Leonardo Bastida Aguilar México DF, julio 28 de 2011. Detectar y tratar el virus de hepatitis C para erradicarlo del cuerpo del paciente y evitar que se convierta en una cirrosis o cáncer hepático es el principal objetivo de la campaña Voces frente a la Hepatitis C, organizada por la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (Fundhepa), por lo que es necesario incluir el tratamiento de la enfermedad en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular y servicios similares de seguridad social, afirmó Enrique Wolpert, director médico de Fundhepa. En conferencia de prensa con motivo del Día Mundial de las Hepatitis Virales, el especialista en enfermedades del hígado señaló que en México, la mayoría de los pacientes con esta variante de hepatitis, son detectados entre los 55 y 60 años de edad, por lo que ya presentan un estado avanzado del padecimiento y pueden derivar en enfermedades que requerirán de un trasplante de hígado. Añadió que el tratamiento para esta infección es una combinación de inyecciones y pastillas que se toman entre seis meses y un año, lo cual, aseguró, es más benéfico para el paciente y “barato” para los sistemas de salud. El especialista comentó que en el caso de esta variante de hepatitis, la mayoría de las infecciones se producen por contacto con objetos punzocortantes contaminados como son jeringas, piercing, instrumentos para manicure, pedicure o corte de cabello, navajas de afeitar y cortauñas. Por lo que los sectores más vulnerables a este virus son los usuarios de drogas inyectables y las personas a las que se les haya realizado una transfusión sanguínea antes de 1995. Sobre la infección vía sexual aseguró que en este caso la probabilidad es menor a 5 por ciento. Explicó que en México se registran 19 mil 300 casos nuevos cada año y la prevalencia de personas con hepatitis C es de 1.5 por ciento, aunque de acuerdo a estudios realizados por el Dr. David Kershenobich en el Hospital General, hay sectores de la población como el de personas con VIH en el que la prevalencia es de 1.04 por ciento, y en personas alcohólicas es de .88 por ciento. El especialista agregó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las entidades con los mayores índices de prevalencia de Hepatitis C son: Baja California, Nayarit, Morelos, Yucatán, Jalisco, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Wolpert señaló que a nivel mundial hay entre 130 y 170 millones de personas con hepatitis C, 350 mil muertes al año se producen por este virus y en población carcelaria la prevalencia es de hasta 35 por ciento. Por su parte, Luz María Aguilar, directora general de Fundhepa, indicó que el año pasado, la campaña de pruebas gratuitas realizada por Voces Frente a la Hepatitis C logró detectar más de 70 nuevos casos de hepatitis C, de los cuales, 46 dieron positivo en la prueba confirmatoria, por lo que este año, la organización civil trabajará en la difusión de información sobre los factores de riesgo que causan el padecimiento y se hará un llamado a las personas que sospechen padecer la hepatitis C a realizarse la prueba de detección Agregó que este año, la campaña de Voces Frente a la Hepatitis C, hará énfasis en difundir la información necesaria para invitar a la gente a realizarse la prueba y así poder curar la enfermedad sí se detecta a tiempo. Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud Pública presentó un suplemento especial sobre Hepatitis Virales, el cual contiene más de una decena de artículos donde se muestra el impacto de la infección en distintas regiones de nuestro país. Entre ellos, un estudio de la Secretaría de Salud, el cual indica que en el país, entre 2000 y 2007 se reportaron un total de 192,588 casos de hepatitis, 79 por ciento de A, 3.3 por ciento de B, 12 por ciento de C, y 12 por ciento desconocidos. En mayo de 2010, la Organización Mundial de la Salud resolvió que el 28 de julio de cada año sera reconocido como el Día Mundial contra las Hepatitis Virales, mediante la resolución WHA63.R18, con el fin de educar al respecto y lograr que se comprenda mejor el problema de salud pública mundial que éstas representan. El próximo sábado se realizará en el auditorio 5 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI el “Foro para personas que viven con hepatitis virales” a partir de las 9.30 am. Entrada libre. Para obtener mayor información al respecto se puede consultar la página de internet www.fundhepa.org.mx |
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 18
Madrid, 4 de agosto. Los pueblos originarios de América, desde Canadá hasta el cono Sur, viven afectados por numerosos proyectos de desarrollo y de extracción de recursos naturales, pues la mayoría de ellos se establecen en sus territorios y suponen una verdadera amenaza
, que puede llegar a su desaparición
.
Según el informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas, Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, a la marginación y discriminación histórica se suma ahora la connivencia
entre los diferentes estados con grandes multinacionales, que además de provocar desastres medioambientales han sembrado división y discordia entre las comunidades indígenas.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el próximo 9 de agosto, AI llamó a los gobiernos de América para que dejen de dar prioridad a proyectos de desarrollo sobre los derechos de esas comunidades
, pues son los principales perjudicados de los planes de extracción de minerales, recursos energéticos o de aprovechamiento de parajes naturales para grandes consorcios turísticos. Esto ocurre en la Amazonia, pero también en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o en el cono Sur. Se calcula que 40 millones de indígenas viven en América.
Resulta alarmante comprobar cómo se violan continuamente los derechos humanos de millones de indígenas en toda América. Su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro porque no hay voluntad política para reconocer, respetar y proteger sus derechos, cuando éstos se consideran un obstáculo para el crecimiento económico
, explicó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AI.
Una de las conclusiones del informe, basado en el trabajo de campo y en la recopilación de denuncias y alertas de las propias comunidades, es que los pueblos indígenas se han convertido en un estorbo para los intereses comerciales, por lo que los amenazan, los desalojan por la fuerza, los desplazan y hasta los matan en su afán por explotar recursos naturales de las zonas en las que viven
. Un drama que se ha agudizado por factores financieros, como la extracción de recursos naturales que sostienen las economías de varios países de la región y la recurrente corrupción de los gobiernos con grandes empresas.
Por ejemplo, en Brasil prosigue la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía, a pesar de la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener el proyecto hasta que se evalúe exhaustivamente su impacto sobre las comunidades. En países de toda la región como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú se ha omitido consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar leyes que amenazan su medio de vida. También se han realizado planes de desarrollo en tierras ancestrales sin respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Fernanda Daz Costa, redactora del informe de AI, explicó a La Jornada que “preocupa el aumento del interés en ciertas materias primas y recursos naturales en territorios de esas poblaciones.
“Pero también destaca que se ha incrementado la organización de los propios indígenas para expresarse. Sin embargo, la constante es un escenario de intensa conflictividad social que en muchos casos deriva en violencia, enfrentamientos en los que se involucran agentes del Estado. O la violencia la ejercen los propios servicios de seguridad de empresas que buscan extraer recursos naturales. Así que los agentes externos (las empresas) operan para dividir a las poblaciones. Hay casos de comunidades que se enfrentan entre sí.
La investigadora reconoció que es difícil
probar la relación de grandes empresas con los asesinatos políticos, la persecución judicial, amenazas y la desaparición forzada de líderes indígenas. Pero hay muchos indicios y denuncias
que apuntan a esa teoría, la de la participación de servicios de seguridad de multinacionales en la creación de grupos paramilitares o que eliminan a líderes problemáticos. Todo esto con la connivencia del gobierno o del Estado
, explicó Daz Costa, citó como caso paradigmático el de la comunidad Sarayacu, en Ecuador, que hoy está ante la CIDH. En este caso la comunidad probó que la empresa Texaco llegó acompañada del ejército en la década de los 90 y cometió numerosos secuestros, amenazas, violencia y asesinatos. Digamos que la empresa y el gobierno actuaron de forma coordinada
, explicó.
Indicó que hay numerosas denuncias de la supuesta vinculación de multinacionales que financian a paramilitares, que en el caso de Colombia han ocasiondo muertes y destrucción el país. Muchas veces el eje de la discriminación es que el Estado no tiene herramientas legales suficientes para exigir a las empresas que actúen con base en los derechos humanos. Los organismos fiscalizadores del Estado no funcionan o simplemente la corrupción se impone.
El informe completo se puede consultar en la siguiente dirección: www.amnesty.org



