Elida Abonza Paéz  México DF, junio 10 de 2011. Con el lema “No es no”, decenas de mujeres participarán el próximo domingo en La Marcha de las Putas para protestar contra el abuso, la violencia y el acoso sexual que experimentan cotidianamente en las calles. La movilización partirá de la Glorieta de la Palma, ubicada en Paseo de la Reforma en punto de las 14:00 horas con rumbo al Hemiciclo a Juárez. De acuerdo con Edith López Hernández, del comité organizador, el objetivo de la marcha es dejar en claro que las mujeres víctimas de violencia sexual no son culpables de sus ataques. “No hay excusa, ni pretexto para responsabilizarlas. No por ir vestidas de tal forma, haber bebido de más e ir solas caminando por la noche, deben ser víctimas de violencia sexual”. Reivindicó el derecho de las mujeres a circular libremente por las calles con la ropa que les parezca más apropiada, y rechazó que en algunas entidades del país se intente reglamentar su forma de vestir. “Cada mujer es libre de vestir como quiera. No se necesita una ropa especial para ser acosada”. Mediante un comunicado de prensa, Minerva Valenzuela, Edith López, Antonia Cedeño, Areli Rojas, y Gabriela Amancaya, voceras de la movilización, dijeron “estar cansadas” de escuchar que las mujeres propician los ataques sexuales y que por ese motivo son culpable. Explicaron que la apropiación de la palabra “puta” es para rechazar cualquier tipo de violencia ejercida hacia la mujer con el pretexto de su apariencia y para manifestar que ni las trabajadoras sexuales, ni ninguna mujer deben ser violentadas por “putas”. Por eso se organizaron para decir “¡Basta! Yo decido sobre mi cuerpo y No, es No”. López Hernández, destacó que el mensaje político de la marcha consiste en visibilizar la violencia vivida por las mujeres todos los días. Aseguró que la violencia y acoso sexual es molesta, por lo que se requieren acciones y políticas públicas dirigidas a la población tales como campañas de sensibilización para fomentar el respeto en los espacios públicos, así como la impartición de educación sexual en todos los niveles escolares. “La Marcha de las Putas”, se originó en Toronto, Canadá, cuando el pasado mes de enero el policía Michael Sanguinetti, al impartir una conferencia en la Universidad de York, sobre Seguridad Civil, aseveró que “las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”. Indignadas, las mujeres canadienses salieron a marchar el pasado 3 de abril vestidas con tacones, ligueros, escotes y minifaldas, así tomaron las calles de Toronto. El movimiento ha crecido y se ha expandido a otras partes del mundo Colombia, Argentina y Nicaragua. En México, las mujeres marcharán en el Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Baja California, y Quintana Roo. Las organizadoras dijeron que a la movilización podrán acudir hombres, y que a diferencia de otras marchas se pide que en vez de llevar pancartas, las asistentes lleven prendas de vestir con leyendas como: “Yo llevaba puesto esto cuando me faltaron al respeto”, y para las de los hombres sugieren que digan: “Aunque lleves falda, no tengo derecho a faltarte al respeto”. Mencionaron que no es necesario llevar minifalda, ni escotes e invitaron a las participantes a ir vestidas con la ropa que se consideren más apropiada. Hasta el momento son ya 2 mil 200 personas quienes han confirmado su asistencia vía Facebook. A esta causa se han unido organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, el Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, ya que para estas organizaciones es muy importante visibilizar la norma oficial 046 que habla de la violencia sexual y familiar. “Este movimiento, pretende decirle a la sociedad civil, política, religiosa y cualquiera que sea su función en este país, que no importa la vestimenta, el lugar, ni la compañía; nada justifica la imposición de relaciones sexuales o el acoso sexual. Las mujeres no provocan violencia ni la agresión por el sólo hecho de ser responsables y libres al ejercer su personalidad, ideas y principios”, remató Edith López.
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Sábado 11 de junio de 2011, p. 32
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 de junio. El ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, deberá probar su inocencia ante el juez de su causa, pues existen peritajes y testimonios que acreditan el desvío de 104 millones de pesos, que involucra a 58 ex servidores públicos, y también hay una investigación en su contra por la muerte de 30 niños en el hospital de Comitán, en los años 2002 y 2003, afirmó el procurador de justicia de esta entidad, Raciel López Salazar.
De las conductas que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas está investigando, considera que efectivamente tiene responsabilidad penal; hay una muy grave y se refiere al deceso de 30 niños en el hospital de Comitán; eso es lo que yo les puedo comentar
, dijo López Salazar.
Durante una rueda de prensa al término de la 25 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, López Salazar señaló: “Este no es un caso político; la investigación comenzó en febrero de 2009 y se acreditó el desvío de recursos del gobierno de Chiapas en plena crisis tras el paso del huracán Stan (...) hay 58 servidores públicos involucrados.
No es asunto político
“Por supuesto, esto no es un asunto político, es una investigación que se realiza desde febrero de 2009, en la cual el Ministerio Público realizó una indagatoria con base en un desvío de recursos que se le imputaba a Salazar Mendiguchía y a otros 57 servidores públicos de su administración, consistente en haber comprado un seguro de fallecimiento en 2005 (con vencimiento) al 7 de diciembre de 2006. Y precisamente un día antes de que se acabara la administración, dejaron pasar tres meses y cobraron el cheque el 27 de febrero de 2007 cuando ya no eran funcionarios.
“Desviar del erario en plena crisis del Stan, eso es peculado, asociación delictuosa y abuso de funciones públicas”. Además de Pablo Salazar, también fueron detenidos Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romeo.
Las “cantidades que se pagaron a los servidores públicos: Pablo Salazar, 10 millones de pesos, tres millones de pesos, cuatro millones, un millón y medio, dependiendo la cercanía que tuvieran con el ex gobernador . Tenemos casos como el de Stan, que no se ha olvidado, la PGR tiene cinco más por mil millones de pesos en quebranto patrimonial en perjuicio de la gente que sufrió esos estragos allá en la costa, pero hay otros casos de enriquecimiento inexplicable y estamos investigando, pero eso es única y exclusivamente un acto de justicia”, señaló el procurador chiapaneco.
El ex mandatario llegó al gobierno de Chiapas tras una insólita alianza de 8 partidos contra el PRI
Elio Henríquez Corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 10 de junio. Durante su mandato (2000- 2006), Pablo Salazar Mandiguchía, preso desde el martes pasado acusado del desvío
de 104 millones de pesos, se enfrentó con actores clave de la sociedad chiapaneca como el magisterio democrático y un sector de la prensa local, relación que lo marcaría más allá de su gobierno.
Su arribo al gobierno del estado el 8 de diciembre de 2000 ocurrió con una fuerte carga democrática al ganar las elecciones postulado por una insólita alianza de ocho partidos contra el PRI –que postuló al ahora diputado federal Sami David David–, al cual había renunciado para convertirse en candidato.
Además, acababa de ser senador de la República y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, coadyuvante en el diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Una de las primeras acciones de Salazar Mendiguchía –el primer ex mandatario en ir a prisión–, fue contra la administración de su antecesor, Roberto Albores Guillén; encarceló a los ex secretarios de Desarrollo Rural y de Salud, Librado de la Torre y Humberto Córdova Cordero, respectivamente; al ex procurador de Justicia del estado, Eduardo Montoya Liévano; al ex subsecretario de Seguridad Pública, Florencio Madariaga y al ex director de Caminos, Arturo López Martínez, acusados de delitos relacionados con el mal manejo de recursos públicos. Ahora todos están libres.
Pugna abierta con Cuarto Poder
También sostuvo un enfrentamiento abierto –que llegó a la persecución según los testimonios de los directivos de ese medio– con uno de los diarios de mayor circulación en Tuxtla Gutiérrez: Cuarto Poder. La confrontación tomó tintes personales luego de que el diario publicó, durante las campañas políticas, que el título de abogado de Salazar Mendiguchía era falso.
Según la directora del periódico, María Morales Ruiz, el mandatario se empeñó en debilitar y desaparecer
Cuarto Poder mediante el retiro de la publicidad y la persecución
a sus directivos. El argumentó del gobierno estatal era que el diario estaba acostumbrado a recibir grandes cantidades de dinero de Albores Guillén, lo cual no se justificaba en un estado pobre como Chiapas.
Morales Ruiz, en entrevistas con distintos medios, ha narrado que ella y su esposo Conrado de la Cruz Jiménez, entonces director, sufrieron el exilio cuatro años y la muerte de éste en Miami, Estados Unidos, en enero de 2007. Además, el encarcelamiento de su hijo Conrado de la Cruz Morales durante tres años y 8 meses, quien también murió en 2008.
El periodista y escritor Rafael Loret de Mola, quien como amigo de la familia intentó mediar en el conflicto entre Cuarto Poder y Salazar Mendiguchía, narró a un grupo de reporteros el pasado 7 de junio en Tuxtla Gutiérrez, y lo ha repetido en algunas entrevistas, que él y otros comunicadores y editores intentaron conseguir un acuerdo para que cesara la persecución
, pero la condición final del entonces mandatario fue que salieran del rotativo los columnistas que lo criticaban y ya no se publicaran notas en su contra, lo que fue rechazado por los directivos”. Nunca fue posible llegar a un acuerdo.
También señaló –y lo ha dicho la madre en su testimonio a la prensa– que cada vez que Cuarto Poder publicaba notas en contra del mandatario, a De la Cruz Morales se le aplicaban mayores castigos en la cárcel
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Reprimió a opositores al cierre de internado en normal rural
Salazar Mendiguchía también se enfrentó con los maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a causa de los descuentos salariales por los recurrentes paros y marchas. Eliminó el internado en la Escuela Rural Normal Mactumatzá, con sede en Tuxtla Gutiérrez y reprimió a docentes y alumnos que protestaron su decisión.
Hoy, más de 10 mil maestros del Bloque Democrático que marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir solución a demandas laborales y políticas, exigieron también que se aplique la ley
contra el ex gobernador. El dirigente del bloque, Adelfo Alejandro Gómez, sostuvo que Salazar Mendiguchía nos encarceló, persiguió y descontó nuestros sueldos y prestaciones sociales por no permitir su política de imposición educativa ni ceñirnos a sus caprichos
.Gómez también aclaró que la manifestación fue planeada antes de la detención de Pablo Salazar.
Con el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández tuvo diferencias pues nunca aceptó las recomendaciones del organismo dirigidas a la procuraduría. López Hernández terminó renunciando y abandonó Chiapas.
En cambio, con el EZLN, uno de los principales actores en la entidad, el mandatario estableció una relación de respeto y lo reconoció como interlocutor para la solución de problemas y conflictos.
