viernes, 2 de julio de 2010

Porque sí defender el Municipio Autónomo de San Juan Copala‏

Porque sí y ahora defender el Municipio Autónomo de San Juan Copala

Marcela Romero Juárez y Guadalupe Jiménez López

1. Una autonomía que resiste para todos

El Municipio Autónomo de San Juan Copala, ubicado en el estado de Oaxaca e integrado por comunidades indígenas triqui, representa una de las muchas y diversas formas en que los pueblos indígenas de México están construyendo su derecho colectivo a la autonomía.

Por los trágicos acontecimientos que lo vio protagonista en los últimos meses –las repetidas agresiones de grupos paramilitares contra iniciativas masivas que se solidarizaron con este proceso de autodeterminación indígena- el Municipio Autónomo “rompió el silencio” y su nombre sonó por algunos días en los medios masivos de comunicación.

En este texto, queremos ir más allá de la contingencia que apremia a la población de San Juan Copala –asediada por grupos paramilitares- y de las apariencias, que pintan como estructural e irremediable el conflicto que padece el pueblo triqui.

Nuestra reflexión parte del entendimiento que el proceso de organización y resistencia que ha llevado al pueblo triqui a declararse autónomo es parte de una lucha más amplia; y que las aportaciones de otras experiencias autonómicas han sido fundamentales en la elaboración del proyecto de Copala. Por lo tanto, defender la autonomía en San Juan Copala significa también defender el sistema de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, la lucha para la reapropiación de la tierra de los pueblos nahuas de Ostula, Coire y Pómaro de Michoacán, el derecho a la palabra que practica Radio Ñomndaa-La Palabra del Agua en la región amuzga de Guerrero, los Municipios Autónomos zapatistas de Chiapas…

En distintas partes del país donde se ejerce la resistencia, y en particular en estos lugares donde la autonomía crece, el gobierno emprende todo tipo de estrategias para desgastar e impedir que estos referentes sigan expandiéndose, como la creación de grupos paramilitares y la cooptación de líderes y organizaciones de izquierda.

2. Telón de fondo: conflicto y violencia

El color dominante en las calles de San Juan Copala es el rojo, rojo vivo, el de los huipiles que las mujeres triquis tejen para ellas. “Es por la migración, pero sobre todo porque a los hombres, a los jovencitos y hasta los niños los mataron. Somos puras viudas y huérfanas”. Así explicaron algunas mujeres su presencia mayoritaria en el pueblo, durante el primer aniversario del Municipio Autónomo, el 20 de enero de 2008. En ese entonces, el logro más importante de la organización autónoma era que, desde su institución, ya no se habían registrado asesinatos en las 17 comunidades que lo integraban; y el hecho, tratándose de la región triqui, era sin duda contundente. Lamentablemente, esta situación de “paz”-principal objetivo del Municipio Autónomo- no se pudo mantener, y en 2009 la violencia recrudeció hasta llegar, en estos días pre-electorales, a niveles insostenibles.

La situación de violencia que padece el pueblo triqui es un hecho innegable, pero se ha también transformado en un estigma (al igual que el “Guerrero bronco”) y en una justificación apriorística de la realidad, utilizada con gusto por las autoridades estatales como pretexto para desentenderse de sus responsabilidades en la región[1]. Sin embrago, es necesario tratar de entender –aunque someramente- las raíces y los impactos de la situación de violencia generalizada que desde hace décadas se vive en la entidad, ya que no podemos entender la insurgencia social sin insertarla en tal contexto arraigado de represión, impunidad, relaciones clientelares y discriminación étnica. El racismo es el elemento fundador del mito del triqui violento, y la dominación lo que ha llevado a la descomposición las relaciones sociales internas a este pueblo indígena.

El territorio triqui es enclavado en la más amplia región mixteca, que lo rodea por completo. Pero sobre todo, es sometido política y económicamente a tres ciudades mestizas, históricamente sedes del poder caciquil: Constancia del Rosario, Juxtlahuaca y Putla de Guerrero. Anteriormente, San Juan Copala mantenía por lo menos la independencia administrativa, que perdió en 1948, cuando le fue quitada la categoría de municipio y su territorio repartido entre las tres cabeceras mestizas.

Los grupos de poder regionales acompañaron el desprecio hacia la población indígena con un gran interés hacia sus recursos: las fértiles tierras y el potencial de una fuerza de trabajo muy barata. Así, los conflictos agrarios iniciaron cuando las élites de las ciudades mestizas usurparon tierras comunales triquis; para quebrar la resistencia indígena usaron por un lado el terror y el exterminio de los líderes naturales, y por otro la cooptación de otros líderes más accesibles, fomentando el surgimiento de facciones opuestas para su estrategia de dominación. En el mismo engranaje está la implantación de los cultivos de café y plátano, que rompieron con el autoconsumo introduciendo la acumulación y la diferenciación económica en la región. Este proceso, que se vivió en todas las regiones rurales del México posrevolucionario, en la región triqui se pervirtió: con frecuencia las cosechas no eran pagadas en dinero sino con alcohol, armas y municiones, facilitando que la envidia entre vecinos se resolviera, cuando posible, con el asesinato. Asimismo, se formaron bandas de pistoleros y se fomentó el cacicazgo interno al pueblo triqui.

Esta situación de “violencia”, antes como ahora, es particularmente funcional a los poderes económicos y políticos: sustentándose en ella en los años ‘40 se desmantelaron los dos municipios triquis[2] y en los ‘50 se impuso la militarización del territorio indígena, que fue bombardeado en el ‘56. Al mismo tiempo, el PRI se instalaba con fuerza en la región, imponiendo su autoridad sobre el sistema tradicional de gobierno indígena e impulsando en la región proyectos de “desarrollo”.[3]

En contra de las múltiples vertientes de la dominación, el pueblo triqui inició a organizarse de forma independiente: primeros fueron algunos maestros, luego El Club, que luchaba para el control de los recursos y de la producción, y la defensa de las tradiciones. Violentamente reprimidas, estas organizaciones heredaron sus ideales y proyectos al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), formado en 1981, organización que con valor por una década luchó contra la dominación y resistió a la violenta represión del estado y de los grupos de poder locales. El MULT logró imponerse políticamente en la región, por lo que en 1994 el PRI impulsó la formación de la Unión de Bienestar Social Triqui (UBISORT), organización que entró inmediatamente en conflicto con la otra. Los choques violentos marcaron la historia de las dos organizaciones, en particular la del MULT que reclama centenares de muertos. Cuando los líderes del MULT iniciaron a corromperse y su lucha se limitó a la gestión de recursos, en un rápido acercamiento a la estructura priista que siempre mantuvo el poder en el estado, un grupo de inconformes creó el MULT-Independiente, que se forjó durante las movilizaciones magisteriales de 2006 y participó en la creación de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Apenas dos meses después de la violenta represión que cimbró esta experiencia organizativa estatal, en San Juan Copala se anunciaba la institución de un Municipio Autónomo, “integrado por todas las comunidades y barrios que han roto o en el futuro rompan la subordinación a las organizaciones del gobierno o ligadas a él”.[4]

Cabe señalar que, mientras una parte del pueblo triqui inició a construir espacios de autodeterminación y de dialogo, otra parte, ligada a las dos organizaciones mencionadas, recrudeció el uso de la violencia como arma política, fortaleciendo grupos paramilitares que actualmente mantienen con las armas el control en la región.

3. Raíces y matices de la autonomía para los triquis de Copala

Este brevísimo recuento de la historia reciente de la región triqui baja[5] nos ayuda a entender el significado y la forma particulares que adquieren la reivindicación y la práctica de la autonomía en este contexto, ya que no se pueden abstraer los procesos autonómicos de las situaciones históricas, políticas, económicas y sociales en que se desarrollan, así como de las necesidades que los determinan.

Asimismo, la reflexión sobre otras experiencias autonómicas ilustra trayectorias similares, como el hecho de que la declaración de la autonomía representa una respuesta desde abajo a las diferentes situaciones de violencia que llegan a ser insostenibles para los pueblos.

Territorio e identidad

La primera vertiente de la violencia, como mencioné arriba, es representada por la discriminación y el desprecio. Así, las autonomías son también, y sobre todo, una necesidad para la defensa de la identidad de los indígenas. Repropiándose del poder que tienen, como colectividad, de decidir y construir su futuro, los pueblos afirman su derecho de ser, de existir en tanto pueblo. En este sentido, la lucha por la autonomía es una lucha para la sobrevivencia de la colectividad. Atrapados en una disputa sin límites de violencia entre las organizaciones políticas de la región, los triquis se veían en la perspectiva de perder sus propias formas de gobernarse, crear acuerdos, resolver los conflictos, y dejarse arrastrar en una guerra intestina que terminaría de quebrar el ya fragmentado tejido social.

Elemento fundamental para la reproducción de la cultura y de la identidad, así como para el sustento material, es el territorio. Suelo para la siembra, pacha mama que alimenta, la tierra, definida simbólicamente y culturalmente, se vuelve territorio, cuyo sentido es inextricable de la identidad del pueblo que allí tiene sus raíces, sus mitos, sus fiestas y su alimento. A través de la dominación colonial y de la ocupación de tierras por las élites mestizas, lentamente la tierra ha sido arrebatada al pueblo triqui. La imposición de cultivos comerciales impuso el control ajeno sobre sus recursos. Asignando a tres distintos municipios mestizos la autoridad administrativa sobre el espacio que, politica y culturalmente, para los triquis es de competencia del Chuman’a[6] de San Juan Copala, el estado trató de arrebatar al pueblo el control político sobre su territorio.

Si el territorio es la raíz de la identidad, su defensa implica la autonomía. Recuperar la unidad territorial apuntaba entonces a la reconstrucción integral del pueblo, para sacudirse de la secular opresión de las élites mestizas y de la corrupta clase política estatal.

Organización política vs. Asambleas comunitarias

Sin embargo, las divisiones políticas y partidistas han dividido y enfrentado radicalmente al pueblo triqui, lo que representa la otra vertiente de la violencia, la más desgarradora.

“Antes de formar el Municipio Autónomo, se convocaron a las comunidades triquis de varias organizaciones. El tema de las pláticas era cómo evitar el baño de sangre en la región y avanzar por el bien de la comunidad. En una asamblea muy amplia, en la que participaron concejales de la APPO y lideres naturales de las comunidades, discutimos cómo constituir una nueva organización, éramos puros triquis. Ya en la plática, varios ancianos que participaban dijeron que formar otra organización era seguir dividiéndonos; en un corto tiempo habría que comprometerse con un partido político. Al final de varias discusiones, decidimos no crear ninguna organización, sino mejor rescatar la cultura, los usos y costumbres de la región para construir nuestra propia autoridad, nombrar nuestro presidente. En ese momento no se mencionó la autonomía, solo se decidió trabajar a nuestro modo, e incluir a todas las organizaciones que están en San Juan Copala”, comentó en una entrevista Jorge Albino, vocero del Municipio Autónomo[7].

La autonomía en contextos de violencia implica la construcción de nuevas formas de poder, más horizontal y plural. En un contexto polarizado, en que las relaciones entre las personas se estaban corrompiendo, donde el miedo empezaba a dominar la vida cotidiana, una parte del pueblo triqui decidió romper con la dinámica de las organizaciones políticas, que al reproducirse cada vez generaban más divisiones y conflictos. Entendieron que debían crear una institución más poderosa que las distintas organizaciones existentes.

Para detener la violencia construyeron un nuevo poder, que se impusiera política y simbólicamente como una referencia para el territorio al ser construido sobre el consenso y no sobre la exclusión. El Municipio Autónomo representa una institución que, al menos en sus intenciones, gobierna para todos los que están en el territorio, sin importar su militancia política (en un principio, integraban el Municipio comunidades del MULT-I y algunas inconformes de UBISORT, y había un proceso de dialogo con las bases del MULT). Este poder “alternativo” que construyen las autonomías se basa en el consenso, porque quien lo ejerce son las asambleas –comunitarias o municipales -: espacios colectivos de discusión y tomas de decisiones, donde las diferencias son respetadas en los acuerdos que de ellas emergen.

Como comenta Jorge Albino, esta nueva forma organizativa se pensó en oposición a la que prevalece en la región: organizaciones políticas que, de una u otra forma, dependen de los partidos[8]. UBISORT es una organización de directa filiación priista; por su lado, después de una larga temporada de lucha social, también el MULT optó por la lógica partidista. Este punto merece un esclarecimiento, ya que es fundamental para posicionar el planteamiento autonómico triqui al interno del movimiento indígena mexicano. El debate sobre las formas que debería tener el estatuto de autonomía de los pueblos indígenas tiene ya varías décadas; en México, alcanzó su culmine durante los Diálogos de San Andrés. En ese espacio, se manifestaron dos posiciones: por un lado, los que entendían la autonomía como un cuarto piso de gobierno que había que establecerse al interno de la estructura administrativa del Estado, lo que implicaba la lucha por conseguir espacios de representación indígena en las instituciones políticas, legislativas y de gobierno. Por otro lado, los que concebían la autonomía como una práctica cotidiana, que tiene sus raíces en las comunidades, y afirmaban la imposibilidad de establecer un modelo único para su implementación. El EZLN, junto con varias representaciones indígenas (muchas de ellas oaxaqueñas), sostuvieron esta segunda posición, que a la postre resultó en la práctica de la “autonomía sin pedir permiso”, respuesta obligada a la ceguera del Estado mexicano frente a la demanda de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos.

Por su parte, otras organizaciones optaron por la vía institucional hacia la autonomía, logrando por ejemplo diputaciones indígenas a nivel estatal y federal. En esta coyuntura podemos insertar la decisión de los dirigentes del MULT -ya entrados en confianza con el gobierno priista del estado de Oaxaca que los apoyaba generosamente con “proyectos”- de “dar la lucha desde arriba”, y fundar el Partido de Unidad Popular (según ellos, “el primer partido indígena” del país). Instituido en 2003, apenas a tiempo para poder participar a las elecciones en 2004, el PUP tuvo como resultado más evidente la victoria de Ulises Ruiz para el gobierno del estado, restándole un pequeño pero significativo porcentaje de votos al candidato de la izquierda, según sostiene París Pombo.[9]

Autonomía y recursos

No obstante reivindique una autonomía que se inspira en las Juntas de Buen Gobierno zapatistas[10], el Municipio Autónomo de San Juan Copala no plantea, como aquellas, una ruptura completa con las instituciones del Estado.

Afirmó el primer presidente municipal autónomo, José Ramírez: “acordamos en una asamblea que no es necesario reconocer legalmente el municipio, es nuestro municipio, nuestra autoridad, y basta con que nosotros lo reconozcamos, no el gobierno del estado. Pero también dice el Consejo que tenemos que exigir los recursos del estado para las comunidades porque son nuestros”.[11] Una de las demandas principales del Municipio Autónomo es poder obtener los recursos públicos destinados a las comunidades (Ramo 28 y 33); denuncian que dichos recursos, que las cabeceras municipales deberían canalizar hacia las comunidades, nunca les han llegado. Así, reivindican la gestión de estos apoyos y la posibilidad de usarlos para desarrollar proyectos de corte autonómico: “anteriormente el gobierno es el que decide que va a hacer en cada comunidad. Ahora creemos que se deben hacer consultas en las comunidades y así decidir los proyectos que se realicen, según la iniciativa de la gente; la tarea de las autoridades es hacer cumplir estas decisiones”[12].

4. Logros y avances del Municipio Autónomo de Copala

Sin embrago, los logros más importantes que ha tenido el Municipio Autónomo en los primeros dos años de existencia, no se han realizado con los recursos públicos. [13]

Entre los elementos que concretamente representan la autonomía para Copala está la constitución de la policía comunitaria, inspirada en la conocida experiencia guerrerense. Para Copala, instaurar una forma de seguridad propia, controlada por la autoridad autónoma y la asamblea, representaba una necesaria respuesta a la situación de violencia provocada por las varias facciones armadas. La seguridad y la resolución de conflictos son la base de cualquier intento de organización autónoma. Garantizar la seguridad de los propios pueblos, marcar un alto a la violencia, significa restituir la libertad a los individuos y a la colectividad. Una vez que hayan reconstituido las relaciones de convivencia y la confianza, los pueblos pueden edificar su futuro. Pero todo esto no es posible mientras los pueblos estén amenazados en su cotidianidad por la violencia y el miedo que los inmovilizan.

Otro elemento clave de la autonomía triqui es el proceso de rescate de las formas indígenas de organización y gobierno. El presidente y su cabildo (suplente, secretario y alcalde) son nombrados por una asamblea general de todas las comunidades que participan en el proyecto, en la que participan figuras importantes de la estructura social triqui: los líderes naturales o principales, los mayordomos y los ancianos. Lo que destaca de esta tradición organizativa que se está recuperando es el carácter colectivo de la autoridad (Consejo), y la colegialidad en la toma de decisiones (asambleas). En los tres años de gobierno, el primer cabildo no ha gobernado solo: el Consejo de ancianos –dos por cada comunidad- lo acompañó diariamente en su trabajo, lo que confirió gran legitimidad y prestigio entre la población. En los primeros meses del 2010, otra asamblea general eligió el nuevo presidente, que hasta la fecha no ha podido desempeñar a cabalidad sus funciones por la situación de asedio en que vive actualmente el pueblo de Copala.

El tercer fundamental logro de la autonomía triqui ha sido recuperar la palabra y el derecho a la comunicación, instalando la Radio Comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”, en la que se involucraron los jóvenes de las comunidades con el objetivo de dar a conocer los derechos indígenas y fortalecer una cultura de paz y dialogo. Lamentablemente, quienes no aceptan la idea de la pacificación de la región no dudaron en usar, una vez más, la violencia para callar La Voz: a los pocos meses de su instalación (7 de abril de 2008) dos jóvenes locutoras –Teresa y Felicitas- fueron asesinadas en una carretera de la región.

5. Resistir

Las autonomías son una práctica de resistencia, pero esto no ha significado para los pueblos estar inmóviles parando los golpes del sistema, sino un lento caminar hacia un destino propio: preservar, reconstituir y crear formas de gobierno y de resolución de los conflictos, formas de transmitir el conocimiento en la comunicación y la educación, formas de curarse, de festejar y de imaginar el mundo. Asimismo, los procesos de autonomía indígena participan en las luchas nacionales de resistencia y liberación, enriqueciendo con una visión propia los movimientos de transformación social.

El desenlace del conflicto en Copala –conflicto que no involucra solamente las diferentes organizaciones triquis, sino el estado y los poderes fácticos que gobiernan en Oaxaca- puede ser un precedente determinante para otras experiencias que se encuentran igualmente en situaciones críticas. En este sentido, se pronuncia el mismo Municipio Autónomo:

“…quienes somos golpeados por el hecho de buscar un camino distinto, el deseo de vivir con tranquilidad y en armonía se nos condena a vivir falsamente un camino que no decidimos, se nos impone por grupos caciquiles y dirigentes traidores de su pueblo, paramilitares y malos gobiernos que comparten la visión de un estado autoritario, militar, terrorista y que hoy buscan de todas las maneras decir que estamos fuera de la legalidad, de la razón, para preparar el camino de la represión! ¡Una masacre!, que no solo es para el Municipio Autónomo de San Juan Cópala, sino para el pueblo de Oaxaca y de México, porque hoy Copala es emblemático para tod@s los que vemos una guerra donde confluyen todos los escenarios que preparan contra quienes lucha ye buscan justicia, esta es una Guerra de estado, abierta y dirigida sin ninguna moral, sin titubeos para desaparecernos…”[14]

Los primeros años del gobierno autónomo en San Juan Copala demostraron que sí se puede cambiar la realidad a partir de la propia historia, que sí se puede crear otras formas de convivencia, que, junto con otras luchas, sí se puede…

Ahora, es el momento de defendernos a todos.

CARTONES DE LA JORNADA




jueves, 1 de julio de 2010

Revocan en la Corte acuerdo de Valls en torno a las bodas gays

Ordena la segunda sala dar entrada a las impugnaciones de los gobiernos de Jalisco y BC

Revocan en la Corte acuerdo de Valls en torno a las bodas gays

El hecho es considerado inédito

Ocurre la víspera de que el pleno de ministros aborde el tema

Había desechado los recursos por notoriamente improcedentes

Aguirre presentó el proyecto

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 39

En una resolución inédita, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó ayer la decisión del ministro Sergio Valls de desechar por notoriamente improcedentes las controversias constitucionales que presentaron los gobernadores de Jalisco y Baja California en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal y ordenó dar entrada a las demandas en contra de las normas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano presentó el proyecto, el cual fue avalado por Fernando Franco, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar. Sólo Valls votó en contra.

La decisión se da la víspera de que el pleno de ministros inicie la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR en contra de la reforma al Código Civil del Distrito Federal, en la que el propio Valls es ponente y propone ratificar la constitucionalidad de los matrimonios gays y el derecho de éstos a adoptar.

Después de que Valls desechó por notoriamente improcedentes los recursos presentados por los gobernadores de Jalisco y Baja California, en razón de que las reformas al Código Civil capitalino no tenían aplicación alguna en otras entidades del país, los quejosos presentaron un recurso de reclamación, el cual fue turnado a Aguirre Anguiano, quien se ha distinguido por sus posturas conservadoras y contrarias al aborto.

Aguirre argumentó que las reformas capitalinas que permiten el matrimonio a personas del mismo sexo son susceptibles de afectar el marco jurídico de Jalisco y Baja California, ya que en sus legislaciones se prevén conceptos como el de familia y matrimonio, que difieren de lo regulado en el decreto de reformas combatido, lo que demuestra que no se trata de asuntos de una improcedencia evidente.

La segunda sala resolvió revocar los acuerdos emitidos por Valls el pasado 23 de febrero, lo que obligará a la Corte a entrar al fondo del asunto planteado.

Cabe señalar que este jueves está programada la discusión del dictamen elaborado por Valls sobre la constitucionalidad de los matrimonios gays y el derecho de éstos a adoptar.

Propone sobreseer la demanda respecto del artículo del Código Civil que autoriza la boda civil entre personas del mismo sexo, en razón de que la Constitución no establece la forma en que deben estar integradas las familias.

Y en cuanto a la adopción, plantea que debe ser desechada, en razón de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no reformó el artículo que tiene que ver con los requisitos de la adopción. La ley vigente sólo habla de que los cónyuges pueden adoptar, pero no se refiere tampoco al sexo de los integrantes del matrimonio.

Además, según el artículo 105 constitucional, la impugnación de una reforma legal debe hacerse a los 30 días de que ésta es publicada en el Diario Oficial, y resulta que la última reforma al artículo que tiene que ver con la adopción data de hace más de cinco años.

Este jueves se espera una intensa discusión entre los ministros y podría darse el caso de que la resolución se aplace, con el fin de formar un paquete que incluya las demandas de la PGR y de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato

Se castigarán delitos del gobierno de Ulises Ruiz: Cué

Se castigarán delitos del gobierno de Ulises Ruiz: Cué
Agustín Galo Samario, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 36

Oaxaca, Oax., 30 de junio. Gabino Cué Monteagudo, candidato de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso a la gubernatura, cerró su campaña con la promesa de sancionar a quien haya robado o matado.

El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Convergencia afirmó que él forma parte de un movimiento progresista que no le puede fallar al pueblo. Por eso, su administración será de participación democrática, un gobierno que maneje los recursos con transparencia y que combata frontalmente la corrupción, que no promueva la impunidad.

Además, dijo, generará condiciones de paz para que regresen las inversiones al estado, y la política social será el eje de su gobierno. Vamos a regresar al pueblo lo que es del pueblo.

Ante miles de personas que llenaron la calle Derechos Humanos y que estuvieron a punto de derribar las vallas que las separaban del templete, Gabino Cué estuvo acompañado por legisladores locales y federales, candidatos a diputados y presidentes municipales y dirigentes estatales y nacionales de los partidos que forman la coalición.

El líder panista, César Nava, pidió al gobernador Ulises Ruiz Ortiz no intervenir más en el proceso y dejar que los oaxaqueños voten con libertad el 4 de julio. No te equivoques: el pueblo ya decidió y Gabino ya ganó, arengó.

Miles de asistentes empezaron a corear la vieja consigna de la Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca: ¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!, voz a la que se unieron Nava, Josefina Vázquez Mota, Manuel Camacho Solís, el propio Gabino Cué y todos los políticos que los rodeaban, incluida Irma Piñeyro Arias, quien en días pasados declinó la candidatura de Nueva Alianza al gobierno estatal.

Camacho Solís, dirigente de Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia), pidió a los ciudadanos no confiarse y estar atentos para asegurar el triunfo de Cué.

Luis Walton, dirigente nacional de Convergencia, dijo que se equivocaron quienes vaticinaban el fracaso de las alianzas

Empleados al servicio de la comisión fueron remitidos al Ministerio Público Denuncian robo de la CFE en perjuicio de la Alianza de Tranviarios de Méxi

Empleados al servicio de la comisión fueron remitidos al Ministerio Público

Denuncian robo de la CFE en perjuicio de la Alianza de Tranviarios de México

Benito Bahena critica que el gobierno federal por permitir este tipo de delitos descarados

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 20

Empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cometieron, el pasado 22 de junio, un robo descarado en contra del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STEDF) en perjuicio de la fuente de trabajo de la Alianza de Tranviarios de México (ATM).

La ATM denunció ayer que dicho atraco fue descubierto por una cuadrilla de trabajadores que hacía una revisión por reportes de falta de energía eléctrica en el tramo de Doctor Vértiz al Eje 3 Sur, y encontraron en la esquina de la calle Cerrada de Brasil a una cuadrilla en una camioneta con placas RA-28-751 de Nuevo León, con brazo y canastilla, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, desde la cual una persona estaba cortando el cable alimentador positivo que le pertenece al STEDF y otras dos más se encontraban enrollándolo para llevarselo.

José Luis Aguilar Venegas, encargado de la cuadrilla, señaló que había recibido órdenes superiores de la CFE para llevar a cabo esta maniobra, hechos de los que tomó conocimiento el segundo oficial Ángel Gutiérrez Martínez, quien en la patrulla P-9418 remitió a los detenidos a la agencia territorial 2 del Ministerio Público.

A la indignación que hay en todo el sector sindical por la ilegalidad con la que se ha conducido el gobierno federal para quitar su empleo a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se suma ahora la irritación por las acciones que comete la ejemplar CFE, y por el robo descarado que cometen sus empleados contra instalaciones del transporte público, indicó el líder de la Alianza de Tranviarios de México, Benito Bahena.

El dirigente hizo ver que los actos cometidos atentan contra la fuente de trabajo de los tranviarios y cuestionó: ¿por qué se permiten estas maniobras al personal que opera unidades de la CFE, sean estos trabajadores fijos de la paraestatal o terciarios? Apuntó que queda claro que los empleados de la CFE sí son eficientes y cumplen órdenes, pues de tal patrón tal trabajador, ya que si el patrón (Felipe Calderón), con policías y militares se roba el patrimonio del pueblo, cómo no van a robar sus subalternos y empleados, para después acusar al gobierno democrático de la ciudad de México de negligencia e irresponsabilidad en la prestación del servicio de transporte.

La pésima calidad del servicio que presta la CFE, las continuas interrupciones y apagones, los cobros injustificados, la ineficiente operación y la corrupción en la contratación del servicio, son sólo algunos de los supuestos elementos con los que culparon a los trabajadores de LFC y con los que justificaron plenamente su desaparición, pero a la CFE, empresa de clase mundial, como la calificó el espurio Calderón, sus directivos y empleados se los pasan sin ningún problema e incluso los premian, según sostuvo Bahena Lomé.

Apuntó que ante estos acontecimientos, los trabajadores tranviarios se mantendrán vigilantes de su fuente de trabajo, para mantener la calidad del servicio con responsabilidad

Electricistas confían en que la Corte fallará a su favor, al igual que en el caso Atenco

Martín Esparza exhortó a Felipe Calderón a no presionar a los ministros de la SCJN

Electricistas confían en que la Corte fallará a su favor, al igual que en el caso Atenco
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Martín Esparza,con cubreboca, visitó a los electricistas en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de México. En el lugar recibieron con gusto el fallo de la SCJN sobre el caso AtencoFoto Roberto García Ortiz
Andrea Becerril y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 19

Juristas, asesores laborales, legisladores y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, demandaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que, al igual que en el caso de los presos políticos de Atenco, amparen también a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, víctimas de la ilegalidad y la arbitrariedad del gobierno de Felipe Calderón

Antes de la clausura del foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, realizado en una de las sedes del Senado de la República, una centena de integrantes del SME se enteró de la resolución la Suprema Corte que ordenó la liberación de los 12 presos políticos de Atenco y rompieron en aplausos.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, dijo que hay una pequeña luz de esperanza para el SME, y pidió a Esparza y los trabajadores asistentes al foro que no cejen en su lucha, en acumular argumentos y razones para ponerlos en manos de los ministros que analizan su demanda de amparo en contra del decreto presidencial que acabó con Luz y Fuerza del Centro.

En su intervención, Esparza resaltó que si el llamado al diálogo que formuló Calderón es sincero, debe abstenerse de presionar a la Corte y permitir que libremente decida, ya que al igual que en el caso de Ignacio del Valle y los demás presos políticos de Atenco, en la extinción de Luz y Fuerza del Centro tampoco hubo el debido proceso y se pasó por encima de la Carta Magna y diversas leyes.

Esparza se congratuló porque hubo justicia para los integrantes del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra y sostuvo que continuarán en el movimiento de resistencia civil, como lo han hecho desde hace ocho meses.

Durante el acto, el presidente de la Asociación de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes, expuso que varios integrantes de ese organismo han hablado con ministros de la Corte para demandar que se restaure el respeto a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, violentada por el gobierno federal.

Expuso que contra lo expresado por la juez Coutiño y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que negaron el derecho a la sustitución patronal luego de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, esa figura opera, ya que persiste la materia de trabajo.

Los ministros de la Corte tendrán que observar que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo permite que subsistan los derechos individuales, pero sobre todo también los colectivos, recalcó Fuentes. Dijo que el argumento central de las autoridades de que el interés nacional está por encima de los derechos individuales de los trabajadores del SME se cae, ya que el servicio de generación eléctrica ha sido entregado a empresas privada

Vencimos al gobierno de "tanta pinche injusticia", afirma Inés Rodolfo Cuéllar

Atenco

El papeleo oficial retrasa la salida de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo

Vencimos al gobierno de tanta pinche injusticia, afirma Inés Rodolfo Cuéllar

Nueve atenquenses dejaron por la noche el penal Molino de Flores

Exigen actuar contra los asesinos de Alexis Benhumea y Javier Cortés

Foto
Óscar Hernández Cuéllar al salir del penal Molino de Flores, ubicado en el municipio de Texcoco, estado de México, fue recibido por decenas de atenquensesFoto Víctor Camacho
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 5

Texcoco, Méx., 30 de junio. Los nueve integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que desde mayo de 2006 estaban presos en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, fueron liberados esta noche tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En punto de las 22:30 horas, bajo pertinaz lluvia, las enormes puertas verdes que conducen a la aduana de la penitenciaría se abrieron. Uno a uno fueron apareciendo los nueve atenquenses.

Inés Rodolfo Cuéllar fue el primero en recuperar su libertad, vestido con el uniforme azul de los reclusos. Entre consignas y gritos de libertad fue recibido por unas 200 personas, entre familiares, integrantes y simpatizantes del FPDT.

Se logró vencer al gobierno, de tanta pinche injusticia que nos hizo en cuatro años; son cuatro años que nos quitaron de tu vida, pero que Dios los bendiga a ellos también, ¿por qué no?

Justicia no se hizo, porque falta castigar a los autores intelectuales de la represión. El gobierno nos hizo una injusticia que no tiene nombre, pero cuando uno se propone hacer las cosas se logran, expresó.

Media hora después salieron del penal Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales y Narciso Arellano Hernández. Antes de la media noche, los nueve simpatizantes del FPDT ya estaban libres.

Falta la verdadera justicia

Integrantes del FPDT consideraron que no se dan por satisfechos, porque no es un acto gracioso del Estado, no es un acto totalmente de justicia, sino apenas el cumplimiento de una pequeña parte de lo que demandamos.

Falta la verdadera justicia y que se proceda contra los autores intelectuales de la represión y de la muerte de los compañeros Alexis Benhumea y Javier Cortés, que son Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Wilfrido Robledo y Humberto Benítez Treviño, entre otros, dijo Juan de Dios Hernández Monje, abogado del FPDT.

Quién les va devolver el tiempo perdido; perdieron a su familia y no vieron cómo crecían sus hijos. Fueron cuatro años de sufrimiento, de lucha, pero aprendimos que hay que seguir luchando por otros presos, expresó María Leonor Romero Morales, madre de los hermanos Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero.

Pasadas las 13 horas, una vez que los ministros de la Corte determinaron que se les dejara en libertad, en San Salvador Atenco familiares, amigos y miembros del FPDT se reunieron en la plaza principal para organizarse y recibir a sus compañeros.

Una comisión se trasladó al penal Molino de Flores y ahí esperaron la salida de los nueve presos. Familiares y activistas gritaron consignas y golpearon con machetes, piedras y palos barandales y puertas del penal.

El 21 de agosto de 2008, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Édgar Eduardo Morales, Narciso Arellano Hernández, Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero fueron sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de secuestro equiparado, en la causa penal 58/2007.

El juez Jorge Alberto Cervantes Juárez los encontró culpables de secuestro equiparado en agravio de 14 policías estatales y federales, en hechos ocurridos el 3 y 4 mayo de 2006.

Fiesta de activistas afuera del Altiplano

Blanche Petrich e Israel Dávila Enviada y corresponsal

Almoloya de Juárez, Méx, 1º de julio. Al cierre de esta edición el papeleo oficial para concretar la liberación de los tres líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no había concluido. A las puertas del penal de máxima seguridad el jolgorio de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos de Atenco se mantenía a buen ritmo, con la certeza de que los mil 519 días de cárcel habían concluido y de que las causas penales 95/06 y 96/06 se habían cerrado en definitiva.

En el interior de la cárcel, con la asistencia de su abogado Leonel Rivero, los trámites para la excarcelación de los tres dirigentes que hace cuatro años y dos meses fueron detenidos en la casa de un florista en Texcoco se desarrollaban con la complejidad que caracteriza un centro de máxima seguridad.

Ya desde las siete de la tarde el Poder Judicial mexiquense había confirmado la recepción del telegrama oficial enviado por la primera sala de lo penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenando la liberación inmediata de los 12 presos políticos atenquenses.

La notificación correspondiente fue girada a la Secretaría General de Gobierno en Toluca para los nueve reclusos del penal estatal de Molino de las Flores, en Texcoco, y a la Secretaría de Gobernación para que procediera a la excarcelación de los tres internos en el Altiplano.

El inicio de este laberíntico trámite en las oficinas de Almoloya coincidió con la llegada de una caravana de cinco autobuses y una decena de vehículos procedentes de la ciudad de México, donde los atenquenses y un centenar de activistas solidarios de la Campaña por la Libertad de los Presos Políticos habían seguido desde la calle la sesión matutina de los ministros de la Corte.

Celebración con machetes

Apenas descendieron de los vehículos, los machetes volvieron a relucir y a sacar chispas del pavimento, esta vez en son de celebración. Trinidad Ramírez de Del Valle, esposa de Ignacio del Valle, declaró a la prensa: Esta liberación no significa que se haya hecho justicia con el pueblo de Atenco, porque queda pendiente que se castigue a los responsables de las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea, quienes fueron abatidos por proyectiles de uso reglamentario de las policías federal y estatal el 3 de mayo de 2006, durante el avance de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo de San Salvador Atenco.

Recordó que para que finalmente podamos hablar de justicia cumplida, también está pendiente una investigación imparcial sobre las agresiones sexuales contra más de 20 mujeres que fueron detenidas durante el asalto del 4 de mayo y el castigo a los responsables.

Y concluyó: el otro gran pendiente es la anulación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre su hija América del Valle, acusada de los mismos cargos por los que en las próximas horas –o minutos– saldrán libres su padre y sus compañeros de militancia.

¡Qué momento tan especial estamos viviendo!, expresó doña Feli. Apenas un chal la defiende del frío. Ella viene desde el Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, militante de decenas de causas populares a lo largo de su vida, hoy presente también aquí.

Liberan a los doce presos atenquenses

Liberan a los doce presos atenquenses

La primera sala de la Corte les concede el amparo

La procuraduría del estado de México usó pruebas ilícitas para imputarles secuestro equiparado: ministros

Foto
Sesión de la primera sala de la Suprema Corte en la que se aprobó otorgar el amparo a los 12 presos de AtencoFoto José Carlo González
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 2

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado.

En votación dividida (cuatro votos contra uno), los ministros concedieron el amparo en favor de Ignacio del Valle Medina Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sin embargo, José Ramón Cossío, quien se sumó a los votos de Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, aclaró que él votaba en favor del amparo, pero se pronunciaba porque la sala cambiara la tipificación del delito de secuestro equiparado por el de privación ilegal de la libertad, que se dictara sentencia acusatoria y se tomaran en cuenta los cuatro años, un mes y 26 días que llevaban en prisión para que compurgaran su pena y quedaran libres.

Silva Meza y Zaldívar se opusieron al planteamiento de Cossío. Argumentaron que la propuesta no era congruente, porque la mayoría proponía dictaminar el amparo liso y llano, ya que las pruebas acusatorias de la procuraduría mexiquense fueron insuficientes e ilícitas.

Además, le recordaron que la decisión adoptada era consistente con los nuevos estándares del proceso penal fijados por la misma primera sala, cuando resolvió los amparos de los indígenas sentenciados por la matanza de Acteal y determinó la liberación de Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a seis agentes federales en Querétaro.

Cossío reivindicó su derecho a votar como mejor le pareciera, ante la inconformidad de los tres ministros que descalificaron el proceso contra los acusados por haber violado el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia.

Sólo el presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, votó en contra del amparo, al considerar que sí quedó demostrada la acusación de secuestro equiparado, en razón de que los funcionarios retenidos en los hechos ocurridos en febrero y mayo de 2006 en Atenco sufrieron amenazas físicas y verbales como forma de presionar al gobierno mexiquense a cumplir sus demandas.

De esta forma quedó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión contra Ignacio del Valle y de 67 años contra Felipe Medina y Héctor Galindo, respectivamente, por el delito de secuestro equiparado.

En la sesión estuvieron presentes Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle; los actores Bruno Bichir, Ofelia Medina y Julieta Egurrola, del colectivo de apoyo a los presos de Atenco, y Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997.

Los otros nueve acusados, recluidos en el penal de Molino de Flores: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate recibieron el amparo por votación unánime.

Sin discusión, los ministros descalificaron las acusaciones contra estos nueve activistas –sentenciados a 31 años de prisión– por la retención de funcionarios y policías los días 8 de febrero, 6 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2006, en razón de que el Ministerio Público utilizó un álbum fotográfico para que los testigos reconocieran a sus agresores y porque la acusación se basó en la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí.

Al defender la postura de la mayoría, Silva Meza aseveró que la ilegalidad de la sentencia reclamada se pone más de manifiesto cuando la autoridad enfatizó la responsabilidad de los quejosos, porque pertenecen a una organización social, como lo es el FPDT, partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas.

Agregó que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición, que pone en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados.

Consideró que el respeto a las libertades es fundamental en un Estado democrático y de ahí la importancia de la concesión del amparo y sentar un precedente para cuando se presentensituaciones como éstas en el futuro.

Subrayó que la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano.

Silva Meza señaló que los amparos adquieren una significación social superlativa, no sólo por tratarse de los quejosos, de líderes sociales emblemáticos de un grupo que se ha caracterizado por ser fuerte opositor del gobierno del estado (de México) donde fueron sancionados, amén de que también de diversas acciones del gobierno federal.

Subrayó que si bien la práctica de retener personas vulnera el derecho a la libertad e integridad y constituye un desafío y desconocimiento de la autoridad del Estado para obtener algo de éste, lo cierto es que también quedan en evidencia cuestiones como la desmesura y desproporción de la reacción del poder del Estado.

En todos los casos se ordenó notificar, vía telegrama, a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de los acusados por lo que respecta al delito de secuestro equiparado

Se ampara Fidel!

Se ampara Fidel!

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UYUYUYYYYY

* Vaca: “es la primera vez que un Gobernador se ampara, anda apanicado”
* Podría tratarse de un citatorio por los Fidelaudios, pero pudo declarar sin ampararse, además, no lo pueden detener porque tiene fuero
* Por la mañana se rumoró que secretarios habían sido arraigados


Por Manuel Hernández
Reportero de Notiver


En la lista de acuerdos que publica este día el Juzgado Décimo Quinto de Distrito del estado de Veracruz, aparece que el gobernador Fidel Herrera Beltrán se amparó en contra de la PGR, “es la primera vez que un Gobernador se ampara”, dijo a Notiver el diputado local Sergio Vaca.

Fue en el Juzgado Federal Décimo Quinto o Quinceavo de Distrito que funciona en Xalapa, este julio 30 del 2010 donde se listó el juicio de amparo indirecto 789/2010, el cual se refiere a una demanda de amparo promovida por el licenciado Fidel Herrera Beltrán como quejoso y otras personas con el mismo carácter de quejosos contra diversas autoridades federales, la primera de ellas es el Procurador General de la República.

Vaca explicó, que también aparece listado un incidente de suspensión se entiende que Fidel y los demás firmantes no quieren que se ejecute una orden contra ellos, que en cuanto al Gobernador, puede ser un citatorio para que comparezcan ante una agente del Ministerio Público Federal con motivo de las grabaciones, es decir de los “fidelaudios”, ya que de esas grabaciones se advierte desvío de recursos federales a las campañas políticas del PRI, motivo por el cual se están negando a declarar.

El diputado Vaca señala que sorprende que el Gobernador se ampare porque tiene fuero, es decir que no puede ser aprehendido, pero indudablemente “tiene mello a declarar e involucrarse más”.

Dijo que para que le concediera la suspensión, debieron haber depositado alguna cantidad de dinero, “está apanicado, es la primera vez que un Gobernador se ampara, a lo mejor quien se lo sugirió fue Reynaldo Escobar, ya que podría haber declarado sin necesidad de ampararse, de tal suerte que podría incluso de no tratarse de un citatorio sino de algo más, o bien al tratarse de una instancia federal prefirió no tomar riesgos”.



SE RUMORÓ ARRAIGO DE SECRETARIOS

Como antecedente este miércoles por la mañana el mandatario estatal hizo declaraciones sobre un rumor que calificó de infundios, la entrevista la dio en Xalapa luego de hacer un recorrido por el nuevo hospital Ángeles, que fue inaugurado ayer”.

En la declaración que fue difundida por portales de Internet de la capital del estado, se habló de un rumor el cual advertía que funcionarios estatales habían sido arraigados por la PGR.

En sus declaraciones Fidel Herrera rechazó que funcionarios de su gobierno hayan sido arraigados, y dijo “ese es el mismo demonio del edén que suelta eso; a él le hemos dicho: va de retro, sosiégate espiritualmente ya no requerimos eso, a la par que difundían esos infundios el Secretario de Gobernación comía plácidamente con el Secretario de Gobierno y un servidor, allá con Amadita en la Isla del Amor; creo que hay cosas que no se valen, como dijo ayer Beatriz Paredes, envilecen la política...

CARTONES DE LA JORNADA






miércoles, 30 de junio de 2010

Censura órgano del Episcopado fallas para atender abusos contra migrantes

Plagios de centroamericanos, cada vez más frecuentes: Dimensión Pastoral de la Movilidad

Censura órgano del Episcopado fallas para atender abusos contra migrantes
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 46

La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que autoridades de seguridad y migratorias no den atención debida al problema de los secuestros de migrantes, particularmente los provenientes de países centroamericanos, actos que cada vez son más violentos y frecuentes. También criticó que el trabajo humanitario que despliegan agrupaciones civiles sea criminalizado por las autoridades.

En el contexto del seminario Retos de la seguridad y migración en la frontera sur, la religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, manifestó que las autoridades de los estados donde ocurren dichos plagios no dan prioridad al asunto, lo que calificó de verdadero acto de barbarie, pues éstos son torturados física y sicológicamente para obtener información de sus familias con el fin de extorsionarlas.

También dijo que no sólo las mujeres y los menores que viajan solos son víctimas de abusos sexuales durante su paso por territorio nacional, sino también los varones.

Lamentó que las vejaciones y los secuestros no sean denunciados, pues los migrantes saben que si van ante el Ministerio Público sólo tendrán como respuesta la deportación. Nunca les informan que por haber sido víctimas de un delito tienen derecho a una visa humanitaria, resaltó.

La religiosa criticó que en México no haya una política pública para atender a esas víctimas. Ni siquiera se les da atención sicológica, y no sabemos si es por omisión o complicidad. Por ello, desde febrero de 2010 hemos empezado, junto con otras organizaciones, a obligar al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Procuraduría General de la República a que atiendan a las víctimas. Incluso se llevó el tema ante la CIDH.

Axel García, encargado de la promoción de los derechos humanos de la DPMH, aseguró que a dicha problemática se suma que integrantes de grupos Beta son parte de la población que abusa de los migrantes. Lo hemos constatado en Oaxaca. También policías estatales son parte de las redes de trata, apuntó.

Leticia Gutiérrez indicó que también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal victimizan a los migrantes, ya que disfrazan acciones para “robar. Con violencia efectúan operativos migratorios”.

Axel García expresó que para la DPMH es preocupante que con base en dos artículos de la Ley General de Población, se justifiquen atropellos. “El 67 restringe el derecho de audiencia, si bien es cierto que a las personas aseguradas en teoría se les debería avisar sobre el acceso a un documento migratorio por daño sufrido. Quienes fueron secuestrados saben que si van ante el Ministerio Público serán enviados a Migración para ser deportados. También hay criminalización del trabajo humanitario, pues si bien el artículo 138 define el delito de tráfico de personas, no diferencia la labor humanitaria, pese a que el objetivo del tráfico es el lucro y el del trabajo humanitario es el acompañamiento; es gratuito y obviamente no hay delito, pero nos acusan de traficantes de personas

Termina alerta sanitaria por gripe A/H1N1

Termina alerta sanitaria por gripe A/H1N1
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 45

A partir de abril pasado el virus de la influenza A/H1N1 es causante sólo de 10 por ciento de casos de infecciones respiratorias que se reportan en el país. El resto se debe a una cepa estacional (H3N2) menos agresiva y letal. Con base en ésta y otras consideraciones, como el bajo número de personas hospitalizadas por neumonía, la Secretaría de Salud (Ssa) dio por terminada la alerta sanitaria que emitió el 23 de abril de 2009.

En conferencia de prensa, el titular de la Ssa, José Ángel Córdova Villalobos, explicó que durante el tercer pico de la pandemia el mayor número de personas hospitalizadas se reportó el 14 de octubre de 2009 con 216, mientras el 25 junio de este año había 22 pacientes internados, es decir, una décima parte.

El 16 de octubre de 2009 había 86 personas intubadas y en junio la cifra era de nueve.

Respecto del cambio en la prevalencia del virus A/H1N1, el funcionario explicó que empezó a bajar en febrero y a partir de abril apenas representa 10 por ciento de los casos de infecciones respiratorias.

Hasta el 25 de junio se confirmaron 72 mil 546 casos de la infección, de los cuales mil 289 corresponden a personas que murieron por esa causa.

También mencionó que, con base en el estudio serológico que se realizó en muestras de mil 90 personas que donaron sangre, se determinó que 56 por ciento tienen anticuerpos contra el virus A/H1N1. Del total, 692 individuos no habían sido vacunados.

Aunque admitió que el estudio no es representativo de la población, los resultados son aceptables porque las muestras proceden de sujetos sanos, que son los que acuden a donar sangre.

Córdova Villalobos mencionó que durante su visita a Ginebra para participar en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, su directora, Margaret Chan, expresó que aún no se podía levantar la alerta global, porque en el hemisferio sur apenas va a empezar el invierno y es posible que se registre un repunte de casos.

Hasta ahora, indicó, se reporta una situación de leve a moderada. No obstante, Chan dejó a los países en libertad de tomar las determinaciones necesarias en función de la situación que existiera en sus territorios.

Después, en la reunión del Consejo Nacional de Salud, los secretarios de los estados y titulares de las instituciones del sector aprobaron el levantamiento de la alerta. Lo mismo ocurrió el pasado lunes en el Consejo de Salubridad General

Avalan cambios en favor de los menores de edad

Avalan cambios en favor de los menores de edad
Rocío González
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 42

Sin mayor debate y por unanimidad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un paquete de reformas para salvaguardar los derechos de la infancia y proteger a los niños y niñas contra abusos sexuales y malos tratos.

Para ello, el Código Penal del Distrito Federal fue objeto de varias modificaciones, entre ellas a los artículos 187 y 188, a fin de considerar hecho ilícito intercambiar y compartir cualquier material considerado pornografía infantil, así como adquirirlo o arrendarlo para uso personal.

También se reformó el artículo 173 para tipificar como delito la sustracción, ocultamiento o retención de algún menor por sus padres, sin que éstos tengan su guardia y custodia, Así como el artículo 108, para que el plazo de prescripción de la acción penal de los delitos cometidos contra menores de edad, cuando se ve afectada su integridad y libertad sexual, cuente a partir de que cumplan la mayoría de edad.

Otra modificación aprobada fue la correspondiente al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mediante la cual se creará la figura de abogado victimal, que tendrá como facultades realizar las acciones legales necesarias para hacer efectivos los derechos de los menores de 18 años de edad.

La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños sufrió cambios para armonizar las disposiciones legales internacionales con las locales y con miras a crear la defensoría de los derechos de la infancia, a fin de evitar que los menores sean sometidos a castigos corporales, tratos crueles, inhumanos o degradantes en todos los ámbitos.

También se efectuaron modificaciones a la Ley de Educación local para regular la distribución de comida chatarra en las escuelas y la promoción de una dieta adecuada para evitar el sobrepeso y la obesidad

Inconstitucional, el decreto que extinguió LFC, señalan expertos en el Senado

Si la Corte no ampara al sindicato, se debe promover juicio político a Calderón: Carrancá

Inconstitucional, el decreto que extinguió LFC, señalan expertos en el Senado
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 19

Juristas, académicos y analistas políticos advirtieron que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es inconstitucional y llamaron a respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que la lucha debe seguir aun si el fallo de la Suprema Corte es adverso.

Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la UNAM, dijo que confía en la resolución del máximo tribunal, pero si los ministros decidieran no amparar al SME, se debe promover que el presidente Felipe Calderón sea sometido a juicio político, ya que violó la Constitución.

Acudió a un decreto para extinguir Luz y Fuerza que carece de fundamentación, invade la esfera de competencia del Legislativo y viola la garantía de audiencia, recalcó.

El ex senador del PRI Manuel Bartlett coincidió en ello y consideró que se deben fincar responsabilidades a Calderón, pues lo hecho contra el SME fue un golpe de Estado, porque usó las instituciones y el monopolio de la fuerza pública para acabar con una organización combativa, vulnerando preceptos constitucionales.

Recordó que los trabajadores del SME fueron siempre una muralla contra la intención de privatizar la electricidad, que se dio desde el sexenio de Carlos Salinas. Fue la fuerza del sindicato, dijo, la que estuvo cerca de los legisladores que desde el Senado pelearon contra la decisión de Vicente Fox de entregar el servicio eléctrico a firmas extranjeras.

Vino luego Calderón con su golpe de Estado al SME, a fin de abrir el camino a los intereses trasnacionales que representa.

Carrancá sostuvo que sí procede el juicio político a Calderón, y que está dispuesto a fundamentar la demanda ante la Cámara de Diputados, mediante un instrumento denominado interpretación finalista, para que se respete el espíritu de la Constitución.No es posible que hasta un síndico de un ayuntamiento sea sujeto al juicio político y el Ejecutivo no. Es injusto que un funcionario de ese nivel no fundamente ni motive el decreto aludido y no pase nada.

Durante el foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, organizado por el SME y realizado en el patio central del Senado, el analista político y catedrático de la UNAM Luis Javier Garrido advirtió que si los poderes Legislativo y Judicial aceptan la extinción de Luz y Fuerza ayudarán a las pretensiones de la ultraderecha que se adueñó del poder económico y político de México.

Recalcó que es anticonstitucional el decreto con el que Calderón pretende liquidar LFC, porque el Ejecutivo no tiene facultades para suprimir una entidad pública creada a consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica.

En ese planteamiento coincidieron la ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Estela Ríos, el jurista y asesor sindical Óscar Alzaga y el abogado Gabriel Reyes Orona. El senador del PRD Carlos Sotelo, único legislador en el acto, advirtió que el Congreso debe asumir el papel de verdadero vigilante de los actos del Poder Ejecutivo en su intentona de extinguir una empresa estratégica para el país.

Sobre todo, recalcó, porque el Congreso, que es el único poder con facultades para legislar en materia eléctrica, ni siquiera fue notificado del decreto.

En ese sentido José Antonio Almazán, ex integrante del Comité Central del SME y ex diputado perredista, demandó que los senadores no se dejen engañar por las cifras manipuladas del gobierno federal, ya que en el expediente que las autoridades de la Secretaría de Hacienda pretende mantener en secreto hay bases para rebatir el falso argumento de que los salarios y prestaciones de los trabajadores hicieron insostenible la operación de LFC.

Al final, el dirigente del SME, Martín Esparza, lamentó que el foro no se hubiera transmitido por Canal del Congreso, y la ausencia de senadores

Aceptan PRD, PT y Convergencia el diálogo propuesto por Calderón

No es momento de recriminaciones, señala Ortega ante postura del PRI

Aceptan PRD, PT y Convergencia el diálogo propuesto por Calderón

Piden a gobierno, partidos y medios llamar a la participación electoral

G. Saldierna y F. Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 16

PRD, PT y Convergencia se manifestaron anoche dispuestos a empezar de inmediato el diálogo con el Ejecutivo federal, como primera medida para salir de la crisis que provocó el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, para lo que propusieron el nombramiento de un fiscal federal confiable para todos.

De igual manera, pidieron que se realice una investigación federal de los hechos en que perdió la vida el abanderado del tricolor, y que fuerzas políticas, gobierno y medios de comunicación realicen una convocatoria para contrarrestar el temor, con un llamado a la paz y a la amplia participación electoral.

La posición de los partidos que integran el Dia (Diálogo por la reconstrucción de México) fue dada a conocer anoche por el dirigente del PRD, Jesús Ortega, quien luego de conocer la posición del PRI sobre el llamado del presidente Felipe Calderón al diálogo, consideró que sería grave que cualquier fuerza política se excluyera de tal mecanismo.

El Dia puntualizó que no es éste el momento de las recriminaciones que paralizan ni de buscar respaldos incondicionales. Éste es el momento de dar los primeros pasos hacia una política de seguridad que nos acerque al estado de derecho y a una política nacional que fortalezca las instituciones democráticas.

Expresó que todos tienen algo que aportar. Nadie debe quedar excluido ni excluirse del necesario diálogo nacional. Negarse a dar este paso en una emergencia nacional es contribuir a exacerbar un clima de temor que alienta el abstencionismo.

Ante el asesinato de Torre y de otros candidatos y dirigentes de diversos partidos, el Dia expuso la necesidad de que por encima de las diferencias que tenemos con el gobierno federal y otros partidos, podamos unir fuerzas y defender una causa común frente a un crimen contra la democracia, sus instituciones y la sociedad.

Señaló que acudirá al encuentro con la determinación de que se haga justicia, se proteja las instituciones y se contrarreste el clima de temor con un llamado a la participación.

Estaremos presentes para que, por encima de las amenazas inmediatas, se impongan la mesura, la sensatez y una visión de largo plazo, resaltó.

En el anuncio del posicionamiento, realizado en la sede nacional del PRD, estuvieron el coordinador del Dia, Manuel Camacho Solís, y los dirigentes de PT, Alberto Anaya, y de Convergencia, Luis Walton

"Todavía nos esperan muchos años de lucha", afirma Ignacio del Valle

Atenco
Todavía nos esperan muchos años de lucha, afirma Ignacio del Valle

No debemos tolerar la injusticia cotidiana, señala

Tenemos que despertar a ese gran pueblo adormecido

Foto
Mitin frente a la Suprema Corte de Justicia para demandar que los ministros ordenen hoy liberar a los 12 detenidos de AtencoFoto Jesús Villaseca
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 2

Cuatro años en una celda de dos metros por tres, 23 horas diarias de soledad y una hora de patio que puede ser suspendida por cualquier motivo. Aun así, Ignacio del Valle, el líder del movimiento en defensa de la tierra en San Salvador Atenco, asegura que el pueblo de México es el único que a fuerza de conciencia y de tener presencia puede cambiar lo que ya caducó, de cambiar lo que está haciendo daño al país.

Con una sentencia de 112 años de prisión dictada por un juez que consideró que un acto de presión a funcionarios públicos fuera calificado como delito de secuestro equiparado, Del Valle consigue por primera vez hablar con un medio de comunicación desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, estado de México.

Ocho minutos apenas. Una entrevista muy apretada en la que alcanza a expresar su sentir sobre la decisión de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se anuncia hoy.

“Tengo confianza en que las cosas se den positivamente en favor de todos mis compañeros –comenta–; desde luego que también estamos preparando nuestra mente por lo que suceda, porque también puede ser algo diferente. La realidad nos ha enseñado que cuando esperamos una cosa positiva pasan las cosas de otro modo. Sabemos que en este sistema la justicia no se da como debe ser”.

Se trata de una resolución de la cual, de algún modo, pende su vida, pues es el último recurso legal que podría dejarlo en libertad. O dejarlo tras las rejas de por vida.

–Este proceso ha estado marcado por dos vías: la batalla jurídica y la vía de la movilización popular.

–Es así. Y ha sido muy importante. De otra manera no sería posible. Estamos frente a esta esperanza por el actuar del frente (de Pueblos en Defensa de la Tierra), y no sólo de mi comunidad sino de muchos otros hermanos en México que nos han brindado su solidaridad y comprensión. Todo esto nos indica que tenemos que hacer algo contra las injusticias que se dan de manera cotidiana. Tenemos que dar esa lucha en todos los frentes que existan. Si no lo hacemos, ese nuevo amanecer que perseguimos los que queremos justicia nunca va a llegar.

Pese al encierro en esta prisión, Ignacio del Valle logró mantener presencia en el movimiento atenquense gracias a sus cartas, largas misivas escritas a mano con una caligrafía preciosa.

La más reciente empezaba así: Desde este lugar en donde nos ha tocado hacer trinchera, en la que sus muros, sus barrotes de acero, sus alambradas de cuchillas filosas y puntiagudas pretenden aniquilar nuestro espíritu que se mantiene de pie...

Por teléfono reitera ese buen ánimo: Felipe Álvarez, Héctor Galindo y yo estamos bien, estamos más fuertes. Nos hemos forjado, como los machetes, que a fuerza de golpes se les saca filo.

–¿Está haciendo planes, si acaso sale libre? ¿Cómo imagina su regreso a Atenco?

–Yo nunca me he ido de mi pueblo, siempre he estado con él.

En sus años de ausencia, su parcela no ha estado ociosa. Su esposa Trinidad Ramírez la ha estado cultivando. Su taller para imprimir camisetas tampoco, sus hijos Ulises y César lo mantienen trabajando. Y el movimiento que él lideró a partir de 2002 sigue presente.

–¿Con qué se imagina que se va a encontrar?

–Nos queda mucho que hacer. Esto es como sembrar la tierra. Ahora nos toca cultivar, queremos una cosecha de lo que al tiempo sembramos.

–¿Qué aprendizaje le deja la cárcel?

–No debemos tolerar la injusticia cotidiana. Es imposible que al vernos en las condiciones en que estamos no hagamos nada. Tenemos que despertar a ese gran pueblo que de alguna manera ha sido adormecido. Como experiencia, la vida nos puso en esta situación y la tenemos que enfrentar.

–¿Cambiaría algo de lo que se hizo en la lucha de Atenco?

–No nos arrepentimos de nada, estamos conscientes de lo que perseguimos. Lo que hemos hecho fue sólo defendernos. Por la realidad que hemos vivido entendimos que los derechos no sólo se exigen. Ya basta de que sólo exijamos ser escuchados. La libertad la tenemos que tomar en nuestras manos, el pueblo debe tomar lo que le corresponde en forma natural.

De todos los perseguidos de Atenco, es a Ignacio del Valle a quien se le castigó más duramente. En mayo de 2007, a un año de su arresto en Texcoco, el juez del primer tribunal penal de Toluca lo sentenció a 67 años de prisión. La Procuraduría de Justicia mexiquense consideró la pena insuficiente y recurrió el dictamen. El juez de la sala de Texcoco le añadió otros 45 años. Adicionalmente le impuso una multa de 157 mil pesos. En junio de ese año la Secretaría de Finanzas en Toluca ordenó el embargo de su casa.

Con toda esa carga a sus espaldas, Ignacio del Valle no olvida a los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas que están en huelga de hambre en el Zócalo capitalino. Envía abrazos y saludos a mis hermanos del SME, a mis hermanos mineros, a las organizaciones hermanas que están en pie de lucha y en resistencia.

Cualquiera que sea el fallo de la SCJN hoy, el hombre tiene pila para rato: Nos esperan muchos años por seguir la lucha. Nuestra existencia entera no va a alcanzar para todo lo que tenemos que hacer. La esperanza se construye, no se espera.

Faltan muchas cosas que decir, pero el tiempo se agota. Estamos en la línea. Gracias. Y la llamada se corta

CARTONES DE LA JORNADA