan una dieta balanceada (menor consumo de grasas y azúcares, a cambio de mayor ingesta de verduras, frutas y agua).

Estas medidas son benéficas en general para preservar la salud y prevenir enfermedades cada vez más frecuentes entre la población, principalmente las de carácter crónico como diabetes, hipertensión arterial o afecciones cardiovasculares, pero también ayudan al organismo a tener una mejor respuesta frente a situaciones estresantes, indicó.

Las especialistas asisten en esta ciudad a una actividad científica donde este sábado se darán a conocer los más recientes avances en el tratamiento de la esclerosis múltiple, padecimiento que también afecta al sistema nervioso central

Mexicano estudiará con Nobel de Física

Es violinista profesional, cursó tres licenciaturas y pronto concluirá la maestría en física. Tiene 25 años y será el primer mexicano becado por la Universidad de Manchester, Inglaterra, para estudiar un doctorado como parte del equipo de investigación del premio Nobel de Física 2010, Andre Geim, quien a su vez, con el también galardonado Konstantin Novoselov, descubrió el material bidimensional de grafeno.

Apasionado de las nuevas tecnologías y su aplicación, Marcelo Lozada Hidalgo, estudiante de posgrado de la UNAM, donde cursó la licenciatura en física, fue reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como uno de los mejores alumnos, por lo que se hizo acreedor a la beca doctoral en física experimental del estado sólido Andre Geim, recién creada y asignada a un solo estudiante.

Enrique Villa Rivera, director general del Conacyt, destacó la trayectoría académica de Lozano Hidalgo, quien cursó las licenciaturas de economía y matemáticas aplicadas en el Instituto Autónomo Tecnológico de México (ITAM), y a quien invitó a regresar a México al concluir sus estudios.

En el acto, al que asistió Colin Bailey, vicerrector de la Universidad de Manchester, el funcionario reconoció el apoyo invaluable otorgado a Lozano Hidalgo por su familia, y en particular su padre, Marcelo Lozada y Cassou, galardonado en 2010 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en ciencias físico-matemáticas, por su trayectoria académica.

En entrevista, Lozada Hidalgo afirmó: Mi compromiso es claro y está con México. Estoy seguró que regresaré tras concluir mi doctorado

Batres ofrece apoyo a trabajadores de Mexicana

El dirigente de Izquierda Social del PRD, Martí Batres Guadarrama, ofreció a los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes se mantienen en plantón frente a la SCT desde hace un año, ser el vínculo con partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos para mantener la lucha por la reactivación de la aerolínea y la recuperación de sus empleos.

Al visitar el campamento, como dirigente social vinculado al Movimiento Regeneración Nacional que dirige Andrés Manuel López Obrador, Batres se comprometió también a buscar algunos apoyos para ayudar a las trabajadoras que son madres de hijos pequeños y que tras un año sin ingresos desde que se declaró la quiebra de la empresa, enfrentan situaciones complicadas.

En entrevista, el ex secretario de Desarrollo Social y aspirante a la candidatura para jefe de Gobierno advirtió que elegir un mal candidato a dicho cargo podría generar riesgos a la izquierda para volver a ganar el Distrito Federal.

Dijo que son tres las condiciones para volver a ganar la ciudad: buen programa, buen candidato y la unidad de todas las izquierdas.

Presuntos paramilitares asesinan a comunero y activista en Michoacán

De 2008 a la fecha han sido ultimados 23 campesinos nahuas, según organizaciones civiles

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En imagen de archivo, Pedro Leyva Domínguez, activista asesinado ayer en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, MichoacánFoto Arturo Campos Cedillo
Ernesto Martínez Elorriaga y Raúl Torres
Corresponsal y La Jornada Michoacán
Periódico La Jornada
Sábado 8 de octubre de 2011, p. 27

Morelia, Mich., 7 de octubre. La comisión por la defensa de los bienes comunales de la población nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, informó que el activista Pedro Leyva Domínguez, participante en la lucha por la recuperación de tierras contra los pequeños propietarios de la comunidad de La Placita, fue asesinado la noche del jueves por un grupo de paramilitares.

El cuerpo del miembro de la guardia comunal de Ostula, y representante ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue encontrado en el poblado de Xayakalan, perteneciente al predio que los comuneros de Ostula recuperaron el 29 de junio de 2009, tras una larga lucha con los pequeños propietarios.

El crimen de Leyva Domínguez ocurre a unos días que la comunidad concluya una consulta interna a fin de de analizar y tomar decisiones en torno de la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural, sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica al poblado, sobre la posesión y propiedad del territorio y lograr una compensación económica a los pequeños propietarios que se dicen afectados.

Sin embargo, la consulta en Santa María Ostula no ha podido ser concluida, debido a la ola de violencia que se ha desatado contra sus líderes, por lo que en la comunidad se reorganizó la policía comunitaria tradicional y se nombró una guardia comunal ejercer su derecho a la autodefensa.

La comunidad ha denunciado acciones de contrainsurgencia a manos de grupos de narcotraficantes, paramilitares y policías; además, acusa que existe una fuerte presión para obligarlos a abandonar las tierras recuperadas y romper el acuerdo de asamblea que determinó no permitir la instalación de casillas en la comunidad durante los comicios del próximo 13 de noviembre noviembre para renovar la gubernatura, el Congreso y 113 ayuntamientos.

El pasado 27 de octubre, Leyva Domínguez asistió a la ciudad de México a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones, como las que integran la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y los representante de los gobiernos federal y estatal de Michoacán, a fin de abordar, entre otros temas, el de la seguridad de las autoridades comuni-tarias, debido al temor y riesgo que enfrentan desde que se recuperó el territorio de Xayakalan.

Más de dos años de crímenes

El comunicado de la comisión señala que Leyva Domínguez fue cobardemente asesinado por paramilitares que operan en la región al servicio de los grupos de la delincuencia organizada, que desde hace más de dos años persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de la comunidad y de los pueblos vecinos con total impunidad.

La violencia y las agresiones contra los miembros de la comunidad nahua de Santa María Ostula continúan ante los ojos cómplices de los gobiernos federal, estatal y local, sostiene.

En un comunicado, la Agrupación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas exigió que el gobierno de Michoacán y el federal cumplir con las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos.

Además solicitaron que cese el hostigamiento militar y paramilitar contra líderes del poblado y las autoridades civiles y agrarias, y que el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria finalmente dé solución al conflicto.

De la misma forma pidió garantías para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal y se respete la decisión de los nahuas de Ostula de no participar en el proceso electoral de Michoacán.

Origen del conflicto

El conflicto tuvo su origen en la ejecución de un fallo presidencial de 1964 que dotó a Santa María Ostula de 19 mil 32 hectáreas, entre las que se incluyeron presuntas propiedades particulares, sobre las cuales los comuneros realizaron actos de dominio en 2003.

En respuesta, los pequeños propietarios interpusieron una controversia agraria en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, por 359 hectáreas.

El tribunal determinó que se debían respetar 277 hectáreas a los propietarios particulares por haber acreditado su tenencia con escrituras, pero también ordenó entregar a la comunidad 83 hectáreas en poder de los particulares.

Ambas partes se inconformaron e interpusieron recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario, que confirmó su sentencia. La comunidad promovió amparo ante el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que ordenó al Tribunal Superior Agrario reponer el procedimiento, el cual actualmente se encuentra en trámite.

Cabe señalar que según organizaciones civiles de julio de 2008 a la fecha han sido privados de la vida 23 comuneros nahuas. Además, han sido secuestrados o desaparecidos de febrero de 2010 a la fecha, Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Máximo Magno Valladares y Enrique Domínguez

Asumirá la CNDH caso de presa por homonimia

Culiacán, Sin. La Comisión Estatal de Derechos Humanos turnó a la CNDH el caso de Graciana Meza Beltrán, quien estuvo presa tres meses por tener el mismo nombre de una persona involucrada en delitos contra la salud. Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo, señaló que hay elementos para presumir que hubo anomalías en el proceder de agentes federales adscritos a la Procuraduría General de la República, y del Ministerio Público, por no investigar ni detectar que se trató de una homonimia.

Exhiben anomalías de ex líder priísta

Chihuahua, Chih., 7 de octubre. Un diario local publicó este viernes una lista de 14 propiedades, que supuestamente tienen un valor superior a 50 millones de pesos, registradas a nombre de los hijos de Noel Salgueiro Nevárez, el mismo día y en la notaría pública número tres, cuyo titular es el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex secretario general de Gobierno Sergio Granados.

Por segundo día consecutivo fueron colocados narcomensajes en distintos puntos de la capital en relación con la detención de El Flaco Salgueiro, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, en los cuales se acusa a policías estatales y municipales de brindarle protección y participar en los levantones y ejecuciones ordenados por el cártel de Sinaloa.

El Diario de Chihuahua documentó que el 30 de enero de 2007 fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad 14 propiedades a nombre de tres hijos de Noel Salgueiro, correspondientes al fraccionamiento de un predio de más de 900 hectáreas ubicado en el ejido Nombre de Dios.

Todo el trámite lo realizó la notaría tres, de Sergio Granados, y quedó registrado en marzo de 2008, cuando el notario ya fungía como secretario general de Gobierno en la administración de José Reyes Baeza Terrazas y había iniciado la Operación Conjunta Chihuahua.

Interrogado sobre el asunto, el gobernador César Duarte aseveró que su gobierno coadyuvará con la Procuraduría General de la República a ubicar todas las operaciones que había efectuado Noel Salgueiro en la entidad y a profundizar en las investigaciones.

Este viernes, en la capital, fueron colocadas dos mantas más, en las cuales el cártel de Juárez señala e identifica por apellidos a varios mandos policiacos estatales y municipales en la protección de las actividades delincuenciales de Salgueiro.

Los mensajes, colocados en la cerca de un centro de espectáculos en la avenida Tecnológico y otro en la avenida Los Nogales, ambas de alta circulación vehicular, dicen: “Colaboradores del gobierno corruptos que están en la nómina del cártel de Sinaloa realizan levantones bajo las órdenes directas de la célula del Flaco Salgueiro: Aguilera y sus hijos, Solares, Valencia Rocha, Ranulfo, hermanos Ituarte, De Santiago Zúñiga, Segovia, Eleazar Rascón Payín. Elementos del grupo Gamma: Rentería, Huerta Versosa y Javier Díaz. Y nuestras autoridades lo siguen ocultando. Atte. NCJ

Valls: las reformas sobre derechos humanos abonan a la democratización

Con las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos el Poder Judicial Federal (PJF) tiene y tendrá un papel fundamental en la búsqueda por alcanzar una auténtica democratización y acceso universal a la justicia en el país, aseveró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández.

Al ofrecer la conferencia magistral Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, en la Universidad Autónoma del Estado de México, el ministro señaló que para concretar este papel fundamental del PJF los jueces tenemos la importante, trascendente e ineludible encomienda de aplicar las reformas bajo los principios en materia de derechos humanos y cumpliendo con las obligaciones que como autoridades tenemos.

Señaló que la relación entre el Poder Judicial Federal y los jueces locales debe darse bajo los principios de independencia, ética y respeto mutuo, por lo que es tarea de todos los jueces prepararse para resolver de la mejor manera los problemas que se presenten, a fin de servir a la ciudadanía, toda vez que el futuro del nuevo amparo está en la interpretación congruente que hagan en cada caso que les toque conocer.

El ministro explicó que tras las nuevas reformas constitucionales en la materia el papel de los jueces ya no implica la simple aplicación de la ley, sino el deber de velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas; sin embargo, aclaró, esto no lo podemos hacer suplantando las funciones del legislador o del poder constituyente.

Valls subrayó que, en principio, esta tarea puede parecer intimidante, ya que la realidad hizo cambiar nuestro esquema de resolución de conflictos y hace adecuarnos a un nuevo sistema.

Para ampliar su argumento citó al constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky: Los jueces debemos tomar una actitud de modestia respecto de las experiencias de otros, en relación con nuestros problemas. No creer que estamos solos en nuestro camino como jueces y presumir que somos los mejores. Debemos tomar una posición de prudencia para aprender de los éxitos y los errores de los demás.

Bajo este presupuesto, dijo, la jurisprudencia supranacional no implica la degradación del sistema jurídico, sino un complemento en beneficio de los derechos humanos

Se suman otros dos indígenas a la huelga de hambre de presos de la otra campaña

San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de octubre. Este viernes cumplen nueve días en huelga de hambre los presos indígenas de la otra campaña en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 5 de este municipio. A las siete personas en ayuno total desde el 29 de septiembre, y cuatro en ayuno de 12 horas diarias, se han sumado dos, una en el Cerss 14 de Cintalapa (El Amate) y otra en el Cerss 6 de Motozintla.

La asamblea de adherentes a la otra campaña en Chiapas se pronunció este jueves por la liberación de los presos en lucha, quienes permanecen en el patio del penal sin ingerir alimentos. El pasado día 3, Juan Collazo Jiménez, preso en Motozintla y miembro de los Solidarios de la Voz del Amate, y Enrique Gómez Hernández, de la misma organización en el penal del Amate, se declararon en ayuno y se sumaron a las exigencias los los huelguistas.

La otra campaña denuncia en particular el acoso y las amenazas que está sufriendo Rosa López Díaz por parte de funcionarios del Cerss 5 y de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. Es intimidada con la intención de que desista del ayuno, y la amenazan constantemente con quitarle a su hijo de dos años y tres meses de edad, quien vive con ella en el penal. La presionan fotografiándola y la condicionan para que firme papeles cuyo contenido desconoce.

Queremos dejar constancia del trato vejatorio y arbitrario que nuestros compañeros han padecido en prisión en el transcurso de los años de encierro. La dispersión, la mala alimentación, el inadecuado acondicionamiento de las instalaciones penitenciarias, el régimen de hacinamiento. También [queremos] denunciar el hecho de que todos fueron brutalmente torturados durante su detención, y casi siempre repitiéndose el mismo patrón de golpes, amenazas; cubrirles el rostro para crear mayor desorientación e impacto sicológico; bolsas de plástico en la cabeza con intención de asfixiarlos, y como culminación, descargas eléctricas.

La asamblea de adherentes chiapanecos a la otra campaña subraya que los derechos de estos reclusos fueron completamente violados durante sus declaraciones en el Ministerio Publico, no tuvieron acceso a un abogado ni a traductores que conociesen su lengua y sus costumbres.

La otra campaña se pronuncia por la liberación de los presos de la Voz del Amate, Solidarios con la Voz del Amate, Voces Inocentes y de la comunidad organizada de Mitzitón, haciendo énfasis en la liberación del profesor Alberto Patishtán Gómez, privado de libertad desde hace más de 11 años por delitos que jamás cometió y que fueron prefabricados desde instancias gubernamentales.

Prohibición levantada

Por su parte, los presos que realizan la protesta denunciaron en un manuscrito que las autoridades carcelarias han impedido la visita de médicos para valorar el estado físico de los ayunantes. El director del Cerss sancristobalense argumentaba que cumple órdenes del subsecretario general de los Cerss, pero esta mañana, el vocero de la Voz del Amate, Alberto Patishtán, informó vía telefónica que al parecer dicha prohibición fue levantada.

Seguiremos adelante, sostuvo el vocero tzotzil, pues nuestra misión es decir la verdad. En referencia a las expresiones de solidaridad que han recibido de Francia, el España, Estados Unidos y nuestro país, llamó a sus simpatizantes a no cansarse. Todos estamos invitados a defender al ser humano, a seguir trabajando por ese lado porque en cada esquina están las injusticias, como es el caso de los encarcelamientos que impugnan con su protesta

CARTON DE LA JORNADA

BAILE DEL GOBIERNO LEGÍTIMO‏

Compañer@:

Te envío la invitación para el baile del Gobierno Legítimo que celebra el día viernes 14 de octubre a partir de las 20:30 horas, con la intención de recabar fondos. El costo es de $100.00 cada uno.
El evento es en el Salón Icaro ubicado en Amado Nervo esquina Lauro Aguirre, Col. Agricultura a una cuadra del mero Normal.
Si te interesa tengo boletos en la Cámara estoy en el edificio B, 1 en el PT, por esta esta vía o al 54225004 o con Lucia Galán en el 42124417 en las oficinas de San Luis Potosí 71, Col. Roma.
Es una muy noble causa. Asiste y diviértete.
Saludos, Josefa

viernes, 7 de octubre de 2011

El Estado no debe comprometerse moralmente para salvaguardar derechos humanos: ombudsman

  • Inauguran seminario para reflexionar sobre el principio y el final de la vida
  • Guillermo Montalvo Fuentes
    Foto: Guilermo Montalvo Fuentes
    México DF, septiembre 27 de 2011.
    Para salvaguardar los derechos humanos de todas y todos es fundamental que el Estado no se comprometa moralmente con una posición, lo que quiere decir que debe estar por encima, al lado o por debajo de la moral pública, para que así sean respetadas todas las posibles morales coexistentes en una sociedad como la nuestra, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia.
    El titular del organismo subrayó que en materia de interrupción legal del embarazo, eutanasia, suicidio asistido y maternidad subrogada, es derecho de las personas decidir y no del Estado a través de imposiciones.
    Por tal motivo, señaló que pronunciamientos como el hecho recientemente por Felipe Calderón, Jefe del Ejecutivo facional, “polarizan” a la sociedad, cuando al contrario, dijo González Placencia, es necesario armonizar una posición clara de respeto a los derechos fundamentales.
    Cabe recordar que recientemente Calderón Hinojosa manifestó una postura de “privilegio a la vida”, en torno al debate que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde se discute acerca de la inconstitucionalidad de las reformas en los estados de Baja California y San Luis Potosí, las cuales cierran la posibilidad a la interrupción legal del embarazo en sus territorios.
    Las declaraciones del ombudsman capitalino surgieron durante la inauguración del seminario interdisciplinario “Reflexiones éticas acerca del principio y el fin de la vida”, convocado por la CDHDF, el Colegio de Bioética, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.
    El objetivo del seminario es discutir, desde una perspectiva laica y científica, temas como la interrupción legal del embarazo y la eutanasia, para lo cual se contará con la participación de defensores y defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, además de funcionarios, profesionales y estudiantes de la salud, el derecho y la filosofía.
    La actividad se realiza en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, conmemorado cada 28 de septiembre, e instaurado por el movimiento feminista desde hace 21 años, con el objetivo de incrementar los servicios de interrupción del embarazo legales en la región.

    Restringir derechos humanos, práctica discriminatoria: ministro Luis María Aguilar

    Si un espermatozoide fecunda a un óvulo, nacerá un ser humano y no un perrito o un gatito”: Sergio Aguirre Anguiano
    Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, septiembre 26 de 2011.
    El derecho a la vida es fundamental y lo tiene toda persona por el hecho de serlo, por lo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar, consideró que ninguna constitución estatal debe definir los derechos fundamentales, ya que este es un deber de la legislación federal.
    Explicó que una ley ordinaria no puede rebasar el efecto de una ley federal, lo cual detentaría el principio de supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentó que las constituciones estatales sólo regulan el funcionamiento orgánico de las entidades federativas, pero no definen derechos fundamentales.
    En el marco de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009 promovida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y de Protección Ciudadana de Baja California contra los poderes Legislativo y Ejecutivo por las invalidez del artículo 7 de la constitución política de esa entidad, el cual señala que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida.
    Si los estados definieran los derechos humanos, se generaría que los derechos no fueran iguales para todos y tendrían un significado distinto para cada habitante del país. Sólo se aplicarían a un número limitado de mexicanos, lo cual resultaría una práctica discriminatoria, porque no podrían acceder todos a ellos, dijo el ministro, quien aseveró que el tema del derecho a la vida y la definición de este es competencia de la legislación federal y por tanto, sólo debe estar asentado en la Ley Suprema.
    Por su parte, el ministro Sergio Aguirre Anguiano, se manifestó en contra de la postura adoptada por el proyecto que plantea la inconstitucionalidad de las reformas al artículo 7 de la Constitución Política de Baja California.
    Planteó que el proyecto da a entender que “si no nace, (un individuo) eres una cosa”, pues para él toda vida humana tiene como principio la fertilización del óvulo y termina con la muerte, por lo que la vida tiene un origen natural y no es “una ficción jurídica”.
    “Es lógico que si un espermatozoide fecunda a un óvulo, nacerá un ser humano y no un perrito o un gatito”, concluyó.

    De ser necesario, acudiremos a CIDH a defender derechos de las mujeres , Inmujeres SLP

    Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, septiembre 26 de 2011.
    En caso de que la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso Estatal de San Luis Potosí (SLP) contra la reforma que penaliza el aborto en la entidad sea negativa en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó Teresa de Jesús Mendoza Rivera, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí.
    Entrevistada tras la presentación de la serie documental Expedientes, las mujeres en la mira, en la Cineteca Nacional, la funcionaria potosina comentó que espera un fallo positivo por parte de los ministros de la SCJN, ya que a pesar de las críticas que se le han hecho al proyecto del ministro Fernando Franco, la realidad es que en San Luis Potosí (SLP) “ si una mujer tiene colocado el dispositivo intrauterino o toma algún anticonceptivo puede ser procesada y apresada, pues las leyes facultan al Ministerio Público para poder hacerlo”.
    Para la titular de Inmujeres SLP, las leyes contra el aborto en la entidad carecen de razón e indicó que la doble moral existente en los estados del centro del país ha causado muchos daños, por lo que trabaja en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en su entidad, la cual permite brindar a mujeres víctimas de violencia sexual la anticoncepción de emergencia o interrumpir su embarazo, pero en caso de que no se les pueda garantizar esto a las mujeres, iniciaría la búsqueda de justicia fuera del país.
    El pasado 13 de septiembre , el ministro Fernando Franco presentó un proyecto en relación con las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 presentadas por los gobiernos de Baja California y San Luis Potosí, que establecen se debe declarar la inconstitucionalidad de las reformas que protegen la vida prenatal por vulnerar la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular su libertad y salud reproductiva.
    Los documentos elaborados por el ministro señalan que aun cuando dichas reformas fueron elaboradas con la finalidad de proteger la vida prenatal, ningún estado podrá dejar de proveer el servicio de aborto en los casos previstos por la Norma Oficial Mexicana 046, ya que de lo contrario se violarían los artículos 1, 4 y 29 de la Constitución Política Mexicana, además del 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el gobierno de México.
    En tanto, el pasado jueves, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Grupo de Información en Reproducción Elegida presentaron un documento de amicus curae ante la SCJN.
    El documento establece que en otros países, ante casos similares, las Cortes han determinado que la vida en gestación debe protegerse de forma compatible con los derechos de las mujeres.
    A partir de hoy se discute en el pleno de la SCJN el proyecto del ministro Franco tras una semana de estudio por parte de los otros ministros. Para obtener un fallo positivo se requieren ocho votos a favor.

    Abre la UNAM proceso para elegir rector; Narro confirma aspiración

    Los interesados comparecerán ante los notables

    El nombramiento, a mediados de noviembre

    Emir Olivares Alonso
    Periódico La Jornada
    Viernes 7 de octubre de 2011, p. 40

    Este jueves empezó formalmente el proceso para designar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2011-2015, con la emisión por la Junta de Gobierno (JG) de la convocatoria para elegir al universitario que encabezará la institución en los próximos cuatro años.

    El órgano de la máxima casa de estudios exhortó a alrededor de 316 mil estudiantes, más de 36 mil académicos, 30 mil trabajadores administrativos y a personas externas –pero que mantengan alguna relación con la UNAM– a participar y manifestar su apoyo por quienes consideren que tienen méritos para ocupar el cargo.

    Como informó La Jornada la semana pasada, la JG (conformada por 15 universitarios notables) hizo público el llamado a la comunidad de la institución para este proceso. Fuentes del organismo afirmaron que la noche del miércoles se decidió adelantar la convocatoria, pues originalmente estaba planeado que se diera a conocer el próximo lunes.

    El documento difundido por la JG dice que con base en la fracción VII del artículo tercero constitucional, y con apego al artículo sexto, fracción I, de la Ley Orgánica de la UNAM, se hace público que con esta fecha inicia el procedimiento conducente al nombramiento de rector para el periodo 2011-2015, y convoca a los integrantes de la comunidad universitaria a que participen y se expresen con libertad y responsabilidad.

    Refiere que la legislación universitaria dispone que para ser rector se necesita ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 años y menor de 70, poseer grado superior al de bachiller, tener cuando menos 10 años de servicios docentes o de investigación en la UNAM, haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como persona honorable y prudente, y no ser miembro de la JG ni haberlo sido en los dos últimos años.

    Como es costumbre, el proceso se dividirá en tres etapas: un periodo de auscultación entre la comunidad para sondear las preferencias, la selección y publicación de los nombres de quienes a juicio de este órgano cumplan los requisitos, y la comparecencia de quienes aparezcan en ese listado ante los 15 notables para exponer sus proyectos. Después la JG analizará adhesiones y propuestas para designar al rector.

    En la primera etapa –que empezará este lunes y concluirá el 26 de octubre–, el órgano de gobierno recibirá las opiniones de los universitarios, quienes podrán hacer llegar sus planteamientos por escrito, firmados y con los nombres de las personas que consideren adecuadas para ocupar el cargo. Dichos documentos deben exponer y argumentar la propuesta.

    Asimismo, cinco comisiones –de tres integrantes cada una– de la JG recibirán en horas hábiles a los universitarios que deseen manifestar de palabra sus argumentos y razones por los cuales “alguno o algunos universitarios distinguidos deben ser tomados en cuenta (para el cargo). Los nombres propuestos y las razones expuestas (…) serán comunicados por estas comisiones al pleno de la junta”.

    Según se desarrolle el proceso de exploración, la propia JG podría adoptar cualquier otra forma que estime procedente para oír más opiniones. Una vez concluida esa etapa se darán a conocer los nombres de quienes, a juicio del organismo, cumplan óptimamente los requisitos de ley para acceder al cargo, dando paso a las entrevistas con los aspirantes, quienes tendrán que presentar sus proyectos de universidad ante los 15 notables.

    Finalmente, a mediados de noviembre el organismo procederá a nombrar formalmente al rector para el siguiente cuatrienio, de conformidad con la legislación universitaria.

    Diego Valadés, del IIJ, primero en apoyarlo; tendría respaldo de la mayoría de directores

    Emir Olivares Alonso

    Una vez publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno (JG) para designar a quien ocupará la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el periodo 2011-2015, el actual rector, José Narro, manifestó su voluntad de participar en el proceso.

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    El rector José Narro Robles durante su discurso de ayer en el que dio a conocer su aspiración a ser relecto en el cargoFoto Marco Peláez

    En un mensaje ante los medios de comunicación, el rector –quien de acuerdo con la Ley Orgánica de la institución tiene oportunidad de ser relecto para otro cuatrienio– aseveró que, de ser designado, pondré todas mis capacidades al servicio de la causa y me esmeraré para disminuir mis limitaciones al máximo.

    Exhortó a tanto a quienes lo apoyen como a quienes consideran que es momento de un relevo en la conducción de las tareas de coordinación, a participar en el proceso. Afirmó que en caso de no ser elegido apoyará a su sucesor.

    Si me conceden su respaldo, por supuesto que cuentan conmigo. Si piensan en otras opciones, me sentiré orgulloso de formar parte de esa posibilidad. Si se pronuncian por el cambio, quien resulte designado contará con todo mi respaldo; pueden estar seguros de que haré lo que me toca por ser consistente.

    Previamente, en un encuentro privado, Narro informó su decisión a directores de facultades, escuelas, centros e institutos, quienes prácticamente en su totalidad se pronunciaron por que continúe en el cargo y le manifestaron su apoyo, de acuerdo con directivos presentes en la reunión.

    En su mensaje, Narro recordó que haber sido nombrado rector hace cuatro años representa, por mucho, el mayor honor que se me ha conferido. Durante este tiempo he desempeñado las tareas inherentes a esa responsabilidad hasta el límite de mis capacidades.

    Dijo que en meses recientes ha escuchado diversas opiniones y ha realizado un ejercicio de reflexión que lo ayudó a fortalecer su convicción de servir a la UNAM. Por ello, respondo con prontitud a la convocatoria de la JG y expreso mi interés por ser considerado en el proceso que hoy se ha iniciado. Si cuento con el apoyo de nuestra comunidad, con el ánimo de los egresados y de los sectores interesados en la vida universitaria, además de llegar a tener la confianza de los integrantes del órgano colegiado convocante, aseguro que pondré todas mis capacidades al servicio de la causa.

    Subrayó que la comunidad y todos los mexicanos pueden tener la seguridad de que lo haría “con las más altas miras en mente y con la condición más acentuada de servir a esta gran institución, que es parte del orgullo nacional; que lo mismo nos identifica a quienes servimos y nos formamos en ella que a quienes se benefician del resultado de su labor.

    Hay muchos universitarios y universitarias que reúnen las condiciones para cumplir a cabalidad el cargo, aceptó, por lo que confió en que en las próximas semanas lleguen varias propuestas a la JG.

    Saldrá fortalecida

    Señaló que en esta etapa de designación la UNAM resultará fortalecida, y se comprometió a que durante la misma cumplirá lo que como rector le corresponde: facilitar la libre expresión de todos los miembros de la comunidad, actuar en el marco de la conducta que el proceso reclama y por ser un digno participante junto a otros universitarios.

    Narro –quien es el rector 40 en la historia de la institución– fue designado el 13 de noviembre de 2007, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo ocho años al frente de la institución. El próximo mes terminará las labores de su primer periodo.

    Horas después de este anuncio, Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue el primer universitario que abiertamente manifestó su apoyo para que la JG designe nuevamente a Narro.

    El constitucionalista, quien hace cuatro años contendió por la rectoría, dijo que Narro ha hecho un trabajo notable y admirable en la defensa de la autonomía, de la universidad pública mexicana y de principios básicos como el Estado secular. Además que ha fortalecido la investigación y la presencia de la UNAM en el ámbito nacional con la creación de la nueva Escuela de Estudios Superiores en León, Guanajuato

    En riesgo, nuevos campus del IPN por falta de presupuesto

    No hay ningún avance en la inversión pública: Bustamante Díez

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    El Politécnico destinará 5 millones de pesos para instalar un nuevo sistema tecnológico de vigilancia para evitar robos en sus instalaciones. Imagen de archivo de los laboratorios del Cecyt 6, Miguel Othón de MendizábalFoto José Carlo González
    Laura Poy Solano
    Periódico La Jornada
    Viernes 7 de octubre de 2011, p. 41

    De no incrementarse en mil 116 millones de pesos el presupuesto destinado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para 2012, estarán en riesgo nuestros principales proyectos de infraestructura, informó Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general de esa casa de estudios.

    Agregó que sin una reasignación presupuestal se comprometerían las obras en Zacatecas; el proyecto de un nuevo campus académico en La Paz, Baja California Sur, y el inicio de otro en Hidalgo, además de la conclusión de la sede en Veracruz. Sin recursos, peligra todo lo referente a obras, que es lo único que podemos suspender.

    En entrevista, luego de suscribir un convenio de colaboración con la empresa General Motors para impulsar nuevos proyectos de capacitación y formación de ingenieros, indicó que no hay ningún avance en la inversión pública que se destina a educación superior en México, pues enfatizó que estas las instituciones públicas del sector desafortunadamente debemos seguir buscando la comprensión del Legislativo, para que nos apoyen con recursos extraordinarios.

    La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), indicó, ha solicitado a la Cámara de Diputados 9 mil 560 millones de pesos para el sector, cantidad que de reasignarse nos ubicaría en el mismo nivel de financiamiento alcanzado en 2009, esto significa que hubo un decremento (presupuestal) en lo que formalmente nos fue adjudicado.

    Luego de reconocer que existen pocas posibilidades que la actual legislatura pueda aprobar la aplicación de presupuestos plurianuales como demanda la Anuies, indicó que las instituciones de educación superior debemos seguir insistiendo en que necesitamos certidumbre financiera. Saber qué podremos hacer las universidades e institutos con los recursos que nos asignan es un reclamo serio, pues la incertidumbre en la que vivimos nos acota y limita.

    Sin embargo, enfatizó que es lamentable que tengamos que invertir tanto tiempo y esfuerzo en cabilderar recursos, cuando esperaríamos que desde el principio estuviera claro que la política de apoyo a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación es el camino por el cual este país debe transitar.

    Asaltos y robos

    Afirmó que incluso para los proyectos en materia de seguridad se requieren recursos de la reasignación presupuestal, pues indicó que son parte de las demandas presentadas para incrementar los recursos públicos al IPN, que este año cuenta con 11 mil millones de pesos.

    Bustamante Díez dijo que se estima una inversión de cerca de 5 millones de pesos para instalar un nuevo sistema tecnológico de vigilancia, pues en todas las zonas del Distrito Federal, donde hay campus del politécnico hemos tenido incidentes de asaltos, robos de automóviles y computadoras, aunque muy pocos casos de agresiones personales.

    La directora general del IPN aseguró que las instituciones públicas de educación superior requieren ampliar su financiamiento para garantizar condiciones de seguridad para sus comunidades universitarias, porque el verdadero problema no está dentro de las instituciones, sino afuera de ellas, pero nosotros no podemos contrarrestar lo que ocurre fuera de nuestras instalaciones, por eso requerimos de equipamiento que nos permita ampliar los perímetros de vigilancia

    Vulgar oportunismo electorero de PRI y PAN: Batres

    El ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, acusó a diputados de PRI y PAN de querer golpearlo políticamente de cara a la contienda electoral de 2012 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, porque ven en él a su adversario político.

    En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, en la que estuvo acompañado de asambleístas del PRD pertenecientes a Izquierda Social (IS) e Izquierda Democrática Nacional (IDN), el ex servidor público exhortó al priísta Fidel Suárez y al panista Rafael Medina a prepararse mejor, pues de lo contrario harán el ridículo, tras adelantar que procederá jurídicamente en su contra por falsa declaración.

    El miércoles pasado, ambos diputados presentaron una denuncia penal en contra de Martí Batres en la procuraduría capitalina, por un supuesto fraude en la entrega de uniformes escolares.

    El perredista consideró esa denuncia carente de todo sustento, fundamento y veracidad, y que expresa ignorancia y mala fe.

    Llama mucho la atención que no haya habido cuestionamiento alguno de los diputados de PRI y AN, sino hasta ahora, cuando se avecina la coyuntura electoral de 2012, lo cual denota un vulgar oportunismo electorero, puntualizó.

    Aseguró que la entrega de uniformes escolares se ha hecho con apego a la legalidad, como se constata en las más de cinco auditorías realizadas a dicho programa, en las que las autoridades de fiscalización no detectaron ninguna anomalía

    Sinaloa: cierran 12 cárceles; 250 reos reubicados

    Prisiones municipales incumplían requisitos de rehabilitación

    Interno ahorcado en Morelia

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    Internos del penal de Salvador Alvarado, durante una visita de legisladores de Sinaloa, en imagen de archivoFoto Cortesía de El Debate de Sinaloa
    Irene Sánchez, Ernesto Martínez Elorriaga y Carlos Camacho
    Corresponsales
    Periódico La Jornada
    Viernes 7 de octubre de 2011, p. 33

    El gobierno de Sinaloa cerró 12 cárceles municipales y reubicó a sus 250 internos en otros penales del estado, informó Francisco Manuel Cordova Celaya, secretario de Seguridad Pública estatal.

    En respuesta a la recomendación 37/2011 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), recientemente fueron vaciadas y demolidas las cárceles de los municipios de Cosalá, Badiraguato, Salvador Alvarado, Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Elota, San Ignacio y Escuinapa, dijo el funcionario.

    Los penales de Rosario y Concordia se convertirán en museos, confirmaron los alcaldes Édgar González y Eligio Medina Ríos, respectivamente.

    Esta medida obedece a la recomendación de mejorar la atención a los internos, lograr la readaptación social y evitar hacinamiento y violaciones los sus derechos humanos, agregó. La cárcel de Concordia sólo tenía siete reos y la de Cosalá ocho, pero en ambas había un número similar de vigilantes, lo que resultaba oneroso.

    Los procesos de los internos continuarán en los penales de Ahome, Guasave, Angostura, Culiacán, Navolato y Mazatlán, donde otros 5 mil 798 internos purgan condenas, 30 por ciento por delitos del fuero federal.

    Precisó que algunos presidios incumplían los estándares internacionales para la rehabilitación, pues había edificios de más de un siglo de antigüedad; además, existían trabas legales para reducción de penas o libertad anticipada, beneficios disponibles en las prisiones estatales.

    Los traslados se hicieron con autorización del Tribunal de Justicia del estado y en coordinación con la la Procuraduría General de Justicia del Estado.

    Juan José Rios Estavillo, presidente de la CEDH, criticó que en Sinaloa no haya una política penitenciaria que garantice respeto a los derechos de los presos, pero consideró un avance que el gobierno de Mario López Valdez haya atendido la recomendación de cerrar 12 de las 18 cárceles municipales del estado.

    En Morelia, Michoacán, Vladimir García Andrés, un reo procesado por secuestro en el penal David Franco Rodríguez, fue encontrado ahorcado, informó la procuraduría estatal. Franco ingresó a la prisión en julio y se encontraba en el centro de observación y clasificación.

    De la prisión estatal de Pachuca, Hidalgo, un reo se evadió a las tres de la tarde de ayer, justo cuando el gobernador Francisco Olvera Ruiz y su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, firmaban un acuerdo de colaboración en seguridad pública.

    Elías Gallo González se fugó por la caseta 17, se supo extraoficialmente. La Procuraduría de Justicia del estado detuvo a dos custodios por su posible vinculación con la fuga, según la averiguación 12/DAP/443/2011

    "Emergencia" en materia de derechos humanos en el país

    México vive una grave situación en materia de transgresión a los derechos humanos que resulta ya inaceptable, con impunidad casi generalizada y una opaca delimitación entre las jurisdicciones militar y civil, advirtió el presidente del Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento alemán, Jurgen Klimke.

    Incluso, la parlamentaria Heiki Hansel, del partido La Izquierda, aseguró que ya no se puede hablar de un estado de derecho en México. Pidió a las instancias de gobierno tomar en serio los planteamientos y propuestas de las organizaciones en la materia y no criminizarlas.

    En conferencia de prensa, siete parlamentarios alemanes, integrantes del grupo de amistad, presentaron algunas de las conclusiones de su visita de trabajo al país, en la que durante una semana fueron a varios estados y se reunieron con funcionarios del gobierno federal –entre ellos la procuradora general de la República, Marisela Morales–, legisladores mexicanos, cónsules alemanes y representantes de varios organismos civiles y de derechos humanos.

    Klimke señaló que México es un socio muy importante para su país en todos los ámbitos y sectores, y que la situación de inseguridad, producto de la lucha contra el crimen organizado, no afectará las inversiones previstas por las empresas germanas.

    Dijo que desde mayo pasado, cuando el presidente Christian Wulff visitó México, ambas naciones trabajan en la elaboración de un programa de transferencia de conocimiento en materia de seguridad interna, el cual espera que esté listo a finales de año.

    Consideró que uno de los temas en que el país debe avanzar, en cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es en la delimitación entre las jurisdicciones civil y militar, tema vinculado directamente con el fuero castrense.

    Derivado de los diversos encuentros, Klimke lamentó que en el país se den amenazas masivas contra los defensores de las garantías fundamentales y represalias contra las víctimas. Aquí se da una situación de impunidad casi generalizada, que en el caso de las violaciones a los derechos humanos asciende a 97 por ciento, confirmado por los mismos implicados. Esto es inaceptable.

    Hansel se refirió a su encuentro con la procuradora Morales. Nos dijo que gran parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos forman parte de la esfera del crimen organizado. ¿Cómo puede decir que es gente involucrada con el crimen organizado, si 97 por ciento de los casos ni siquiera se persiguen y están sin esclarecer?, cuestionó.

    Achacar todo al crimen organizado y criminalizar a las víctimas tampoco puede aceptarse. México –agregó– vive una emergencia nacional en materia de derechos humanos

    Hay nexos entre narcos y el gobierno de Colima, revelan agentes destituidos

    Quince de los 43 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Colima destituidos la semana pasada por no aprobar los exámenes de control de confianza, amenazaron con revelar vínculos entre la delincuencia organizada y el gobierno estatal, si no son restituidos en sus cargos o liquidados conforme a la ley.

    Callados no nos vamos a quedar, alguien tiene que decir las cosas que están pasando en Colima, y si somos nosotros, lo vamos a hacer, y si por esa razón vamos a tener represalias, estamos dispuestos a morir, advirtió Nivardo Padilla Arceo, quien durante 28 años fungió como comandante.

    Los ex agentes se manifestaron ayer en el Congreso local, donde pidieron la intervención de los diputados para que los reinstalen en sus puestos o los indemnicen conforme a la ley.

    Padilla Arceo aseveró que el subprocurador Marcos Santana no pasó los exámenes de control de confianza, y continúa en la dependencia. Que nos aclare el gobierno del estado por qué están siendo tan tendenciosos si estamos atacando a la delincuencia organizada, demandó.

    Señaló que el gobernador Mario Anguiano Moreno no los ha querido recibir, a pesar de el haber solicitado una audiencia en palacio de gobierno.

    Recordó que en febrero pasado, cerca de 45 policías fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina; luego recuperaron su libertad sin que les comprobaran nexos con el narcotráfico.

    De esos 45 elementos, explicó, 10 fueron dados de baja la semana pasada a pesar de que había una orden de la misma dependencia federal para que ya no fueran nuevamente evaluados.

    Después de algunos minutos, los ex policías se reunieron con diputados y el priísta Francisco Zepeda, presidente de la mesa directiva del Congreso, quien aseguró que revisarán el caso y en breve darán respuesta a sus planteamientos.

    En este contexto, unos 800 elementos de las 33 corporaciones municipales de Morelos, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la PGJE reprobaron el examen de control de confianza, reveló el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Herrera Chávez.

    Entrevistado al término de la sesión extraordinaria del gabinete de seguridad que tuvo lugar la mañana de este jueves en Casa Morelos, de la capital del estado, aceptó que de esos 800 uniformados no aptos, la mayoría sigue en funciones.

    De los 8 mil efectivos policiacos que tiene Morelos, hasta ahora ha sido evaluado 70 por ciento. Herrera Chávez detalló que entre los 800 uniformados reprobados se encuentran los 42 mandos y submandos de 26 municipios que resultaron no aptos para desempeñar ese cargo.

    A 11 de esos 26 ayuntamientos, la PGJE les inició un procedimiento administrativo porque existe la presunción de que los jefes policiacos reprobados están ligados con la delincuencia organizada.

    Seiscientos de los policías que no pasaron las evaluaciones fueron policías rasos de los 33 municipios, de los cuales 200 ya fueron dados de baja o están en proceso de ser cesados.

    De los examinados en la SSP –cuya cifra no precisó– 61 reprobaron, mientras que 74 policías ministeriales tampoco resultaron aptos para cumplir su función.

    Por otro lado, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, anunció que se reforzará la seguridad en la Huasteca de la entidad, principalmente en los municipios que colindan con Veracruz, sobre todo en materia de robo de autos y las acciones se coordinarán con la Policía Federal y el Ejército.

    El mandatario signó con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, una carta de intención, para poner en marcha estrategias en materia de infraestructura carretera, salud, educación y seguridad, sobre todo en las entidades del centro del país, afectadas por la delincuencia organizada.

    Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, recomendó a la SSP de la entidad iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra el policía estatal Alfredo Morales Ramírez, quien a principios de año hirió de bala a un ciudadano en el municipio de Compostela, e indemnizar al afectado.

    Juan Carlos Flores, Rubicela Morelos, Myriam Navarro y Carlos Camacho, corresponsales

    Exigen ONG que la reforma sea efectiva

    El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos urgieron al gobierno mexicano a cumplir con su obligación de emitir una nueva Ley de Amparo, como se comprometió a hacerlo con fecha límite del 4 de octubre.

    Las organizaciones consideraron preocupante que el Congreso haya incumplido el plazo establecido para llevar a cabo dicha reforma, que serviría para hacer del amparo una herramienta útil y accesible en la defensa de los derechos humanos.

    Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones recordaron que el 6 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifican o adicionan varias disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución mexicana, con el objetivo de reformar de manera integral el juicio de amparo.

    Según la mencionada publicación, la fecha límite para aprobar esa reforma y expedir una nueva Ley de Amparo fue el pasado miércoles 4 de octubre.

    Por tal motivo, las organizaciones firmantes urgieron al Poder Legislativo a tomar en cuenta las recomendaciones y sentencias formuladas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la reciente reforma constitucional en esa materia sea efectiva.

    Señalaron en particular los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, para quienes el amparo no ha servido como un recurso efectivo de defensa.

    En agresiones similares a las que sufrieron ambas mujeres, dijeron, esta herramienta legal no ha servido para impugnar la declinación de competencia en favor del fuero militar, ya que el artículo 10 de la Ley de Amparo es sumamente restrictivo.

    Por tal motivo, las organizaciones exigieron que en la elaboración de la nueva Ley de Amparo se haga mucho más ágil, efectivo y accesible a este recurso; que pueda ser utilizado en eventos de detención arbitraria; que sea efectivo en casos donde la víctima quiera oponerse a que las autoridades civiles declinen competencia en favor de las militares, y que incorpore mecanismos para hacer plenamente justiciables los derechos colectivos

    Se recrudece la persecución contra bases de apoyo zapatistas en los Altos de Chiapas

    La ofensiva también pretende obstruir la educación autónoma que se imparte en la zona

    Hermann Bellinghausen
    Enviado
    Periódico La Jornada
    Viernes 7 de octubre de 2011, p. 20

    San Cristóbal de las Casas, Chis. 6 de octubre. En comunidades tzeltales y tzotziles de los Altos se ha desatado una persecución contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en particular contra la educación autónoma. Los hostigamientos, desencadenados por primera vez en junio y julio de 2010, se recrudecen ahora como síntoma de una inminente fiebre electoral que está adquiriendo en la región un claro carácter contrainsurgente.

    Arguyendo diferentes pretextos, grupos oficialistas, bajo influjo clientelar de precandidatos y partidos, pretenden despojar a los zapatistas de sus tierras. Sucede en la selva, la zona Norte, Chilón y Ocosingo, en la forma de artificiales disputas por las tierras recuperadas por los zapatistas después de 1994.

    En los municipios oficiales de Tenejapa y San Juan Cancuc, zapatistas pertenecientes al caracol de Oventic se encuentran amenazados y perseguidos en distintas comunidades. En Las Mercedes (Tenejapa), los priístas amagan con desalojarlos y expropiar sus tierras.

    Según reportan las brigadas civiles de solidaridad que recorrieron diversas regiones autónomas en días pasados para recoger testimonios de las comunidades asediadas, en Las Mercedes la agresión fue acordada por miembros de la comunidad, que realizaron la división de las tierras de los zapatistas, a quienes se les ha privado de los servicios de agua y luz.

    En junio del año pasado, las familias zapatistas explicaron formalmente a las autoridades de la comunidad y de la primaria oficial el inicio de una primaria autónoma, si bien se comprometieron a seguir cooperando con los trabajos y reuniones en beneficio de toda la comunidad. Días después, Miguel López Girón y dos hijos suyos fueron citados en la escuela oficial para informarles, de manera impositiva, que habían designado a uno de los hijos como comité de obras de educación. Miguel y sus hijos reiteraron que se iba a empezar la educación autónoma. El 13 de julio las autoridades oficiales y los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizaron una asamblea, y acordaron amenazas y persecuciones para desalojar a las bases zapatistas. En agosto demandaron penalmente a estas familias bajo falsos delitos, añade el reporte. Al día siguiente la autoridad municipal intentó, sin éxito, arrestar a López Girón.

    La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic ha manifestado su disposición a dialogar. No así las autoridades oficiales de la comunidad, quienes agudizaron las provocaciones y levantaron acusaciones ante la Procuraduría Agraria. En abril de este año determinaron “que si ‘el zapatista’ no se presentaba al tribunal agrario, ellos mismos buscarían vigilar, perseguir, secuestrar o tratar de matar a Miguel”, abunda el reporte.

    El 8 de julio de 2011, autoridades de Las Mercedes y sus seguidores cortaron los bajantes de luz de López Girón y María Intzin Méndez, a pesar de que la pagan y cuentan con sus recibos. El día 13 de ese mes, un centenar de priístas les cortaron el suministro de agua. Ahora, vigilados y perseguidos, les bloquean la carretera con piedras para impedir la entrada a su casas, en espera de la orden del mal gobierno y el tribunal agrario para dar paso al despojo y repartición de su tierra.

    Ante ello, los indígenas zapatistas declararon: Estamos resintiendo que no tengamos luz, agua y tierra, pero vamos a seguir la lucha. Aunque nos quiten las tierras, si se logra de morir se va a morir, si se logra de vivir se va a vivir.

    En tanto, en la comunidad de Cruztón, municipio autónomo San Juan Apóstol Cancuc, 13 familias zapatistas sufren represalias tras establecer allí una escuela autónoma. También privadas de luz y agua, los priístas les niegan acceso a la carretera y a los comercios del poblado

    CARTONES DE LA JORNADA