Inmujeres protege intereses electorales de Peña Nieto, acusan activistas

Registran 200 feminicidios en Edomex en 2010 Piden revisar recursos otorgados a Inmujeres Leonardo Bastida Aguilar México DF, enero 13 de 2011. “Las titulares estatales de los Institutos de las Mujeres responden a intereses políticos y se han dedicado a cuidar la imagen e intereses electorales de gobernantes como el del estado de México, por lo que han dejado a un lado el objetivo de su institución”, aseguraron defensoras de los derechos humanos de las mujeres. María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ana Yeli Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), apuntaron que el pasado 11 de enero 20 titulares de los Institutos Estatales de las Mujeres rechazaron la propuesta de la sociedad civil de emitir una alerta de violencia de género en el estado de México durante la reunión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En conferencia de prensa, la activista mencionó que la sociedad civil decidió proponer este mecanismo, contemplado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante el incremento de más de 100 por ciento de feminicidios en el último año por lo que se solicitaba investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad. “Por el momento ningún agresor de mujeres está en la cárcel debido a la impunidad que prevalece en el estado de México y a nivel nacional, hecho que permite una normalización de la violencia contra las mujeres que puede derivar en feminicidios”. En torno al aumento de feminicidios, Estrada mencionó que en 2005 se registraron 90 casos en la entidad mexiquense, cifra que en 2010 aumentó a 200, y que en los últimos años da un total de 992, cifra que aseguró, ni las autoridades mexiquenses conocen pero se han dedicado a desmentir en la prensa en días recientes. La coordinadora del OCNF aseveró que estas deficiencias en la impartición de justicia en el estado de México se reflejan en cifras como las más de 4 mil 773 violaciones contra mujeres registradas en 2010, de las cuales, no se tiene conocimiento alguno de sanción. En torno a la situación, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Teresa Incháustegui, comentó que es necesario revisar el funcionamiento de Inmujeres debido a que se le otorgan recursos públicos pero no dan respuesta a los problemas. La legisladora añadió que se volverá a citar en la Cámara de Diputados al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, para que explique por qué no ha cumplido con los compromisos que aceptó durante su visita en 2010 y cuál ha sido la causa que le ha motivado a disminuir las cifras ante la prensa a pesar de que los casos están documentados. Con motivo del rechazo por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la alerta de violencia de género en la entidad mexiquense, el OCNF y la CMDPDH, interpondrán un juicio de amparo ante juzgados de distrito con la finalidad de que las autoridades mexiquenses investiguen y esclarezcan 526 casos en los que se desconoce la identidad del asesino y 99 en los que no se ha identificado a la víctima. Al respecto, las activistas recalcaron que esta postura refleja la poca importancia que tiene para los organismos encargados de proteger a las mujeres la protección de este sector de la población por lo que se han convertido en culpables de estos crímenes al no plantear soluciones y evadir mecanismos, como la alerta de género, que puede dar una solución al problema. Recordaron, es la tercera vez que el sistema rechaza emitir una alerta de género. Por su parte, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto aseguró ante los medios de comunicación, después de entregar el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, que en la entidad no se registra la tasa más alta de feminicidios por lo que “no habría lugar a emitir una alerta de género”. El mandatario mexiquense añadió que estos números son producto de los altos índices de violencia existentes en el país e indicó que resulta sospechoso la aparición de estas cifras en pleno año electoral por lo que no descartó que detrás de esta iniciativa haya “intereses políticos”. ¿Qué es una alerta de género? Es un mecanismo que obliga al Gobierno enjuiciado a promover reformas inmediatas en sus leyes para proteger a las mujeres y aclarar los crímenes. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en 2010 se registraron mil 720 feminicidios en 18 estados.

Violentan derechos laborales de mujeres recepcionistas

Disminuyen sus ingresos en 24 por ciento Cimacnoticias-Redacción NotieSe México DF, enero 13 de 2011. “La eliminación de la categoría de recepcionista de la tabla de salarios mínimos profesionales, además de disminuir los ingresos de miles de mexicanas, transgrede la legislación del país y los acuerdos internacionales que establecen el derecho al trabajo digno y en igualdad de condiciones para mujeres y hombres”, señaló la ex legisladora perredista Rosario Ortiz Magallón. Con estas palabras, la también integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), reprobó el anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), en el que “sin explicación alguna, disminuyen el ingreso de miles de mujeres y con ello su calidad de vida”. El pasado 18 de diciembre, la CNSM emitió un comunicado de prensa para dar a conocer el aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo general (2.35 pesos). Este documento refirió también que “se acordó suprimir para 2011 y en lo sucesivo, el trabajo especial de Recepcionista en general”. Con la decisión de representantes patronales, obreros y del gobierno federal, que integran la CNSM, a partir de este año las recepcionistas en lugar de percibir como salario mínimo 77.8 pesos al día, recibirán 59.8. La integrante de la RMS refirió que las recepcionistas son registradas como personal ocupado en el sector servicios, donde actualmente trabaja 40.5 por ciento de las 44.5 millones de personas que laboran en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Rosario Ortiz señaló que, en un escenario de caída salarial generalizada, frente al alza de productos de la canasta básica, y el aumento de los servicios, disminuir el mínimo salarial de este grupo de trabajadoras es “violencia de Estado porque al tiempo que reduce su ingreso, pone en bandeja de plata mano de obra barata para las empresas, flexibilizando el mercado laboral sin garantizar los derechos de las trabajadoras”. De acuerdo con Ortiz Magallón, la eliminación del trabajo especial de recepcionista del salario mínimo profesional es un acto discriminatorio que además de violentar los artículos 1 y 4 constitucionales, transgrede convenios que México está obligado a cumplir como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo, respecto a la garantía de trabajo digno y la creación de políticas no discriminatorias que promuevan la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral. La supresión de las recepcionistas, concluyó, “refleja la incapacidad de de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para establecer un salario remunerador, no sólo para las recepcionistas, para todas y todos los trabajadores del país”.

Mujer transexual encabeza Ministerio Público en Zona Rosa

PGJDF se compromete a respetar derechos humanos de comunidad gay Leonardo Bastida Aguilar Gómez Bastida, al centro, con su equipo de trabajo. Foto: Leonardo Bastida A. México DF, enero 13 de 2011. “En 21 años de servicio, jamás había volteado hacia la comunidad de la diversidad sexual, a pesar de ser parte de ella”, reconoció Javier Gómez Bastida, titular de la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). En charla con NotieSe, el licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, recordó que en su experiencia en otras agencias de la PGJDF, el tema de la diversidad sexual no era común, por lo que tras su cambio a la Agencia 5 en la delegación Cuauhtémoc se percató de la situación cuando miembros de esta comunidad eran remitidos al Ministerio Público. Eso lo motivó a sensibilizar a los integrantes de la dependencia. Como parte del reto, Gómez Bastida se presentó ante sus subalternos como una mujer transexual en proceso de reasignación sexogenérica. Los invitó a capacitarse y sensibilizarse en el tema con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios y evitar nuevos actos de discriminación. Con mucho interés en promover y defender los derechos humanos, Gómez Bastida reconoció que no había puesto atención en el tema debido a que nunca se ha considerado discriminado. “No he recibido comentarios discriminatorios. Debemos terminar con las etiquetas que prevalecen en nuestra sociedad”. Añadió que los altos índices de quejas en las comisiones de derechos humanos de todo el país en contra de los ministerios públicos, por parte del sector de la diversidad sexual, fueron un detonante para plantear una solución de fondo. Otro factor determinante, fue que en febrero de 2010, entró en funciones la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, la cual sólo estaría vinculada a los homicidios, pero otro tipo de delitos quedarían sin atenderse. De esta manera, Gómez Bastida aseguró que desde abril pasado, cuando fue nombrado titular de la Agencia 5, después de más de 20 años de servicio en los Ministerios Públicos de la delegación Álvaro Obregón, se comenzó a ver esta opción, ante la realidad propia de esta agencia, en la cual, los delitos en los que están involucrados miembros de la comunidad LGBTTTI son una constante, sobre todo el robo. Posteriormente hubo un acercamiento con los colectivos de la diversidad sexual para definir los puntos de trabajo, y ante los cambios en el DF en torno al matrimonio universal, Bastida decidió involucrarse con ellos para conocer sus necesidades y recibir sugerencias para mejorar los módulos de atención del Ministerio Público. Explicó que este proyecto, cuyas funciones comenzaron el pasado lunes 10 de enero, surgió de la necesidad de brindar a la comunidad LGBTTTI un trato digno y de respeto a sus derechos humanos, en la que no se les etiquete por su orientación sexual, además de responder a los cambios legales en la Ciudad de México y sumarse a la iniciativa de creación de un Centro Comunitario para la comunidad LGBTTTI que brindará servicios en materia de salud, asesoría legal, cultura y turismo, entre otros. La unidad brindará atención especializada a las personas que acudan a su módulo en la calle de Génova número 30, en Zona Rosa. Además, cualquier agencia o fiscalía que tenga un caso en el que haya un miembro del colectivo LGBTTTI involucrado, será remitido a esta unidad. Así, la unidad empieza sus funciones con el reto de acercar a la comunidad de la diversidad sexual a las autoridades con la garantía del respeto a sus derechos humanos. Sobre su elección como titular de la agencia, el funcionario mencionó que es un gran “orgullo” ser parte de un proyecto incluyente que muestra al Gobierno del Distrito Federal “abierto” hacia este tema y comprometido para erradicar la discriminación hacia las personas gay en las dependencias capitalinas. Sin embargo, señaló que existe un gran reto social debido a que “muchos integrantes de la sociedad mexicana todavía no están preparados, necesario impulsar medidas en ámbitos como la educación pues no se habla de la diversidad ni se concientiza de su existencia”.

Ola de violencia atenta contra periodistas mexicanos, revela informe

Asesinan a 30 durante el gobierno de Felipe Calderón Cimacnoticias-Redacción NotieSe Aspecto de la marcha de periodistas contra la violencia realizada en 2010. Foto: Mario Alberto Reyes México DF, enero 13 de 2011. Defensoras del derecho a la información y especialistas en libertad de expresión manifestaron su preocupación por las constantes amenazas y agresiones contra periodistas y por las condiciones de violencia que afectan a la prensa mexicana. En el documento “El Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”, editado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) se concluye que a las y los periodistas mexicanos los matan “casi por cualquier cosa”. El texto fue redactado por reporteras como Sanjuana Martínez y Marcela Turati; la especialista Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), y Darío Ramírez, director de la organización protectora de los derechos de los periodistas Artículo 19, entre otros expertos. Los autores coincidieron en que las y los periodistas mexicanos trabajan en condiciones de desprotección e indefensión, lo que limita el ejercicio periodístico. De acuerdo con organizaciones civiles, en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 30 periodistas han sido asesinados, 11 en 2010, 65 durante una década y 12 más permanecen desaparecidos. Ningún caso se ha resuelto. Para Sanjuana Martínez, los periodistas de provincia padecen la invisibilidad de la guerra entre las autoridades y el crimen organizado. “En este campo de batalla, los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua son algunos de los más peligrosos para ejercer el periodismo”. La periodista sostuvo que investigar se ha convertido en una tarea compleja porque las fuentes de información, entre ellas la policiaca, se han cerrado. Los funcionarios se excusan en tener un bajo perfil para evitar dar entrevistas y además el acceso a datos duros es imposible, argumentó. Advirtió que “preguntar, ver, buscar, cuestionar, puede ponerte en la mira”. Así lo demuestran las recientes amenazas contra la periodista Anabel Hernández, autora del libro “Los señores del Narco”, en el que documenta que el narcotráfico no podría existir sin el apoyo de políticos, banqueros y empresarios. En diciembre de 2010, Hernández denunció haber recibido información sobre un plan instrumentado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones para atentar contra su vida, pese a ello afirmó que continuaría con su trabajo de investigación. En este contexto, Brisa Solís apuntó que es necesario vislumbrar y analizar el problema de la libertad de expresión mediante el monitoreo y registro de agresiones contra trabajadoras y trabajadores de los medios. La especialista señaló que la intención es que las y los periodistas denuncien estos hechos con el objetivo de salvaguardar el derecho a la información y el ejercicio periodístico.

CARTONES DE LA JORNADA

Preocupa a la CDHDF agresiones contra medios de comunicación y periodistas en México

Redacción NotieSe

México DF, enero 12 de 2011.

La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó su preocupación al señalar que en los primeros 11 días de 2011 ya se han registrado dos casos de agresiones contra periodistas.

“En medio de un contexto altamente violento de inicio de año, llaman la atención 2 ataques consecutivos a instalaciones de medios de comunicación. El primero fue en la madrugada del pasado sábado 8 de enero, cuando personas desconocidas lanzaron dos granadas de fragmentación contra las instalaciones de la empresa Televisa en Piedras Negras, Coahuila. Los artefactos no detonaron por lo que no ocasionaron daños”, dijo el organismo mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), una llamada al Centro Estatal de Atención de Emergencias dio aviso sobre la presencia de las granadas. Al lugar acudieron elementos del Ejército mexicano, así como de las policías federal y estatal para acordonar la zona y asegurar los explosivos.

La CDHDF mencionó que este ataque fue el segundo en menos de un año contra instalaciones de Televisa en la entidad, toda vez que el 25 de enero de 2010, desconocidos abrieron fuego contra la fachada de la repetidora de Televisa en la ciudad de Torreón, Coahuila. Sin embargo, esta misma televisora fue blanco de otras dos agresiones similares en otras ciudades del norte del país a lo largo del año pasado.

“La segunda agresión ocurrió la madrugada de hoy martes 11 de enero en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde durante los meses recientes la violencia se ha incrementado de manera exponencial. Hombres desconocidos lanzaron una granada en las instalaciones de La Silla, filial del periódico El Norte que opera en la capital neoleonesa. El ataque dañó las instalaciones, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos”.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, en una noche en que se reportaron varias balaceras en el estado. En menos de una hora, Monterrey se vio sometida por dos bandas de delincuentes que se enfrentaron a balazos en diferentes puntos de la capital de Nuevo León. Las autoridades no han determinado si el ataque fue un hecho colateral o si fue un ataque directo al diario. Sin embargo, vale la pena recordar que esta filial ya había sufrido un ataque similar el pasado mes de septiembre.

El organismo presidido por Luis González Placencia consideró indispensable que las investigaciones avancen rápidamente para determinar las causas y los responsables de estos ataques “pues la impunidad es el peor cáncer para la democracia mexicana”. Exhortó a las autoridades federales y estatales a evaluar los riesgos que enfrentan los trabajadores de los medios atacados, con el objetivo de brindarles medidas de protección y garantías para el pleno ejercicio de su labor informativa.

Histórico: Tribunal Constitucional de Chile sentencia que relaciones lésbicas son siempre legales, a diferencia de las gays

Redacción NotieSe

México DF, enero 12 de 2011.

El Tribunal Constitucional rechazó en una divida e histórica votación un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 365 del Código Penal, que fija en 18 años la edad de consentimiento sexual para las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que para heterosexuales está fijada en 14. Sin embargo, hubo coincidencia en que sólo son ilegales las relaciones gays y no las lésbicas, aspecto que hasta ahora nunca estuvo claro.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informa a la opinión pública de “un histórico y agridulce” pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde una mayoría “con argumentos claramente homofóbicos” rechazó esta semana un recurso de inaplicabilidad del artículo 365 del Código Penal, el cual configura como delito las relaciones sexuales consentidas entre un mayor de 18 años y un menor del mismo sexo, con edad superior a los 14 años.

“El rechazo es claramente homofóbico y así lo manifestó el voto disidente, el cual recibimos con la máxima satisfacción por ser un gran aporte para continuar con la lucha por derogar esta discriminatoria norma. De hecho el texto disidente es el más claro, contundente y comprometido con los derechos humanos de las minorías elaborado por alguna autoridad en Chile”, anunció el Movilh.

“Más relevante aún es el hecho de que tanto las posturas a favor y contrarias a la inaplicabilidad, coincidieron en que el 365 no es aplicable a mujeres, por lo que la edad de consentimiento sexual para lesbianas es igual a las de los heterosexuales”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

“Eso quiere decir que las relaciones de una mujer de 14 años o más con otra de igual o mayor edad en Chile son legales. Este es una excelente e histórica clarificación, que hasta ahora estaba en la ambigüedad, revistiendo una gran trascendencia para las mujeres lesbianas y bisexuales, muchas de las cuales han sido amenazadas con demandas en virtud del artículo 365 del Código Penal”, añadió el activista.

En la sentencia del pasado 4 de enero rechazaron “de una manera grotescamente discriminatoria” la inaplicabilidad el presidente (s) del TC, Raúl Bertensen, y los ministros Mario Fernández, Marisol Peña, Enrique Navarro, Francisco Fernández e Iván Aróstica, informó el Movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT).

En tanto, los ministros Hernán Vodanovic, Carlos Carmona y José Antonio Viera Gallo se pronunciaron a favor de la inaplicabilidad con “una argumentación clara y contundente que hace historia en la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual en Chile y que reproducimos en extenso al final de este comunicado”, consideró Jiménez.

Relaciones lésbicas legales

El artículo 365 del Código Penal estipula que quien “accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”, norma aprobada en 1999, año desde cuando diversos sectores siempre pensaron, “incluida una parte de nosotros”, que era extensiva a hombres y mujeres, en especial porque muchas lesbianas siguen siendo amenazadas en virtud de la norma.

Sin embargo, tanto el voto mayoritario, como minoritario señaló en sus argumentaciones que la norma es sólo aplicable a los hombres.

“En lo que se refiere al verbo rector y a los elementos del tipo constitutivo del delito de sodomía, puede observarse que el primero está definido por las expresiones “el que accediere carnalmente” contenidas en el artículo 365 del Código Penal, debiendo entenderse que se trata del acceso carnal de un varón a otro varón”, sostuvo el voto mayoritario.

En tanto el voto disidente precisó que el ·”artículo 365 del Código Penal genera una situación más perjudicial para los varones que tienen un cierto tipo de relaciones sexuales consentidas con personas mayores de 14 años y menores de 18, del mismo sexo. Idéntica conducta -acceso carnal consentido- entre personas de distinto sexo no es punible; tampoco lo es si el menor es el sujeto activo; ni si la relación es entre mujeres o entre menores”.

El pronunciamiento tuvo lugar luego de que el pasado 13 de abril el Defensor Penal Público, Pablo Ardouin, presentara un recurso de inaplicabiidad por inconstitucionalidad en defensa de un hombre que el 2005 y a sus 33 años tuvo relaciones sexuales consentidas con un adolescente de 14.

Al respecto, el voto disidente fue claro en señalar que el artículo 365 es inconstitucional, pues al margen de la diferencia de edad, el mayor no estaría siendo sancionado si fuese heterosexual, con lo que se contravienen los principios constitucionales de igualdad ante la ley, así como las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos del Niño, que ha pedido al Estado de Chile derogar la norma.

El voto homofóbico

Para rechazar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad el voto mayoritario sostuvo que a la hora de aprobarse la ley en el Congreso Nacional, no hubo homofobia pues sólo predominó el interés superior del menor de edad. Añadió además que la relación entre un mayor de edad y otro menor del mismo sexo, es perjudicial para este último.

“El legislador, en opinión de estos sentenciadores, ha obrado dentro de la órbita de sus potestades constitucionales al referir la protección del menor, en materia de autodeterminación e indemnidad sexual, a las relaciones sodomíticas en que juega un papel pasivo, por entender, razonablemente, que se trata de un tipo de relación lesiva de su dignidad como persona, afincada en la inmadurez de su desarrollo psíquico y sexual”, se indicó.

“Además, tratándose la sodomía de un delito de mera actividad, cuya antijuridicidad radica en la posición desmedrada en que la conducta realizada deja al menor, discurre justificadamente el legislador al estimar que la penetración que sufre no puede ser un episodio inocuo o baladí para éste, sino que, por el contrario, lo determina o condiciona, de alguna manera relevante, al momento de tener que definir, con plena libertad, su propia identidad sexual”.

“Lo que está diciendo el voto mayoritario es repudiable, sólo se basa en el prejuicio y carece de todo estudio científico o psicológico, llegando al extremo de decir que una relación sexual consentida provoca daño sólo si son dos hombres los involucrados, pero no dos mujeres o un hombre con una mujer. Esto es impresentable”, dijo Jiménez.

El voto por la igualdad

En tanto, el voto disidente sostuvo que el artículo 365 del Código Penal “protege a los menores simplemente de la “homosexualidad” entendida como una manifestación inherentemente lesiva, lo cual deja entrever un desconocimiento de ese fenómeno y un razonamiento homofóbico”.

Explicó que “la historia legislativa demuestra que se buscó legitimar la norma impugnada sobre la base de argumentos moralizadores y homofóbicos. Basta citar algunos de los fundamentos que se esgrimieron en la Cámara de Diputados”, tras las cual relató diversos pronunciamientos discriminatorios.

Añadió que “por otra parte, la norma no busca proteger a los menores de abuso ni de coacción por parte de los adultos, pues para ello se contemplan los delitos de violación, estupro y abuso sexual, previstos en los artículos 361, 362, 363, 366, 366 bis, 367, 367 bis, 367 ter y 373 del Código Penal”.

“Sostener que el artículo 365 pretende proteger a los menores púberes de las actividades sexuales traumáticas, omite considerar que los supuestos de hecho de la norma no incluyen ningún tipo de abuso, engaño, coacción o daño. No hay razones para afirmar que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo sean per se coercitivas”, añadió.

Recalcó que “tampoco puede sostenerse que la norma busca proteger la inmunidad sexual de los menores púberes, pues éstos pueden libremente mantener relaciones sexuales consentidas con personas del sexo opuesto desde los 14 años”.

Más argumentaciones por la no discriminación

Otras argumentaciones del voto disidente, que se reproducen íntegramente dada su claridad, fuerza y relevancia para los derechos humanos de las minorías sexuales, fueron las siguientes:

-La Constitución chilena no prejuzga sobre la orientación sexual de los ciudadanos ni sobre las prácticas sexuales que, libremente, éstos estimen conveniente efectuar en su vida privada. La sexualidad constituye el núcleo más íntimo del ser humano. Tener o no relaciones sexuales, con quién, de qué forma, el lugar y las razones, no es algo que interese a terceros, mientras no se vulnere el derecho de nadie ni medien vínculos consanguíneos.

-No puede esta Magistratura, como ninguna otra del Estado, restringir o lesionar los derechos y libertades asociados a la sexualidad por la vía de afirmar determinados criterios culturales sobre aquello que se considera “aceptable”. Cuando el legislador decide regular estas conductas, debe hacerlo con extremada prudencia y tino para no contradecir los valores que pretende resguardar.

-Una comunidad no puede volver irrelevantes las convicciones personales de sus integrantes. El pluralismo exigido en una sociedad democrática no tiene que ver únicamente con ideas, partidos políticos o movimientos, sino también con la forma en que las personas ejercen su integridad física y síquica, incluida su sexualidad. Negar la tolerancia frente a orientaciones sexuales minoritarias equivale a negar derechos que son esenciales en una democracia.

-La protección de los menores, que constituye uno de los fines declarados del precepto según sus autores, es un bien jurídico que debe apreciarse en conjunción con el respeto de sus derechos fundamentales, conforme lo prescribe la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, a la cual ha adherido Chile. En la actualidad, los menores ya no son considerados como simples objetos de protección sino como personas titulares de derechos que deben ser respetados y promovidos.

En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, los mayores de 14 y menores de 18 años pueden ser sujetos de responsabilidad penal (artículo 3º, Ley Nº 20.284), pueden contraer matrimonio libremente a partir de los 16 años (artículo 5º, Ley Nº 19.947), pueden ser sujetos de responsabilidad civil extracontractual (artículo 2319 del Código Civil), pueden celebrar actos extramatrimoniales (por ejemplo, el reconocer hijos) y pueden celebrar actos y contratos, sujetos a autorización o ratificación.

Al menor púber, al igual que las personas adultas, se le reconoce, entre otros derechos, el de autonomía o libertad sexual como emanación de su integridad física y síquica, aunque esté en formación. Por tanto, el legislador penal debe tener en cuenta que no puede buscar la protección de los menores vulnerando o restringiendo severamente sus derechos y libertades.

Que, en efecto, es deber del Estado, conforme al artículo 3.2 de dicha Convención, asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley.

Sin embargo, la misma Convención prescribe que tal protección debe procurar no ser discriminatoria u operar como una injerencia arbitraria en la vida privada del menor.

Conforme a su artículo 2.1, el Estado debe respetar los derechos del menor y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Asimismo, conforme al artículo 16, el Estado debe asegurar que ningún niño sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.

El mismo Comité, en su Observación General formulada a Chile, en abril de 2007, al respecto señaló: “Preocupa al Comité que las relaciones homosexuales, inclusive entre personas menores de 18 años de edad, se sigan penalizando, lo que supone una discriminación sobre la base de la preferencia sexual. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos para examinar, supervisar y hacer cumplir la legislación que garantice el principio de no discriminación y el pleno cumplimiento del artículo 2 de la Convención, y que adopte una estrategia proactiva e integral para eliminar la discriminación por motivos de género, étnicos, religiosos o por cualquier otro motivo, y contra todos los grupos vulnerables en todo el país.

-Que, en consecuencia, no es posible justificar la norma en cuestión basándose en la protección del menor, como pretende el voto de mayoría. Por un lado, porque -como ya se ha señalado- los varones menores de edad supuestamente protegidos por la norma, esto es, los mayores de 14 años y menores de 18 años, son sujetos capaces para desenvolverse en diversas áreas de la vida, inclusive el ámbito sexual. Por otro lado, porque la protección de los menores mediante el sometimiento a un proceso penal no es una vía idónea para garantizar su integridad sexual ni psíquica, ni para que desarrollen una sexualidad responsable. Existen numerosos otros medios menos lesivos que el derecho penal para dicho fin. Como es sabido, ser partícipe en un proceso penal, aun sin ser el imputado, puede resultar agresivo y perjudicial a los intereses del menor.

-El argumento de la protección del menor no puede ser ciego a eventuales infracciones al principio de igualdad y no discriminación, como tampoco a eventuales injerencias indebidas en la esfera íntima de los menores desconociendo su libertad para ir determinando su proyecto de vida;

-Que, como se observa de las consideraciones precedentes, los derechos de las minorías sexuales que no eran reconocidos hace 40 ó 30 años, cuando se penalizaba la sodomía o se establecían edades diferenciadas de consentimiento válido para relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, hoy tales normas han sido erradicadas y los derechos de las personas con orientación sexual minoritaria son respetados en la gran mayoría de los países.

En pocas palabras, el reconocimiento de derechos avanza a medida que se consolidan mejores estándares de respeto entre los ciudadanos y evoluciona a la par que la sociedad se abre a nuevas formas de convivencia respetuosa entre sus miembros.

-Que, por otra parte, tal tratamiento resulta exigido si se considera que las denominadas “minorías sexuales” han sido históricamente objeto de un trato discriminatorio e incluso vejatorio tanto por parte de los individuos como del Estado.

-En tal contexto, si bien en el presente caso se analiza la afectación de la igualdad respecto del requirente, acotada al asunto concreto que sustenta la gestión pendiente, no puede perderse de vista que el derecho a la igualdad ante la ley no prohíbe sólo la discriminación arbitraria en términos individuales, sino también la creación de grupos segregados forzados a vivir al margen de la sociedad, aislados de la mayoría, siempre en situación de riesgo, y considerados como inferiores.

-Que, consecuentemente con lo señalado en los considerandos precedentes, no se aprecia una justificación legítima para determinar distintas edades a partir de las cuales se sanciona una misma conducta únicamente en razón del sexo o la orientación sexual de los sujetos intervinientes en un tipo de relación sexual.

-La penalización de la sodomía, aunque sea en forma residual o muy excepcional, como en la especie, contribuye a la estigmatización de las personas que la practican y a su segregación social. Así, la penalización de la sodomía resulta intolerable y asimilable a la prohibición y penalización de las relaciones entre personas de raza blanca y raza negra existente en los Estados Unidos hasta los años 70’s, en que el móvil de la regulación era precisamente mantener la subordinación de un grupo humano,

-Que, por lo demás, cabe tener presente que el Estado de Chile, en el Examen Periódico Universal (E.P.U.) efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2009, examinó las recomendaciones formuladas durante un diálogo interactivo con otros Estados y dio su apoyo a varias recomendaciones, entre ellas a la siguiente: “Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y abordarla en los programas y políticas de igualdad”.

-Que en el presente caso, como se ha señalado, el artículo 365 del Código Penal genera una situación más perjudicial para los varones que tienen un cierto tipo de relaciones sexuales consentidas con personas mayores de 14 años y menores de 18, del mismo sexo. Idéntica conducta -acceso carnal consentido- entre personas de distinto sexo no es punible; tampoco lo es si el menor es el sujeto activo; ni si la relación es entre mujeres o entre menores.

-El fundamento esgrimido manifiesta un prejuicio rotundo acerca de la condición homosexual, considerándola un riesgo y daño para quien la asume, connotándola negativamente desde el ámbito cultural; o sea, se reputa normal la conducta heterosexual y anormal y peligroso el comportamiento homosexual. Ese es el basamento real de la distinción que recoge la ley penal reprochada, que no puede ser inspiración para ningún órgano del Estado, sujeto al perentorio mandato de los artículos 5º y 6º de la Constitución Política.

-Que de lo sostenido se deduce que el artículo 365 del Código Penal atenta gravemente contra la igualdad ante la ley, pues idéntica conducta realizada entre un varón y una mujer entre los mismos rangos etáreos, no merece ninguna sanción penal. Así, la norma en cuestión incrimina una conducta exclusivamente en razón del sexo y orientación sexual de quienes la ejecutan. Se prohíbe, sin justificación razonable, a un grupo de personas una conducta que está plenamente permitida para otras;

-Que, así, aun cuando se pensara que la norma pretende alejar a los menores de la sodomía, pues ésta “al producir el hábito, las partes involucradas tienden a no valorarla como algo malo, produciéndose un problema muy importante de alteración de la conciencia” (Informe Comisión de Constitución, Cámara de Diputados, pp. 14 y 15, Boletín Nº 1048-07), debe tenerse en cuenta que al pretender proteger a los menores no se puede vulnerar su libertad. Al actuar así el legislador es tributario de una visión homofóbica que no es conciliable con una sociedad integradora, respetuosa de los derechos humanos, donde los sujetos se relacionan en plano de igualdad y respeto.

-Que, en consecuencia, el artículo 365 del Código Penal, al sancionar ciertas conductas homosexuales libremente consentidas entre personas mayores de 14 años, atenta contra la libertad que tienen para definir su proyecto de vida y alcanzar el mayor desarrollo personal posible;

-Que, en este contexto, la intervención estatal se legitima únicamente cuando busca proteger la libertad de quienes interactúan, para evitar fuerza, coacción, engaño u otro abuso, sin que medien relaciones de parentesco. En el presente caso, en cambio, no concurren esas hipótesis.

-Que la existencia del delito que se analiza implica una intromisión ilegítima en lo que las personas pueden hacer en materia sexual. El precepto legal cuya aplicación se impugna penetra en la esfera más intima del sujeto – el varón menor adulto – y, sin atender a su libre consentimiento, sanciona sus relaciones homosexuales y lo trata como un objeto de protección y no como una persona, sujeto de derechos.

Desechan alerta de género para proteger a Peña Nieto, aseguran feministas

El gobierno federal minimiza cifra de 922 asesinadas, señalan Cimacnoticias-Redacción NotieSe México DF, enero 11 de 2011. Para proteger al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y no obstante las altas cifras de asesinatos de mujeres en esa entidad, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres descartó por segunda ocasión, la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en una entidad federativa. En su sesión de hoy, el Sistema Nacional calificó como improcedente la solicitud del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en el estado de México. El 20 de julio de 2009, el Sistema Nacional rechazó otra solicitud por agravio comparado para Guanajuato, por las reformas que penalizan el aborto en la entidad, pero al igual que esta ocasión, el Sistema descartó la investigación. Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del OCNF y abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo a Cimacnoticias que este hecho demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Añadió que durante la reunión de hoy el Sistema, presidido por la Secretaría de Gobernación, “los argumentos se politizaron, se habló de que la AVG era un golpe para el gobernador priísta y no fundaron la improcedencia en argumentos de hecho o jurídicos”. En cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922, según datos de la propia Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM). “Pero este hecho no les parece suficientemente grave (a los integrantes del Sistema Nacional) como para iniciar una investigación”, acusó Pérez Garrido. De acuerdo con la PGJEM, en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos de mujeres, en 2006 hubo 138, en 2007 161, para 2008 176, en 2009 ocurrieron 205 y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. Para colmo, de cada 10 asesinatos dolosos de mujeres 9 están en la impunidad. En la sesión del Sistema, detalló, cuya Secretaría Ejecutiva es ocupada por el Instituto Nacional de las Mujeres, las y los integrantes “dijeron, incluso, que los tratados internacionales firmados por México, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, no son vinculantes para el Estado de México”. Además, el Sistema Nacional cuestionó las estadísticas utilizadas por el OCNF en la solicitud de AVG por la violencia feminicida en la entidad, a pesar de que los datos se basan en información proporcionada por la PGJEM. La improcedencia de la investigación muestra que “las autoridades mexicanas no tienen ningún compromiso con los derechos de las mujeres”. Y envía el “mensaje incorrecto” a la sociedad: “la violencia de género no existe, por lo que ésta no se atiende, ni previene, dejando a las mexiquenses en la indefensión”, lamentó Ana Yeli Pérez. Con ello, el Sistema, integrado por las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, entre otras, “minimiza los asesinatos de mujeres por su condición de género, pues en el fondo no se trata de si las cifras coinciden, el problema de fondo es que no debe haber una sola mujer que muera por ser mujer”, declaró por separado a Cimacnoticias la ex legisladora Angélica de la Peña. La también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres indicó que tras el cuestionamiento de las autoridades acerca de la precisión de las cifras, está la falta de voluntad política y de compromiso efectivo para cumplir con las leyes que protegen la vida de las mujeres. La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su reglamento fue publicado el 11 de marzo de 2008. Frente a la decisión del Sistema, integrado también por la Procuraduría General de la República, los institutos estatales de las mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el OCNF anunció que interpondrá un recurso legal que aún está por definir. El OCNF, integrado por más de 40 organizaciones del país, ha hecho tres solicitudes para decretar la AVG: Oaxaca y Chihuahua (por violencia feminicida), y Guanajuato (por agravio comparado).

Fallece primera mujer transexual latinoamericana

Redacción NotieSe

México DF, enero 11 de 2011.

Producto de una enfermedad cardiovascular falleció en la ciudad de Antofagasta, Chile, Marcia Alejandra Torres, primera mujer transexual en América Latina que se sometió a una cirugía de reasignación de genitales, de acuerdo con los archivos del médico Antonio Salas.

El escritor Pedro Lemebel indicó a la prensa chilena que Marcia se sometió a una operación de reasignación sexogenérica en marzo de 1973 en el Hospital San Borja Arriarán y tras ello se autodenominó como “el hombre con alma de mujer”.

En un escrito denominado “Para Marcia exijo las llaves de la ciudad”, Lemebel señaló que ella “estampó su nombre en la moral chilena, con un golpe de noticioso bisturí; así también, el otrora él se hizo ella por voluntad y valeroso desafío a la madre natura, sobre todo cuando tuvo que afrontar la mirada herida de su padre minero y sindicalista, que vio cómo un relámpago convirtió a su niño del Liceo de Hombres en una niña, a su hijo en hija”.

De acuerdo con el periodista, Pedro Arturo Zlatar, amigo de la también estilista, Alberto Arturo Torres, nombre de pila de Marcia Alejandra, “fue una mujer con inteligencia brillante” a pesar de que no tuvo estudios.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), lamentó el fallecimiento y consideró importante “que se recuerde una parte de nuestra propia historia al aclarar que ella fue la primera mujer transexual de América Latina, por lo que obligadamente queda registrada su vida en nuestra memoria y en la historia de todas las minorías sexuales de Chile”.

La activista transexual, Paula Dinamarca, y el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, puntualizaron que en su próximo informe anual, correspondiente a 2010, se hará una mención especial a la memoria de Marcia con la finalidad de que las comunidades lesbiana, bisexual y transexual conozca de su existencia.

Ponen en marcha Ministerio Público para colectivo de la diversidad sexual

Guillermo Montalvo Fuentes

El equipo del MP está encabezado por Javier Gómez, primero de izquierda a derecha. Foto: Antonio Medina

México DF, enero 11 de 2011.

Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aprobara el pasado 30 de noviembre la creación de la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (MP LGBTTTI), el organismo ya se encuentra en funciones en la calle Génova número 30, en la Zona Rosa.

Según el acuerdo A/023/2010, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el propósito de esta unidad especializada es garantizar el derecho a la justicia, a través de la atención inmediata y profesional a personas que denuncien discriminación y homofobia por orientación o preferencia sexual, identidad o expresión de género.

La unidad está adscrita a la Coordinación Territorial CUH-5, dependiente orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la delegación Cuauhtémoc.

La unidad especializada está a cargo de Javier Gómez Bastida, persona transgénero titular de la Agencia 5 de la PGJDF.

A la puesta en marcha de este Ministerio Público especial asistieron Genaro Vázquez, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF; Juan José García Ochoa, subsecretario del Gobierno del Distrito Federal, y personal encargado de levantar y dar seguimiento a las denuncias.

Promueven uso correcto del condón en lugares de reunión gays

Teatro & Sida AC y Corporativo CabaréTito se unen para prevenir el VIH Guillermo Montalvo Fuentes México DF, enero 10 de 2011. Con el nombre de “Placer entre iguales”, el pasado fin de semana, Teatro & Sida AC, implementó una campaña en cuatro centros nocturnos de esta ciudad y área metropolitana con la finalidad de promover el uso correcto del condón masculino. De acuerdo con Benjamín Delgado, subdirector de Teatro & Sida, el lugar donde mayor encuentro se da entre los hombres gays para tener una relación sexual, es la discoteca, por tal motivo el proyecto no sólo busca recordarles que deben usar condón, sino también explicarles cómo se utiliza. “Lo innovador de la campaña está en que nosotros capacitamos y concientizamos al personal del bar para que ellos promovieran el uso correcto del condón entre los clientes, a través de distintas estrategias”. Sin embargo, Delgado señaló que a pesar de los intentos por incorporar al sector empresarial a estas actividades, estos aún no dan resultados. Dijo que sólo en CabaréTito encontraron disposición para colaborar en la campaña, por lo que realizaron las estrategias de promoción en los cuatro establecimientos del corporativo: CabaréTito Neón, Fusión y Joy, en el Distrito Federal, además de Dubaih, en Ecatepec, estado de México. Sergio Mendoza, gerente operativo de CabaréTito Fusión, mencionó que tanto él como los empleados del lugar recibieron “con mucho interés y participación la campaña”, para la cual se tuvieron que capacitar para encontrar la mejor manera de interactuar con los clientes y dar el mensaje. Entre las estrategias que cantineros, personal de mantenimiento, seguridad, guardarropa, cajeros y meseros, realizaron para dar a conocer la información, estuvo el uso de un mandil con lubricantes, dedales, guantes de látex y un dildo, para explicar el uso correcto del condón masculino. Por otro lado, en cada uno de los lugares de encuentro se distribuyeron folletos, condones, y se dieron mensajes breves por micrófono sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), además de que constantemente frases como “Diviértete seguro” o “El condón también es divertido” eran dichas a los clientes tanto a su llegada como durante su estancia en el lugar. David Rangel, fundador junto con Tito Vasconcelos de Corporativo Cabaré-Tito, destacó la importancia de la campaña pues muchas veces la gente acude a la disco para divertirse, y a pesar de que cargan el preservativo, “entre el alcohol y el desmadre” se les olvida utilizarlo, por lo que es importante ligar el uso del condón a la fiesta. “De ninguna manera esta campaña es contraria a nuestras actividades como empresa, porque sabemos que trabajamos en una fiesta permanente, y es necesario informar a nuestros clientes de los riesgos que puede haber en ella, por lo que no sólo hablamos de una infección de VIH, sino también de algún secuestro o un accidente automovilístico”. Reconoció que a pesar de la dificultad de las personas para entender que deben cuidarse, cuando buscan divertirse, la manera en que la campaña está diseñada permite brindarles la información sin interrumpir su momento de esparcimiento. “Lo que es un acierto pues sólo con estas acciones podemos hacer frente a la pandemia”. No obstante que la campaña solamente se implementó los anteriores viernes y sábado, Teatro & Sida AC espera que Corporativo CabaréTito pueda replicarla los siguientes fines de semana. “Placer entre iguales”, además de contar con el apoyo de Corporativo CabaréTito, se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.

Activistas repudian homofobia de tribunal chileno

Redacción NotieSe

México DF, enero 10 de 2011.

Tras conocer que los jueces de la Segunda Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Chile, Pablo Miño, Luis Álvarez, y Fabio Jordán, condenaron a Luis Fabián Bórquez Campo como autor del delito de homicidio simple en contra de Manuel Menéndez González, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile y otras organizaciones rechazaron la sentencia por considerar se trató de un crimen motivado por homofobia.

Mediante un comunicado de prensa, el colectivo calificó la actitud del tribunal como “homofóbica” ya que el delito a condenar era “homicidio calificado”, y no circunstancial como lo propusieron los abogados del victimario, Ramón Bórquez y Jaime Obando, quienes consideraron que “el delito fue circunstancial debido a que la víctima había tocado el cuerpo del homicida y nunca hubo alevosía”.

El argumento presentado por los defensores de Bórquez indicó que los hechos se produjeron “por casualidad” debido a que Menéndez González tocó la pierna y genitales del victimario cuando se encontraban al interior del auto de Menéndez en un paraje ubicado a siete kilómetros al sur de Punta Arenas el 7 de febrero de 2010, por lo que respondió a “esta conducta homosexual”.

Al respecto, el también juez del tribunal, Felipe Aguirre, rechazó la sentencia debido a que “da a entender que una persona homosexual es un desviado, que tira las manos y es capaz de agredir sexualmente a un tercero y que eso habría desencadenado esta situación”.

Según el expediente, el homicida arrastró y dejó abandonado el cuerpo de su víctima en una zanja, a un costado de la Ruta 9 Sur, para después, en el vehículo de Menéndez dirigirse a Punta Arenas, mismo que incendió en un camino cercano al Club Andino. Luis Fabián Bórquez se encontraba en libertad condicional por el delito de robo con violencia.

Por su parte, el Movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Chile, refirió que la justicia chilena “no es capaz de paliar el daño causado por un crimen que a todas luces es de odio ni de tener una postura frente a una defensa homofóbica”.

En torno a la posición del juez Aguirre, el Movimiento de la Diversidad Sexual, calificó su argumentación como “un aporte para condenar y erradicar los crímenes por homofobia en nuestro país, los que suelen quedar impunes o sin clarificar la razón odiosa y discriminatoria que los motivó”.

Jerarquía católica, crisis moral sin precedentes

México DF, enero 10 de 2011.

Como nunca antes, los dardos difamatorios arrojados por los jerarcas católicos contra los defensores del Estado laico se les revierten como certeros bumerang. Las acusaciones de “intolerantes”, “fundamentalistas”, “talibanes laicistas” y “autoritarios” lanzadas por la Arquidiócesis Primada de México contra el gobierno capitalino y los legisladores locales por aprobar “leyes inmorales e injustas” (en referencia a los matrimonios del mismo sexo, la interrupción del embarazo y otras), publicadas en el semanario Desde la Fe, describen más a quienes las profieren que a quienes van dirigidas.

La intolerancia y el odio exhibidos por obispos, arzobispos y cardenales contra las autoridades ejecutivas y legislativas que promovieron las reformas del matrimonio civil son proverbiales.

Mientras la sociedad mexicana da muestras de madurez y civilidad al abordar temas de mucha controversia de manera democrática y respetuosa de los procesos institucionales, la jerarquía católica profiere acusaciones sin sustento y exhibe su vulgaridad expresiva a falta de argumentos sólidos.

La jerarquía católica vive una crisis moral sin precedentes. Salpicada por acusaciones de corrupción, fraude, enriquecimiento inexplicable, abusos sexuales y encubrimiento de pederastas, ha perdido mucha de su credibilidad y autoridad moral. Sobre todo porque se ha mostrado laxa y remisa a la hora de limpiar la propia casa. Quienes delinquen al amparo de la cruz y la sotana se benefician de una doble impunidad: eclesiástica y jurídica, lo que para amplios sectores resulta intolerable.

*Editorial publicado en el número 174 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 6 de enero de 2011

CARTONES DE LA JORNADA

Gran desventaja de las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida: Conapred

Gran desventaja de las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida: Conapred

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 32

Aun cuando se ha puesto mayor atención al tema de la discriminación, las mujeres siguen estando en situación de gran desventaja en casi todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica, política y religiosa, aseveró Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Detalló que en 2010 el organismo registró un incremento histórico en el número de quejas y reclamaciones recibidas en un año, al cerrar con 992. Del total, 65 por ciento fueron contra particulares, interpuestas en un número significativo por integrantes de la comunidad lésbico gay, bisexual y transgénero (LGBT), debido a obstáculos en el acceso a servicios y comercios, negación de empleo y mensajes difundidos en medios de comunicación electrónicos, con una connotación de estigma y prejuicio.

El porcentaje restante –agregó– fueron reclamaciones dirigidas a dependencias e instancias del gobierno federal, e incluso cinco en contra de diputados federales. El sector salud fue de los que más reclamos recibió, los cuales se hicieron principalmente por miembros de la comunidad LGBT, personas con VIH/sida y con discapacidad.

En entrevista expuso que el tipo de discriminación más generalizado y que está más presente en diversos ámbitos de la vida social y política, así como en distintos niveles de la administración pública, es la de género.

Existen también, dijo, un tipo de discriminación que es más estructural, en cuanto a que requiere modificaciones sustantivas en los esquemas legislativos y la infraestructura social y urbana, que es la que padecen las personas con discapacidad.

Otra que no es tan visible y que incluso se le puede considerar en muchos ámbitos como ajena a la discriminación, es la que está presente hacia niñas y niños, la población de jóvenes y la que está teniendo lugar, a partir del cambio sociodemográfico, hacia las personas adultas mayores, señaló.

Una más es la que está legalizada, que está institucionalizada, que está inculturada en la sociedad mexicana y que es muy difícil de erradicar exactamente por eso, porque está en la ley, en las instituciones y en la cultura: es la que afecta a millones de mujeres trabajadoras en el hogar.

Adelantó que este año el Conapred presentará la Segunda Encuesta Nacional de Discriminación en México, de la cual el consejo ha informado que sus primeros resultados parciales se conocerán en febrero, y en el segundo trimestre estarán disponibles los datos finales.

Expuso que el estudio contempla 10 grupos en situación de discriminación y en su realización se dividió el país en nueve zonas geográficas, lo que permitirá conocer mayores datos sobre la discriminación en el país

Brigada Para Leer en Libertad dona mil libros a biblioteca de Iztapalapa

Brigada Para Leer en Libertad dona mil libros a biblioteca de Iztapalapa

El escritor Paco Ignacio Taibo II autografió varios libros luego de la donación que hizo la Brigada para Leer en LibertadFoto Juan Antonio Díaz

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 29

La brigada cultural Para Leer en Libertad, que encabezan el escritor Paco Ignacio Taibo II y la promotora cultural Paloma Sáiz Tejero, realizó la primera donación de libros de este año a la biblioteca pública Unión de Colonos, en la colonia San Miguel Teotongo, delegación Iztapalapa.

Con la entrega de un millar de libros que el también historiador y biógrafo hizo al acervo del recinto, las autoridades de la demarcación terminaron los trabajos de remodelación de la biblioteca pública, que a decir de la delegada Clara Brugada, fue la primera en la delegación, construida por los propios vecinos en 1984, cuando el gobierno en aquel momento se negaba a introducir servicios, porque decía que era una colonia donde se daba refugio a guerrilleros y revoltosos de países de Centroamérica.

Taibo II afirmó ante más de un centenar de vecinos presentes en el acto, que regresaría cada vez que la brigada edite un libro para agregarlo a las estanterías, sobre todo al descubrir que a diferencia de otros espacios comunitarios, donde la biblioteca es apenas un cuartito, la de Unión de Colonos es espaciosa y con una sección de lectura aparte.

Brugada se comprometió a su vez a revisar el proyecto de bibliotecas públicas, al advertir que de las 41 que tiene la delegación la mitad están cerradas.

En entrevista, Taibo II adelantó que una de los cuatro grandes actividades de la brigada se realizará en Iztapalapa, El Remate de Libros, que el año pasado se hizo en la Alameda del Sur, en Coyoacán, el que se prevé realizar para fines de marzo.

Las otras tres son la Feria del Libro Internacional, en Azcapotzalco; La Semana Roja, en el Zócalo, conjuntamente con el PRD capitalino, en mayo, y la Feria Alternativa del Libro, en septiembre.

Explicó que el año pasado hicieron nueve donaciones de libros a bibliotecas de barrio, la de ayer fue la primera de este año y tienen preparadas tres más, una en Pantitlán y otra de una colección de obras de teatro a la penitenciaría de Santa Martha Acatitla.

Comentó, además, que tienen planeado editar más de 30 libros este año en coedición con varias instituciones; vamos a regalar unos 70 mil libros este año, el año pasado dimos 42 mil, además de una serie de conferencias y programas de fomento a la lectura

Campeche: joven pescador nada seis kilómetros para rescatar a su esposa

Un pescador de 16 años debió nadar más de seis kilómetros en busca de auxilio para rescatar a su esposa de 15 y su bebé de un año, quienes se quedaron a la deriva durante tres días luego que su lancha Esmeralda Janeth II se quedó sin combustible.

El pasado martes, Juan Manuel León, su esposa embarazada y su hijo Jairo David salieron del puerto de Isla Arena, municipio de Calkiní, Campeche, con pocos víveres y sin los utensilios de comunicación ni de seguridad en alta mar. Su lancha, matrícula 040218292, se quedó sin combustible cuando estaban a unos siete kilómetros frente a la costa. Soportaron dos días sin alimentos y los fuertes vientos del frente frío número 20, que provocó marejadas y lluvias.

Tras esperar inútilmente la llegada de auxilio, Juan Manuel se lanzó al mar en busca de ayuda por lo que nadó más de seis kilómetros hasta Isla Arena, una pequeña comunidad de pescadores, donde solicitó el auxilio de la Armada de México.

Una embarcación de la Secretaría de Marina fue por su esposa e hijo y los regresó a salvo a la comunidad, donde fueron revisados por médicos.

Veracruz: buscan a 6 pescadores perdidos desde el once de enero

En el municipio de Tuxpan, Veracruz, la Armada de México y voluntarios buscan a seis pescadores que desde el 11 de enero desaparecieron en alta mar cuando al parecer naufragó la embarcación que tripulaban.

La capitanía del puerto y familiares de los pescadores informaron que el barco atunero Black Fin zarpó de esa terminal el 4 de enero con la intención de regresar el 24 del mismo mes. Sin embargo, siete días después se perdió el contacto por radio y la embarcación desapareció de los radares.

Según la capitanía, se han inspeccionado 37 millas sin localizar a los hombres, restos de la nave o chalecos salvavidas. La búsqueda se interrumpió en los dos días recientes debido al intenso oleaje provocado por el frente frío número 20

Defensor de cura pornógrafo aspira a ser ombudsman de Veracruz

Fernando Perera Escamilla, abogado que defendió al sacerdote Rafael Muñiz López, acusado de pornografía infantil y delincuencia organizada, se encuentra entre los 13 candidatos a asumir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH).

El próximo martes la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso local presentará los nombres de tres candidatos para que el pleno elija al próximo ombudsman estatal. Esta es la primera vez que el Poder Legislativo realiza el citado nombramiento.

En entrevista telefónica, Perera Escamilla se deslindó de la defensa jurídica de Muñiz López, a quien la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acusa de encabezar una banda dedicada a la pornografía infantil.

Según la procuraduría capitalina, el sacerdote utilizaba el sobrenombre de Lobo Siberiano para intercambiar imágenes en Internet. Muñiz López fue encarcelado y meses después obtuvo un amparo de la justicia federal con el que salió del Reclusorio Norte de la ciudad de México. Sin embargo, ya fue otorgada una nueva orden de arresto en su contra.

Yo no llevo la defensa de Rafael. He sido amigo de muchos líderes religiosos, evangélicos, cristianos, católicos y no me pueden coartar el derecho de orientar a alguien que lo solicite, dijo Perera Escamilla.

Fuentes allegadas al proceso de cambio de titular de la CEDH han señalado que el gobierno de Veracruz intenta imponer a Perera Escamilla, quien dijo conocer a los abogados de Muñiz López, pero aseguró que se le trata de vincular en forma dolosa en el caso del Lobo Siberiano

Afloran abusos de la Marina tras operativo en colonia pobre de NL

Afloran abusos de la Marina tras operativo en colonia pobre de NL

Vecinos narran irrupción de la Semar en la que hubo tortura y allanamientos, entre otros excesos

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 5

El estrépito del helicóptero sobre las casas los asustó. El viento generado por las hélices sacudía con fuerza los árboles. Los vidrios de las ventanas trepidaban. De pronto, la calle Uranio de la colonia San Pedro 400 (municipio San Pedro Garza García), la más pobre de la zona, se llenó de camionetas con uniformados, metralleta en mano, gritando e insultando a los vecinos; pateando las puertas, entrando a las viviendas sin mostrar orden de cateo, golpeando a jóvenes y amas de casa. Parecía la guerra. Se trataba de uno de los tantos operativos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en Nuevo León, cuyos métodos de acción violan la Constitución, las garantías individuales y los derechos humanos.

Eran las 11 de la mañana del domingo 17 de octubre de 2010 y Lucila Escamilla López, de 70 años, almorzaba mientras su nieto Daniel Rodríguez Morales, de 29, se lavaba las manos junto a la ventana y sorpresivamente vio aparecer el cañón de un arma larga: ¡Abre!, le ordenó un marino. “Entraron como animales. Con puras maldiciones. Cuatro me encañonaron con metralletas, y a mi nieto otros cuatro o cinco se lo llevaron a una esquina para golpearlo. ‘¿Qué quieren?’, les dije, ‘déjenlo, está enfermo’. Y uno me contestó: ‘¡Cállese, vieja pendeja, y no se mueva!’ Le rajaron la cabeza con la mugre arma. Se lo llevaron sangrando y lo subieron a una camioneta desmayado.”

Durante el sexenio de Felipe Calderón la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 174 quejas contra la Semar por violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinato, tortura, amenazas, detenciones ilegales y allanamientos a propiedad privada. El año pasado en Nuevo León se presentaron 13 denuncias.

También la Marina

La Semar tiene presencia en la República con más de 15 mil infantes que operan en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos y el Distrito Federal. En 2007 recibió 31 quejas; en 2008, 45; al año siguiente, 42 y el año pasado, hasta el 15 de julio, 56. Veintiún denuncias son por detención arbitraria, 17 por trato cruel, 16 por retención ilegal, dos por asesinato y una por tortura. Del total, la CNDH ha girado sólo seis recomendaciones y ninguna ha sido debidamente atendida por la institución, ya que los militares no están sometidos a la ley civil.

Se configura un Estado de excepción con esta guerra del narcotráfico, dice en entrevista Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Marina y la Secretaría de la Defensa, aunque estén separadas, son igualmente corporaciones militares y no son las apropiadas para participar en tareas de seguridad pública, porque no están debidamente preparadas y han aumentado las violaciones a derechos humanos.

En el operativo de la Marina en San Pedro 400 se violaron derechos humanos: privación ilegal de la libertad, tortura, allanamiento de propiedad privada y trato cruel contra un minusválido.

Hace unos años, Daniel cayó de un árbol y quedó paralítico. Con mucho esfuerzo, una operación y trabajo de rehabilitación logró recientemente dejar la silla de ruedas para empezar a caminar con muletas: “No lo dejaron que agarrara las muletas, ni el bastón. A mí no me dejaban que me parara. Me lo sacaron inconsciente. Cuando salí aquello parecía la guerra. Lo tuvieron tres días en el cuartel. Desaparecido. Mi hija [madre de Daniel], día y noche, afuera de la Marina y no le daban razón. Hasta que apareció su nombre en la tele. Ya lo tenía la Policía Federal, pero no pasaron su imagen. Luego entendimos por qué. Lo estaban torturando. Cuando lo vio su mamá estaba bien golpeado. Le quebraron la nariz. Le dañaron la columna. Lo tuvieron colgado de las manos para tablearlo. Pobrecito, mi hijo, lo dejaron bien fregado”, narra Lucila sin poder contener las lágrimas.

Luis Arriaga recuerda que el artículo 16 de la Constitución mexicana señala que nadie puede ser molestado en su domicilio sin orden judicial: Es una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes. Es un delito que se llama allanamiento de morada. La Marina no debe delimitar los derechos de las personas. Está obligada a proteger a los ciudadanos y por ninguna razón debe torturar ni hacer irrupciones de esa manera. Puede detener en flagrancia, pero no así.

Detenido en Santa Catarina

El nombre de Daniel apareció luego en un comunicado oficial de la Marina. Los reportes periodísticos lo identificaban como parte del crimen organizado y de un grupo de 10 zetas detenidos en Santa Catarina tras un enfrentamiento entre sicarios y marinos, con saldo de tres delincuentes y un miembro de la Armada muertos y una mujer herida que pasaba por el lugar.

Daniel fue trasladado al penal de Apodaca y a medida que pasaron las semanas su familia no salía del asombro: “Ahora dicen que lo detuvieron en Santa Catarina, que le encontraron tres armas largas, tres camionetas robadas y bastante droga. ¿De dónde? Si lo sacaron de aquí y ni buscaron, ni preguntaron por su nombre, ni tenían orden de aprehensión, ni le han demostrado nada. Ellos me arrancaron mi teléfono y se lo llevaron. Me dejaron incomunicada. ¿Por qué actúan de esa forma? No creo que anden tan buenos esos fulanos. Si andan buscando droga ya la traen dentro, no andan buenos y sanos, una persona normal no hace lo que ellos hicieron. A mi vecina Blanca por poco la ahorcan. Y a Angelina, que andaba barriendo la calle, le gritaron: ‘¡Órale, vieja pendeja, a chingar a su madre. Pa’dentro!’ ¿Qué es eso? Dicen en la tele que los de la Marina son los mejores; para mí, son los peores”.

María del Carmen García González, una de las victimas del operativo de la Marina en la calle de UranioFoto Sanjuana Martínez

Desaparecidos

Las denuncias contra la Marina no son sólo por privación ilegal de la libertad o tortura, también por desaparición. En Coahuila se registraron 120 denuncias el año pasado: “El Estado, al ponderar a la Marina como institución ‘salvadora’, muestra la crisis de las instituciones militares. La presentan como la institución limpia, pero es una aceptación de facto del gobierno mexicano de la limitada, débil y poco confiable actuación de las fuerzas armadas”, dice en entrevista Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

El operativo en la calle Uranio duró más de una hora. Según testimonios de los vecinos eran 10 o 12 camionetas, el helicóptero y unos 90 marinos fuertemente armados. Sin orden de cateo entraron en las casas ubicadas en la cuadra que cruza con la calle Plomo: “A mí me agarraron del cuello y me llevaron afuera. Me tuvieron pegada a la barda junto a mi hijo de 17 años. Me gritaban: ‘Es tu esposo el que vive al lado’ y yo les decía que no, que soy madre soltera. Me dejaron el cuello enrojecido. Me estuvo doliendo unos días. Fue horrible. Yo sí estoy dispuesta a declarar en favor de Daniel. Se lo encomiendo a la Virgen de Guadalupe. Ahora dicen que lo detuvieron en Santa Catarina y que le encontraron armas y droga. No es cierto”, comenta María del Carmen García González, de 38 años.

El comunicado de la Marina dice: “En esta operación también fueron aseguradas tres armas largas, dos armas cortas, 111 cartuchos de diferentes calibres, 220 dosis de presunta cocaína y 440 de aparente crack, 80 gramos de [posible] mariguana, un vehículo y equipo de comunicación”.

Virginia Montes, vecina del lugar: “No es verdad, al pobre muchacho lo conozco desde que nació. Si apenas empezó a caminar con muletas y bastón, estuvo mucho tiempo en silla de ruedas sin poder trabajar ni moverse. Lo golpearon mucho y dicen que le quemaron las piernas. Aquí entraron como unos ocho marinos.

Subieron al segundo piso. Me anduvieron moviendo cosas. Sentí mucho miedo. Hasta escalofríos me dieron. Me senté en un rincón de la cocina con otra vecina a esperar que se fueran. Luego vimos cómo se llevaban cargado a Daniel.

Los marinos intentaban incriminar a más gente. A Gregoria Lora le decían que la camioneta estacionada afuera de su casa, perteneciente a uno de sus hijos, era robada y usada para secuestros: Les dije que no tenía las llaves, que mi hijo andaba trabajando. Y le quebraron un vidrio. Me dio mucho miedo porque entraron a mi casa, hasta esculcaron los juguetes de mis nietos; menos mal que ninguno de mis cuatro hijos estaba, porque también se los hubieran llevado como al de mi comadre.

Lucila Escamilla tiene seis hijos, 16 nietos y tres bisnietos. Colocó un altar para rezar por los más necesitados. Y guarda las muletas de Daniel. Cuando los marinos se llevaron a su nieto también cargaron a su hijo Francisco, de 28 años: Se lo llevaron y lo pusieron frente a un fulano para ver si lo reconocía y decía que había robado una camioneta; como el señor dijo que no, pues lo soltaron.

Tiro en la cabeza

Las vecinas vieron cómo se llevaban a otros jóvenes. Desaparecieron varios. A los tres días un muchacho, cuyo padre es dueño de un taller mecánico, apareció muerto en un monte cercano con un tiro en la cabeza. Lucila cuenta que se los encontró en la policía, donde también andaban buscando a sus familiares: “Éramos varios, luego les dijeron que apareció muerto. Yo fui a declarar y dije las cosas como son. No le puedo ni aumentar ni quitar. Yo soy gente decente, al igual que mi familia. El abogado me recomendó que no dijera nada malo de la Marina, pero tengo mucha indignación por lo que hicieron. ¿Por qué me voy a callar? Mi muchacho no andaba mal. No le han podido comprobar nada. Yo los crié a todos y siempre los llevé por el buen camino. Nomás cumplían los 15 años y se ponían a trabajar, pero como Dani no podía caminar, su mamá lo ayuda. ¿Cómo un muchacho que apenas puede caminar iba a andar en Santa Catarina vendiendo droga?”

Daniel Rodríguez Morales tiene dos hijos, de tres y cinco años. Su madre, Blanca Eva Morales, trabaja de policía y sola ha sacado adelante a sus cuatro hijos. El quinto se suicidó hace seis meses arrojándose del Puente Atirantado. Dos días a la semana le lleva las inyecciones necesarias para mitigar el dolor. La abuela Lucila no deja de lamentar que un inocente sea incriminado falsamente por la Marina: Llevamos muy mala racha. Es muy triste. Nunca podrán comprobarle nada porque todo es una mentira

Marchan en Reforma para protestar por feminicidios

Marchan en Reforma para protestar por feminicidios

Piden declarar la alerta de violencia de género en todo el país

Organizaciones no gubernamentales marchan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Hemiciclo a JuárezFoto María Luisa Severiano

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 16 de enero de 2011, p. 7

Unos 200 manifestantes realizaron ayer una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para protestar por el clima de violencia feminicida que impera en todo el país, y que recientemente ha cobrado la vida de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez.

Alrededor de las 12:30 horas, la movilización convocada por diversas organizaciones civiles, entre ellas Agenda LGBT, la Liga de Trabajadores Socialistas y Pan y Rosas, partió de la glorieta del Ángel rumbo a la Alameda Central, luego de cambiar de última hora el destino final, que era la Secretaría de Gobernación.

Con pancartas donde se leían frases como No más violencia contra las mujeres, Susana y Marisela, sus voces no se apagan y Ni una asesinada más, los inconformes caminaron por Paseo de la Reforma ocupando sólo un par de carriles.

En entrevista con La Jornada, Darla Ávila, integrante del colectivo Mujeres Libres en Resistencia, explicó que la finalidad de la movilización no es exigir soluciones a un gobierno que no puede ofrecerlas, sino mantener visible el problema de las agresiones contra las mujeres.

“Estamos hartas de tanta violencia, de esta guerra que sí es guerra, y así la ha mencionado el Presidente. También estamos de luto por lo que pasó con Marisela Escobedo y luego a Susana Chávez, a quien se quiere deslindar de los feminicidios diciendo que su asesinato no tuvo que ver con su trabajo como defensora de derechos humanos”, señaló.

Para la activista, el hecho de que las autoridades se hayan negado a declarar la alerta de violencia de género en el estado de México, alegando que dicha acción en realidad buscaría un golpe político contra Enrique Peña Nieto, es una prueba de que el gobierno quiere tapar todo lo que está sucediendo y otra vez vivir en el país de las mentiras.

Durante la movilización –que se sumó a la campaña No más sangre, iniciada por el caricaturista Eduardo del Río, Rius– se insistió en la necesidad de esclarecer todos los casos de feminicidio, remover a las autoridades incompetentes, tipificar en el código penal el delito de asesinato contra mujeres por motivos de odio y decretar la alerta de violencia de género en todo el país.

Por su parte, Lolkin Castañeda, de la organización civil Sociedad Unida, hizo notar que hasta el momento no se le ha puesto la suficiente atención a la forma en que los medios de comunicación siguen reproduciendo contenidos sexistas y machistas que alimentan al fenómeno de los asesinatos contra mujeres.

Maquillan cifras en el Edomex

Al término de la marcha se anunció que hoy domingo, a las 18 horas, se llevará a cabo una manifestación frente a la sede de la Procuraduría General de la República, en el número 211 de Paseo de la Reforma, y el lunes se realizarán protestas en varias embajadas de México en el mundo.

Como se publicó en este diario el pasado 2 de enero, en 2010 se registró la cantidad más alta de asesinatos de mujeres en 18 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo de 306 víctimas, según datos de la PGR, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

En todo el estado, la cifra rebasó los 400 casos durante el año pasado, la gran mayoría de ellos atribuidos a los grupos de delincuencia organizada que pelean entre sí por el control de la venta de droga en la plaza.

Además de Chihuahua, una de las entidades donde el asunto del feminicidio es especialmente grave es el estado de México, pero a pesar de ello, el procurador general de Justicia de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, anunció el pasado jueves una nueva depuración de la cifra de víctimas registradas, que pasó de 944 a 468.

De acuerdo con el funcionario, el número se ajustó a la baja debido a que muchas de las mujeres fueron asesinadas en asaltos a casas habitación o murieron en accidentes y no por una cuestión de odio de género, y agregó: algunas ni siquiera eran originarias del estado de México, en una declaración que le acarreó múltiples crítica

Formal prisión a cuatro traficantes de personas

Jueces federales dictaron auto de formal prisión en contra de cuatro traficantes de personas, entre ellos Huang Chen Yao, quien forma parte de una red que opera con migrantes de nacionalidad China. El procesado fue detenido en octubre de 2010, por elementos de la Policía Federal, en el DF cuando transportaba a ocho personas de origen chino, a quienes pretendía introducir ilegalmente a Estados Unidos, informó la PGR. Por otra parte, un un juez federal con sede en Oaxaca, determinó iniciar proceso penal en contra de Rubén Meyo Morales, Eustaquio Antonio Morales Acametitla y Miguel Ángel Mello Morales, como probables responsables de la comisión de los delitos de trata de personas y delincuencia organizada. Los indiciados fueron detenidos durante una investigación que “se inició con el rescate de una menor que era obligada a prostituirse en un hotel de Oaxaca

CARTON DE LA JORNADA