viernes, 8 de julio de 2011

A Valdemar le harán "lo que el aire a Juárez", dicen abogados católicos

A Valdemar le harán lo que el aire a Juárez, dicen abogados católicos
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2011, p. 10

La defensa legal del director de comunicación social de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, criticó la actuación de la Secretaría de Gobernación; de su titular, Francisco Blake, y de sus achichincles en torno a la orden que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sancione al citado sacerdote por considerar que violó la ley electoral cuando llamó –el año pasado– a no votar por el PRD.

Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, señaló que al aceptar amonestar al religioso, Blake se convirtió en el gatillero y el trapeador del PRD, y sostuvo que dado que la ley no prevé sanción, aunque Gobernación instale una comisión para castigar a Valdemar Romero, le harán lo que el viento a Juárez.

El litigante lamentó la falta de tino y oficio político del secretario y calificó la situación como una persecución religiosa, pues insistió en que no hay sustento jurídico.

En este sentido, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, sostuvo en su escrito semanal denominado Clérigos sin libertad de expresión, que es urgente proponer avances en materia de libertad religiosa como un derecho fundamental para todos, e hizo hincapié en que las leyes civiles se contradicen

Tenemos comprobantes de los desvíos de Yunes y Villalobos, dice la Fedessp

Tenemos comprobantes de los desvíos de Yunes y Villalobos, dice la Fedessp
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Víctor Bernardo Gómez, presidente de la Fedessp, analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal por los quebrantos millonarios al IsssteFoto María Meléndrez Parada
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2011, p. 17

La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) aseguró que apoyará con pruebas la investigación que realice la Cámara de Diputados sobre los desvíos, irregularidades y malos manejos en que han incurrido tanto el anterior director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), Miguel Ángel Yunes, como el actual, Jesús Villalobos, ya que se pueden demostrar los quebrantos millonarios que han provocado al instituto ambos funcionarios.

Esta organización incluso no descarta la posibilidad de presentar una denuncia penal por estos hechos, según señaló en conferencia de prensa Víctor Bernardo López Carranza, presidente colegiado de esta organización y dirigente del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes.

El líder denunció que ayer mismo, en lo oscurito y vía fast track se nombró en el Issste al doctor Arturo Idan Suárez, como subdirector de Infraestructura de la Dirección Médica del organismo, funcionario que es muy cercano a Yunes, y tiene la encomienda de ocultar las irregularidades de las administraciones de Villalobos y Yunes, y particularmente los malos manejos en la licitación, compra, y distribución de medicamentos.

Del mismo modo, López Carranza dio a conocer a la prensa, un documento en el se señala otro error de Yunes, cuando estaba al frente del Issste, y que detalla que en diciembre de 2008 el funcionario pidió presupuesto para la compra de un inmueble propiedad de Ferrocarriles Nacionales (en liquidación), el cual costó al erario casi 227 millones de pesos más 18 millones de impuestos. Sin embargo, a 30 meses de su adquisición, el inmueble está abandonado.

En el documento se plantea que para justificar la compra, primero se argumentó a la Secretaría de Hacienda que se ocuparía para construir un hospital general (el nuevo nosocomio Gonzalo Castañeda); luego que su uso sería mixto y albergaría además de esa unidad médica algunas oficinas centrales y posteriormente se dijo que sería el edificio corporativo del Issste y se desocuparían los tres inmuebles de Plaza de la República, y nada se ha hecho.

El presidente colegiado de la Fedessp dijo que Yunes está mordiendo la mano que le dio de comer–en clara referencia a la disputa del político con la líder del magisterio Elba Esther Gordillo– e insistió en que este personaje sólo ha querido levantar una cortina de humo para tapar los desfalcos de los que es responsable en el Issste.

Indicó que esta federación que representa a 47 sindicatos demanda la auditoría integral del Instituto, no por cuestiones políticas, sino porque es dinero de los trabajadores que se malversó y también celebró que los diputados lleven a cabo la investigación y que llamen a comparecer a los dos involucrados: Yunes y Villalobos

En México, las mujeres enfrentan la peor parte de la violencia estructural: ONG

En México, las mujeres enfrentan la peor parte de la violencia estructural: ONG
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Juan N. Silva Meza, presidente de la SCJN, recibió a Navy Pillay, alta comisionada de la ONU para derechos humanos (derecha). Los acompaña Patricia Espinosa, titular de la SREFoto Notimex
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2011, p. 19

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Navi Pillay, se reunió con organizaciones de defensa de la libertad de expresión y periodistas, quienes le plantearon que en el país se han cometido 73 asesinatos de periodistas en los pasados 12 años, y las investigaciones no avanzan. La alta comisionada les manifestó que su oficina en México va a entrarle más al tema de protección a periodistas.

Por su separado, Pillay también sostuvo un encuentro con defensoras de derechos de las mujeres, quienes le expusieron que en México las voces de las mujeres han sido acalladas por la violencia estructural y la guerra sin razón y estéril que vivimos, y denunciaron el clima de impunidad que se vive en el país y la tolerancia del Estado mexicano a la violencia contra las mujeres.

Mientras, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, entregó a la alta comisionada de la ONU, Navi Pillay, un informe sobre las graves y permanentes violaciones a derechos humanos que padecen los trabajadores de minas de carbón en México.

Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), detalló que en la reunión con la alta comisionada Pillay se le presentó a ésta un amplio informe de agresiones a periodistas, la violencia que se ejerce contra ellos y la impunidad en que se encuentran los casos. Se le informó de los 73 asesinatos de periodistas en los pasados 12 años, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al encuentro asistieron Artículo 19, Cencos, Fundar, Red de Periodistas de a Pie, Reporte Índigo, Amar, Amedo, entre otras, y periodistas que expusieron sus propios casos. Pillay manifestó que veo el tema de los periodistas con preocupación, y pidió que le sigamos enviando información a su oficina.

Por otra parte, en la reunión con alrededor de 50 organizaciones de mujeres, se le reiteró a la alta comisionada el tema de los feminicidios en el país, y el caso de Ciudad Juárez, dónde más de 600 mujeres han sido asesinadas en los últimos años, y el caso del estado de México, donde según estadísticas de la Procuraduría, entre 2005 y 2010 se cometieron 922 homicidios”

Asesoran a la Sedena en derechos humanos

Asesoran a la Sedena en derechos humanos
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2011, p. 19

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, se reunió con integrantes del Poder Judicial de la Federación y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la institución castrense se firmó un plan de trabajo que tiene como finalidad concretar el asesoramiento y la asistencia que se requiere de esa instancia internacional y el seguimiento a situaciones específicas en materia de derechos humanos, creando un canal de intercambio de información y diálogo entre los diversos actores entre autoridades mexicanas y la comisionada.

Por lo que hace a su encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza y miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la alta comisionada afirmó que estar encantada de que máximo tribunal mexicano esté abierto a recibir a altos funcionarios de justicia, que se hayan comprometido a hacer cambios tras la reforma constitucional en materia de justicia, dijo al responder una sola pregunta al término de una reunión privada.

Señaló que durante su encuentro con integrantes del Poder Judicial de la Federación, se mencionó que la Corte buscará hacer más por el acceso a la justicia en todo el país y trabajar más cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El máximo tribunal difundió que la reunión se realizó en un ambiente de cordialidad y respeto y que el presidente de la Corte “expuso que la protección de los derechos humanos es una prioridad para el alto tribunal y para el conjunto de jueces y magistrados que integran al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Ya que se ha puesto en marcha una estrategia de capacitación para jueces y magistrados de todo el país por medio del Instituto de la Judicatura Federal, a fin de que estén actualizados respecto de todos los tratados y criterios internacionales en la materia. Pero además, para generar un profundo conocimiento de las últimas reformas constitucionales relacionadas a los derechos humanos y el amparo.

Es un compromiso serio el que hemos asumido en la SCJN para privilegiar los derechos humanos en la revisión de todos los casos en los que éstos se puedan ver afectados, dijo Juan Silva Meza

Defensores de derechos humanos denuncian hostigamiento y persecución en Chiapas

Defensores de derechos humanos denuncian hostigamiento y persecución en Chiapas

Acusan al gobierno estatal de intentar encarcelar al director del centro Digna Ochoa

Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2011, p. 20

Activistas y defensores de derechos humanos en Chiapas denuncian hostigamiento judicial y reiteradas amenazas de cárcel. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa declaró en Tonalá, Chiapas, que el Estado mexicano, y en particular el gobierno estatal, utilizan el sistema judicial para perseguir, hostigar, encarcelar a defensores de derechos humanos y a sus familiares. Esto, al informar sobre el recrudecido hostigamiento contra los defensores en la entidad, en particular hacia Nataniel Hernández Núñez, director del centro.

En tanto, en San Cristóbal de las Casas, la activista Concepción Avendaño Villafuerte también fue citada por la Procuraduría General de la República (PGR) esta semana, en relación con una protesta que realizó meses atrás durante una gira del presidente Felipe Calderón a la entidad. A esto se suman hostigamientos y acusaciones recientes contra periodistas en Tuxtla Gutiérrez y el encarcelamiento durante varias semanas del abogado defensor de la comunidad Juan de Grijalva, en el municipio de Ostuacán, quien finalmente fue liberado.

Además de que Hernández Núñez tiene abiertos varios procesos judiciales desde febrero y marzo, los cuales podrían reactivarse en fecha próxima, agentes de la PGR se presentaron en el domicilio de los padres del abogado para entregarles citatorios de diligencia penal.

Bersaín Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar, conocidos luchadores sociales desde hace décadas, fundadores del histórico Frente Cívico Tonalteco, estarían siendo investigados por participar en las protestas que el 2 de marzo consiguieron la liberación de su hijo Nataniel, detenido por la Policía Federal. El centro Digna Ochoa externó su preocupación por la amenaza constante contra la familia de nuestro director, quien en varias ocasiones ha sido detenido y encarcelado por delitos falsos.

Farsa jurídica

Por su parte, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, anunció su respaldo total al abogado y a sus padres. Son parte del consejo y no están solos, son trabajadores y luchadores sociales ampliamente conocidos en todo el estado, y han caminado junto a los pueblos y la gente. Añade que Bersaín se encuentra enfermo, y se ha agravado por la persecución de parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Desde Tapachula, también en la costa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que inicialmente llevó la defensa de Hernández Núñez, y conoce bien los expedientes de su caso, los de otros dos abogados y varios miembros del consejo regional, detenidos en febrero y marzo, expresó: Por el contexto en que se dan las acusaciones contra el compañero, el arresto, el encarcelamiento y el proceso penal, no fue muy complicado constatar que jefes policiacos, un agente del Ministerio Público (MP), así como la jefa de asuntos jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, utilizaron instituciones encargadas de impartir justicia para reprimir a un defensor de derechos humanos.

El Fray Matías de Córdova detalla inconsistencias y contradicciones de la averiguación previa iniciada por el agente del MP Carlos Ruperto Sánchez, adscrito a la Fiscalía Istmo-Costa de la procuraduría estatal: testimonios extraídos con amenazas o tortura, acusaciones contradictorias o literalmente idénticas de distintos testigos. Señalar a Hernández Núñez era la consigna judicial. Todo, en el contexto de una protesta del Consejo Regional el 22 de febrero, que fue reprimida.

El análisis concluye que “se utilizaron formatos para fabricar ‘pruebas’ contra Nataniel Hernández”. El fiscal “echó mano de distintas probanzas ad hoc para inculparlo dolosamente e intenta sostener una farsa jurídica para perseguir y castigar, no ya un delito, sino a un defensor de derechos humanos”. Según el centro tapachulteco, una justicia que persigue defensores, que se basa en pruebas fabricadas, consignaciones e inculpaciones de oficio, no es justicia

Ordenan liberar a activista de Bachajón

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 7 de julio. La juez María Guadalupe Flores Rocha, adscrita al reclusorio para menores Villa Crisol, dictó sentencia para que sea liberado de manera condicionada el joven Mariano Demeza Silvano, uno de los cinco adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos a principios de marzo pasado acusados de los delitos de homicidio, daños y atentados a la paz pública, luego de un enfrentamiento con militantes priístas por la disputa del centro turístico Cascadas de Agua Azul.

Representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informaron que el menor de 17 años edad habría sido liberado este jueves, y quedaría bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Chilón para realizar trabajos en favor de la comunidad, ya que según la sentencia, su libertad es condicionada.

Ayer hablamos al área jurídica de Villa Crisol y nos informaron que la juez había dictado sentencia de libertad condicionada a Mariano, cuya familia viajaría hoy al reclusorio para menores con el fin de recibirlo, dijo uno de los abogados del Frayba, quien pidió el anonimato.

Precisó que hasta esta tarde no había tenido contacto con la familia del menor para corroborar si fue liberado, aunque lo más probable es que hubiera abandonado Villa Crisol, ubicada en el municipio de Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez.

Añadió que Demeza Silvano, originario de la comunidad Maquinchab, municipio de Chilón, salió como responsable de los delitos de daños y atentados contra la paz pública, por lo que deberá realizar trabajos en una localidad que decidirá el DIF municipal de Chilón, responsable de vigilarlo, aunque hasta esta tarde se ignoraba por cuánto tiempo.

Recordó que los otros cuatro adherentes de la otra campaña detenidos junto con Demeza Silvano, son Domingo Pérez Álvaro, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán y Jerónimo Guzmán Méndez, quienes permanecen recluidos en el penal ubicado en el municipio norteño de Playas de Catazajá

Denuncia comunidad vasca persecución político-judicial por el gobierno mexicano

Denuncia comunidad vasca persecución político-judicial por el gobierno mexicano

Exigen intelectuales liberación inmediata de Luis Miguel Ipiña, acusado de terrorismo

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El músico Francisco Barrios El mastuerzo, Jon Solaun, y los abogados vascos Edurve Iriondo y Alfonzo Zenón, presentaron ayer el manifiesto en contra de la criminalización de la comunidad vascaFoto Guillermo Sologuren
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 8 de julio de 2011, p. 23

La comunidad vasca en México dio a conocer un manifiesto en el que destacan que “hace pocos días se realizaron elecciones en el País Vasco en un ambiente de relativa normalidad: por primera vez en una década se permitieron candidaturas relacionadas con la izquierda abertzale (patriótica), con lo que la coalición independentista Bildu (reunir) se constituyó en la segunda fuerza más votada y la primera en cargos electos.

Esto aunado a la tregua permanente, incondicional y verificable decretada por ETA desde enero de este año, hace que en el País Vasco se vea posible la solución democrática del histórico conflicto y se abra el camino a la paz.

En contraste con esto, subrayaron, en nuestro país, la comunidad vasca sufre persecución política por parte del gobierno con la pretensión de criminalizarla y perseguir a la solidaridad con ella; dos hechos recientes ilustran esta intentona preocupante: la expulsión de Juan Carlos Rekarte y la detención arbitraria e ilegal de Luis Miguel Ipiña.

En conferencia de prensa, los abogados defensores de Ipiña, Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero, destacaron que “este caso contiene muchas irregularidades. Tuvimos acceso al expediente el 20 de mayo de este año y nos enteramos que desde agosto de 2010 el Ministerio Público realiza investigaciones contra terrorismo internacional, terrorismo y delincuencia organizada contra varios ciudadanos vascos nacionalizados mexicanos. En el caso de Ipiña, se han tergiversado las pruebas.

El Ministerio Público solicitó orden de cateo del domicilio de Ipiña con base en la revisión que realizó en la casa de Juan Carlos Rekarte, ciudadano vasco mexicano al que expulsó acusándolo de terrorista. En el cateo a la casa de Rekarte se llevaron una computadora personal, dos cd-rom, nueve USB y, con base en ello iniciaron investigación en contra de Ipiña.

El abogado Rivero explicó: Supuestamente en la computadora que se llevaron del domicilio de Rekarte extrajeron un correo en el cual Ipiña ofrecía venta de armas a Rekarte. En el cateo de la casa de Ipiña se llevaron una computadora y fabricaron pruebas, ya que dejaron un arma larga AK-47, pero resulta que las fotografías del arma que anexan como pruebas tienen un número de serie distinto al que está establecido en el acta de cateo; la computadora también tiene un número de serie distinto. Además, entre otras irregularidades que se cometieron, el Ministerio Público dice que la diligencia inició a las seis de la mañana y la perito en criminalística que recolectó las evidencias en el cateo dice que se inició a las cinco de la mañana, es decir, hubo toda una manipulación del lugar.

No solo eso, subrayaron los abogados, “cuando inició la investigación contra Ipiña, el Cisen les mandó información y en la misma escribió un párrafo que dice ‘esta información de inteligencia no puede ser utilizada como evidencia ni en una investigación administrativa ni en un proceso legal’, y, sin embargo, con base en esa evidencia se pidió la orden de cateo”.

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, saluda al rector de la UNAM, José Narro, previo a que se le entregara la medalla Bernardo O’ Higgins, en el auditorio del Museo Nacional de AntropologíaFoto Francisco Olvera

En el manifiesto que dio a conocer la comunidad vasca en México hacen notar que a partir de un material informático, supuestamente incautado en un cateo al domicilio de Rekarte después de su expulsión, se armó un expediente policial que es el pretexto para la ilegal detención de Ipiña, durante la cual se sembraron pruebas en su domicilio. A partir de un supuesto trabajo de inteligencia se intenta vincular a Ipiña con la Diáspora Vasca Xavier Mina y con activistas solidarios con el pueblo vasco, ubicando falsamente a estos dos últimos como parte de ETA”.

Subrayaron que Diáspora Vasca Xavier Mina es una asociación que hace trabajo público y transparente por los derechos civiles, culturales y políticos del País Vasco, no tiene ningún tipo de relación con ETA. Ipiña, al igual que cientos de personas, ha asistido como público a algunas de las jornadas abiertas que realiza la Diáspora y solidarios mexicanos; esa es la única relación existente y no hay en ello acto criminal alguno.

Por ello, sostienen, entendemos que este montaje que mantiene a Ipiña en la cárcel con pruebas falsas tiene la finalidad de criminalizar, desvirtuar las actividades y perseguir el compromiso solidario de ciudadanos vascos mexicanos.

Exigieron al gobierno mexicano el cese de todo tipo de actuaciones policiaco-judiciales arbitrarias, ilegales e injustas con fines políticos en contra de activistas y miembros de la comunidad vasca en México y en particular en el caso de Luis Miguel Ipiña Doña. Exigimos al gobierno su inmediata liberación y hacemos responsables a las autoridades federales por lo que le pueda suceder a cualquier miembro de dicha comunidad o a mexicanos solidarios.

El manifiesto lo firman Gilberto López y Rivas, Rosario Ibarra, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Héctor de la Cueva, José Luis García Zalvidea, Catalina Eibenschutz, Enrique González Ruiz, Alfredo Rojas Díaz Durán, Tomás Oropeza, Francisco Bravo, Pilar Noriega, Felipe I. Echenique Marchs, Carmen García Bermejo, Leonel Rivero, Augusto Sandino Rivero, Karla A. Mena, Moisés Elizarrarás Hernández, Francisco Barrios El Mastuerzo, Cuba Flores Aranda y Víctor María Ortiz, entre otros.

También lo signan organizaciones como la sección 9 y 10 de la CNTE, revista Guillotina, sección de trabajadores de la otra campaña, entre otros.

CARTONES DE LA JORNADA





jueves, 7 de julio de 2011

OPINIÓN DE SARA LOVERA. Revertir 82 años de historia

Sara Lovera
México DF, julio 01 de 2011. El próximo domingo, cuando se abran las casillas electorales en el estado de México, mujeres votantes, decididas a reaccionar ante la ignominia que significa vivir en la entidad de mayor peligro para sus vidas, podrán inclinar la balanza, con una decisión histórica que revertiría 82 años de gobiernos priístas.

Y es que de los más de 10 millones de electores, las mujeres con derecho y obligación de votar representan 52 por ciento. Si todas salieran y votaran por el cambio en sus vidas, hoy acosadas por la violencia, el desempleo, la miserable vida en el campo y la antigua explotación industrial, de la histórica electrónica de Pastajé a las plantas trituradoras de salud y derechos, y levantaran su voz y su voto jubiladas, migrantes, presas y víctimas de la impunidad, todas las encuestas se irían a la basura y otra fuera la realidad.

No sé porque me acuerdo de la desgracia que campea en los caminos de Chimalhuacán, donde muchas mujeres son arrojadas al canal del desagüe, como me contó con detalle un día doña Emerenciana López Martínez que lucha por estas mujeres hace al menos dos décadas y me duelen -no sé por qué-, las manos lastimadas y callosas de las obreras de Ecatepec.

Y este no es un cuento de horror o la intención de crear un muro de lamentaciones, sino de recordar cómo en el estado de México, por decreto, cuando la Cámara de Diputados ubicó a la entidad como la segunda en mujeres asesinadas en los últimos 28 años, los del grupo de poder desestimaron ese diagnóstico y ocultaron la realidad, entonces el gobernador era Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto y el procurador estatal era Alfonso Navarrete Prida, que hoy se pasea de democrático.

Tengo que decir que en octubre de 2010, las autoridades del estado de México se negaron a cumplir con la ley que obliga a decretar una alerta de violencia de género, apoyada en las mujeres priístas y con la complacencia de encubridores y cómplices que en plena campaña electoral, en abril pasado, tipificaron el feminicidio con literatura y filosofía que deja al juez toda interpretación.

La estrategia busca disminuir la cifra del feminicidio en el papel, como cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática panista pone una cifra de homicidios diciendo "sexo no identificado", ambos queriendo tapar el sol con un dedo.

Si las mujeres tomaran conciencia de cada uno de los oprobios que viven, entonces estaríamos en presencia de una fiesta democrática, porque con esa conciencia podrían indignarse ante las revelaciones de los cuantiosos recursos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha ejercido en su campaña, sólo de 500 millones de pesos en los últimos 45 días.

Eruviel Ávila, el alfil de Peña Nieto, ha podido poner su propaganda en The New York Times, en todas las páginas que se ocurra y pagar a quienes cuidarán las casillas el próximo domingo una cantidad calculada de 70 millones de pesos en un sólo día. Cifras que se publican y que nadie desmiente.

Es decir, la del domingo será una elección donde la maquinaria se echó a andar, se concretizó, creció y los antiguos del partido de Estado, ya hacen cálculos a su favor. Esperan, que es lo peor, un 60 por ciento de abstencionismo y propalan con inversión millonaria encuestas de corte publicitario, dando a Eruviel más de 30 puntos por encima del contrincante número dos, Alejandro Encinas, que sin embargo crece y podría acortar en pocos días esa distancia, incluso revertirla. Nadie tiene consigo la seguridad de lo que pasará el domingo.

Lo interesante de mi sueño, de ver a todas las mujeres votando por su dignidad y su integridad personal, masivamente, sin recato ni miedo es que podría ser realizado antes que tarde y convertirse en un vértice del porvenir.

La estrategia de los poderosos, grupos económicos y religiosos con un control de facto, han tejido una telaraña confusa, insultante, calculada por el déficit ciudadano que no se inmuta ni ante la violencia ni ante el chantaje, la amenaza y la desfachatez con que se usa a la pobreza económica o cultural para conseguir lo que desean; ese silencio atroz ante los asesinatos, como los del domingo pasado, cuando fueron ejecutadas tres mujeres, entre los ejecutados de la guerra de Calderón.

Se trata, me diría una amiga, de esa conspiración contra lo humano, el déficit del Sistema Educativo Nacional, el déficit que obstaculiza el conocimiento y la capacidad de tener una escuela que abre puertas a la ciudadanía y podría ser piedra de toque para la democracia.

No sé porque ahora me acuerdo de Vicente Fox, cuando hablaba de las mujeres y hombres que no aprendan a leer y a escribir, felicitando a la gente que no sabe racionalizar y que ahora anuncia -como el diablo- que no hay remedio, que ganará el candidato del grupo Atlacomulco.

Y es que este déficit del saber nubla el entendimiento, la realidad.

Pero en el estado de México hay más. Saber que ahí vive 13 por ciento de los votantes del país, que se trata de la entidad de mayor número de electores y la más laberíntica y problemática. No es una entidad de mayoría indígena, pero las mazahuas dieron esplendor a la industria electrónica de Pastajé; no es una entidad paralizada, sino la de mayor Producto Interno Bruto, poblada de hombres y mujeres de la clase trabajadora; no es una entidad de inertes, sino de clasemedieros que poblaron cerros y amplias zonas de Naucalpan, donde viven muchos productores y productoras del campo, de migrantes y laboriosas familias emprendedoras.

Es como un galimatías, pienso en Chalco y sus quesos, en la zona industrial de Tlalnepantla, en Otumba, donde se erigió una escuela para formar trabajadoras domésticas; de esa historia de Quién Resulta Responsable cuando el profesor Carlos Hank dejó crecer a los magnates de la construcción y se erigieron miles de ciudades dormitorio y tengo que pensar en cómo se pobló Ciudad Netzahualcóyotl, pulmón de brazos para la albañilería, la fontanería, donde vive la mano de obra de la antigua central de abastos que era la Merced.

Lo que las elecciones del próximo domingo nos dejarán, sin duda, es este buen sabor de boca en que los principales de izquierda hacen un serio intento de unidad y se avizora la recuperación de votos en zonas amarillas o azules que fueron nublándose por esta enorme maquinaria del dinero.

Lo que más me duele es que algunas inteligencias se han dejado arrastrar por la campaña mediática que ha colocado al saliente Enrique Peña Nieto como la única posibilidad para el 2012, sostenida por decenas de testaferros que no conocen cómo se cayó la candidatura de Fernando Casas Alemán o cómo fue que se consiguió, a pesar de todo, instalar gobierno de coalición, un día en Chiapas y otro día en Oaxaca y alguna hermosa jornada hace ya 14 años en el Distrito Federal.

Convertido por los "líderes de opinión" en el laboratorio electoral de 2012, el estado de México, es el receptáculo más evidente de la desigualdad en todos aspectos y de la desigualdad entre hombres y mujeres más profunda.

Ahí en el estado de México, la entidad de mayor población del país, más de 15 millones de habitantes, se ha podido sustanciar que hubo 700 asesinatos de mujeres en apenas 24 meses (hasta enero de 2011) y en el que se habla en estas fechas, para ganar todos los votos, de adopción de parejas de homosexuales o de una verdadera política que acabe con la violencia de género, palabras.

En el gobierno de Peña Nieto, desapareció un instituto de las mujeres, para convertirlo en un consejo que incluye a lo que llaman "población vulnerable", para no reconocer a más de la mitad de la población.

Me duele que haya mujeres embarcadas por lo mediático, esperando ya una diputación o una colocación para el 2012, y que propalan las ventajas del gobierno saliente, padrino de Eruviel, sin recato ni compostura. En fin. Lo único deseable es que el próximo domingo la gente que está harta y desencantada de los políticos de siempre, salga a votar y tome en sus manos otro destino y rechace el chantaje y la altanería de los señores del poder y del narco.

saralovera@yahoo.com.mx

REPORTAJE. El cuerpo en construcción*

  • Elementos alrededor de las cirugías estéticas
  • Rocío Sánchez
    México DF, julio 01 de 2011.
    La cirugía cosmética, surgida formalmente en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, ha dado origen a toda una industria. Cada vez más gente en el mundo tiene acceso a procedimientos quirúrgicos que modifican su aspecto. Mejorar o corregir ciertas características físicas son las aparentes motivaciones para una cirugía plástica, pero ¿respecto a qué parámetro se mejora o se corrige? Varios estudios de antropología se han acercado a responder esta pregunta e indagado en la forma en que las personas, hoy por hoy, se relacionan con el concepto de belleza y con sus propios cuerpos.
    Alguna vez te has preguntado si mejorando tu imagen podrías alcanzar la seguridad, autoestima y confianza que se requieren para tener una actitud más positiva, e incluso abrirte las puertas del éxito?”, pregunta el folleto de una clínica de cirugía estética. La recepción del lugar acoge a sus usuarias (la mayoría son mujeres) con pinturas de torsos femeninos delgados con pechos turgentes.
    Si se busca una clínica de este tipo en la ciudad de México, las opciones son muchas, desde las ubicadas en los hospitales privados más costosos hasta otras más pequeñas, situadas en colonias populares. Las cirugías plásticas estéticas –también las hay reconstructivas– se han convertido en un servicio al cual tienen acceso cada vez más personas. Una institución bancaria ya ofrece un plan de financiamiento para “tratamientos o intervenciones relacionadas con la imagen personal”.
    En este establecimiento, en la colonia del Valle, los procedimientos quirúrgicos pueden pagarse en dos partes y hasta a varios meses sin intereses con tarjetas de crédito. “El presupuesto que te entrego incluye todo: honorarios, prótesis, materiales y el procedimiento, y va firmado por ti y por mí para que ya no cambie”, dice la amable doctora que me recibe. Delgada, con el cabello teñido de rubio y el rostro sin una arruga, trato de adivinar si rebasa los 45 años. Me trata con cordialidad, procura darme confianza y me asegura que quedaré muy bien con la liposucción y el aumento de pechos que quiero hacerme. Me pide que espere a que llegue el doctor para revisarme.
    Derechos del consumidor
    El fenómeno actual de la cirugía estética simboliza dos aspectos interesantes a decir de Elsa Muñiz, antropóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El primero es que pareciera que las oportunidades de consumo de las y los ciudadanos se están igualando, puesto que hoy las clases medias o incluso bajas pueden acceder a una cirugía plástica. Cita al antropólogo Néstor García Canclini en su afirmación de que el consumo sirve para pensar. Al seleccionar los bienes y apropiarse de ellos se define lo que se considera públicamente valioso.
    Así, Muñiz afirma que la presencia de figuras masculinas y femeninas estilizadas en los medios de comunicación delinean ciertos patrones de consumo y de formas de ser “donde el cuerpo es la piedra angular de este estilo de vida que se realza al ‘adquirir’ lo que le hace falta, o transformando lo que no se ajusta a los requerimientos impuestos por esas imágenes corporales idealizadas”. En este contexto el cuerpo se convierte en un producto, un bien que no sólo se posee sino que se consume, indica la profesora investigadora.
    “En la sociedad contemporánea, donde todo está muy lejos como para tener alguna capacidad de intervención, el cuerpo es concebido como nuestro último reducto”, dice Muñiz a Letra S. “En ese sentido, la cirugía plástica nos muestra una capacidad de agencia (acción) de los sujetos sobre su propio cuerpo”.
    Pero, ¿de dónde surge la necesidad de consumir este tipo de procedimientos? Para la antropóloga, puede provenir de la difusión masiva de ciertos modelos corporales y patrones de belleza. Sin embargo, sigue, lo que los medios de comunicación han generado y difundido son imágenes ficticias. “No sólo son imágenes de mujeres que han pasado por la cirugía plástica, sino que además están editadas por computadora, entonces hay todo un procedimiento mediático que lleva a generar, más que modelos de belleza, ficciones”, las cuales son por demás inaccesibles dado que no se pueden alcanzar patrones de belleza que no son reales.
    Además de la belleza, la principal oferta de las cirugías estéticas es la autoestima. Los anuncios y sitios web sobre esta rama de la medicina mencionan la autoestima como “resultado” de esta o aquella operación. “Es muy común ver que las mujeres que acuden a una transformación corporal se han divorciado, han sido dejadas por sus maridos, no consiguen empleo o se sienten muy grandes de edad”.
    Por otro lado, una vez que la persona se ha hecho la primera cirugía, “nunca se para ahí”, dice Elsa Muñiz, quien se encuentra preparando el V Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades “El cuerpo descifrado”, que realizará en octubre la UAM Xochimilco en conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuyo tema en esta edición son los procedimientos estéticos. “Después de un tiempo eso que había quedado muy bien se empieza a descomponer, entonces se vuelve un tipo de adicción pero también una necesidad porque si se te descompone algo que te compusieron pues hay que ir a arreglarlo; entonces la autoestima nunca está colmada”.
    Un arreglito
    El cirujano, director de la clínica, entra apresuradamente a mitad de mi consulta. Todavía trae puesto el traje de cirugía; por la mañana operó a una mujer que para las 6 de la tarde ya podrá irse a su casa. Pregunta qué es lo que me quiero hacer, me explica rápidamente la liposucción y para el busto dice que lo recomendable es un par de implantes que no me impedirán embarazarme (sic) ni lactar en el futuro.
    Me envía a un cubículo para revisarme; me acompañan una enfermera y la doctora que me recibió. Descubro mi torso. Él entra y me sitúa frente a un espejo grande. “Entonces, liposucción…”, dice mientras le señalo tímidamente los “gorditos” a los lados de mi cintura; antes le había dicho que el abdomen no era el problema, pero él discrepa. Presiona, mueve y agarra firmemente la piel y la grasa que sobran, que parecen mucho más abundantes al vibrar en el espejo. El doctor encuentra más exceso por aquí y por allá. “Si quitamos esto, esto y esto le va a quedar un abdomen mucho más plano, mucho mejor”, afirma y sigue pellizcando.
    Ahora me ordena alzar los brazos. Coloca una regla metálica a la altura de los pezones y me indica que baje los brazos. La regla queda inmóvil y mis pechos, unos centímetros debajo de ella. “Aquí es donde deberían estar, ¿ves cuánto hay que levantarlos?”, pregunta el doctor con seguridad. “Con un implante pequeño se va a rellenar esta área, donde no tienes nada”, y su dedo toca mi piel pegada al hueso en la parte superior de cada pecho. Luego sale apresurado del cubículo para que la doctora y la enfermera me entreguen dos prótesis de diferente tamaño, de forma que pueda ponerlas bajo mi ropa y ver cómo quedaría cada opción. Alcanzo a ver mi sonrisa en el espejo al mirar la más pequeña realzando mi contorno a través de la ropa.
    El tono jovial, ameno y de entusiasmo casi opaca el hecho de que se trata de cirugías. Si sólo fuera la liposucción, en tres días ya podría regresar a trabajar, dice el médico. Pero en el caso de los implantes sí se requieren al menos 8 días de convalecencia y luego los respectivos cuidados post-operatorios, como evitar hacer esfuerzos físicos.
    “Vas a ver que vas a quedar muy bien, te vas a ver muy bonita”, me anima la doctora mientras escribe el costo total; el doctor ya se ha ido. Dice que no me sentiré rara, que el resultado será muy natural. “Serían 104 mil pesos, pero como son dos procedimientos te hacemos el 10 por ciento de descuento”. Casi me convencen.
    Acuñar la belleza ideal
    “Esta típica imagen de ‘antes y después’ va construyendo a los sujetos, son prácticas que tienden a definir y a profundizar las características femeninas y masculinas”, dice Elsa Muñiz. Es decir, los hombres y las mujeres se constituyen a partir de discursos, prácticas y representaciones de lo que debieran ser.
    Como lo afirmó la filósofa Judith Butler en su libro Cuerpos que importan, el sexo “no es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras materializan el sexo y logran tal materialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas”.
    Cada época ha tenido sus modelos de belleza según el momento histórico, y las mujeres –principalmente– han buscado las formas de acercarse a ellos para ser “más femeninas”. Pero hoy, la tendencia de la cirugía estética parece ir en una dirección particular, sostiene Elsa Muñiz, a través de una “rama” de la especialidad reconocida por los propios médicos: la etnocirugía, en la que las operaciones están dirigidas a borrar o “corregir” los rasgos étnicos de las personas para acercarlas a cierto modelo.
    Así, a partir de los cánones de belleza se establecen ciertos grupos como “menos atractivos”, explica la doctora en antropología en su artículo Transformaciones corporales, identidades cambiantes: ¿Qué es la etnocirugía cosmética?. “Tales preceptos son normativos y la etnocirugía, al desdibujar los rasgos particulares de los grupos étnicos se convierte en ‘normalizadora’”.
    En México, dice la especialista, la mayoría de las que se realizan son etnocirugías ya que las mujeres se modifican la nariz, el óvalo de la cara, se aumentan los pómulos. Las mujeres japonesas, por su parte, comienzan a modificarse los ojos para no tenerlos rasgados.
    Pero no necesariamente esto se dirige sólo a buscar una belleza como la del grupo caucásico. “Pienso que se están generando sujetos híbridos: las mujeres europeas caucásicas se ponen implantes de glúteos, pero las caderas voluminosas corresponden al fenotipo de las africanas”, observa. “Sí hay una imposición, una dominación (del estereotipo blanco), pero creo que esta modificación corporal va por muchos sentidos, no apela a un solo modelo”.
    Es interesante, dice la experta en temas relacionados con el cuerpo, que los médicos afirman que estas operaciones son para mejorar la apariencia y para mejorar la raza en todo caso, “entonces me parece que es una moderna forma de eugenesia, entre comillas”.
    Relación de amor y odio
    Para Muñiz, existen varias paradojas en esta relación de las personas con su cuerpo. Una de ellas es la forma en la que las mujeres se operan y lo niegan. Es cotidiano escucharlas decir que “tenía un problema en la nariz” o alguna otra complicación médica en la que era necesario intervenir. Se busca lograr una belleza “natural”, que no se pude alcanzar a partir de modelos ficticios, además, “negando toda la parte cultural y social que están implicadas en la belleza”.
    En este sentido, el concepto de cyborg, un híbrido entre máquina y organismo, desarrollado por otra filósofa feminista, Donna Haraway, es retomado por Elsa Muñiz para afirmar que está presente en la etnocirugía representado por “las prótesis, los materiales requeridos, los aparatos; una criatura de realidad social y también de ficción, como quienes modifican sus rasgos faciales”.
    Y en un entorno violento como el que se vive hoy en México, Muñiz señala que las prácticas quirúrgicas de belleza tienen también su dosis de violencia. Primero, es simbólica, porque los modelos de belleza se imponen al grado de que la gente no soporta verse arrugas; “esa es su violencia, hacer que las personas no se asuman con su edad o en su pertenencia a un tipo racial.” En segundo lugar, es física ya que los procedimientos láser aplicados sobre la piel o las agujas utilizadas en las liposucciones son invasiones violentas al cuerpo.
    En ese sentido, la gran paradoja parece ser que “por un lado se busca la perfección del cuerpo y por el otro se le tiene un desprecio absoluto”.
    *Publicado en el número 179 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 2 de junio de 2011

    Columna Mujeres y política

  • No es corresponsabilidad es obligación
  • Soledad Jarquin Edgar
    México DF, junio 30 de 2011.
    “Eliminar la injusticia y los conflictos desgastantes, gozar y disfrutar de la vida, vivir en libertad, son los más caros anhelos de autoestima de más y más mujeres cada día”, esta cita tomada de Marcela Lagarde, debe recordarnos la lucha férrea que muchas mujeres a lo largo de la historia y en el presente siguen enarbolando para que la violencia hacia ellas termine. No es digno vivir con violencia y es indigno que los gobiernos no sean corresponsables de no tolerar esa discriminación, a pesar de lo que se diga y plasmen en las leyes.
    Recientemente en Oaxaca las mujeres organizadas han tenido dos reuniones con el gobernador en turno. Esta entidad es “emblemática” porque en ella se pueden concretar todas las formas de violencia y todas tienen en la falta de justicia su razón de ser. En esa reunión con el gobernador Gabino Cué, las mujeres hicieron hincapié en la violencia institucional, que finalmente es el punto de partida.
    Entre los casos mencionados señalaron concretamente a dos Ministerios Públicos por su misoginia, el de Santiago Zacatepec, en la sierra Mixe, y otro más en Tlacolula de Matamoros, a 30 kilómetros de la capital oaxaqueña, donde existen casos de maltrato hacia las mujeres por parte de los dos elementos.
    El pasado jueves 23 de junio, Cué llamó a una cruzada contra la violencia. Él retomó la propuesta de las mujeres. Ellas le pidieron esa corresponsabilidad para no permitir tolerancia alguna frente a los casos de violencia por parte de las instituciones. Al final, como dice el dicho, volteó la tortilla, al pedirles a las organizaciones corresponsabilidad.
    En la primera reunión, la del pasado martes 14 de junio las mujeres organizadas pertenecientes a diversos colectivos y que vinieron desde diversos municipios, le exigieron la salida de los Ministerios Públicos. La respuesta del Procurador General de Justicia del estado fue que no era posible argumentando la falta de recursos.
    Esa dilación, basada en un pésimo supuesto por no decir lo correcto, ya tiene otra víctima. Se trata de una niña de 14 años, violada por el esposo de su hermana en Tlacolula de Matamoros. El violador José Luis Flores Martínez “confesó sus actos con lujo de detalle… explicó que lo había hecho para vengarse de su novia…”, en realidad se trata de su esposa y tienen un hijo, fue liberado por el Ministerio Público de Tlacolula, porque la pequeña de 14 años “retiró los cargos presionada por su hermana” (Imparcial 4G/Alejandro Villafañe/24 de junio 2011).
    El agente del Ministerio Público, este servidor público iluminado en machismo pero no en Derecho se llama Julio César Vásquez Juárez. ¿Qué o quién autorizó a este flamante servidor público a actuar de esa manera? ¿Acaso tiene sus propios códigos para actuar? Como explican la abogada Bárbara García Chávez y la feminista Ana María Hernández Cárdenas ¿no es acaso un delito que se persigue de oficio y además estaba confeso y se estableció la culpabilidad?
    Entonces una pregunta: ¿de qué forma el gobernador Gabino Cué y las instancias de procuración de justicia se sumarán a esta cruzada de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas? No es esta una prueba suficiente para que el Procurador de Justicia, Jesús López López, despida e incluso finque responsabilidades contra Julio César Vásquez Juárez nombre del Ministerio Público quien, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, le gana su machismo, su misoginia y esa “virtud” que van desarrollando al paso del tiempo de brindar “justicia” al mejor postor.
    Hechos como el antes descrito se convierten en las razones por las cuales las mujeres organizadas han fincado responsabilidades al Estado-gobierno como el símbolo de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El gobierno de la alternancia -como le llaman a esta combinación de derecha-izquierda que terminó con más de 80 años de hegemonía priista-, podrá argumentar que “apenas” están por cumplir siete meses, que no tiene recursos suficientes o que como dice Gabino Cué “son los mismos funcionarios (menores) de antes”, cuando se refirió al aparato de procuración de justicia, incluyendo a los policías, pero eso nunca será justificación suficiente, su obligación es la que establece la Constitución mexicana y todas las leyes que de ella emanan, las mimas que juró cumplir el pasado 1 de diciembre 2010.
    No es utópico pensar en esa posibilidad de acabar con la violencia institucional inhabilitando a servidores públicos por corruptos o ineptos, es más si lo siguen pensando, si persiste la idea de inamovilidad de los Ministerios Públicos con las características de Julio César Vásquez Juárez y algunos con peores conductas, seguramente se seguirán acumulando los casos, que muestran que en realidad la vida y la libertad de las mujeres les importa un comino, igualito con ese odioso pasado con el que no les gusta ser comparados.
    Treinta y siete mujeres asesinadas
    Este mismo fin de semana supimos de otros casos de violencia contra las mujeres, como el asesinato de Lucina Cruz Villanueva, -ex comisariada de bienes comunales- a manos del actual comisariado de bienes comunales de Ocotlán de Morelos, Gabino Díaz López. El asesino fue detenido. A ver si no salen con que lo dejan libre porque el fantasma de Lucina se desistió, a ver si no dicen que fue en defensa propia, a ver si no salen con que a los 10 meses está libre por buena conducta y porque es indígena, como ha sucedido en otras ocasiones, en otros tiempos, con asesinos de mujeres favorecidos con el programa de liberación a presos indígenas.
    En suma, cuando hablamos de denuncias de violencia contra las mujeres, sean las circunstancias que sean, son actos lamentables, que hieren, que lastiman a más del 52 por ciento de la población. Así, todas las oaxaqueñas sumamos una mujer más a esa lista de 37 mujeres asesinadas. Frente a la inacción del gabinetazo, si nadie atiende la violencia, la titular del IMO, Anabel López, seguirá enviando condolencias a las familias vía correo electrónico o tendrá que convertir esta práctica en una “política pública”. Prevenir, actuar y vigilar que exista la justicia, esa es la obligación del IMO.
    En Oaxaca, está claro que las mujeres mueren por todas las sin-razones, las cuales están ancladas en las instituciones. La solución, la cruzada, la suma, el llamamiento es entonces para las autoridades no para las organizaciones. No es por corresponsabilidad es por obligación.

    Embargan al instituto de neurología equipo casi único de radiocirugía

    Embargan al instituto de neurología equipo casi único de radiocirugía
    Ángeles Cruz Martínez
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 43

    La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) embargó al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez un equipo de radiocirugía, para garantizar el pago de salarios caídos y prestaciones de más de cuatro años que se adeudan al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, despedido de manera injustificada por el ex director Julio Sotelo Morales.

    Tras un juicio de cuatro años, la JFCA emitió un laudo en favor del neurocirujano para que las autoridades del instituto lo reinstalen en el puesto y paguen lo correspondiente a salarios y prestaciones no devengados desde su cese, el primero de noviembre de 2006.

    La sentencia fue ratificada en segunda y última instancia el pasado 17 de junio por la junta especial número 11 de la JFCA. Transcurrido el plazo previsto en la ley para que el INNN atendiera la resolución, el trabajador se presentó el lunes pasado en el hospital, acompañado por un actuario y su abogada para exigir el pago.

    Fueron recibidos por la subdirectora de Recursos Humanos, María Edith Páramo Delgado, quien en principio dijo desconocer la sentencia que negó al INNN la demanda de amparo interpuesta en contra del laudo de la JFCA; aunque luego, en aras de tutelar cualquier derecho y cumplir con las obligaciones, se comprometió a entregar el próximo 15 de julio el monto que se adeuda a Ondarza.

    El afectado comentó que tanto él como su abogada consideraron insuficiente el ofrecimiento porque el INNN no se ha distinguido por cumplir con sus obligaciones laborales, y recordó el caso del doctor Felipe García Pedroza, despedido de manera injustificada y a quien le pagaron sus salarios caídos después de dos años de haber concluido el juicio.

    Con ese antecedente, Ondarza Rovira decidió solicitar el apoyo de la JFCA para exigir que se cumpla el laudo y se garantice su pago; solicitó el embargo del equipo de Radiocirugía marca Novalis Brain Lab, de alta tecnología, el cual se utiliza para el tratamiento de tumores del sistema nervioso central.

    De incumplirse el compromiso, la JFCA estaría en condiciones de iniciar el trámite para poner el equipo a la venta. De esa manera el INNN podría pagar al trabajador.

    Información del INNN señala que la radiocirugía es una modalidad de tratamiento para destruir lesiones intracraneales por medio de radiación, lo que minimiza el riesgo para pacientes. De estos equipos sólo hay uno más en el país, en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS

    Repudian Greenpeace y Cemda aval de Semarnat al proyecto turístico Cabo Cortés

    Repudian Greenpeace y Cemda aval de Semarnat al proyecto turístico Cabo Cortés

    La secretaría perdió la última oportunidad para cumplir con su misión, lamentan los organismos

    Foto
    Miembros de Greenpeace colocaron una manta en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para exigir que se cancele el proyecto turístico Cabo Cortés, en Baja California SurFoto Notimex
    Carolina Gómez Mena
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 45

    Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) lamentaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya desaprovechado la última oportunidad que estaba en sus manos para cumplir con su misión: proteger el medio ambiente y los recursos naturales, pues rechazó el recurso de revisión que interpusieron en contra del megaproyecto turístico Cabo Cortés, el cual –señalan– afectará de forma irremediable el parque nacional Cabo Pulmo.

    Como muestra de este rechazo Greenpeace México colgó ayer en la sede de la dependencia una manta de 30 metros cuadrados con la leyenda Semarnat, cancela Cabo Cortés ¡ya!, con la cual pidieron a esa dependencia federal que revoque la autorización de dicho proyecto turístico, ubicado en el Golfo de California y en la zona aledaña al arrecife de coral.

    Greenpeace señaló a este diario que aunque la Semarnat insista en que la autorización que dio a la empresa española sería parcial, ésta finalmente es una autorización, aunque digan que tiene una serie de condicionantes; su trabajo (de la dependencia) no es poner condicionantes que sólo retrasen el proyecto, sino cancelarlo, porque afecta irreversiblemente el ambiente; no se valen parcialidades.

    Dicho recurso de revisión fue rechazado por la Semarnat el viernes pasado y sobre ello el Cemda criticó que la dependencia haya decidido validar la construcción del desarrollo turístico Cabo Cortés, sin tomar en cuenta las advertencias de científicos sobre el daño ambiental que se ocasionará a la reserva ambiental de Cabo Pulmo, y haciendo caso omiso de la oposición de la comunidad de Baja California Sur.

    Detalló que esto lo hizo al resolver el recurso de revisión 190/2011 en contra de la autorización ambiental que otorgó al proyecto Cabo Cortés de la española Hansa Urbana y Caja Mediterráneo (CAM) a principios de 2011” y añadió que interpuso el recurso a solicitud de diversos interesados de la comunidad bajacaliforniana.

    El Cemda recordó que, “en su momento, un miembro de la comunidad interpuso un recurso de revisión a la autorización que dio Semarnat al proyecto, alertando que ésta se daba en clara contravención al programa de ordenamiento ecológico del municipio de Los Cabos, que prohíbe la construcción en dunas para proteger los arrecifes y área marina de Cabo Pulmo.

    Sin embargo –indicó–, pese a la prohibición expresa de la disposición I10 del programa de ordenamiento ecológico de dicho municipio, que impide la construcción en dunas costeras en el área donde se pretende ubicar la marina de Cabo Cortés, la autoridad juzgadora, en este caso el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Mauricio Limón Aguirre, determinó que sí es posible continuar con la construcción.

    Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace, indicó que el proyecto es ilegal y añadió que la inconformidad no solo es de las agrupaciones ambientalistas, sino también de más de cinco mil ciudadanos, quienes también presentaron una denuncia de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Limón Aguirre y Eduardo Enrique González Hernández, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, por aprobar de manera ilegal el proyecto Cabo Cortés y poner en riesgo el parque nacional de Cabo Pulmo

    Detienen a 8 policías federales cuando robaban camiones

    Detienen a 8 policías federales cuando robaban camiones

    Trece sujetos interceptaron dos vehículos con mercancía en la colonia Lindavista

    Tripulantes de una patrulla presenciaron los hechos y pidieron refuerzos para capturarlos

    Alejandro Cruz
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 39

    Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) detuvieron a 13 personas, ocho de ellas agentes en activo o ex elementos de corporaciones policiacas federales, cuando pretendían asaltar dos camiones que transportaban mercancía valuada en cuatro millones de pesos, en calles de la colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero.

    Según el reporte de la dependencia, los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando los vehículos cargados de zapatos tenis, y que eran escoltados por elementos de seguridad privada, circulaban por calzada Vallejo, y en el cruce con Poniente 156, una camioneta Voyager verde, placas MGH-9340, se impactó con uno de ellos.

    Enseguida se aproximaron una camioneta Tahoe blanca matrícula 595-WXX, así como un Golf plata y un Jetta rojo, placas 647-SXY y 751-TSE, respectivamente, de los cuales descendieron varios sujetos armados y portando uniformes de la Policía Federal, quienes encañonaron a los custodios y conductores.

    Los tripulantes de la patrulla P03-17 detectaron la acción y pidieron apoyo de más unidades, llamado al que respondieron elementos de los sectores Lindavista y La Raza, que lograron detener a los presuntos delincuentes, quienes ofrecieron a los policías capitalinos un millón y medio de pesos para que los dejaran huir.

    A los implicados se les decomisaron los cuatro vehículos, 11 pistolas Pietro Beretta 9 milímetros, una subametralladora R-15 y un subfusil MP5; así como chamarras, chalecos y fornituras con leyendas de la Policía Federal, además de cien envoltorios, al parecer con cocaína.

    Los presuntos asaltantes fueron identificados como Víctor Hugo Rivera Pérez, Luis Antonio Caballero Martínez, José Jaime Cabrera Zárate, Édgar Castillo Moreno, Gilberto Moreno Sánchez, todos ellos agentes en activo de la Policía Ministerial Federal; mientras que Andrés Eduardo Martínez, José Guadalupe Villaseñor Villalpando y Jean Carlo González García resultaron ser elementos de la Policía Federal, aunque los dos primeros fueron dados de baja hace unos meses.

    El resto de los detenidos son Jorge Clemente Montecinos, Héctor Solórzano Medina, Gerardo Mendoza Mejía, Felipe Antonio Felipe y Carlos Pineda Huerta. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Agencia Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en medio de un fuerte dispositivo policiaco.

    Asimismo, la procuraduría capitalina informó que tiene al menos dos averiguaciones previas en las que podrían estar involucrados estos 13 sujetos, por hechos ocurridos en la misma zona en los que se utilizó la misma forma de operar: marcar el alto al conductor del vehículo pesado con el argumento de que la unidad tenía reporte de robo y que se la tenían que llevar, según las versiones de las víctimas.

    Con información de Tania Sán

    Presentan campaña para proteger a los defensores de las garantías básicas

    Presentan campaña para proteger a los defensores de las garantías básicas
    Fernando Camacho Servín
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 13

    Los defensores de las garantías individuales llevan a la vida cotidiana la lucha contra la discriminación y la violencia, por lo que el mecanismo de protección que el gobierno federal dio a conocer ayer es un paso adelante para garantizar su integridad y reconocer la importancia de su labor, afirmó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

    Durante la presentación de la campaña Declárate, realizada ayer en el Teatro de la Ciudad y mediante la cual se busca poner de manifiesto el peligro en que suelen trabajar los activistas en la materia, Pillay señaló que la falta de visibilidad de éstos ayuda a que se encuentren más expuestos a represalias, y manifestó su esperanza de que la mencionada iniciativa gubernamental de protección sirva para detener este fenómeno.

    Conozco la situación en México. Me he reunido con varios defensores y sé que muchos de ellos han sido hostigados, amenazados y asesinados. Las recomendaciones al respecto han dado como resultado un mecanismo de protección cuya firma tuve el gusto de atestiguar, y confío en que fortalecerá los esfuerzos para generar condiciones adecuadas para su trabajo, indicó.

    Uno de los más graves obstáculos que enfrentan las y los activistas es la falta de conocimiento de lo importante que es su labor, por lo que llamó a iniciar campañas públicas para revalorarlos y defenderlos de los riesgos a los que están expuestos todos los días.

    Al término del acto –en el que también estuvieron presentes la actriz Cecilia Suárez, el cantante Saúl Hernández y los periodistas Lidia Cacho y Javier Solórzano– el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, Alberto Herrera, comentó en entrevista con La Jornada que la visita de Navi Pillay ha tenido resultados contrastantes, ya que mientras la funcionaria ha mostrado apertura y sensibilidad, Felipe Calderón porfía en su actitud de cerrazón y falta total de autocrítica, destacando sus logros e ignorando los señalamientos de alerta.

    Pese a ello, uno de los saldos positivos del encuentro en Los Pinos, destacó, fue el hecho de que Pillay mencionara ante la plana mayor del Ejército la necesidad de que se juzgue en cortes civiles a los uniformados que cometan abusos contra ciudadanos, aunque desgraciadamente la respuesta del mandatario fue que esos temas seguirán siendo manejados por los jueces de las propias Fuerzas Armadas.

    Los llamados a modificar la estrategia de seguridad pública son cada vez más contundentes, y el Presidente está a tiempo de escucharlos. El cambio de rumbo no necesita meses, puede ocurrir hoy si tiene la suficiente voluntad política de instruir al Ejército a que envíe todos los casos de violaciones a los derechos humanos a la Procuraduría General de la República.

    Herrera también urgió a que haya un deslinde de responsabilidades por los más de 40 mil muertos que ha dejado la guerra contra el crimen organizado, y a que si las investigaciones no tocan a los mandos más altos, por lo menos sí se juzgue a los perpetradores materiales de crímenes y abusos.

    Durante la proyección de un video sobre la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos –disponible en la página de la campaña www.yomedeclaro.org–, integrantes del Comité 68 entregaron a Pillay una carta en la que piden que incluya en su informe previo de evaluación el tema de los crímenes de Estado ocurridos en 1968 y 1971.

    La CNDH pide legislar para reparar daños a víctimas de violaciones a los derechos humanos

    La CNDH pide legislar para reparar daños a víctimas de violaciones a los derechos humanos
    Víctor Ballinas
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 14

    Al inaugurar el seminario sobre Reforma constitucional en materia de derechos humanos, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, aseveró: esta modificación coloca a las garantías básicas en el eje central de todo el marco jurídico y político del Estado mexicano, obligándolo a crear las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas.

    Ante los líderes del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones, y de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que las reformas en materia de garantías básicas representan el inicio de una transformación nacional en la que los derechos básicos de todos los habitantes del país se verán fortalecidos.

    Subrayó que en materia de educación la reforma obliga a todas las autoridades competentes a impulsar el respeto por los derechos humanos desde una formación basada en valores sociales, en donde el proceso educativo tiene una importancia fundamental para fomentar el conocimiento, el ejercicio y el cumplimiento de nuestras garantías ciudadanas.

    Plascencia Villanueva resaltó que para cumplir con los objetivos es necesario que las autoridades legislativas impulsen la elaboración y aprobación de las leyes que harán posible una efectiva reparación del daño causado por violaciones a derechos humanos.

    El senador Beltrones refirió que en los 90 en México los derechos humanos buscaban ser protegidos por la sociedad en su conjunto, pero no por el Estado mexicano. Un descuido de mucho tiempo que obligaba a que el Estado (gobierno en ese momento) institucionalizara la búsqueda del respeto a las garantías básicas, como una obligación que el Estado debería tener con los ciudadanos, y no una obligación de los ciudadanos para hacerlo valer como su derecho ante el Estado.

    Explicó que así surgió la Dirección de Derechos Humanos del gobierno de la República, “que intentaba poner orden en ese aspecto y como un intento de que el mismo Estado reflexionara.

    Que en momentos tan difíciles debería procurar instituciones sumamente sólidas, que nos dieran las garantías suficientes para permanecer en paz y tranquilidad, y sobre todo en valorar el término justicia. Luego, detalló que en esa dirección se creó la CNDH, que surgió y se impuso, no obstante las resistencias que existían en algunos u otros lugares.

    Enseguida hizo referencia a la reforma que aprobó el Congreso para fortalecer los derechos humanos. Toca ahora a la comisión nacional hacerlos valer y a la sociedad exigirlos. Con esta reforma se da un gran paso en la ampliación de la protección jurídica de los derechos humanos, incluye la aplicación directa del régimen internacional en la materia y la modernización de las instituciones encargadas de garantizar su protección.

    Dijo que este es un paso trascendente, que costó una enorme discusión en el Congreso y venció enormes resistencias en el Congreso y fuera de él. La modificación incluye el cambio al Capítulo uno del título uno, al referirse a los derechos humanos y sus garantías, con lo que se sitúa a la persona en el centro del sistema jurídico.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Ramírez Marín, manifestó que la reforma muestra el compromiso con los derechos humanos. El Estado deberá prevenir, investigar y sancionar sin excepción todos los delitos.

    El jurista e integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, manifestó que la reforma es importante y que es necesario que se elaboren las leyes reglamentarias, sobre todo que se precise el fondo de reparaciones. Dijo que es momento de revisar otras reformas que se han hecho y que se contraponen a la modificación en derechos humanos, sobre todo las de la ley de seguridad nacional y el sistema penal.

    Al foro estuvieron invitados el presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, David Langtry; la presidenta de la Comisión Irlandesa, Kirsten Roberts; el Defensor del Pueblo de Argentina, Horacio Esber; el Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez Ortiz, y la defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava.

    Al final, el ombudsman refirió que en 2010 y 2011 el número de quejas se ha incrementado 45 por ciento, sobre todo en materia de seguridad; que con las nuevas atribuciones se incrementará en 35 por ciento el número de quejas, porque ahora recibirán e investigarán denuncias en materia laboral, realizarán inspecciones laborales y los casos de trata de personas, entre otros

    Desacata México fallo de la CIDH sobre desaparición de Radilla Pacheco: HRW

    Desacata México fallo de la CIDH sobre desaparición de Radilla Pacheco: HRW
    De la Redacción
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 16

    Human Rights Watch (HRW) manifestó ayer que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que los tribunales mexicanos tienen la obligación de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero en 1974, en la denominada guerra sucia, debería acelerar la reforma del sistema de justicia militar.

    José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, dijo que en su sentencia de noviembre de 2009, la CIDH determinó que el Ejército mexicano es responsable de la desaparición de Radilla Pacheco y que el gobierno no ha investigado adecuadamente el crimen, por lo que ordenó a México modificar el Código de Justicia Militar para compatibilizarlo con los estándares internacionales, y afirmó que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, por ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

    Refirió que la SCJN ha determinado que la sentencia de la CIDH debe aplicarse, por lo que el presidente Felipe Calderón y el Congreso de la Unión deben reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que se cumpla esta sentencia”.

    HRW destaca que la decisión en el caso Radilla es una de las cuatro resoluciones desde 2008 (incluidas dos de 2010) en que la CIDH determinó que militares cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra civiles. Añade que en agosto de 2010 estableció que las indígenas de Guerrero Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega fueron violadas y torturadas por miembros del Ejército en 2002.

    Asimismo –señala–, en diciembre de 2010 el tribunal determinó que los militares detuvieron y torturaron a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Y en reiteradas ocasiones, la CIDH ha manifestado que la jurisdicción militar no debería aplicarse en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles. México no ha cumplido con esta exigencia.

    HRW refiere que en octubre de 2010, el presidente Calderón propuso reformas al Código de Justicia Militar que no cumplen con lo exigido en la sentencia de la CIDH.

    Señala que la propuesta de Calderón considera que la desaparición forzada, violación sexual y tortura –delitos cometidos por militares contra civiles– sean juzgados por autoridades civiles, pero la investigación y el proceso de otras violaciones graves continuarían a cargo del sistema de justicia militar. Incluso otorgaría a las autoridades castrenses la facultad de determinar qué actos constituyen tales violacione

    Admite Gobernación que acatará la orden de sanción al vocero Valdemar

    Admite Gobernación que acatará la orden de sanción al vocero Valdemar
    Fabiola Martínez
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 20

    La Secretaría de Gobernación (SG) acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordena sancionar a la arquidiócesis de México y a su vocero, Hugo Valdemar Romero, quien llamó a no votar por el PRD.

    Para dar cumplimiento a la orden de la instancia en materia electoral, la SG instalará de inmediato, posiblemente hoy o mañana, la comisión sancionadora, cuya resolución puede ser desde apercibimiento hasta cancelar el registro de la asociación religiosa responsable.

    Sin embargo, el veredicto no será emitido en breve, revelaron altos funcionarios de la dependencia; en principio porque la ley no define plazo para que concluya el análisis y se resuelva la sanción, pero también porque los asesores en Bucareli han advertido que este proceso sentará precedente, toda vez que será la primera vez que Gobernación sancione a un ministro de culto por violar no sólo la Ley de Asociaciones Religiosas, sino por infracciones al código electoral federal.

    De manera reiterada, la SG se había negado a imponer amonestación por dicha causa, de ahí que eche mano de todas las herramientas a su alcance, incluida la que prevé la ley federal de servidores públicos, para tratar de poner una barrera a fin de que la autoridad electoral no vuelva a endosarle un expediente de esa naturaleza.

    Consultado al respecto, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, Felipe Zamora, señaló: Es un hecho que tenemos que cumplir con la resolución del TEPJF en los términos de la legislación aplicable.

    Aseveró que la demora del caso (casi un año desde que el PRD denunció el hecho) obedeció a la diferencia de criterios entre la dependencia y las autoridades electorales.

    La instrucción de la SG es que se cumpla con las sentencias y con la ley, indicó.

    –¿Cuál fue la causa de la tardanza? ¿Buscan proteger a los ministros de culto?

    –De ninguna manera; es un tema que generó amplia discusión, que no está acabado jurídicamente y con seguridad habrá mucha discusión en los próximos meses dijo a La Jornada.

    El tribunal electoral ordenó el viernes pasado a la SG que analice el expediente y sancione a Romero y a la arquidiócesis encabezada por Norberto Rivera, una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) le envíe los documentos respectivos. El TEPJF ya hizo lo propio y resta al árbitro electoral llevar a Bucareli el expediente.

    El subsecretario Zamora dijo que la sanción que se fijará al prelado será con base en la ley y en lo que contenga el expediente que les remitirá el IFE

    Demuestra Chiapas su disposición para la cooperación internacional

    Demuestra Chiapas su disposición para la cooperación internacional
    Periódico La Jornada
    Jueves 7 de julio de 2011, p. 20

    Tuxtla Gutiérrez, Chis. El coordinador residente del PNUD en México, Magdy Martínez-Soliman, destacó que en Chiapas hay una gran disposición para el trabajo de cooperación internacional y la labor que Naciones Unidas realiza en la entidad.

    En el marco de la clausura de las Jornadas de Diálogo sobre la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el diplomático puso de ejemplo la Agenda Chiapas-ONU, que fue coordinada por los gobiernos del estado y federal, así como el PNUD.

    En Chiapas hemos encontrado una enorme disposición para el trabajo de cooperación internacional en la labor que Naciones Unidas realiza desde hace más de 50 años, por ello felicitó a México por mostrar su interés de coadyuvar con los organismos internacionales y que lo convertirá en un actor más fuerte en la cooperación internacional

    Magdy Martínez confió en que con este esfuerzo Chiapas-ONU se muevan las manecillas del desarrollo humano y que en la siguiente medición Chiapas deje de ser el estado más pobre del país, porque lo merece, agregó.

    Por ello recomendó al gobierno federal y a todos los actores profundizar en qué quiere hacer México y para qué, con su política de cooperación internacional y los nuevos instrumentos que la ordenan.

    Durante la clausura de estas jornadas, cuyo tema central fue Recapitulación y perspectivas, Bruno Figueroa Fischer, coordinador de asesores de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE, aseguró que con los nuevos instrumentos la cancillería privilegiará la cooperación descentralizada que han desplegado desde hace tiempo los gobiernos locales (subnacionales) con un enfoque de complementariedad y apoyo por parte del gobierno federal.

    Aseguró que en la elaboración del Programa Especial de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PECID) se recogerán las propuestas que han manifestado todos los actores durante estas jornadas y que en fecha próxima la cancillería abrirá en Internet un espacio para seguir recibiendo sugerencias en ese sentido. Terminado el PECID habrá una consulta.

    Por su parte, Miguel Díaz Reynoso, director general de Vinculación con las OSC de la SRE, sostuvo que la cancillería buscará los mecanismos para que la sociedad civil organizada participe activamente en los trabajos que despliegue la agencia, por lo que podría formarse un Comité Técnico de asesoría a la agencia o grupos de trabajo.

    Finalmente, el director de la División de Estudios Internacionales del CIDE, Carlos Heredia, opinó que las formas de instrumentación de la política de cooperación internacional de México deben pasar por la sustancia misma del concepto que significa trabajar juntos y no de ayuda, asistencia o recursos financieros como lo perciben ciertos actores

    hoy 7 de julio en la jornada

    No se pierdan este jueves 7 de julio, en La Jornada

    Letra S, Salud, Sexualidad y Sida

    con el tema

    Mujeres coraje

    EN el contexto de la guerra contra el crimen organizado que lleva a cabo el gobierno federal, la mayoría de las víctimas letales son hombres. Sin embargo, son las esposas, las madres, las compañeras de estos hombres quienes han tenido que tomar el liderazgo para buscar justicia y proponer opciones alternativas que den un giro a la estrategia oficial. Sus historias de vida son una muestra de la forma en que el panorama de violencia ha trastocado las vidas de personas comunes, que se ven obligadas a hacer cosas extraordinarias.

    Nuevo rumbo en la respuesta al VIH

    De emergencia mundial y “uno de los desafíos más graves para la vida y la dignidad del ser humano” en 2001, el VIH pasó a ser “una catástrofe humana sin precedentes” en 2006 y se ha mantenido así hasta 2011. Con estas palabras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido al sida, que el 5 de junio pasado cumplió tres décadas de haber sido documentado por primera vez. Los adjetivos aparecen al inicio de tres Declaraciones que, con diferencia de cinco años entre ellas, han marcado el rumbo de la respuesta a la pandemia, al reconocer que se trata de una problemática compleja que involucra no sólo al sistema de salud, sino a los esquemas económicos y a la sociedad civil en general.


    Pacto nacional contra el sida

    En este artículo de opinión, el doctor Jorge Saavedra, ex director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, retoma la importancia del reciente hallazgo científico que comprueba que las personas en tratamiento antirretroviral tienen menos posibilidades de transmitir el VIH a sus parejas que aquellas que no toman esa terapia. A partir de ello, propone un pacto nacional para encaminar la respuesta al sida en el país a conseguir que toda aquella persona que necesite ser tratada contra el sida pueda acceder al tratamiento.

    Además, no se pierdan toda la información de nuestra sección NotieSe.

    Letra S, Salud, Sexualidad y Sida, el primer jueves de cada mes en La Jornada.


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